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A su juicio, ese estilo de liderazgo se sustenta en una oratoria propia y en un manejo del escenario público que moviliza emociones intensas. No obstante, indicó que no considera que la figura de Trump haya sido concebida para distraer la atención sobre el estancamiento de la guerra en Irak, descartando que exista evidencia que sustente una acción deliberada en ese sentido.
En relación con las tensiones vinculadas al conflicto con Irán, el dirigente político señaló que estos escenarios internacionales suelen generar dinámicas complejas y decisiones que pueden tener efectos de gran alcance.
Sobre el presunto plan para asesinar al presidente Trump mencionado durante la conversación, Taveras indicó que no cree que un hecho de esa naturaleza haya sido provocado de manera voluntaria con fines políticos internos. “Yo descarto que eso haya podido ser voluntario; un atentado así generaría niveles de complicidad difíciles de ocultar”, expresó, atribuyendo este tipo de acontecimientos a las propias tensiones geopolíticas y no a una estrategia deliberada para obtener beneficios políticos.
Asimismo, Taveras, quien se desempeñó como director general de Migración, manifestó inquietud por la falta de negociaciones que permitan mitigar las tensiones vinculadas al conflicto con Irán, señalando que decisiones adoptadas sin procesos amplios de consulta pueden derivar en errores estratégicos.
El dirigente político, que también fue diputado ante el Congreso Nacional, abordó el escenario internacional más amplio, advirtiendo que las capacidades de desarrollo de armas nucleares por parte de China constituyen un elemento de preocupación global. “Si no se logra al menos contener o desmantelar esas capacidades, no hay garantía de que no pueda ocurrir una catástrofe para la vida”, expresó.
Agregó que es necesario actuar con prudencia ante un contexto internacional marcado por polarización, tensiones acumuladas y una velocidad informativa que puede convertir determinados acontecimientos en herramientas de alto impacto político.
Por Ramón Mercedes
NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en el Alto Manhattan, quienes afirman ser asiduos televidentes del “Canal 69 La Tora TV” en la República Dominicana, condenan la acción de militares y policías al desmantelar la tarima que tenía dicha estación el pasado domingo, mientras transmitía las incidencias de la marcha contra la minería en Sabaneta, San Juan de la Maguana, donde los comunitarios exigían “No oro, sí agua”.
Asimismo, el personal recibió amenazas cuando agentes del Ejército y la Policía intervinieron en la actividad, provocando momentos de tensión, destruyendo parte del montaje del evento, y advirtiendo al equipo de prensa que podrían ser apresados si continuaban trabajando, como lo denunciara la directora, Claudia Pérez (La Tora).
Pérez afirmó que, a pesar de tener permiso para instalarse, un alto mando militar ordenó destruir la carpa, el pódium y otros materiales de transmisión. Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre lo ocurrido.
La comunicadora Priena Almonte calificó el hecho como una acción represiva y una violación a la libertad de prensa, responsabilizando a la policía de actuar agresivamente.
El hecho generó fuertes críticas en redes sociales sobre el accionar de las autoridades en la zona. “Los quisqueyanos sostienen que el Artículo 49 de la Constitución de la RD garantiza el derecho a informar y la libertad de expresión”.
“Prohíbe la censura previa, permitiendo buscar, recibir y difundir información libremente por cualquier medio”.
“Además, toda persona tiene derecho a expresar libremente pensamientos, ideas y opiniones, sin censura previa”, precisan.
El hecho generó preocupación entre sectores sociales y defensores de la libertad de expresión, quienes consideran que este tipo de acciones afectan el derecho de los medios a informar sobre temas de interés público.
La marcha contra la empresa GoldQuest se tornó violenta cuando la policía lanzó bombas lacrimógenas y agua para dispersar a los manifestantes. Los dominicanos, en un documento, expresan que un gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tanto criticó en el pasado acciones similares, a esta altura del juego, no debería cometer atrocidades ni violaciones a la libertad de prensa. Por eso, condenamos la acción gubernamental, precisan.
POR RAMON MERCEDES
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El miembro del Comité Central (CC) de la seccional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en esta ciudad, Miguel Suriel, hablando en nombre de decenas de sus compañeros, afirma apoyar el reclamo del precandidato presidencial de esa entidad política, Francisco Javier García, de higienizar el gasto público en el Gobierno dominicano.
“No se le puede pedir sacrificio al pueblo mientras el Gobierno mantenía, en 2025, una nómina pública de 773,025 empleados, miles de ellos ‘botellas’, que superaban los RD$338,305.9 millones”.
Pero, entre enero y febrero de 2026, el pago de nómina aumentó un 6,3 %, destinando RD$55,045.3 millones en esos dos meses, reflejando un aumento de empleados y sueldos, según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL).
El Gobierno dominicano ha experimentado un crecimiento sostenido en el gasto de nómina pública. Recordó que, en 2020, los empleados públicos sumaban 640,977. En 2021, la cantidad fue de 678,567.
En 2022, la suma fue de 727,338. En 2023, la cantidad fue de 717,203. En 2024, la suma fue de 739,221. Además, quitar el 50 % de los fondos que, por ley, se entregan a los partidos políticos dominicanos, quienes son garantes del sistema democrático, constituye un golpe medular a la democracia, al debilitar las organizaciones y abrir las compuertas al financiamiento irregular, como declaró Javier García.
El ingeniero Suriel señaló que el Gobierno debe reorientar la búsqueda de fondos hacia otros sectores, como planteara el aspirante presidencial del PLD para “una verdadera política de austeridad”: Reducir la nómina pública inflada, eliminar las compras de emergencia irregulares.
Asimismo, transparentar los programas sociales, recortar los beneficios a funcionarios, eliminar los gastos superfluos del Estado, revisar el esquema de pensiones especiales, reducir las pérdidas del sector eléctrico y auditar los grandes contratos públicos. Si el Gobierno del PRM hace esto, encontrará de inmediato los fondos necesarios para enfrentar la crisis fiscal en RD, concluyó Suriel.
POR RAMON MERCEDES
