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Durante un acto en el Palacio Nacional, con la presencia de ministros, directores generales y autoridades de los órganos de control y del Ministerio Público, el presidente Abinader reiteró que, a partir de hoy, cada institución sujeta al ámbito de aplicación de la Ley deberá ajustar su gestión contractual al nuevo marco normativo de manera obligatoria.
Nuevo sistema refuerza la planificación, mejora la competencia
El presidente aseguró que el nuevo sistema refuerza la planificación, mejora la competencia, fortalece los controles y promueve una cultura de prevención, en consonancia con el compromiso asumido al inicio de su gestión de fortalecer las instituciones, proteger los recursos públicos y cerrar los espacios donde históricamente se ha producido el abuso, la improvisación y la falta de controles.
“Esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública. Busca fortalecerla. No busca paralizar al Estado. Busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable”, subrayó Abinader, tras afirmar que la nueva ley consolida un modelo de gestión donde las decisiones dejan rastro, tienen responsables y pueden ser verificadas en cualquier momento.
En su discurso, el jefe del Estado destacó que esta reforma alinea a la República Dominicana con estándares internacionales de buena gobernanza, competitividad y confianza institucional, asegurando que las reglas permanezcan más allá de cualquier gobierno.
Un Estado que aprende a funcionar con normas claras
“El verdadero cambio no es una ley nueva, sino un Estado que aprende a funcionar con normas claras y permanentes”.
“Este gobierno ha apostado a algo fundamental: que las instituciones sean más fuertes que las personas; que las reglas sean más duraderas que los cargos; que el interés general esté siempre por encima de cualquier conveniencia particular. Ese es el país que creemos. Ese es el país que estamos construyendo”, agregó el presidente.
El mandatario también aprovechó para reconocer el trabajo realizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y los equipos técnicos que hicieron posible el nuevo marco normativo, el cual contribuirá al fortalecimiento institucional del país.
Luis Abinader reiteró que, en esta fase de implementación, el Gobierno acompañará a las instituciones, capacitará a los servidores públicos y a los proveedores, y dará las orientaciones necesarias para la correcta aplicación de la ley.
Carlos Pimentel
Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, valoró de manera especial el respaldo decidido del mandatario para la aprobación de la reforma. También aseguró que, bajo el liderazgo del presidente Abinader, la transparencia ha dejado de ser un discurso para convertirse en una política pública con resultados concretos.
Dijo que la presencia de la Procuraduría General de la República, la Unidad Antifraude y los órganos de control del Estado es una muestra de que “la nueva ley no caminará sola: caminará acompañada de instituciones comprometidas con la legalidad y la rendición de cuentas”.
Aseguró a los ministros y titulares de instituciones que la reforma está diseñada para fortalecer su labor, brindar mayor seguridad jurídica y elevar los estándares de la gestión pública, mientras que a la ciudadanía le garantiza que cada contratación responda al interés general y no a intereses particulares.
El titular de la DGCP explicó que la implementación de la nueva ley se realizará de manera gradual, ordenada y responsable, conforme al cronograma aprobado, garantizando la correcta adaptación institucional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas.
Garantes de la aplicación de la normativa
“Seremos garantes de la aplicación uniforme de la normativa, del respeto a sus principios y del cumplimiento de los estándares de transparencia, eficiencia y legalidad, porque el país merece un sistema de contrataciones públicas moderno, confiable y al servicio del interés general”.
SANTIAGO.-La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, asistió como invitada especial a la conferencia “Santiago como corazón productivo”, ofrecida por la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, quien definió a esta ciudad como un eje clave para el desarrollo económico nacional.
“Sin lugar a dudas, es uno de los motores económicos más importantes de la República Dominicana”, expresó la diplomática al iniciar su intervención, en la que resaltó que Santiago y la región del Cibao representan una de las expresiones más sólidas del espíritu emprendedor dominicano, con aportes relevantes desde la manufactura, las zonas francas, la agroindustria, el comercio y la logística.
Campos señaló que el Cibao se encuentra en una posición estratégica para atraer manufactura avanzada y nuevos encadenamientos productivos, al tiempo que reconoció el liderazgo del Gobierno dominicano en la promoción del país como parte de cadenas de suministro globales, incluyendo sectores emergentes vinculados a la tecnología.
Durante su exposición, la embajadora también resaltó el carácter histórico y estratégico de los vínculos bilaterales, indicando que la República Dominicana ha sido uno de ls aliados más constantes y confiables de los Estados Unidos en el Caribe.
Afirmó que, así como el presidente Donald Trump impulsa la visión de “Make America Great Again”, celebra que líderes dominicanos como el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña estén igualmente comprometidos con el fortalecimiento del desarrollo nacional.
“Juntos haremos que nuestros respectivos países y nuestra región compartida sean más seguros y prósperos. Cuando nuestros amigos y vecinos prosperan, Estados Unidos prospera”, expresó la diplomática.
Su ponencia abordó además temas vinculados a seguridad fronteriza y comercio, destacando la importancia de proteger el empleo, las familias y las comunidades, así como de preservar la credibilidad institucional y la estabilidad económica.
“Cuando protegemos nuestras fronteras, nuestras cadenas de suministro, nuestros sistemas financieros y nuestras instituciones, protegemos la prosperidad de nuestros pueblos”, sostuvo Campos.
La conferencia fue organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago y reunió a líderes empresariales, autoridades locales, representantes del sector productivo y miembros de la Junta Directiva de la institución, consolidándose como un espacio de diálogo sobre cooperación económica, relaciones bilaterales y oportunidades de inversión
Como parte de la agenda, la vicepresidenta Raquel Peña acompañó a la embajadora Leah Campos en un recorrido por distintos espacios emblemáticos de Santiago, orientado a mostrar el potencial cultural, logístico y económico de la ciudad.
Entre los lugares visitados se incluyó el Monumento a los Héroes de la Restauración, donde ambas resaltaron la democracia, el patriotismo, la solidaridad y la fe como valores compartidos entre la República Dominicana y los Estados Unidos.
“La República Dominicana y los Estados Unidos tienen una historia de colaboración y hermandad que se sostiene sobre valores que compartimos”, expresó Raquel Peña.
La jornada incluyó además una visita a la sede principal de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde conocieron avances en investigación científica y desarrollo de laboratorios impulsados con apoyo de programas de cooperación internacional.
El recorrido continuó en el Centro Cultural Eduardo León Jimenes, donde se valoró la cultura como eje del desarrollo sostenible y de la identidad nacional, y en el Centro Cultural Domínico-Americano, donde sostuvieron un intercambio con estudiantes y directivos, destacando la importancia del aprendizaje del idioma inglés y del fortalecimiento de los vínculos educativos y culturales entre ambos países.
La visita de la vicepresidenta Raquel Peña y la embajadora Leah Campos reafirma el compromiso de ambas naciones con una relación estratégica basada en cooperación, institucionalidad y desarrollo compartido.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, saludó este martes el cierre del financiamiento por USD 1,067 millones para el proyecto Manzanillo Gas & Power, al considerarlo un hito para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y para la consolidación de la seguridad energética de la República Dominicana.
Santos destacó que el proyecto aportará 840 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional, lo que equivale a alrededor del 14 % de la capacidad instalada del país, contribuyendo a reforzar la energía base y la estabilidad operativa de la red en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda.
El funcionario señaló que esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de incrementar la capacidad instalada en un 54 % entre 2025 y 2028. Indicó que, en los últimos tres años se habrán instalado más de 2,000 MW de energía base al sistema.
“El cierre de este financiamiento refleja la confianza de la banca internacional en el país y en la solidez del marco regulatorio dominicano, así como en el potencial de nuestra infraestructura energética para sostener el crecimiento económico de largo plazo”, expresó el ministro, al precisar que el proyecto ya inició su construcción el pasado año.
Santos también resaltó la capacidad de esta gestión de trabajar de la mano con el sector privado, promoviendo un clima de inversión basado en reglas claras y seguridad jurídica.
El proyecto Manzanillo Gas & Power contempla la construcción de una terminal de importación, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL), junto con dos plantas de ciclo combinado de 420 MW cada una, para una capacidad total de 840 MW.
El ministro subrayó, además, la generación de empleos directos e indirectos y los beneficios socioeconómicos para la Línea Noroeste, así como la importancia de este tipo de infraestructura para la competitividad del país y la atracción de inversiones.
Asimismo, destacó que el financiamiento fue estructurado por un grupo de entidades internacionales, entre ellas Citi, JPMorgan, IDB Invest y CAF, bajo estándares técnicos, ambientales y sociales internacionales.l
El presidente Luis Abinader juramentó este lunes la comisión de veeduría que tendrá a su cargo supervisar las obras de infraestructura deportiva que serán ejecutadas con fondos por más de RD 2,000 millones provenientes de recursos recuperados de actos de corrupción, como parte del compromiso del Gobierno con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.
La comisión de veeduría está integrada por el doctor José Joaquín Puello, expresidente del Comité Olímpico Dominicano; el doctor Milton Ray Guevara, ex presidente del Tribunal Constitucional; el arzobispo de Santiago y presidente del Episcopado Dominicano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez; así como los comunicadores Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sport y miembro del Comité Olímpico Internacional, y Persio Maldonado, referente de la ética y la moral en la comunicación dominicana.
Presidente Abinader
Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de la veeduría ciudadana en este proceso, al considerar que su acompañamiento garantiza los más altos niveles de transparencia, rendición de cuentas y supervisión en cada una de las etapas de ejecución de las obras.
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El jefe de Estado agradeció de manera especial a los integrantes de la comisión por aceptar esta responsabilidad, al tiempo que subrayó que su solvencia moral, trayectoria y formación profesionalconstituyen una garantía para el uso adecuado de los fondos públicos destinados a estas inversiones.
Asimismo, el presidente Abinader informó que, tras varios meses de trabajo técnico, diseños y elaboración de los términos de referencia, este mismo día serán publicadas las licitaciones correspondientes a las obras, conforme a lo indicado por la Dirección de Planificación y el Ministerio de Deportes, las cuales se desarrollarán bajo la supervisión directa de la comisión juramentada.
Obras para ejecutar
Entre las obras que serán ejecutadas con estos fondos figuran el remozamiento total del Centro Olímpico de San Pedro de Macorís; la reconstrucción del polideportivo de San Juan de la Maguana; la construcción de 23 techados multiuso en igual número de municipios que aún no cuentan con este tipo de infraestructura, y la rehabilitación integral del Centro Olímpico de La Vega, incluyendo la piscina olímpica, la pista de atletismo, la construcción de una nueva arena y otras instalaciones deportivas.
Ministro de Deportes
De su lado, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, explicó que la conformación de esta comisión responde a una instrucción directa del presidente Abinader, quien dispuso que los RD 2,000 millones recuperados de la corrupción fueran invertidos en infraestructuras deportivas, bajo el acompañamiento de una veeduría integrada por personalidades de reconocida ética y credibilidad.
El ministro Cruz resaltó que estas inversiones permitirán cerrar una brecha histórica en materia de infraestructura deportiva, al tiempo que impactarán positivamente a la juventud, la niñez y a las comunidades, ya que los techados y polideportivos también funcionan como centros de integración social, cultural y comunitaria.
El objetivo del documento es facilitar a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de un proceso penal de alto impacto público.
El informe destaca que el caso afectó la salud del sector más vulnerable de la población y que “hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”.
Hasta 2020 SENASA era descrito como un modelo de gestión. Según el informe, “su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim”.
Las denuncias posteriormente dieron lugar a una investigación del Ministerio Público, cuya solicitud de medidas de coerción tiene 537 páginas. Participación Ciudadana elaboró una síntesis de 32 páginas para facilitar el acceso a la información.
Información proveniente del expediente
De manera explícita, el informe aclara que la síntesis se redacta “única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público”, por lo que los hechos, valoraciones, cifras y calificativos jurídicos contenidos en los hallazgos corresponden al expediente penal y no constituyen valoraciones propias de Participación Ciudadana.
Principales hallazgos contenidos en el expediente
Según la acusación presentada por el Ministerio Público:
El expediente atribuye sobornos por más de 4 mil millones de pesos y la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos.
Programas utilizados para el desvío de fondos
El Ministerio Público documenta que a través del programa NUTRISALUD y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que incluyó:
Asimismo, el expediente recoge la afirmación de que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, destacando la ausencia de evaluaciones sobre su impacto sanitario.
Privatización irregular y sobornos por servicios de atención primaria
La acusación señala que servicios de atención primaria fueron “monopolizados” por un mismo grupo empresarial mediante contratos, adendas y pagos capitaros sin mecanismos adecuados de fiscalización. Este esquema habría generado sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.15.
Manipulación del Bordereau y de los estados financieros
El expediente sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación financiera real”. Se describe un subregistro sistemático de reservas técnicas que falseó los reportes enviados al regulador.
Una comisión interna encontró posteriormente una diferencia oculta superior a RD$14,340,821,883.00, desmontando los estados enviados previamente.
Enriquecimiento ilícito y patrimonio
La investigación atribuye ingresos ilícitos al imputado Santiago Hazim por aproximadamente RD$2,881,337,217.15, e incluye la adquisición de bienes de lujo a través de empresas, intermediarios y mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos.
Calificación jurídica atribuida en el expediente
El Ministerio Público sostiene que los hechos:
y los subsume en delitos tales como:
