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El exadministrador del Banco Agrícola y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Segura Foster, cuestionó la política agropecuaria del Gobierno, al afirmar que ha privilegiado las importaciones de alimentos y reducido los mecanismos de respaldo a los pequeños y medianos productores, especialmente del sector arrocero.
Durante una entrevista en el programa En La Mañana por Teleimpacto, canales 52 y 22, exfuncionario sostuvo que la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) exige recuperar los programas de preparación de terrenos, subsidios a las semillas, seguro agropecuario y financiamiento para quienes tienen mayores dificultades para competir.
Según explicó, el desafío más urgente se concentra en los productores de menor superficie, debido a que los grandes agricultores y molineros cuentan con mejores condiciones para enfrentar la competencia internacional y, en muchos casos, también participan en la importación de arroz.
“Los pequeños y medianos son los que están en riesgo por el acuerdo”, manifestó, al reclamar el restablecimiento de las políticas que, aseguró, permitieron sostener la producción nacional y mantener estabilidad en los precios.
Defiende las medidas adoptadas por los gobiernos del PLD Segura Foster rechazó que el país desaprovechara los años de protección arancelaria contemplados en el DR-Cafta. Recordó que República Dominicana se incorporó a un acuerdo previamente negociado entre Estados Unidos y los países centroamericanos, en un contexto de preocupación de sectores económicos por las consecuencias de permanecer fuera.
Reconoció el trabajo de los negociadores dominicanos, quienes, según señaló, consiguieron períodos de protección de entre 15 y 20 años para ocho productos sensibles de la dieta nacional.
Afirmó que durante los ocho años de los gobiernos de Leonel Fernández la producción de arroz aumentó un 18 %, mientras que en las administraciones de Danilo Medina creció un 29.98 %.
Atribuyó esos resultados al programa de pignoración, al fortalecimiento del seguro agropecuario, a la creación de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios y al desarrollo de variedades de semillas que, de acuerdo con su explicación, mejoraron los rendimientos y la calidad del arroz.
Sostuvo que la producción local llegó a cubrir entre el 98 % y el 100 % de la demanda, aunque el país debía recibir los contingentes de importación establecidos en el acuerdo comercial.
Esa situación, agregó, obligó a buscar mercados externos para colocar excedentes.
Cuestiona importaciones y aumento de precios El dirigente peledeísta aseguró que la producción arrocera de la actual gestión no ha superado los niveles alcanzados en 2018 y 2019, pese a los anuncios oficiales de cosechas récord.
Como parte de sus cuestionamientos, afirmó que en 2024 se importaron unas 214,000 toneladas métricas de arroz, un volumen que, según sus cálculos, multiplicó por cerca de diez las compras de 2023 y superó lo importado durante los ocho años de gobierno de Danilo Medina.
La medida de coerción fue solicitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste en contra del mayor del Ejército Jorge Nicolás Giovanni Eusebio Bretón (el Guardia), quien fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando se disponía a salir hacia los Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
El tribunal fijó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para este lunes, 26 de octubre, a las 12:00 del mediodía.
La procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, y el fiscal Andrés Mena Marte, presentaron la solicitud de medida de coerción conjuntamente con la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representada por Ramón De La Rosa y Yessica Durán, adscritos a la Unidad de Casos Complejos del Ministerio Público.
La institución recordó que el pasado 18 de julio, durante un operativo realizado en una gallera ubicada en el kilómetro 36 de la autopista Duarte, las autoridades ocuparon 237 paquetes de cocaína clorhidrato, con un peso total de 243.40 kilogramos, conforme al certificado de análisis químico forense realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Durante el allanamiento fue arrestado el imputado Alex Orlando Raposo Gómez, a quien el pasado mes de julio les fueron impuestos tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. El caso, además, fue declarado de tramitación compleja.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las sustancias controladas fueron encontradas dentro de una camioneta Chevrolet Silverado, de color negro, placa OP00671, ocultas en diferentes compartimientos tipo caleta.
El expediente establece que, en coordinación con unidades especializadas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público desarrolla una investigación contra la organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas desde La Guajira, Colombia, y territorio venezolano hacia la costa este y sur de la República Dominicana.
La investigación señala que la estructura criminal utilizaba vehículos para trasladar las sustancias controladas hacia diferentes centros de acopio, entre estos, una gallera o traba ubicada en la autopista Duarte, donde el imputado habría realizado una transacción relacionada con la referida sustancia narcótica.
Durante el allanamiento, también fueron ocupados al imputado RD$296,000.00 en efectivo, dentro de un vehículo Toyota Corolla, de color negro, con placa de exhibición PP908736. De acuerdo con la investigación, el dinero estaría relacionado con una transferencia de droga realizada con otra persona, cuya identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de una investigación en curso.
En el operativo también fueron incautados una escopeta calibre 12, de marca no legible, serie 11205324; un rifle de perdigones, marca no visible; un chaleco antibalas con las letras “Policía Nacional”; un binocular de visión nocturna digital, entre otros objetos vinculados a la actividad ilícita investigada.
El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente de esta alta corte, dispuso que Rodríguez sea presentada en la sede del TC el viernes 30 de octubre, cuando se conocerá el caso en el que figura como parte recurrente.
El proceso corresponde al expediente TC-05-2023-0240, vinculado con la sentencia núm. 136-2023-SSEN-00035, dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. Esa decisión fue recurrida en revisión constitucional de sentencia de amparo ante el TC.
El caso estaba pautado para la audiencia del lunes 26 de octubre, sin embargo, la fiscal Rodríguez se ausentó y no presentó excusas. La conducencia emitida por el TC será notificada a la procuradora general de la República para que disponga su ejecución.
En la audiencia, estuvieron presentes, además, los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.
La orden de conducencia autoriza a las autoridades a llevar ante un tribunal a una persona que no comparece voluntariamente o cuya presencia resulta indispensable para una diligencia.
Como órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, el Tribunal Constitucional garantiza la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Entre sus competencias figura conocer los recursos de revisión interpuestos contra sentencias dictadas en materia de amparo.
La organización sostuvo que los casos presentados en los últimos días requieren respuestas que vayan más allá de la reacción pública y se traduzcan en medidas concretas de prevención, seguimiento de situaciones de riesgo y cumplimiento de las responsabilidades de las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad ciudadana.
CODUE consideró fundamental esclarecer las circunstancias de los hechos mediante una investigación transparente e independiente, que permita determinar las responsabilidades correspondientes y garantice el debido proceso.
La entidad señaló que las denuncias o los presuntos antecedentes delictivos de involucrados no eliminan sus derechos fundamentales y que las actuaciones de los organismos de seguridad deben desarrollarse dentro del marco de la ley, con respeto a la vida y a la integridad de las personas.
El organismo destacó la importancia de evaluar la continuidad del acompañamiento institucional a ciudadanos que enfrentan situaciones de violencia, incluso después de que se hayan producido denuncias o intervenciones judiciales.
El CODUE advirtió que la protección efectiva no puede limitarse a responder cuando ocurre una agresión, sino que requiere identificar señales de riesgo, dar seguimiento a las víctimas y garantizar acceso oportuno a servicios de atención psicológica y protección social.
Llama a fortalecer la prevención desde las familias
La organización también llamó a promover modelos de crianza basados en el respeto, el diálogo y la disciplina sin violencia, al considerar que el entorno familiar desempeña un papel esencial en la formación emocional y social de niños y adolescentes.
En ese sentido, planteó que las familias, las escuelas, las iglesias y las organizaciones comunitarias deben fortalecer sus mecanismos de detección y denuncia del maltrato, así como desarrollar iniciativas de orientación familiar y convivencia pacífica.
Asimismo, exhortó a las autoridades a mejorar la coordinación entre los organismos responsables de la protección infantil, los servicios sociales, el sistema educativo y las instituciones de justicia, con el propósito de evitar que las situaciones de vulnerabilidad queden sin seguimiento.
Desde su perspectiva cristiana, el CODUE recordó que la dignidad humana debe respetarse independientemente de su conducta o condición social, y que la responsabilidad de protegerlos corresponde tanto a las familias como al conjunto de la sociedad.
La entidad sostuvo que el desafío consiste en transformar la preocupación generada por estos casos en acciones sostenidas que contribuyan a prevenir de manera proactiva, nuevas tragedias y fortalecer la confianza en las instituciones.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el exmandatario expresó su preocupación por los acontecimientos relacionados con la Fuerza de Supresión de Pandillas desplegada en Haití y la desaparición de cuatro militares salvadoreños.
"Lo ocurrido con la Fuerza de Supresión de Pandillas y los cuatro militares salvadoreños desaparecidos confirma que la inseguridad en Haití sigue agravándose”, escribió Fernández.
El presidente de la Fuerza del Pueblo consideró que la situación que atraviesa la vecina nación exige mantener una vigilancia permanente ante los riesgos que representa la expansión de la violencia y la actividad de las bandas armadas.
"Debemos mantenernos alerta y tomar medidas preventivas para preservar nuestra seguridad nacional”, enfatizó el exjefe de Estado, al reiterar la importancia de actuar con anticipación frente al deterioro de las condiciones de seguridad en Haití.
