SANTIAGO.- Durante un encuentro con militantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dirigentes comunitarios y ciudadanos que se identifican con su proyecto presidencial, el aspirante presidencial Abel Martínez volvió a cuestionar lo que calificó como una mafia en torno a las deportaciones que realiza el Estado dominicano.
“Es importante que se sepa que lo que hay con las deportaciones de haitianos ilegales en República Dominicana es una auténtica mafia. Cuando hablan de deportaciones, no están hablando de lo que dejan en el camino ni de la cuota que tienen que pagar esos ilegales para que, antes de llegar a la frontera, los suelten”, expresó Martínez.
El dirigente político, conocido por su defensa de la soberanía y la dominicanidad, manifestó que “así no puede caminar un país. La República Dominicana no puede seguir así, porque tampoco podemos tener más de dos millones de ilegales, mal contados, en territorio dominicano”.
“Le hace falta seriedad a este Gobierno; hacen falta ejecutorias fiables y confiables en Migración, para que todo el que esté ilegal en República Dominicana sea deportado. Y no solo los haitianos: todo aquel que no cumpla con la ley, las normas y la Constitución no debe estar en nuestro territorio”, afirmó.
Martínez advirtió que el país no debe convertirse en “una jungla” y pidió al Gobierno “ponerse en atención y cumplir lo que prometió”.
El expresidente de la Cámara de Diputados recordó que, hace unos meses, cuando desde el Estado anunciaron una serie de medidas para corregir el flujo de ciudadanos indocumentados o con estatus migratorio irregular, fue de los primeros en felicitar las iniciativas.
Las declaraciones de Martínez se produjeron en el marco de los encuentros denominados “Un café con Abel”, en los sectores Bella Vista y Yagüita del Pastor de Santiago de los Caballeros, en los que aprovechó para compartir de cerca y escuchar el sentir de la gente.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El empresario dominicano radicado en esta ciudad, Antonio Cabrera, exhorta a la comunidad dominicana en Estados Unidos a participar de manera activa en las actividades conmemorativas del Mes Nacional de la Herencia Hispana.
“Participando en los diferentes eventos enviamos un mensaje sobre la fortaleza de nuestra comunidad en territorio estadounidense, calculada en más de 70 millones de hispanos, entre ellos 2,539,893 de quisqueyanos en todo EE. UU., de los cuales 873,294, equivalentes al 34.38 %, residen en la Gran Manzana”, expresó.
Cada año, sostiene Cabrera, los hispanos mostramos con orgullo nuestras raíces, tradiciones, expresiones culturales y los aportes al desarrollo de esta gran nación. Indica que la comunidad hispana ha sido clave en diversos sectores de Estados Unidos, desde la agricultura, la construcción y la hotelería hasta áreas de alto crecimiento, como la tecnología y la salud.
Su influencia cultural se percibe en la música, la gastronomía, el cine, la literatura y otras manifestaciones artísticas que han pasado a formar parte de la vida cotidiana en todo el territorio estadounidense.
En el ámbito político y del servicio público, la presencia hispana también se ha fortalecido con alcaldes, congresistas, jueces y líderes comunitarios en distintos niveles de gobierno.
En la educación, la ciencia y la investigación, cada vez más profesionales hispanos amplían su influencia, mientras miles de pequeños y medianos empresarios dinamizan la economía y generan empleos en todo el territorio.
En NYC, los dominicanos mantienen una fuerte presencia en bodegas, supermercados, salones de belleza, barberías, consultorios médicos, taxis y otros servicios. Estados Unidos inició el martes 15 de septiembre las celebraciones del Mes Nacional de la Herencia Hispana, una conmemoración que se extenderá hasta el 15 de octubre, subraya Cabrera.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El senador por la provincia Espaillat, Carlos Gómez, expuso en esta ciudad a la comunidad dominicana residente en el exterior, que asciende a 3,030,647 personas, entre ellas 2,539,893 (84.38 %) en los Estados Unidos, los logros alcanzados como legislador en beneficio de su demarcación.
Gómez, quien es hijo de esta comunidad en NY, donde residen 873,294 (34.38 %) de los quisqueyanos establecidos en territorio estadounidense, afirmó que Espaillat, de seis años a la fecha, es otra provincia.
Desglosó su labor legislativa de la siguiente manera: La carretera desde Sambito hasta Jamao y de Jamao hasta Sabaneta de Yásica, obra que consideró de gran importancia debido a la intensa actividad agrícola de esa zona y a su contribución al desarrollo del turismo.
“Recientemente inauguramos en Jamao la carretera de Las Espinas, con una inversión de 460 millones de pesos; las vías que conectan Moca con Las Lagunas y Las Lagunas con Hermanas Mirabal.
También la circunvalación de Moca, que será inaugurada el próximo mes de diciembre”, expresó.
Asimismo, citó la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), donde, según afirmó, se han graduado más de dos mil estudiantes.
Entre otras obras, mencionó la oficina para expedir y renovar licencias de conducir, así como la oficina de pasaportes, que será inaugurada dentro de dos meses, precisó el legislador. También destacó las remodelaciones de los hospitales Toribio Bencosme, en Moca, que cuenta con un tomógrafo, y Manuel de Luna, en Gaspar Hernández.
Además, señaló que se ha inaugurado una unidad de atención al pie diabético. Expresó que ha solicitado al presidente Luis Abinader la ampliación a cuatro carriles de las importantes carreteras Ramón Cáceres y de la entrada principal de Moca.
Gómez sostuvo que ya fue aprobado un préstamo de 43.5 millones de dólares para la ampliación del acueducto de la provincia.
“Podemos citar un sinnúmero de obras de infraestructura ordenadas por el presidente Abinader”, concluyó diciendo el senador.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) está retirando del mercado un producto de atún que se vende en Nueva York y Nueva Jersey y es de alto consumo entre los dominicanos, entre otras etnias, residentes en ambos estados.
El retiro se debe a la presencia de altos niveles de escombrotoxina, sustancia que puede causar intoxicación escombroide, la cual se produce tras ingerir pescado que ha comenzado a descomponerse.
Los síntomas pueden aparecer pocos minutos despues de consumir el producto y prolongarse durante varias horas. Entre sus efectos se encuentran enrojecimiento facial, sudoración, mareos y náuseas.
Estas señales iniciales pueden intensificarse y provocar sarpullido, urticaria, calambres estomacales y diarrea transitoria. Para los consumidores de NY y NJ, la recomendación es revisar cualquier producto de atún que pudiera coincidir con el incluido en el retiro antes de consumirlo.
El retiro se inició el 24 de julio. Si existe alguna duda sobre el producto, su procedencia o si pertenece al lote afectado, lo más prudente es no consumirlo hasta confirmar la información.
La FDA ha clasificado el retiro como de Clase II, lo que significa que la exposición al producto puede causar consecuencias adversas para la salud, temporales o médicamente reversibles.
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) formalizó este miércoles una línea de oposición firme frente al Gobierno y decidió impulsar una concertación de las fuerzas opositoras con miras a las elecciones de 2028, al concluir una reunión de su Comisión Presidencial Ejecutiva en la Casa Nacional.
La reunión estuvo encabezada por Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD; Peggy Cabral, secretaria general; Héctor Guzmán, presidente ejecutivo; Carlos Dicló, secretario nacional de Organización; José Juan Zapata, secretario nacional de Asuntos Electorales, y Janet Camilo, presidenta en funciones, junto a otros miembros de la Comisión Presidencial Ejecutiva.
El partido sostuvo que ejercerá una fiscalización permanente de la gestión gubernamental, denunciará las actuaciones que considere contrarias al interés nacional y acompañará sus críticas con propuestas sobre los principales problemas económicos, sociales e institucionales del país.
La dirección perredeísta afirmó que el Gobierno debe rendir cuentas por lo que considera deficiencias en la conducción del Estado y dejó establecido que la organización asumirá una oposición activa, sistemática y responsable durante el período que resta hasta las próximas elecciones.
Al mismo tiempo, la Comisión Presidencial Ejecutiva autorizó el inicio de contactos con partidos, movimientos y otros sectores de oposición para constituir una plataforma política y programática común que desemboque en una coalición para competir en los niveles presidencial, congresual y municipal en 2028.
El presidente del partido, Miguel Vargas, fue autorizado por el organismo para iniciar y dirigir esos acercamientos. Como parte de las resoluciones adoptadas, el organismo estableció además que la comunicación pública de sus dirigentes deberá guardar coherencia con la línea política definida por el partido y dispuso que corresponde al presidente de la organización actuar como su principal vocero.
La definición política coincide con una nueva fase del proceso de reorganización interna del PRD. La Comisión conoció los avances alcanzados en la actualización de las estructuras provinciales, municipales, de distritos municipales y seccionales del exterior, y aprobó el registro actualizado de dirigentes y delegados para completar su depósito ante la Junta Central Electoral.
Durante la sesión, Héctor Guzmán presentó un informe sobre el proceso de reorganización, mientras Carlos Dicló expuso los resultados de la actualización orgánica y territorial. De acuerdo con los informes conocidos por la Comisión, el PRD ha completado alrededor del 97 % de su organización nacional, con avances en 150 municipios, 180 distritos municipales, seis regiones y 23 seccionales del exterior.
La Comisión acogió en todas sus partes el informe de la Secretaría Nacional de Organización y aprobó el registro actualizado de dirigentes y delegados del partido para su entrega ante la Junta Central Electoral. José Juan Zapata presentó, asimismo, un informe de la Secretaría Nacional de Asuntos Electorales correspondiente al período comprendido entre enero y septiembre de 2026, mientras Peggy Cabral rindió un informe sobre el patrimonio inmobiliario del partido y el plan para su actualización.
Miguel Vargas también presentó ante el organismo un informe sobre la situación política y los trabajos de la organización.
La Comisión también puso en marcha un registro nacional de aspirantes a posiciones congresuales y municipales, concebido para identificar tempranamente las aspiraciones existentes en las diferentes demarcaciones y preparar al partido para el próximo ciclo electoral, sin sustituir los mecanismos estatutarios establecidos para la escogencia de candidaturas.
La reunión dejó así definida la orientación inmediata del PRD: oposición al Gobierno, concertación con las demás fuerzas opositoras y fortalecimiento de su organización nacional como preparación para 2028.
El Ministerio Público presentó este miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de 18 meses de prisión preventiva contra las 26 personas arrestadas en la Operación Cobra 2.0-A, quienes son vinculadas al entramado de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó la solidez de la investigación del Ministerio Público y valoró las pruebas que sustentan la solicitud de imposición de la medida de coerción.
“En la noche de hoy el Ministerio Público ha presentado su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en esta operación. 10 de los imputados han admitido los hechos, han estado conteste con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado, lo que evidencia la fortaleza de nuestras imputaciones”, dijo a periodistas que la abordaron a la salida del tribunal luego del aplazamiento de la audiencia para este jueves, 24 de septiembre.
“La única realidad que sucederá en este proceso, al finalizar, es que el juez impondrá las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público a cada uno de los encartados”, dijo Ortiz, quien encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público en la audiencia junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.
El procurador adjunto Wilson Camacho presentó las pruebas y argumentos que deben ser tomados en cuenta para imponer la prisión preventiva contra las 26 personas arrestadas.
El equipo del Ministerio Público también lo integra el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Pasadas las 3:00 de la tarde de este miércoles el juez Rigoberto Sena ordenó al Ministerio Público presentar su solicitud de imposición de medida de coerción contra el entramado de corrupción administrativa enfrentado con la operación Cobra 2.0-A. A las 10:00 de la noche el magistrado Sena aplazó la audiencia para este jueves, 24 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público, tras presentar sus conclusiones en la audiencia, solicitó que el caso sea declarado de tramitación compleja y que se impongan 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También, contra la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
“El bien jurídico protegido aquí no es monetario. El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la salud. Derecho fundamental a la salud que se vulneró en perjuicio de ciudadanos beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. A todos estos pacientes se les generaron cargos ficticios que redujeron el monto de los servicios a los cuales tenían derecho”, dijo Ortiz en el tribunal durante la presentación de la medida de coerción.
“Cuando analicemos el punto nodal de esta situación, no se trata de dinero, no se trata de 40 millones, se trata de la lesión a un derecho fundamental, al derecho fundamental de la salud”, agregó.
Detalló que fueron presentadas 234 pruebas de naturaleza documental, 91 pruebas materiales, 82 documentos procesales y 76 periciales, para un total de 483 pruebas, que el Ministerio Público pone a la disposición del tribunal y de las partes como fundamento de las medidas solicitadas.
“El Ministerio Público concluye de la siguiente manera: Por las razones de hecho y derecho presentadas, solicitamos la imposición de prisión preventiva por 18 meses al considerar el Ministerio Público que es la medida que, conforme a la gravedad de los hechos y a la naturaleza de las imputaciones, garantizarían la continuidad del proceso de investigación, así como la seguridad de las víctimas y de los potenciales elementos de prueba a ser colectados por el Ministerio Público en el desarrollo de su investigación”, expuso.
“Que esta medida de coerción sea impuesta por un período de 18 meses de conformidad con el artículo 230, numeral 7, combinado con el artículo 377, numeral 2, al declarar este tribunal la complejidad del presente proceso”, indicó.
El proceso penal contra otros involucrados
En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.
Nueva York.– El presidente Luis Abinader fue reconocido este miércoles con la Insignia de Oro, el más alto honor de Americas Society, por su destacado liderazgo en República Dominicana y el hemisferio y por promover el progreso económico, democrático e institucional del país y en toda la región.
El mandatario fue reconocido, además, por su destacada labor en la recuperación económica de la República Dominicana, su firme compromiso con la defensa y el fortalecimiento de la democracia y su papel en la promoción de la cooperación regional, particularmente en materia de seguridad e integración económica.
La distinción fue entregada durante una ceremonia celebrada en la sede de Americas Society, en Nueva York, donde el mandatario estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje; de sus hijas, Esther Patricia y Adriana Margarita Abinader Arbaje, y del canciller, Víctor “Ito” Bisonó.
Durante la ceremonia, Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, y Andrés Gluski, presidente de la junta directiva de Americas Society/Council of the Americas, hicieron entrega de la distinción al presidente Luis Abinader.
Tras recibir la distinción, el mandatario afirmó que ha asumido su gestión como el cumplimiento del deber para el cual fue elegido por el pueblo dominicano y recordó que al país le ha correspondido enfrentar momentos difíciles derivados de la pandemia del COVID-19, la invasión de Rusia a Ucrania, el aumento de los precios de las materias primas, la guerra con Irán, la situación de Haití y las nuevas tarifas internacionales.
“A pesar de todo eso, y en este año tan especial, el crecimiento de la República Dominicana se consolida en un 4.5 %. Si no es el mayor crecimiento de Latinoamérica, si no es el primero, será el segundo en términos de crecimiento”, expresó.
El mandatario sostuvo que el crecimiento económico es fundamental para alcanzar el desarrollo, pero señaló que este debe traducirse también en mejores indicadores sociales. En ese sentido, destacó que cuando llegó al Gobierno la subalimentación alcanzaba al 8.7 % de la población, mientras que actualmente se encuentra por debajo del 2.5 %, lo que, según indicó, convierte a República Dominicana en el sexto país de Latinoamérica con hambre cero.
Asimismo, resaltó la reducción de la pobreza monetaria, al señalar que se situaba en un 26 % en 2019 y que el promedio del primer semestre de este año es de 14.5 %. Consideró que este resultado es fundamental para el desarrollo, las inversiones y la paz social. “Tenemos que tener paz social, y eso lo tenemos en la República Dominicana. Por eso también las inversiones han tenido niveles récord y este año van a superar los 5,200 millones de dólares en inversión extranjera”, indicó.
En materia turística, el presidente Luis Abinader proyectó que este año el país superará los 12 millones de turistas, alcanzando casi 12.4 millones de visitantes, y destacó que, después de México, República Dominicana es el país de Latinoamérica que más turistas recibe.
También resaltó el crecimiento de las zonas francas y exportaciones por alrededor de USD 16,000 millones, así como la diversidad de la economía dominicana. Como ejemplo, señaló que las academias de los 30 equipos de Grandes Ligas representan entre USD 500 millones y USD 600 millones para la economía nacional, mientras que las exportaciones de cigarros alcanzan unos USD 1,300 millones.
El jefe de Estado agregó que desde las zonas francas el país exporta casi USD 3,000 millones en dispositivos médicos y unos USD 800 millones en equipos electrónicos, lo que, dijo, evidencia un desarrollo que avanza hacia niveles medios de tecnología.
“Tenemos una estrategia para la inteligencia artificial y una estrategia para el ensamblaje de semiconductores, porque nuestra política es abrir cada vez nuevos nichos y nuevas áreas de negocio”, afirmó.
Abinader reiteró, además, la orientación de su administración hacia la inversión, la creación de empleos y el desarrollo empresarial. “República Dominicana es un país y este es un Gobierno pro negocios, pro empresa y pro empleo”.
Explicó que no existe otra manera de desarrollar una economía que apoyando a las empresas, creando empleos y generando valor, para luego distribuir la riqueza creada mediante mejores salarios y mayor competitividad.
Al abordar el legado de su gestión, el mandatario afirmó que uno de los aspectos que considera más importantes está relacionado con el fortalecimiento de la democracia. “Y sí, cambiamos la Constitución, pero la cambiamos exactamente en la dirección contraria a como otros presidentes de nuestro país o de Latinoamérica lo han hecho: para blindarla y hacer mucho más difícil que alguien pudiera optar por un tercer período presidencial”, sostuvo.
El presidente manifestó que dos períodos y no más contribuyen a fortalecer y consolidar tanto la democracia dominicana como la latinoamericana, y señaló que uno de los riesgos para los sistemas democráticos se produce cuando un presidente procura mantenerse indefinidamente en el poder. “Yo pienso que ese es uno de mis principales legados a la democracia y por lo cual seguiremos trabajando después de salir del Gobierno”.
El presidente Abinader también recordó que se pronunció recientemente sobre la situación de Nicaragua tras el anuncio de que ya no se permitirían los partidos políticos. “Ese tipo de situaciones no se debe permitir en nuestra Latinoamérica”, expresó.
“Tenemos que seguir luchando por la democracia y por esos pueblos, porque es muy fácil para un dictador hablar de autodeterminación de los pueblos. Claro, existe la autodeterminación del jefe de Gobierno y del dictador. Por eso siempre se necesita la ayuda internacional”, agregó.
Finalmente, el mandatario aseguró que continuará trabajando en favor de la democracia, los negocios y las políticas que, a su juicio, conducen al progreso, al tiempo que reconoció el papel del sector privado y de las inversiones en los resultados alcanzados por el país.
“Cuando vemos esos indicadores sociales, no solamente se deben a la acción del Gobierno, sino también a las inversiones con las que ustedes han confiado en nuestros países y, especialmente, en la República Dominicana”, concluyó.
La Insignia de Oro es concedida a jefes de Estado democráticamente elegidos cuyo excepcional trabajo ha tenido un impacto profundo y duradero en su país, en la vida de sus habitantes y en el progreso de la región.
Impacto transformador en RD y la región
“El liderazgo del presidente Abinader ha tenido un impacto transformador no sólo en la República Dominicana, sino también en la región. Su trayectoria constituye un referente para las próximas décadas, y es un enorme honor entregarle esta distinción esta noche”, expresó Segal.
De su lado, Andrés Gluski destacó el liderazgo del presidente Abinader en la recuperación económica de República Dominicana tras la crisis de la pandemia, el refuerzo del sistema democrático del país con la reforma constitucional de 2024 y la cooperación con otros países de la región en materia de seguridad y de cadenas de suministro más resilientes.
“Presidente Abinader, esta noche reconocemos un período durante el cual la República Dominicana enfrentó una crisis extraordinaria, recuperó la confianza, fortaleciendo sus instituciones y amplió su papel en el hemisferio”, manifestó Gluski.
“Hoy reconocemos una forma de liderazgo que nace de una profunda confianza en el país y, sobre todo, en su gente. El presidente Abinader encarna el liderazgo que nuestro hemisferio necesita para crecer, prosperar y ocupar con mayor fuerza el lugar que le corresponde en el mundo”, agregó.
Insignia otorgada a otros mandatarios
La Insignia de Oro ha sido otorgada anteriormente a Raúl Alfonsín, en 1985; Ronald Reagan, en 1987; Fernando Henrique Cardoso, en 1998; Ricardo Lagos, en 2005; Luis Inácio Lula da Silva, en 2008; Michelle Bachelet, en 2009; Felipe Calderón, en 2011; Juan Manuel Santos, en 2012; Mauricio Macri, en 2017; Iván Duque, en 2021, y Luis Lacalle Pou, en 2023, entre otros.
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