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POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- La fiscal general del estado de NY, Letitia James, está recordando a estudiantes con créditos estudiantiles en el plan federal SAVE que este finalizará pronto y les instó a buscar nuevas alternativas de pago que les resulten asequibles.
El SAVE es un plan de pago de préstamos asequible y basado en los ingresos que la Administración de Joe Biden puso en marcha a finales de 2023, tras el revés sufrido por su primer programa de condonación masiva de deuda estudiantil en el Tribunal Supremo.
La Administración de Donald Trump anunció en diciembre de 2025 las medidas para poner fin al SAVE, y desde el pasado 1 de julio, los gestores de préstamos han estado notificando a cada prestatario la fecha en que terminará.
A partir de esta fecha, los beneficiarios del SAVE comenzaron a ser notificados sobre la posibilidad de elegir un plan de pago diferente en un plazo de 90 días, tras lo cual serán transferidos a otro programa, probablemente el estándar, que puede ser más costoso porque no tiene en cuenta los ingresos, advirtió la fiscal.
Recordó que su oficina ofrece asesoramiento y orientación gratuitos sobre las opciones de préstamos estudiantiles. Ver:https://ag.ny.gov/contact-attorney-general-letitia-james
En el estado de NY hay aproximadamente 2,45 millones de personas con préstamos estudiantiles, entre ellos decenas de miles de dominicanos.
Alrededor de un millón de ellos residen específicamente en NYC, enfrentando una deuda promedio por prestatario de casi US$39.000.
A nivel estatal, estos residentes representan aproximadamente el 12,6 % de la población total y acumulan una deuda combinada que supera los US$96 mil millones.
Para explorar estadísticas adicionales de morosidad y tendencias de pago, consulte los informes y datos de la Federal Reserve Bank of NY: https://www.newyorkfed.org/microeconomics/topics/student-debt
Puede usar la calculadora de pagos de EDCAP: https://studentaid.gov/idr/ para estimar cuáles serán sus pagos mensuales en otros planes basados en los ingresos.
Presentar una nueva solicitud: acceda al portal StudentAid IDR: https://studentaid.gov/idr/ para solicitar un nuevo plan de pago.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- La Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP) en NY, organización sin ánimo de lucro que atiende necesidades de personas mayores de 50 años, entre ellas decenas de miles de dominicanos, recomienda a los adultos mayores, familiares y vecinos que tomen precauciones adicionales ante los calores del próximo verano.
“El calor extremo puede poner en riesgo la vida de los adultos mayores de NY”, dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP. “A medida que suben las temperaturas, les recomendamos a todos que se mantengan hidratados, pasen tiempo en espacios con aire acondicionado y verifiquen cómo están sus familiares, amigos y vecinos mayores.
El número exacto de envejecientes dominicanos en NYC no está contabilizado de forma aislada en el censo oficial, pero los estudios demográficos estiman que son decenas de miles.
Se estima en 1,4 millones las personas de la tercera edad en los cinco condados, representando el 16 % del censo total de la urbe.
Se reporta que el 30 % de los adultos mayores en la Gran Manzana vive en condiciones de pobreza (incluyendo a miles de dominicanos), no pudiendo adquirir un aire acondicionado.
Además, un estudio del Center for an Urban Future reveló que un 60 % de los neoyorquinos mayores de 70 años carece de ingresos por jubilación, situación especialmente marcada en El Bronx y Brooklyn, donde residen cientos de miles de quisqueyanos.
Mientras, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sostienen que los adultos mayores de 65 años y las personas con enfermedades crónicas corren un riesgo significativamente mayor de sufrir trastornos relacionados con el calor, por lo que la preparación y la prevención son fundamentales durante los períodos de calor extremo.
Los CDC expresan que los adultos mayores son vulnerables porque sus cuerpos no se enfrían con la misma eficacia, especialmente si están tomando medicamentos que interfieren con la regulación del calor, tienen más enfermedades y pueden no notar la deshidratación o el sobrecalentamiento tan rápido.
Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIH), los adultos mayores son más vulnerables al calor extremo porque, con la edad, el cuerpo puede tener más dificultad para regular la temperatura. Además, las afecciones crónicas y ciertos medicamentos pueden aumentar el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor.
El verano en USA comienza oficialmente el 21 de junio, con el solsticio de verano, y finaliza el 22 o 23 de septiembre (en el equinoccio de otoño). Sin embargo, desde el punto de vista meteorológico, los meses de mayor calor se consideran del 1 de junio al 31 de agosto.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Las autoridades de esta ciudad están destinando tres millones de dólares para que el Departamento de Salud contrate trabajadores que ayuden a los residentes a entender los nuevos requisitos laborales federales, a fin de determinar si cumplen con estas nuevas y estrictas exigencias de Medicaid a partir de enero próximo.
Medicaid ofrece cobertura médica a 6,4 millones de personas de bajos ingresos en todo el estado de NY; más de la mitad de ellas residen en NYC, donde figuran decenas de miles de dominicanos.
El Departamento de Salud pronostica que al menos 475 mil personas, entre ellas miles de dominicanos, en todo el estado perderán la cobertura de Medicaid.
Los nuevos requisitos serán: trabajar y producir al menos 580 dólares mensuales, para personas entre los 19 y 64 años de edad.
Participar en programas de empleo o realizar servicio comunitario por al menos 80 horas al mes, y estar inscrito en un programa educativo a tiempo parcial, entre otros.
Dicha ley exime a jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal, a las mujeres embarazadas, a personas en rehabilitación por consumo de drogas o alcohol, y a quienes son “médicamente frágiles”, es decir, quienes tienen enfermedades o discapacidades graves.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción ( ADOCCO) valoró como una decisión acertada y oportuna la iniciativa de la Cámara de Diputados de abrir un proceso de recepción de propuestas para la modificación de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana.
La entidad sostuvo que esta decisión constituye una demostración de apertura democrática y de disposición al diálogo por parte del Congreso Nacional, al permitir que los distintos sectores de la sociedad presenten observaciones y recomendaciones orientadas a perfeccionar una legislación de tanta trascendencia para el sistema de justicia y la protección de los derechos fundamentales.
ADOCCO recordó que toda norma jurídica es susceptible de revisión cuando la experiencia evidencia aspectos que requieren ajustes para garantizar una mejor aplicación de la ley y un adecuado equilibrio entre la persecución de los delitos, la seguridad jurídica y las libertades públicas.
En ese sentido, la organización reiteró la necesidad de revisar aquellas disposiciones que han generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, especialmente las relacionadas con la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros aspectos que podrían producir interpretaciones incompatibles con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
"La decisión de escuchar a la ciudadanía fortalece el proceso legislativo y demuestra que las leyes deben evolucionar conforme a las necesidades de la sociedad y al respeto de los derechos fundamentales", expresó ADOCCO.
La entidad exhortó a organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales, universidades, juristas, medios de comunicación y ciudadanos interesados a participar activamente en este proceso, presentando propuestas técnicamente fundamentadas que contribuyan al fortalecimiento del Código Penal.
ADOCCO manifestó que someterá formalmente sus observaciones sobre aquellos artículos que, a su juicio, requieren modificaciones para evitar posibles restricciones al ejercicio de derechos constitucionalmente protegidos y para garantizar que el nuevo Código Penal responda a los principios de proporcionalidad, legalidad, seguridad jurídica y protección efectiva de los derechos humanos.
Finalmente, la organización expresó su confianza en que el Congreso Nacional analizará cada una de las propuestas con objetividad y responsabilidad, privilegiando el interés nacional y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Al valorar y acoger los criterios jurídicos planteados por el Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó los incidentes con los que el ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez y compartes buscan la declaratoria de nulidad del juicio en el que son procesados por corrupción administrativa.
El tribunal declaró inadmisible la solicitud de nulidad del auto de apertura a juicio planteada por las defensas y ordenó la continuación del proceso judicial el próximo 22 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, conforme a las reglas establecidas en el debido proceso.
El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, encabezó en audiencia, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el equipo que representó al Ministerio Público, el cual también estuvo integrado por los fiscales Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Alba García.
Las juezas Claribel Nivar (presidenta), Clara Castillo y Yisel Soto hicieron constar que no hubo afectación constitucional en la utilización del mote en este proceso penal, iniciado por el Ministerio Público a raíz de una de sus operaciones contra la delincuencia, la criminalidad y el crimen organizado.
De toda forma, ordenaron a las partes abstenerse de utilizar apodos para referirse al caso penal, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia que el Ministerio Público ha respetado.
En ese sentido, la resolución indica que a partir de los elementos aportados por las partes no hay razón para establecer que esa situación haya causado un agravio al derecho de defensa.
El tribunal también rechazó los incidentes que procuraban la nulidad de actuaciones ya decididas, declarando inadmisibles aquellas sobre cuestiones previamente juzgadas durante la etapa intermedia.
Juicio por corrupción
Según consta en el expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador general de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, figuran en el expediente: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
También, son procesados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.
El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, presentó este martes ante la opinión pública nacional evidencias que demuestran cómo fue introducido de manera forzada en el expediente judicial llevado en su contra desde el año 2023.
Calificó como la acusación “fabricada y falsa”, orquestada con la finalidad de dañar su credibilidad moral y afectar a un partido político.
Peralta Fernández mostró a la audiencia dos interrogatorios realizados a una misma persona señalada por el Ministerio Público como vinculada a la entrega de supuestos cheques.
Según explicó, en el primero, fechado el 27 de noviembre de 2021, el mismo testigo afirmó haber entregado dichos fondos a un tercero completamente ajeno a Peralta.
Sin embargo, en un segundo interrogatorio, realizado el 19 de diciembre de 2022, el mismo testigo modificó su versión para señalar los mismos instrumentos financieros de forma indirecta a través de un tercero lo entregó al exfuncionario.
De acuerdo con los documentos mostrados por Peralta Fernández, esa variación demuestra una fabricación de testimonios y documentos para forzar su vinculación al caso, pese a la ausencia de pruebas en su contra.
Además, denunció que uno de esos interrogatorios habría sido ocultado por el órgano persecutor durante el proceso, durante su intervención en el programa El Sol de la Mañana.
Peralta también cuestionó que esa misma declaración haya sido utilizada para sustentar versiones distintas en expedientes diferentes.
Según explicó, personas que figuran procesadas, en juicio o condenadas en otro caso fueron vinculadas mediante ese mismo documento que, a su juicio, presentan variaciones graves que imposibilitan usarlo como prueba.
Reveló la existencia de una certificación de la Superintendencia de Valores que había sido entregada al Ministerio Público desde el año 2021. A pesar de tener ese documento en su poder, el órgano persecutor mintió ante dos tribunales del país que no disponía de dicha información, ocultando una certificación.
Sostuvo que producto del ocultamiento de esa documentación que ya estaba en manos del Ministerio Público, fue privado de libertad durante ocho meses, pese a que los propios documentos oficiales descartaron cualquier vinculación directa suya con los hechos imputados.
En su intervención presentó certificaciones de la Superintendencia de Bancos, Contraloría General de la República, la Dirección General de Aduanas y otros organismos supervisores, las cuales no lo vinculan con los hechos imputados en el caso ni a ningún delito.
Dichos documentos fueron leídos durante la entrevista por los periodistas, quienes pudieron comprobar su contenido.
Las revelaciones del exministro se producen en un momento determinante, luego de haber recibido formalmente el auto de no ha lugar a su favor y tras ser notificado recientemente de un recurso de apelación presentado por los abogados del Estado.
Peralta Fernández enfatizó que su decisión de acudir a los medios nacionales no solo responde a una defensa jurídica, sino también al interés de sentar un precedente ante la sociedad dominicana.
Advirtió sobre el peligro de que este tipo de prácticas se normalicen, poniendo en riesgo el Estado de derecho, el debido proceso y las garantías constitucionales de cualquier ciudadano frente al sistema de justicia.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, anunció, junto al Consejo Superior del Ministerio Público, la puesta en vigencia del Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias, al cual podrán acceder fiscales que califiquen, que superen los 60 años de edad y que acumulen más de 25 años de servicio en la administración pública.
“El día llegó, es hoy… hoy, después de décadas de esperas; meses de consultas, asesorías técnicas, del trabajo de muchos compañeros fiscales… el día anhelado llegó…”, proclamó la procuradora Reynoso, al encabezar el lanzamiento del reglamento en su calidad de presidenta del Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), junto a la procuradora adjunta Isis de la Cruz, el procurador de corte José del Carmen Sepúlveda, el fiscal Dennys Silvestre y el fiscalizador Merlin Mateo, integrantes del máximo órgano de gobernanza de la institución.
“Es preciso siempre, siempre tener presente, que detrás de cada expediente que procesamos, de cada víctima que escuchamos y de cada caso que llevamos a los tribunales, hay seres humanos. Hay hombres y mujeres que sacrifican horas de sueño, tiempo con sus hijos y su propia tranquilidad por el noble ideal de ser garante del Estado de derecho. Hoy estamos aquí para hablar de ustedes. Para hablar de nosotros”, dijo Reynoso.
Al acto, realizado en el quinto piso del edificio de la Procuraduría General de la República, asistió como invitado Francisco Torres, titular de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), así como el juez Alejandro Vargas, del Tribunal Constitucional, y el legislador Amado Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Ministerio Público en la Cámara de Diputados. En la actividad estuvieron el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Isaura Suarez, directora general de Carrera; Claribel Mejía, directora general Administrativa y Financiera, y Marien Montero Beard, rectora del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público.
Asimismo, los representantes de la Asociación Dominicana de Mujeres Fiscales, la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic) y la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), junto a decenas de servidores de carrera de amplia trayectoria en el Ministerio Público.
“Ministerio Público, a ustedes que son garantes del Estado de derecho, hoy, la institución les dice que le vamos a garantizar su derecho a un retiro digno. Que este fondo de pensiones sea el símbolo permanente de que su trabajo importa, de que su sacrificio tiene valor y de que su retiro estará dignamente garantizado”, expresó la procuradora general de la República.
“Este plan —dijo Reynoso— está dirigido específicamente al Ministerio Público, adscrito al Fondo de Retiro creado mediante la Ley 133-11. Todavía recuerdo las discusiones, las visitas al Congreso para pedir que se aprobara nuestra ley. Indudablemente, desde ese día hasta hoy, hemos avanzado”.
“Es un camino que todavía no termina, pero sí hemos avanzado para garantizar la sostenibilidad de este fondo”, sostuvo, al explicar que el fondo de retiro contará con un patrimonio sólido conformado por los aportes de los propios miembros de la Carrera del Ministerio Público, así como con el compromiso de la Procuraduría General de la República en su calidad de empleador. “Es un esfuerzo compartido por un mejor mañana”, dijo.
Resaltó que el Ministerio Público ha materializado beneficios tangibles para los fiscales en los últimos años, entre los que citó el bono de vacaciones y el bono de aniversario. Asimismo, destacó el aporte escolar, entregado por primera vez en este mes de julio, como una modesta contribución a los padres con hijos menores de 18 años que están en etapa de formación académica.
Por igual, resaltó la contratación de un seguro de amplia cobertura para los fiscales, “garantizando que la salud de nuestra gente esté protegida al más alto nivel” y la entrega del Premio al Mérito del Ministerio Público.
De igual forma, los esfuerzos por reforzar la identidad institucional con la aprobación del Himno del Ministerio Público.
Respecto al reglamento del Plan de Pensiones Complementarias, indicó que el CSMP “ha acogido sus sugerencias de que la edad de retiro inicie a partir de los 60 años, en combinación de 25 años de labor en la administración pública”.
Indicó que, por igual, los miembros del Ministerio Público que habían entrado en proceso de renta vitalicia o pensión anticipadas, también estarán dentro del Plan de Retiro. Asimismo, el Consejo aprobó una resolución en la que dispone que a todos los fiscales se les garantizará su seguro después del retiro.
“En nuestra promesa de gestión de marzo de 2025 establecimos que fortaleceríamos la carrera, hicimos un compromiso sagrado: materializar ´el anhelado y merecido fondo de pensiones´. Hoy, ese Reglamento de Plan de Pensiones Complementarias es una realidad”, dijo.
Recordó que todo sistema de pensiones busca garantizar rentas que permitan mantener un nivel de consumo y una calidad de vida digna durante la etapa de retiro. “Es la promesa de que, cuando las fuerzas mengüen después de décadas de servicio a la Patria, ustedes no estarán solos. Tendrán la tranquilidad y la vida digna que se han ganado con tanto sudor”, sostuvo.
Aseguró que el proceso hacia el acceso a ese derecho se aleja de las burocracias asfixiantes para enfocarse en una provisión de servicio transparente y humana.
Mecanismo de acceso
Los interesados en acceder al plan de retiro que cumplan con las condiciones establecidas solo deben completar y firmar el “Formulario Solicitud de Pensión Complementarias”, entregar una copia de la cédula de identidad vigente, presentar la constancia de otorgamiento de la pensión base, ya sea expedida por la AFP o por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y anexar una copia de los documentos de soporte utilizados para el otorgamiento de la pensión base.
Antes de finalizar sus palabras, la procuradora general agradeció a la Superintendencia de Pensiones, así como a los miembros del Ministerio Público que trabajaron durante años para que se concretizara el plan de retiro. “A aquellos compañeros que se fueron sin ver esto, les decimos perdón”, concluyó.
