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Mientras que, conforme al decreto núm. 30-26 del 16 de enero de 2026, el presidente Abinader había designado a los servidores Pedro Luis Montilla Castillo, Noelia Rivera Guevara, Noel Sued Canahuate, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y Delta Paniagua Féliz.
Estos funcionarios, junto a Peralta Romero, integrarán la máxima autoridad del Ministerio de Justicia de la República Dominicana.
El acto de juramentación se realizó en la sede del Ministerio de Justicia, ubicado en la calle Gustavo Mejía Ricart, esquina Agustín Lara, donde funciona el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Los funcionarios designados por el presidente Abinader han sido servidores en otras instituciones del Estado.
Varios de ellos formaron parte del equipo que acompañó al Dr. Peralta Romero en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo desde agosto de 2020. Pedro Luis Montilla Castillo, designado como viceministro de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, fue subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo desde el año 2020.
Es un abogado especializado en Derecho Público, egresado de la PUCMM, con más de 17 años en el ejercicio del derecho. Ha realizado maestrías en Derecho Constitucional en la Universidad de Palermo, Argumentación Jurídica en la Universidad de León y Derecho Administrativo en la PUCMM.
En la actualidad realiza una investigación doctoral en la Universidad del Externado sobre las tensiones entre la democracia y el constitucionalismo. Montilla Castillo es, además, profesor de Derecho Constitucional e Historia del Derecho en la PUCMM y colabora con otras casas de estudio como el Instituto OMG, la UNPHU, la ENJ y la UASD.
Fue letrado del Tribunal Constitucional, tras lo cual fungió como director de litigios de una firma privada y asesor del Senado de la República, pasando a la Administración Central en agosto de 2020.
De su lado, Noelia Rivera Guevara, quien fue designada viceministra de Representación Judicial y Extrajudicial, también se desempeñó hasta febrero de 2026 como subconsultora jurídica del Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, se desempeña como profesora de Derecho Internacional Privado y Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Previo a su ingreso al servicio público, desarrolló su carrera en el ejercicio privado como asesora legal de Philip Morris Dominicana para República Dominicana y el Caribe y como abogada asociada en el ámbito de negocios y comercial en la firma De Camps, Vásquez & Valera.
Rivera Guevara es abogada, egresada magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con maestría en Estudios Jurídicos Internacionales en Georgetown University como becaria del Programa Fulbright, así como formación en Análisis Económico del Derecho en George Mason University Center for Law & Economics y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho & Economía (ALACDE).
Cuenta también con estudios especializados en derechos humanos y litigio estratégico, incluyendo programas en Finlandia y en Harvard University. En el Viceministerio de Derechos Humanos fue designado Noel Sued Canahuate, un reconocido abogado y académico especializado en derecho público.
En sus más de 10 años como servidor público ha desempeñado roles clave de estrategia jurídica y desarrollo normativo en instituciones como la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En los inicios de su carrera profesional, ejerció la práctica privada del derecho en Santiago de los Caballeros, su ciudad natal, y posteriormente en Santo Domingo para la firma consultora internacional KPMG. Sued Canahuate es profesor de Derecho Constitucional en grado y postgrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), de cuya Escuela de Derecho es egresado con distinción magna cum laude.
Posee maestrías en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha; Diplomacia y Servicio Consular por el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez”; y Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias por la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Actualmente cursa el doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha completado diversos programas internacionales en ciencias jurídicas, tales como el Harvard Summer School of Legal Studies, el UGA School of Law Transnational Law Program y el Curso Internacional en Estudios Críticos de Derecho y Sociedad de la Escuela Latinoamericana de Políticas Públicas de CLACSO.
A la cabeza del Viceministerio de Políticas Públicas fue designado el Dr. Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, un destacado jurista, académico y dirigente político dominicano.
Tiene una amplia trayectoria en el ámbito legislativo, comunitario y de derechos humanos. Es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Economía, Negocios y Relaciones Internacionales y de Alta Gerencia en Partido Político, con más de 25 años de ejercicio, destacándose en materia penal. Fue diputado al Congreso Nacional y regidor por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Rodríguez Restituyo se ha desempeñado como consultor de organismos nacionales e internacionales, como CONANI y el PNUD.
Ha ocupado responsabilidades directivas en instituciones defensoras de derechos humanos, manteniendo un firme compromiso con la protección de los sectores más vulnerables y la promoción de la justicia social.
Además, ha participado activamente en el proceso de reforma penitenciaria, impulsando políticas de fortalecimiento institucional y la modernización del sistema de rehabilitación. Finalmente, en el Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía fue designada la Dr. Delta Paniagua Féliz.
Es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Central del Este, realizó una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), así como postgrados en Derecho Procesal.
En su experiencia laboral destaca su paso por la Dirección Jurídica de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), su desempeño como experta gubernamental ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y su labor como asesora legal del Banco de Reservas de la República Dominicana, asesora legal de la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y una prolongada carrera en el ejercicio privado.
Roberto Santana Sánchez ha sido juramentado como director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, órgano responsable de la administración del sistema penitenciario nacional. Santana Sánchez cuenta con una amplia trayectoria en materia penitenciaria, tanto a nivel nacional como internacional.
En la actualidad forma parte de la Academia Regional Penitenciaria y del Foro Internacional de Expertos Penitenciarios.
Encabezó el proceso de instauración del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, iniciado en el año 2003 y desarrollado hasta 2016, el cual operó como un piloto extendido que sirvió de base para la transición hacia un sistema penitenciario único en la República Dominicana.
Asimismo, impulsó la creación de la Escuela de Estudios Penitenciarios, hoy Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPC), contribuyendo a la profesionalización del personal del sistema penitenciario.
Es politólogo y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), institución en la que se desempeñó como profesor titular en las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y de Humanidades.
Fue decano y luego rector de la UASD. Además, ha desarrollado una extensa labor como consultor en políticas públicas y justicia penal para organismos internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), participando en el diseño de escuelas penitenciarias en países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Paraguay, así como en la formulación de políticas públicas penitenciarias en diversas jurisdicciones.
Santana Sánchez fue designado como titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales el pasado 1.º de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho aseguró en la audiencia del martes que los recursos de apelación presentados por los abogados de los privados de libertad en el caso de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) carecen de fundamentación jurídica para que el tribunal varíe las medidas de coerción impuestas en primera instancia atendiendo a la solidez de la acusación del Ministerio Público.
En ese sentido, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, rechazar en todas sus partes los recursos de Rafael Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y otros procesados.
Al presentar las conclusiones de los fiscales en el proceso, Camacho pidió rechazar todos los recursos de los recurrentes por no adolecer, la decisión impugnada, de los medios que han señalado éstos en sus recursos.
Camacho estuvo acompañado por el procurador de corte Héctor García y los fiscales Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Aurelio Valdez.
La audicienda, que por razones de disponibilidad de espacio se celebra en una de las salas del Tribunal de Tierras, seguirá este miércoles a las 2:00 de la tarde, cuando los jueces Isis Muñiz (presidenta del tribunal), Luis Omar Jiménez y Teófilo Andújar fijaron emitir su fallo.
En la audiencia estuvieron presentes los procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, para quienes uno de los querellantes solicita al tribunal variar la medida de arresto domiciliario por prisión preventiva.
Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción es procesado por el Ministerio Público a raíz de la Operación Cobra. Asimismo, son procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.
El Ministerio Público responsabiliza a los imputados por estafar con más de 15 mil millones de pesos a los más de 7 millones de afiliados del SeNaSa.
Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguraron que el pago de RD$21 mil millones realizado a Banreservas en 2020 constituyó una obligación legal del Estado dominicano y una operación estrictamente interinstitucional, que no implicó transferencia alguna de recursos a contratistas ni salida de fondos del ámbito estatal.
Eduardo Núñez, abogado del exministro, explicó que el desembolso se realizó del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas, en el marco del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde 2003, mediante el cual Banreservas adelantaba recursos para garantizar la continuidad de obras públicas.
“El único receptor del pago fue Banreservas. No hubo pagos directos a proveedores ni manejo de fondos por parte del exministro, como erróneamente pretende sostener el Ministerio Público”, indicó.
Núñez subrayó que la operación fue autorizada por la Junta Monetaria y ejecutada conforme a las leyes núm. 99-01 y 567-05, lo que confirma su carácter plenamente institucional.
Precisaron además que Donald Guerrero no creó, administró ni operó dicho programa, cuya ejecución financiera correspondió exclusivamente a Banreservas bajo la supervisión de los órganos reguladores del sistema financiero.
Según explicó, lejos de generar una pérdida al Estado, la operación fue registrada oficialmente como una reducción de pasivos públicos, al liquidar compromisos financieros acumulados. “El propio Estado consignó esta transacción como disminución de deuda. Eso no es fraude: es transparencia y contabilidad pública”, señaló.
La defensa indicó que toda la operación se encuentra debidamente documentada en los registros oficiales del Estado, incluyendo el ERIR 2020, el SIGEF y la contabilidad pública, donde se describe el pago como una liquidación de compromisos interestatales.
“Un fraude no se registra, no se publica ni se explica en los informes oficiales del propio Estado. Cuando la contabilidad pública documenta una operación, la narrativa de corrupción se derrumba por sí sola”, afirmaron.
En ese contexto, Eduardo Núñez sostuvo que es jurídicamente imposible hablar de lavado de activos, ya que los fondos involucrados eran públicos, lícitos y transferidos entre entidades estatales. “Sin dinero ilícito y sin delito precedente, el lavado simplemente no puede existir”, enfatizó.
La defensa insistió que, tras más de cinco años de investigación, no existe prueba alguna que vincule a Donald Guerrero con enriquecimiento ilícito, desvío de fondos o beneficio personal.
Anunciaron que estos elementos técnicos y documentales serán expuestos ante el tribunal del caso contra los tres exministros, que inició hace más de cinco años, para desmontar la acusación.
“No ejecutar este pago habría implicado violar la ley; hacerlo fue cumplir con una obligación institucional del Estado”, concluyó Núñez.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- En Estados Unidos hubo 981 personas fallecidas por balas y 1,655 heridas desde el 1 al 31 de enero del presente año. Muchas de ellas quedando en estado de gravedad, y pertenecen a diferentes nacionales.
Entre las víctimas figuran 14 niños y 36 heridos, entre 0 y 11 años de edad. Asimismo, entre los 12 y 17 años la cantidad de 71 y 155 heridos.
También se incluyen entre los muertos 4 agentes policiales y 21 heridos, algunos en estado crítico.
Durante el 2025 se reportaron 14,692 muertes violenta a tiros y 26,273 heridos, pero por suicidio se reportaron 24,090 para un total de 38,782 fallecimientos por balas en todo el territorio estadounidense.
Estas estadisticas aparecen publicadas en la organización “Archivo de Violencia Armada” (GVA), con sede en Washington DC.
Un reciente estudio de Small Arms Survey (SAS), con sede en Suiza, establece que USA es el único país del mundo donde las armas civiles superan en número a su población.
Según la investigación, hay 120,5 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, lo que representa una cifra impactante en la atmósfera de desconsuelo.
EE. UU. es seguido en esta escalofriante lista por las Islas Malvinas, con un estimado de 62 armas por cada 100 personas, y Yemen con 53 armas por cada 100 personas. Corea del Sur y Japón ocupan los últimos lugares de esta lista, con una tasa que ronda entre el 0,2.
Se estima que solo alrededor del 32% al 44% de los adultos en EUA posee un arma personalmente o vive en un hogar con una, concentrándose el arsenal en un sector de la población. El número de armas está aumentando más rápido que la población humana.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- A partir del próximo mes de marzo si los neoyorkinos desean seguir recibiendo los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria -SNAP- (Cupones de Alimentos) más allá de tres meses dentro de un período de tres años, los adultos tendrán que seguir una nueva regla.
Si tiene entre 18 y 64 años, no vive con una persona dependiente ni con un hijo menor de 14 años y puede trabajar, se le considerará un adulto sin dependencia y deberá cumplir con lo siguiente:
Dedicar al menos 80 horas cada mes a trabajar en un empleo, participar en un programa de trabajo, capacitación o hacer voluntariado.
Miles de dominicanos serán afectados al no poder cumplir con estas medidas.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- La Policía de esta ciudad, donde residen 8,6 millones de habitantes, entre ellos cerca de un millón de dominicanos, indica sobre los delitos que subieron y bajaron el pasado mes de enero.
Las violaciones aumentaron 167 en comparación con 157 durante el mismo período del año pasado.
Además, los incidentes sobre Crímenes de Odio un 152 % (58 frente a 23). Los delitos de odio antisemitas aumentaron un 182 % (31 frente a 11).
Bajaron, según la uniformada, los asesinatos y tiroteos al caer a un mínimo histórico.
La ciudad registró la menor cantidad de tiroteos y víctimas en su historia. En total, hubo 40 tiroteos y 47 víctimas, en comparación con los mínimos históricos anteriores de 50 y 56, registrados en 2025 y 2019, respectivamente.
Hubo 12 asesinatos en total en comparación con los 30 del año pasado, una diferencia del 60 %.
Los delitos graves en general disminuyeron un 6,7 % en comparación con el mismo mes del año pasado (8.338 frente a 8.940).
