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La Alianza Dominicana Contra la Corrupción ( ADOCCO) valoró como una decisión acertada y oportuna la iniciativa de la Cámara de Diputados de abrir un proceso de recepción de propuestas para la modificación de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
La entidad sostuvo que esta decisión constituye una demostración de apertura democrática y de disposición al diálogo por parte del Congreso Nacional, al permitir que los distintos sectores de la sociedad presenten observaciones y recomendaciones orientadas a perfeccionar una legislación de tanta trascendencia para el sistema de justicia y la protección de los derechos fundamentales.
ADOCCO recordó que toda norma jurídica es susceptible de revisión cuando la experiencia evidencia aspectos que requieren ajustes para garantizar una mejor aplicación de la ley y un adecuado equilibrio entre la persecución de los delitos, la seguridad jurídica y las libertades públicas.
En ese sentido, la organización reiteró la necesidad de revisar aquellas disposiciones que han generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente las relacionadas con la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros aspectos que podrían producir interpretaciones incompatibles con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
"La decisión de escuchar a la ciudadanía fortalece el proceso legislativo y demuestra que las leyes deben evolucionar conforme a las necesidades de la sociedad y al respeto de los derechos fundamentales", expresó ADOCCO.
La entidad exhortó a organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales, universidades, juristas, medios de comunicación y ciudadanos interesados a participar activamente en este proceso, presentando propuestas técnicamente fundamentadas que contribuyan al fortalecimiento del Código Penal.
ADOCCO manifestó que someterá formalmente sus observaciones sobre aquellos artículos que, a su juicio, requieren modificaciones para evitar posibles restricciones al ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos y para garantizar que el nuevo Código Penal responda a los principios de proporcionalidad, legalidad, seguridad jurídica y protección efectiva de los derechos humanos.
Finalmente, la organización expresó su confianza en que el Congreso Nacional analizará cada una de las propuestas con objetividad y responsabilidad, privilegiando el interés nacional y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Al valorar y acoger los criterios jurídicos planteados por el Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó los incidentes con los que el ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y compartes buscan la declaratoria de nulidad del juicio en el que son procesados por corrupción administrativa.
El tribunal declaró inadmisible la solicitud de nulidad del auto de apertura a juicio planteada por las defensas y ordenó la continuación del proceso judicial el próximo 22 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, conforme a las reglas establecidas en el debido proceso.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, encabezó en audiencia, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el equipo que representó al Ministerio Público, el cual también estuvo integrado por los fiscales Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García.
Las juezas Claribel Nivar (presidenta), Clara Castillo y Yisel Soto hicieron constar que no hubo afectación constitucional en la utilización del mote en este proceso penal, iniciado por el Ministerio Público a raíz de una de sus operaciones contra la delincuencia, la criminalidad y el crimen organizado.
De toda forma, ordenaron a las partes abstenerse de utilizar apodos para referirse al caso penal, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia que el Ministerio Público ha respetado.
En ese sentido, la resolución indica que a partir de los elementos aportados por las partes no hay razón para establecer que esa situación haya causado un agravio al derecho de defensa.
El tribunal también rechazó los incidentes que procuraban la nulidad de actuaciones ya decididas, declarando inadmisibles aquellas sobre cuestiones previamente juzgadas durante la etapa intermedia.
Juicio por corrupción
Según consta en el expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, presentó este martes ante la opinión pública nacional evidencias que demuestran cómo fue introducido de manera forzada en el expediente judicial llevado en su contra desde el año 2023.
Calificó como la acusación “fabricada y falsa”, orquestada con la finalidad de dañar su credibilidad moral y afectar a un partido político.
Peralta Fernández mostró a la audiencia dos interrogatorios realizados a una misma persona señalada por el Ministerio Público como vinculada a la entrega de supuestos cheques.
Según explicó, en el primero, fechado el 27 de noviembre de 2021, el mismo testigo afirmó haber entregado dichos fondos a un tercero completamente ajeno a Peralta.
Sin embargo, en un segundo interrogatorio, realizado el 19 de diciembre de 2022, el mismo testigo modificó su versión para señalar los mismos instrumentos financieros de forma indirecta a través de un tercero lo entregó al exfuncionario.
De acuerdo con los documentos mostrados por Peralta Fernández, esa variación demuestra una fabricación de testimonios y documentos para forzar su vinculación al caso, pese a la ausencia de pruebas en su contra.
Además, denunció que uno de esos interrogatorios habría sido ocultado por el órgano persecutor durante el proceso, durante su intervención en el programa El Sol de la Mañana.
Peralta también cuestionó que esa misma declaración haya sido utilizada para sustentar versiones distintas en expedientes diferentes.
Según explicó, personas que figuran procesadas, en juicio o condenadas en otro caso fueron vinculadas mediante ese mismo documento que, a su juicio, presentan variaciones graves que imposibilitan usarlo como prueba.
Reveló la existencia de una certificación de la Superintendencia de Valores que había sido entregada al Ministerio Público desde el año 2021. A pesar de tener ese documento en su poder, el órgano persecutor mintió ante dos tribunales del país que no disponía de dicha información, ocultando una certificación.
Sostuvo que producto del ocultamiento de esa documentación que ya estaba en manos del Ministerio Público, fue privado de libertad durante ocho meses, pese a que los propios documentos oficiales descartaron cualquier vinculación directa suya con los hechos imputados.
En su intervención presentó certificaciones de la Superintendencia de Bancos, Contraloría General de la República, la Dirección General de Aduanas y otros organismos supervisores, las cuales no lo vinculan con los hechos imputados en el caso ni a ningún delito.
Dichos documentos fueron leídos durante la entrevista por los periodistas, quienes pudieron comprobar su contenido.
Las revelaciones del exministro se producen en un momento determinante, luego de haber recibido formalmente el auto de no ha lugar a su favor y tras ser notificado recientemente de un recurso de apelación presentado por los abogados del Estado.
Peralta Fernández enfatizó que su decisión de acudir a los medios nacionales no solo responde a una defensa jurídica, sino también al interés de sentar un precedente ante la sociedad dominicana.
Advirtió sobre el peligro de que este tipo de prácticas se normalicen, poniendo en riesgo el Estado de derecho, el debido proceso y las garantías constitucionales de cualquier ciudadano frente al sistema de justicia.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, anunció, junto al Consejo Superior del Ministerio Público, la puesta en vigencia del Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias, al cual podrán acceder fiscales que califiquen, que superen los 60 años de edad y que acumulen más de 25 años de servicio en la administración pública.
“El día llegó, es hoy… hoy, después de décadas de esperas; meses de consultas, asesorías técnicas, del trabajo de muchos compañeros fiscales… el día anhelado llegó…”, proclamó la procuradora Reynoso, al encabezar el lanzamiento del reglamento en su calidad de presidenta del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), junto a la procuradora adjunta Isis de la Cruz, el procurador de corte José del Carmen Sepúlveda, el fiscal Dennys Silvestre y el fiscalizador Merlin Mateo, integrantes del máximo órgano de gobernanza de la institución.
“Es preciso siempre, siempre tener presente, que detrás de cada expediente que procesamos, de cada víctima que escuchamos y de cada caso que llevamos a los tribunales, hay seres humanos. Hay hombres y mujeres que sacrifican horas de sueño, tiempo con sus hijos y su propia tranquilidad por el noble ideal de ser garante del Estado de derecho. Hoy estamos aquí para hablar de ustedes. Para hablar de nosotros”, dijo Reynoso.
Al acto, realizado en el quinto piso del edificio de la Procuraduría General de la República, asistió como invitado Francisco Torres, titular de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), así como el juez Alejandro Vargas, del Tribunal Constitucional, y el legislador Amado Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Ministerio Público en la Cámara de Diputados. En la actividad estuvieron el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Isaura Suarez, directora general de Carrera; Claribel Mejía, directora general Administrativa y Financiera, y Marien Montero Beard, rectora del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.
Asimismo, los representantes de la Asociación Dominicana de Mujeres Fiscales, la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic) y la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), junto a decenas de servidores de carrera de amplia trayectoria en el Ministerio Público.
“Ministerio Público, a ustedes que son garantes del Estado de derecho, hoy, la institución les dice que le vamos a garantizar su derecho a un retiro digno. Que este fondo de pensiones sea el símbolo permanente de que su trabajo importa, de que su sacrificio tiene valor y de que su retiro estará dignamente garantizado”, expresó la procuradora general de la República.
“Este plan —dijo Reynoso— está dirigido específicamente al Ministerio Público, adscrito al Fondo de Retiro creado mediante la Ley 133-11. Todavía recuerdo las discusiones, las visitas al Congreso para pedir que se aprobara nuestra ley. Indudablemente, desde ese día hasta hoy, hemos avanzado”.
“Es un camino que todavía no termina, pero sí hemos avanzado para garantizar la sostenibilidad de este fondo”, sostuvo, al explicar que el fondo de retiro contará con un patrimonio sólido conformado por los aportes de los propios miembros de la Carrera del Ministerio Público, así como con el compromiso de la Procuraduría General de la República en su calidad de empleador. “Es un esfuerzo compartido por un mejor mañana”, dijo.
Resaltó que el Ministerio Público ha materializado beneficios tangibles para los fiscales en los últimos años, entre los que citó el bono de vacaciones y el bono de aniversario. Asimismo, destacó el aporte escolar, entregado por primera vez en este mes de julio, como una modesta contribución a los padres con hijos menores de 18 años que están en etapa de formación académica.
Por igual, resaltó la contratación de un seguro de amplia cobertura para los fiscales, “garantizando que la salud de nuestra gente esté protegida al más alto nivel” y la entrega del Premio al Mérito del Ministerio Público.
De igual forma, los esfuerzos por reforzar la identidad institucional con la aprobación del Himno del Ministerio Público.
Respecto al reglamento del Plan de Pensiones Complementarias, indicó que el CSMP “ha acogido sus sugerencias de que la edad de retiro inicie a partir de los 60 años, en combinación de 25 años de labor en la administración pública”.
Indicó que, por igual, los miembros del Ministerio Público que habían entrado en proceso de renta vitalicia o pensión anticipadas, también estarán dentro del Plan de Retiro. Asimismo, el Consejo aprobó una resolución en la que dispone que a todos los fiscales se les garantizará su seguro después del retiro.
“En nuestra promesa de gestión de marzo de 2025 establecimos que fortaleceríamos la carrera, hicimos un compromiso sagrado: materializar ´el anhelado y merecido fondo de pensiones´. Hoy, ese Reglamento de Plan de Pensiones Complementarias es una realidad”, dijo.
Recordó que todo sistema de pensiones busca garantizar rentas que permitan mantener un nivel de consumo y una calidad de vida digna durante la etapa de retiro. “Es la promesa de que, cuando las fuerzas mengüen después de décadas de servicio a la Patria, ustedes no estarán solos. Tendrán la tranquilidad y la vida digna que se han ganado con tanto sudor”, sostuvo.
Aseguró que el proceso hacia el acceso a ese derecho se aleja de las burocracias asfixiantes para enfocarse en una provisión de servicio transparente y humana.
Mecanismo de acceso
Los interesados en acceder al plan de retiro que cumplan con las condiciones establecidas solo deben completar y firmar el “Formulario Solicitud de Pensión Complementarias”, entregar una copia de la cédula de identidad vigente, presentar la constancia de otorgamiento de la pensión base, ya sea expedida por la AFP o por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y anexar una copia de los documentos de soporte utilizados para el otorgamiento de la pensión base.
Antes de finalizar sus palabras, la procuradora general agradeció a la Superintendencia de Pensiones, así como a los miembros del Ministerio Público que trabajaron durante años para que se concretizara el plan de retiro. “A aquellos compañeros que se fueron sin ver esto, les decimos perdón”, concluyó.
Tras analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público, un tribunal impuso garantía económica y presentación periódica, como medidas de coerción, a un hombre que, en una abierta práctica de intrusismo, ejercía la odontología sin exequatur en La Vega y que provocó a una paciente lesiones permanentes que incluyen nervios atrofiados y un edema facial.
Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años de edad, hizo los procedimientos en el consultorio de su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, de 52 años de edad, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la calle Duarte, de La Vega.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega le impuso a Franklin José Almánzar Escarramán una garantía económica de 75 mil pesos en efectivo y de 20 mil pesos, también en efectivo, a su hermano William Radhamés Almánzar Escarramán. A ambos, además, les fue impuesta presentación periódica por seis meses ante el Ministerio Público a cargo de la investigación.
Sobre la decisión, la procuradora de corte Aura Luz García Martínez, titular de la Fiscalía de La Vega, destacó que el tribunal encontró mérito en la acusación presentada por el Ministerio Público. Las medidas fueron impuestas por la jueza Adaías Sánchez Collado.
Los hermanos fueron arrestados con orden judicial, la pasada semana, luego de que se entregaran ante la Subdirección Regional de la Policía Nacional bajo cargos de ejercer la odontología fuera del marco de la ley y por complicidad.
La investigación del Ministerio Público establece que el pasado 17 de enero, alrededor de las 10:00 de la mañana, la mujer víctima de las malas prácticas odontológicas acudió a recibir atenciones al consultorio de los imputados.
Una vez en el lugar la víctima fue evaluada y posteriormente le entregaron una receta para que autorizara una operación, costeada por el seguro médico, para la extracción de los cuatro terceros molares, la cual estaría a cargo de Franklin José Almánzar Escarramán, quien ejercía la profesión sin la licencia oficial.
Al iniciar la intervención quirúrgica, Franklin José Almánzar Escarramán le puso una anestesia a la víctima. Luego le dijo que le cortaría el hueso porque sus dientes eran de titanio, procediendo a darle varios golpes con los instrumentos de odontología.
Después de cuatro horas sin lograr realizar la extracción, Franklin José Almánzar Escarramán indicó a la paciente que le sacaría el cordial de arriba. Durante el proceso la víctima se quejó, manifestando que sentía un fuerte dolor, por lo que el ahora imputado le dijo que le pondría una anestesia general.
Posteriormente, luego del procedimiento, la mujer seguía presentando fuertes dolores e hinchazón en el rostro por lo que decidió consultar con varios odontólogos, quienes la evaluaron y establecieron que presentaba daños en su salud bucal por el mal trabajo realizado por los ahora procesados.
Tras el procedimiento la víctima quedó con lesiones permanentes, presentando dolor microfacial e hinchazón, además de que tiene los nervios atrofiados, con edema facial moderado, herida desgarrada, trismo, parestesia mandibular derecha y alveolitis ambulatoria, todo esto de conformidad con una certificación médica, de fecha de fecha 5 de febrero del año 2026, que le fue expedida en un centro de salud donde acudió luego del caso.
Los hermanos Almánzar Escarramán, con sus actuaciones fuera de lo establecido por la Ley General de Salud (num. 42-01) y la Ley que crea el Colegio Dominicano de Odontólogos (núm. 63-18 ), pudieron haber causado la muerte de la mujer, indicó el Ministerio Público.
El órgano investigador precisó que durante las pesquisas ha recolectado diferentes pruebas que vinculan a los imputados con el caso, incluyendo una certificación emitida por el Ministerio de Salud Pública, donde se hace constar que el señor Franklin José Almanzar Escarramán no está provisto de exequatur.
El caso ha recibido la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266 y 285 del Código Penal, así como a los artículos 92, 94, 156, 162, 164 y 166 de la citada Ley No. 42-01.
El Ministerio Público, tras el inicio de las investigaciones, solicitó y obtuvo contra los imputados la Autorización Judicial de Arresto núm. 2026-AJ0051569, emitida por la jueza Sánchez Collado.
