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La procuradora general Yeni Berenice Reynoso resaltó la necesidad de fomentar acuerdos penales por las ventajas procesales que representan para la administración de justicia, ya que, sin dejar de establecer responsabilidades de la persona física o jurídica procesada, permiten la reparación de daños a las víctimas y al propio Estado, al que, además, ahorra recursos en el procesamiento y la litigación.
“La realidad es que el tema de los acuerdos y las soluciones alternas en el caso nuestro no es un tema nuevo; es un tema que trabajamos desde la Fiscalía del Distrito, prácticamente, esa es una política que asumimos a partir del año 2013 y que llegó en un momento, en la Fiscalía del Distrito a acordarse hasta un 40 por ciento de los casos”, dijo Reynoso.
La procuradora se refirió al tema al participar, junto al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ODP), Rodolfo Valentín Santos, en un encuentro con periodistas y comunicadores, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.
En la actividad, celebrada en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, estuvieron los jueces Fran Soto, Esmirna Gisselle Méndez y Francisco Ortega Polanco.
Reynoso recordó que los casos acordados en la Fiscalía del Distrito durante su gestión quizás trascendían poco porque carecían de sonoridad, pero que como fiscal litigante siempre ha entendido la necesidad de hacer acuerdos en materia penal, por escuela de pensamiento y por su visión de persecución penal estratégica.
“Cuando los plazos se extienden, que hay un imputado esperando una decisión, a veces privado de libertad, y eso es una realidad; también hay una víctima que espera esa decisión”, dijo.
“También -añadió- hay un grupo de fiscales que tienen que subir a audiencia y durar cuatro, cinco años esperando una decisión, y también hay una sociedad que tiene un derecho legítimo a una decisión”.
Indicó que no se atreve a decir que con la prolongación de un proceso penal nadie gana, “porque a veces sí hay alguien que tiene como estrategia que el caso no se conozca en un plazo razonable”.
Reynoso lamentó que algunos sectores analicen el tema de los acuerdos dentro del proceso penal como si se tratara de una realidad nueva, cuando, en realidad, en el país se remonta al año 2004, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal (Ley 76-02, del 19 de julio de 2002), promulgada hace ya más de 23 años.
“Entonces, no es nuevo. Hay figuras procesales que el legislador ha puesto en la norma”, resaltó.
Hizo una reflexión respecto a otros países, como Estados Unidos, en donde hay muchos acuerdos que son sellados hasta por una década y más, “que por razones de seguridad el tribunal dispone: este acuerdo va a ser sellado por los próximos dos, tres, cuatro, cinco, diez años y sanciona a cualquiera de las partes que haga pública las condiciones del acuerdo, porque entiende el tribunal que pudiera haber ciertos riesgo si se publica, y la sociedad no lo cuestiona, en caso de RD, todos son públicos”.
Sostuvo que, aunque la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Defensa Pública vienen trabajando el tema en conjunto, impulsado con la Mesa Interinstitucional creada en septiembre de 2024, también ayudará al sistema de justicia a llevarlo a las universidades.
“Nuestros estudiantes de Derecho no ven prácticamente el tema de las soluciones alternas. Nosotros nos formamos en escuelas de Derecho, donde el centro de la formación es el litigio. Es que hay que pelear el caso, es que hay que durar años litigando el caso, es que el buen abogado es el que incidenta mucho, a pesar de quizás a veces termine el caso como alguien el otro día, que íbamos a hacer un acuerdo a diez años, se negó, al final ya tiene una sentencia, cuando tenía la sentencia a nivel de corte me dice: ´magistrada, vamos a acordar a diez años´. Yo dije: ´20 a nivel de corte, claro que no vamos a acordar´”.
Reynoso recordó que los acuerdos se hacen en todas las materias.
La audiencia, en la que estuvo presente el presidente de la República, Luis Abinader, fue presidida por el magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente de esta alta corte, quien destacó que no puede haber plenitud ciudadana pretendiendo ejercer libertades sin asumir responsabilidades, pues «los deberes constituyen el rostro complementario de los derechos».
«Una República no puede aspirar a fortalecerse si forma ciudadanos que reclaman derechos, pero desconocen los deberes que garantizan la convivencia, la justicia y el bien común», expresó en el acto realizado en esta ciudad, cuna de la Constitución.
Estévez Lavandier sostuvo que el constitucionalismo contemporáneo reconoce que los deberes fundamentales no son meras exhortaciones morales, sino mandatos jurídicos vinculantes para todos los ciudadanos.
«Reconocemos que no estamos exentos del cumplimiento de los deberes que la propia Constitución impone a toda persona; por el contrario, al hablar públicamente de ellos, ratificamos nuestra convicción de que su difusión es esencial para promover su cumplimiento y fortalecer la cultura cívica y constitucional», manifestó.
Asimismo, afirmó que conmemorar el aniversario de la proclamación de la Constitución, va más allá de recordar un suceso histórico importante, que es rendir tributo a un acto de fe en la libertad y la dignidad del ser humano. «Honrar esa herencia implica asumir el compromiso de ser ciudadanos responsables, guardianes del orden constitucional y promotores del civismo que sostiene la República Dominicana», añadió.
En ese sentido, el magistrado Estévez Lavandier reafirmó el compromiso del Tribunal Constitucional de garantizar la supremacía constitucional, proteger los derechos fundamentales y velar por el cumplimiento de los deberes de todos los ciudadanos, que aseguran la unidad y la estabilidad de la nación.
A seguidas, el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente, se refirió al deber constitucional de velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública (art. 75.12) y manifestó que la ciudadanía no solo se construye con la exigencia de los derechos, sino también del cumplimiento de las obligaciones constitucionales.
Asimismo, la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente, resaltó la responsabilidad ciudadana que establece el artículo 75.4 de la Constitución sobre prestar servicios para el desarrollo, que —como dijo— tiene el propósito de sembrar el valor del compromiso social, de la cooperación y del trabajo solidario como columnas de la dominicanidad.
A continuación, el magistrado Domingo Gil afirmó que el deber de actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de las personas (art. 75.10) requiere una participación activa de los ciudadanos y «nos conmina a ayudar a crecer sobre la base del más estricto respeto a la dignidad de ese prójimo».
El magistrado Fidias F. Aristy Payano precisó que, aunque en sociedades como las nuestras la obligación de tributar, establecida el artículo 75.6 de la Constitución, no se ve como algo agradable, es preciso entender que la recaudación de los recursos es ineludible para el buen funcionamiento de la administración pública y permite la promoción del desarrollo y el bienestar común.
Sobre la obligación constitucional de abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la República Dominicana (art. 75.5), habló el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, quien aseguró que este enunciado procura que el ciudadano tome conciencia del papel que desempeña en la preservación de la imagen, la defensa de la nación y la soberanía de la patria.
De su lado, la magistrada Sonia Díaz Inoa destacó la importancia del mandato constitucional de votar (art. 75.2), pues el sistema democrático descansa en el ejercicio del sufragio y es el único instrumento mediante el cual se asegura jurídica e institucionalmente que emana la voluntad popular.
La magistrada Alba Luisa Beard Marcos se pronunció sobre el deber de cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social (art. 75.9) afirmando que cumplir con esta responsabilidad es de vital importancia para el desarrollo humano, y que, además de fortalecer la nación y el Estado de derecho, constituye un acto de amor y de solidaridad para construir un país más justo, humano y unido.
En cuanto al deber de desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano (art. 75.11), el magistrado José Alejandro Ayuso resaltó la relevancia de cumplir con este mandato constitucional, pues «sin un ambiente sano, la cultura se marchita; y sin cultura, la naturaleza pierde su alma».
La magistrada María del Carmen Santana de Cabrera expuso sobre el deber fundamental de los dominicanos a educarse, consagrado en el numeral 8 del artículo 75, resaltando que la educación es un compromiso de todos, pues es un pilar fundamental para la sociedad y a través de ella se construye una nación de valores y de ciudadanos comprometidos.
El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega hizo énfasis en el deber de acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades (art. 75.1), indicando que, aunque esta obligación atañe a todos los ciudadanos, tiene una carga especialmente significativa para los que ejercen la función pública.
Sobre el deber de dedicarse a un trabajo digno, de su elección, a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para alcanzar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y progreso de la sociedad (art. 75.7), la magistrada Army Ferreira expuso que trabajar es participar activamente en la creación del bien común y contribuir al ideal de una sociedad más justa, solidaria y próspera.
Finalmente, el magistrado Amaury A. Reyes Torres recalcó la importancia de prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación (art. 75.3) y afirmó que este deber no es vacío y solitario, sino que sirve para preservar el país y el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y la justicia.
Con este acto, el Tribunal Constitucional reafirma su compromiso con la supremacía de la Constitución, los valores patrios y los ideales de los patricios Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez.
La audiencia, que forma parte de las actividades por el Mes de la Constitución, se llevó a cabo en el Auditorio Menor Profesor Amarabis Suero del Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, con la presencia de jueces, abogados, catedráticos, funcionarios y autoridades civiles y militares.
El Banco BHD obtuvo la certificación mundial Tier III de Facilidad Construida (TCCF) del Uptime Institute, otorgada específicamente a su centro de datos por cumplir con los requerimientos de diseño necesarios y una infraestructura que puede manejar tareas esenciales sin interrupciones, incluso durante mantenimientos o fallas inesperadas.
La certificación fue otorgada a BHD tras una rigurosa evaluación por parte de expertos del instituto, siendo este banco uno de los primeros del país en obtenerla.
Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD, aseguró que “esta acreditación representa un paso importante en nuestra estrategia de transformación digital y un firme compromiso con la excelencia operativa, ya que certifica que nuestro centro de datos cumple con los requerimientos de diseño y que fue construido de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas para asegurar una operación ininterrumpida ante diversas circunstancias”.
Esta es la segunda ocasión en la que el Banco BHD recibe un aval mundial que ratifica la seguridad de la infraestructura de su centro de datos. En 2023, la entidad obtuvo la certificación Tier III de Design Documents. Esta fue la primera certificación de este tipo que una entidad financiera recibe en República Dominicana y en la región del Caribe.
“Esta nueva certificación ratifica que nuestra infraestructura tecnológica cumple con estándares de clase mundial para brindar a nuestros clientes servicios más seguros, confiables y eficientes”, afirmó Despradel, quien añadió que esta acreditación es producto del trabajo en equipo realizado por las áreas Operaciones y Tecnología, y Administración y Finanzas.
Los principales beneficios que se logran tras esta certificación son mayor resiliencia técnica, reducción de riesgos operacionales y expansión sostenible que contempla el crecimiento futuro de la infraestructura, entre otros.
El Uptime Institute certifica a organizaciones que demuestran ofrecer servicios de centros de datos premium y servicios tecnológicos robustos, con altos estándares de disponibilidad y seguridad, alineados con las mejores prácticas internacionales.
SANTO DOMINGO ESTE.– Todo listo para la celebración este sábado ocho de noviembre de la Ordenación Episcopal de obispo Manuel Antonio Ruiz de la Rosa y la Creación Canónica de la recién creada Diócesis Stella Maris, en Santo Domingo Este, que se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana, en el Anfiteatro Luisito Martí, frente al Pabellón de Gimnasia del Complejo Deportivo Parque del Este, en Santo Domingo Este.
