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El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, reaccionó de manera firme al estudio que coloca a la República Dominicana en una posición favorable en materia de percepción sobre la corrupción, asegurando que ese tipo de informes no puede utilizarse como prueba concluyente de transparencia cuando la realidad nacional refleja otra cosa.
Durante su participación en el programa “Abriendo la Mañana”, transmitido por Supercanal 33 en República Dominicana y por Supercanal Caribe para Estados Unidos y Puerto Rico, Domínguez Trujillo sostuvo que los dominicanos no pueden dejarse impresionar por indicadores internacionales que, a su juicio, deben analizarse con profundidad y sentido crítico.
“El problema no es el informe, el problema es la realidad. Aquí la gente no vive de percepciones internacionales; vive de lo que ve todos los días”, expresó.
En ese contexto, el dirigente político señaló que Transparencia Internacional es representada en la República Dominicana por la organización Participación Ciudadana, indicando que ese detalle debe formar parte del análisis público sobre el estudio.
“Transparencia Internacional en el país está representada por Participación Ciudadana, y eso también hay que decirlo. Todo informe tiene un contexto y hay que evaluarlo completo”, manifestó.
En su intervención, Ramfis también abordó el desempeño histórico del PRM y sus antecedentes gubernamentales, señalando que existen patrones que, según su visión, no pueden ignorarse cuando se habla de institucionalidad y manejo económico.
“El PRM hay que entenderlo: en sus orígenes ha sido un desorden total. Lo vimos en gobiernos pasados, en crisis como la bancaria del 2003, cuando el país sufrió enormemente. Incluso medidas como el 2% de anticipo surgieron como parches en momentos críticos”, afirmó.
Con tono contundente agregó: “Si yo llego a seis años de administración pública con estos niveles de corrupción, no solo quito el gabinete, me quito yo mismo. El presidente renuncia. Yo mismo me desisto.”
Domínguez Trujillo enfatizó que la lucha contra la corrupción no puede medirse únicamente por percepciones internacionales, sino por resultados tangibles, procesos judiciales efectivos y sanciones ejemplares.
“Cuando la corrupción está presente a la vista de todos, no basta con decir que mejoramos en un índice. Se necesita mano firme, transparencia real y responsabilidad directa”, sostuvo.
Durante el espacio también abordó temas relacionados con la seguridad, los abusos contra el Estado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional.
Finalmente, reiteró que el país debe debatir con seriedad el verdadero estado de su institucionalidad y que ningún informe puede sustituir la experiencia cotidiana del ciudadano frente al manejo de los recursos públicos.
El Ministerio Público del Distrito Nacional impartió una charla en el sector Villa Consuelo, como parte de la serie de encuentros preventivos desarrollados a través de las fiscalías comunitarias para orientar a la ciudadanía sobre la violencia intrafamiliar, sus manifestaciones y consecuencias legales.
La actividad, que tuvo lugar en la cancha de baloncesto Los Toros, Teresa García, encargada de la Fiscalía Comunitaria de Villa Consuelo, destacó que el Ministerio Público está abierto y al servicio de la comunidad, por lo que exhortó a los comunitarios a acercarse a la institución, sin necesidad de esperar a que ocurra un conflicto.
En ese sentido, subrayó que estas jornadas buscan fortalecer la prevención, mediante la orientación directa y accesible a los comunitarios.
Asimismo, explicó el concepto de violencia intrafamiliar, conforme a lo establecido en la Ley 24-97, la cual se produce entre personas que mantienen o han mantenido un vínculo emocional, independientemente de que convivan o no. Indicó además las distintas manifestaciones de la violencia, entre ellas la verbal, psicológica, económica, sexual y física, aclarando que no todas dejan señales visibles, pero sí generan consecuencias profundas en las víctimas.
La fiscal también abordó la violencia de género, precisando que esta se configura cuando la agresión se ejerce contra la mujer por su condición de género, conducta que está expresamente sancionada por la legislación dominicana.
En ese contexto, señaló que los hijos e hijas son víctimas directas de la violencia, aun cuando no sean agredidos físicamente.
García exhortó a los asistentes a denunciar de manera oportuna, resaltando que muchas situaciones escalan a hechos lamentables por la falta de denuncia, en ocasiones motivada por la dependencia económica.
Finalmente, llamó a promover la comunicación y el respeto como pilares esenciales para la convivencia familiar y comunitaria, reiterando que la violencia no puede utilizarse como mecanismo para resolver conflictos.
La actividad forma parte de la serie de charlas que desarrollan las fiscalías comunitarias del Distrito Nacional que coordina el fiscal Rafael Brown Herrera y que están orientadas a acercar los servicios del Ministerio Público a la ciudadanía, fortalecer la labor preventiva y promover la orientación ciudadana.
WASHINGTON, DC.-- La Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) y la Embajada Dominicana en los Estados Unidos trazan una ruta estratégica para impulsar oportunidades de formación universitaria en la República Dominicana dirigidas a dominicanos residentes en el exterior.
La embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo, recibió en la sede diplomática al Dr. Wady Ramírez, presidente de ADOU, y a Tomás Ramírez, comisionado de Internacionalización del gremio, quienes hicieron entrega del primer ejemplar del Catálogo República Dominicana Destino Académico.
Durante el encuentro, el presidente de ADOU presentó los alcances del Proyecto República Dominicana Destino Académico, iniciativa orientada a organizar y promover, a nivel internacional, la amplia y diversa oferta académica de las instituciones de educación superior dominicanas.
“Estamos enfocados en continuar fortaleciendo los vínculos académicos con la diáspora dominicana y facilitar el acceso a información organizada y confiable sobre programas técnicos, de grado y de posgrado ofrecidos por universidades del país. Más de 2.39 millones de dominicanos viven actualmente en Estados Unidos, según datos del Registro Sociodemográfico del INDEX 2024-2025, lo que evidencia la dimensión y el potencial de esta comunidad para fortalecer los lazos académicos con la nación”, expresó el presidente de ADOU.
Indicó además que el Catálogo República Dominicana Destino Académico está disponible en formato digital en www.adou.edu.do/destino, donde los interesados pueden consultar la oferta académica y establecer contacto con el gremio universitario dominicano.
Sobre ADOU
La Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) agrupa a 32 instituciones de educación superior que contribuyen al fortalecimiento del sistema educativo nacional, garantizando altos estándares de calidad y promoviendo la proyección internacional de la educación superior dominicana.
El exprocurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, aseguró que la creación del Ministerio de Justicia no resolverá los problemas del sistema judicial dominicano y afirmó que la verdadera crisis radica en la aplicación de la ley y en la forma en que se conduce la persecución penal, al señalar que “el problema no es de estructura, sino de aplicación”.
Entrevistado en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, Céspedes Martínez sostuvo que los problemas del sistema judicial no se solucionan con cambios estructurales y advirtió que la creación del Ministerio de Justicia, lejos de fortalecer el sistema, podría afectar la eficacia del Ministerio Público.
Indicó que el enfoque debe centrarse en mejorar la calidad de las investigaciones, la objetividad de las acusaciones y el respeto a los plazos procesales, y no en la creación de nuevas instancias administrativas.
En ese contexto, el exfuncionario consideró que la extinción de los procesos penales por vencimiento de plazos constituye una grave falla institucional, al explicar que muchos casos, especialmente los vinculados a corrupción administrativa, se inician sin contar con un cúmulo probatorio suficiente.
“Cuando los procesos se extinguen es porque el Ministerio Público no tiene los elementos probatorios para sostener la acusación”, sostuvo.
El exjefe del Ministerio Público agregó que en la práctica se invierte el orden lógico de la persecución penal, ya que se inicia el proceso sin haber investigado previamente y luego se pretende buscar las pruebas dentro del juicio, provocando dilaciones que terminan favoreciendo la extinción de los expedientes.
Céspedes Martínez rechazó que se atribuya al imputado la responsabilidad principal por el vencimiento de los plazos procesales, al considerar que esa visión afecta derechos fundamentales.
“El proceso no está bajo la dirección del imputado, está bajo la dirección del sistema de justicia”, precisó.
Advirtió, además, que aceptar el argumento de que los aplazamientos solicitados por la defensa justifican la extinción de los casos violenta drásticamente el derecho a la defensa, ya que corresponde a los jueces administrar el proceso conforme a la ley.
Por otro lado, el exprocurador abordó la relación entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, en materia de seguridad ciudadana, al señalar que la seguridad es un derecho fundamental cuya responsabilidad principal recae en el Estado.
Consideró que el discurso de una independencia absoluta del Ministerio Público no se corresponde con la realidad institucional.
“Hablar de una independencia total del Ministerio Público es una ficción política”, expresó, al precisar que debe existir una coordinación armónica entre las instituciones encargadas de la persecución penal y la seguridad del Estado.
Narcotráfico y actividad política
Céspedes Martínez advirtió sobre la participación de personas vinculadas al narcotráfico en la actividad política y afirmó que permitir esa práctica representa una amenaza directa para la democracia y la seguridad jurídica del país.
“No es posible que el narcotráfico se convierta en un potencial político en la República Dominicana”, enfatizó.
Indicó que dicha situación es peligrosa e inaceptable, y que tiene un impacto profundo en la sociedad. “Se está envenenando el pensamiento, las acciones y el desarrollo de cada familia dominicana”.
Agregó que la ley es sana, que el problema es su aplicación, y llamó al Estado dominicano a actuar con mayor firmeza para evitar que esas situaciones continúen afectando la institucionalidad del país.
