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A solicitud del Ministerio Público, los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega revocaron la decisión que declaró la extinción penal del proceso seguido contra Miguel Arturo López Florencio (Micky López), procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El tribunal de alzada adoptó la decisión tras acoger el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de La Vega que declaró la extinción penal del caso. La corte también ordenó la continuación del juicio.
La Fiscalía de La Vega, representada por su titular Aura Luz García Martínez, y el fiscal Juan Ramón Martínez Cruz, presentó el recurso de apelación en contra de la Sentencia Núm. 212-03-2025-SSEN-00062, de fecha nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de La Vega, integrado por las juezas Lucrecia Rodríguez Ramírez, Julissa Candelario Victoriano y Carmen Miladys Sánchez.
La sentencia revocada favorecía a Miguel Arturo López Florencio (Micky López), José Miguel López Pilarte, Miguel Arturo López Pilarte, y a Ada María Pilarte de Inoa, así como a las empresas Inmobiliarias Gloria Ivette S.R.L., Servi Crédito Gloria Ivette S.R.L., Auto Crédito Selecto S.R.L. y Agropecuaria Gloria Ivette S.R.L.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de La Vega, estableció en la acusación que la red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa.
El expediente también indica que el grupo criminal logró movilizar en el sistema financiero dominicano más de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas.
Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. La red, también, servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.
Los acusados, según refiere el expediente, se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.
A la estructura se le atribuye la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el Código Penal Dominicano, y la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La fiscal Aura Luz García Martínez valoró la decisión que revoca la sentencia de extinción de la acción penal en este caso y destacó que representa un paso de avance en las acciones ejecutadas en este proceso para lograr justicia.
Los fiscales litigantes Eduardo Velázquez y Vianela García representaron al Ministerio Público en la audiencia donde los jueces de la Corte de Apelación de La Vega, Amauris Pimentel, Osvaldo Aquino y Ariela Cedano, decidieron revocar la sentencia de extinción de la acción penal del caso, ordenando que continúe el juicio.
El proceso inició en el año 2020, siendo los acusados enviados a juicio en el año 2023, luego de múltiples aplazamientos solicitados por las defensas como estrategia para dilatar el proceso. El órgano acusador enfrentó constantemente trabas y tácticas dilatorias que impidieron el avance oportuno del caso, declarado de tramitación compleja.
En el recurso de apelación de la sentencia recurrida el órgano acusador resalta la falta de motivación de la decisión, destacando que es una obligación fundamental en el ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que la decisión fue apelada por una errónea aplicación de la norma jurídica.
Igualmente, precisó que en la sentencia del tribunal colegiado no se tomaron en cuenta los criterios que se deben considerar al momento de decidir sobre la extinción de la acción penal.
En ese sentido, citó: la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, el comportamiento (adecuado o no) de las partes en litis y la conducta de las autoridades judiciales, así como la organización judicial, la duración media de los procesos y el exceso o volumen de trabajo de los tribunales judiciales a causa del alto grado de conflictividad social, entre otros factores.
El órgano acusador recordó que por el caso fue procesada y condenada la exdiputada Rosa Amalia Pilarte López, esposa de López Florencio, quien desde el mes de septiembre del pasado año cumple una condena de cinco años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Mujeres, de Santiago.
El ex senador Iván Lorenzo sostuvo que el Gobierno debe dar el primer paso en la reducción del gasto público antes de exigir mayores sacrificios a la sociedad dominicana, en medio de los desafíos económicos derivados del contexto internacional.
Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo que se transmite por Antena 7, Lorenzo afirmó que, aunque el presidente Luis Abinader ha pedido sacrificios a la población, “esos sacrificios deben comenzar por el propio Gobierno”.
El legislador cuestionó la falta de focalización de los subsidios estatales. Señaló que mientras las autoridades aseguran que existen alrededor de 900 mil hogares pobres, menos de dos millones de personas, actualmente se subsidia a un millón 450 mil hogares y a tres millones 600 mil dominicanos.
“¿Por qué no focalizamos los subsidios para generar ahorros que permitan enfrentar los desafíos que presenta la situación internacional?”, planteó el senador, tras hacer un llamado a reducir el gasto en pensiones especiales, al considerar que muchas responden a criterios de rentabilidad política coyuntural.
Asimismo, advirtió sobre el crecimiento de la nómina pública en los últimos cinco años, que superó los 144 mil millones de pesos. A su juicio, el Gobierno debe eficientizar el gasto y asumir la primera cuota de sacrificio antes de trasladar mayores cargas a la ciudadanía.
Sobre el subsidio a los combustibles, el ex legislador peledeísta sostuvo que es necesario actuar con sensatez para preservar la estabilidad macroeconómica. Consideró pertinente mantener el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), por su impacto directo en los sectores más vulnerables, amas de casa y transporte de pasajeros.
No obstante, precisó que subsidiar de manera generalizada todo el impacto derivado de conflictos internacionales podría generar un deterioro de la estabilidad financiera del país.
Lorenzo agregó que la Ley de Hidrocarburos debe cumplirse de manera consistente, y señaló que el comportamiento futuro de los precios del petróleo dependerá de la duración del conflicto internacional y de los daños en las instalaciones productoras de hidrocarburos.
La Dirección General de Migración (DGM) deportará este miércoles a 54 haitianos a su país de origen que recibió de la Armada de la República Dominicana, luego de que fueran sorprendidos el pasado viernes 27 de marzo a 50 millas náuticas al Noreste de Aguadilla, en aguas marítimas cercanas a Puerto Rico a bordo de una embarcación de fabricación clandestina (tipo yola), cuando intentaban ingresar a ese país de manera ilegal.
Los indocumentados viajaban junto a seis (6) dominicanos, quienes se encuentran bajo investigación en la Dirección de Inteligencia de la Armada de República Dominicana (M2), luego de ser capturados por miembros de la Guardia Costera de los Estados Unidos en un operativo conjunto con la fuerza militar naval.
Estos nacionales haitianos, se incluyen en los 989 indocumentados procesados por la DGM este lunes 30 de marzo y que fueron detenidos a nivel nacional, de los cuales 621 fueron aprehendidos por Agentes de Reacción Rápida (ARR) y otros 368 por militares del Ejército (210), del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (22) y agentes de la Policía (82).
Las zonas de mayor incidencia de los operativos se concentraron en la ciudad capital, San Cristóbal y Monte Plata, con 94 detenciones en el kilómetro 12 de Haina, Herrera, Los Guarícanos y Los Frailes en Santo Domingo Este.
Le siguen Mao y Santiago Rodríguez con 63 detenciones; 56 en las provincias La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís. En La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez (Nagua), Sánchez Ramírez y Bonao se reportaron 55 detenciones, mientras que en Barahona se realizaron 22, en Paraíso, Los Blancos, Bahoruco, El Arroyo, Los Patos, La Ciénaga y Enriquillo. En Azua, Peravia y San José de Ocoa se registraron 19 en Rancho Arriba y San Luis, entre otros sectores.
De igual forma, este lunes fueron deportados 1,006 indocumentados, de los cuales 353 salieron por el punto de control fronterizo de Dajabón, 453 por Elías Piña, 453, por Jimaní
149 y 51 por Pedernales, luego de ser registrados biométricamente y como parte del proceso previo a su salida del país.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público valoró la lucha que llevan a cabo contra la corrupción administrativa y advirtió que “el Ministerio Público no tiene compromiso con la impunidad”.
“Nosotros no tenemos compromiso con la impunidad y vamos a perseguir la corrupción sin importar el tipo de corrupción que se presente o las personas que se involucren”, expresó.
En ese mismo orden, agregó “los actos de corrupción siempre van a recibir las respuestas, y una respuesta contundente del Ministerio Público, que es la instrucción directa de la señora procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y que es el accionar al que nos hemos acostumbrado nosotros durante toda la vida que hemos tenido en el Ministerio Público”.
Al responder preguntas de los periodistas sobre la actuación del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir 10,000 dólares de una persona bajo investigación, dijo que es un acto repugnante.
“Lo primero que quiero indicar es que para nosotros este acto que se juzga en este proceso es repugnante, indignante e inaceptable. Nosotros vamos a actuar con la misma firmeza que nos ha caracterizado siempre”, manifestó.
Sobre el caso, el representante del Ministerio Público dijo que la audiencia fue aplazada para el próximo martes a las 2:00 de la tarde, luego de que la defensa solicitara al tribunal su aplazamiento para conocer de las piezas y las pruebas de este proceso. Inicialmente la audiencia estaba programada para conocerse el lunes 30 de marzo.
Con relación a alegatos de la defensa del imputado, Camacho dijo: “yo creo que nosotros tenemos la suficiente inteligencia como para no ir en contra de nuestros propios procesos, pero, también, tenemos la suficiente entereza como para perseguir los casos de corrupción independientemente de quien lo haya cometido como he indicado”.
Precisó “ha sido la propia defensa que ha pedido al tribunal el aplazamiento para conocer las piezas del proceso y esas evidencias que están en el proceso yo les puedo asegurar en este momento que son evidencias irrefutables”.
Camacho fue entrevistado por los periodistas a la salida de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde la jueza de la Instrucción Especial Ysis B. Muñiz Almonte, conoce la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra el fiscal Valdez Alcántara.
