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Jiménez Peña, quien también es coordinador político de la organización opositora, cuestionó que al hacer el anuncio, el presidente Luis Abinader no considerara la posibilidad de una reducción en los precios de los hidrocarburos, si el costo del petróleo continuaba su tendencia a la baja.
Señaló que actualmente, tras varios aumentos, el precio de la gasolina premium supera los 360 pesos por galón, mientras que el gasoil óptimo cuesta RD$318.10; precios que fueron establecidos cuando el petróleo se comercializaba por encima de los US$100.00 por barril.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, transmitido cada domingo por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Radhamés Jiménez recordó que durante los gobiernos de Leonel Fernández, el precio del petróleo llegó a alcanzar US$147.00 por barril, no obstante, el precio más elevado al que se vendió el galón de gasolina premium fue de RD$210.00, lo que generó descontento en la población, con razón.
Sin embargo, en la actualidad, con los precios del petróleo oscilando entre 85 y 86 dólares por barril, la gasolina premium se vende a RD$362.10 por galón, lo que indica una desproporción evidente.
“¿Por qué la República Dominicana, durante la crisis de las hipotecas subprime, mantuvo la estabilidad macroeconómica, y los precios de la gasolina eran 150 pesos menos que hoy? Porque había un líder estadista, Leonel Fernández”, expresó el alto dirigente opositor.
Reiteró que la decisión del gobierno de congelar los precios de los hidrocarburos hasta el 7 de enero no busca beneficiar a la población, dado que esta medida se implementa en un momento en que el precio del carburante está disminuyendo. “Lo que ocurre es que la ley de hidrocarburos establece que si el precio del petróleo baja, los precios de los combustibles deben bajar proporcionalmente.
Por lo tanto, no se puede congelar esos precios cuando el costo del petróleo comienza a descender; así no, porque si el precio del petróleo se eleva repentinamente, se producirán nuevas alzas en los precios de la gasolina, gasoil y otros combustibles”, criticó Jiménez Peña.
Advirtió que la ciudadanía ha notado la falta de proporcionalidad entre el precio del barril de petróleo y el costo de los combustibles; a esto se suma el problema de la energía eléctrica, cuya factura ha aumentado notablemente y se han reanudado los apagones prolongados y constantes.
Jiménez advierte a la JCE que la integridad electoral comienza con la prohibición del uso de recursos públicos en campañas La Fuerza del Pueblo permanecerá atenta y “lista para lo que sea necesario para evitar el uso indebido de recursos en la contienda electoral, como es habitual en este gobierno”, según la advertencia del vicepresidente de dicha organización opositora, Radhamés Jiménez Peña.
En este sentido, el dirigente opositor expresó que la cumbre que la Junta Central Electoral pretende realizar con los partidos políticos debe iniciar con esa condición, pero que se tomen acciones concretas frente al oficialismo, ya que la oposición enfrenta problemas económicos en comparación con la holgada situación del Partido Revolucionario Moderno.
“Es positivo que la Junta haya decidido hacer esta cumbre, pero no debe quedarse solo en palabras; el órgano electoral debe actuar conforme a la ley y hacer un seguimiento a todos los movimientos de los funcionarios públicos, además de observar y corregir el uso de recursos del Estado en campañas políticas”, alertó Jiménez.
LA ALTAGRACIA.-
Las actividades estuvieron orientadas a facilitar el acceso de la población a servicios básicos, atenciones médicas y programas de asistencia social, mediante la participación de diferentes instituciones que trabajan en favor de la protección y el bienestar de los ciudadanos.
Durante las jornadas, los residentes de las comunidades de Salvaleón y La Malena tuvieron la oportunidad de recibir atención y orientación, así como de conocer los servicios y programas disponibles para responder a sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida.
La coordinadora del Gabinete de Política Social, doctora Geanilda Vásquez, destacó que estas iniciativas forman parte de una estrategia integral del Gobierno para acercar las instituciones públicas a la gente, especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios esenciales.
Vásquez expresó que el compromiso de la institución es continuar trabajando directamente en los territorios, escuchando a las comunidades y procurando que las respuestas del Estado lleguen de manera oportuna a las familias que más las necesitan. Asimismo, resaltó la importancia del trabajo articulado entre las instituciones públicas para ofrecer una atención más cercana, digna y humana, en la que cada ciudadano pueda encontrar orientación y oportunidades de asistencia.
Por su parte, el doctor Guillermo Moringlane, director de las Jornadas Sociales y de Salud del Gabinete, resaltó que los servicios son amplios y totalmente gratuitos, destacando el valor humanitario de la acción.
“El Gabinete es sinónimo de bienestar. Estas jornadas son oportunidades reales y concretas para mejorar la vida de quienes más lo necesitan, con acceso gratuito a seguros SeNaSa, tarjeta Supérate, medicamentos y raciones alimenticias. Nuestro propósito es que nadie se quede atrás en el camino hacia la dignidad y el desarrollo”, manifestó.
Durante la actividad, decenas de familias fueron beneficiadas con múltiples servicios, entre los que se incluyen atención y consultas médicas generales, entrega de medicamentos, afiliación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), entrega de lentillas y lentes de sol por la Fundación El Buen Samaritano, consulta y afiliación a la tarjeta Supérate vía Punto Solidario, asistencia y afiliación para personas con discapacidad por la DIDA, afiliación a pensiones por el CONAPE, asesoría a través de la Consultoría Jurídica del Gabinete Social, entrega de raciones alimenticias crudas y cocidas por la DASAC y venta de productos alimenticios a bajo costo por el INESPRE.
Asimismo, se realizaron evaluaciones para préstamos de MIPYMES, evaluaciones oftalmológicas a través del INVIS y jornadas de vacunación mediante Vacúnate RD, contando además con la presencia de los servicios del Sistema 911 para asistencias de primeros auxilios.
En el acto estuvieron presentes el subdirector de Migración, Silvestre Ventura, y los diputados por la provincia La Altagracia, Carmen de la Rosa y Ángel de la Rosa, entre otras autoridades.
La obra, ejecutada con una inversión estimada de RD 466.7 millones, busca reducir los riesgos de inundaciones y mejorar las condiciones sanitarias de comunidades que durante décadas han enfrentado problemas asociados al desbordamiento de la cañada y la acumulación de aguas residuales.
El proyecto comprende los tramos Ciudad Agraria 1 y 2, con 700 metros lineales intervenidos, y Bayona, con 789 metros, además de generar beneficios para sectores cercanos como Iván García, Engombe, Manoguayabo y Las Caobas.
Durante el acto, Suberví recordó las dificultades que enfrentaban las familiasresidentes en las inmediaciones de la cañada, particularmente durante los períodos de lluvia.
“Cuando llovía, a la contaminación cotidiana se sumaba la preocupación por el desbordamiento de la cañada, la pérdida de ajuares y la necesidad de abandonar sus hogares”, expresó el director general de la Caasd.
Saneamiento y recuperación de espacios comunitarios
Los trabajos incluyeron el cierre de los tramos intervenidos mediante estructuras de hormigón armado tipo cajón, como parte de las soluciones de saneamiento pluvial y sanitario.
La intervención también contempló el acondicionamiento de calles, aceras y contenes, así como la instalación de iluminación y la recuperación de espacios deportivos, infantiles y recreativos para el uso de las familias.
Con esta entrega, la Caasd alcanza 23.5 kilómetros de cañadas saneados, de los 63 kilómetros contemplados en su programa de intervención en el Gran Santo Domingo, según informó su director general.
Las obras forman parte de las acciones que desarrolla el gobierno del presidente Luis Abinader para atender necesidades de saneamiento y mejorar las condiciones de vida en sectores del Gran Santo Domingo.
En el acto acompañaron a la vicepresidenta la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba; el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña; el director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Elías Báez; el director de Desarrollo Provincial, José Andújar; el director general de Desarrollo de la Comunidad, Modesto Guzmán, y la viceministra de la Juventud, Paola Dirocie.
También participaron diputados, regidores y representantes de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias.
Las medidas fueron impuestas al procesado Delvinson De La Cruz Sosa, de 29 años de edad, contra quien el Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva.
La decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte ordena la presentación periódica ante el Ministerio Público cada 15 días y el impedimento de salida del municipio de San Francisco de Macorís de esa provincia.
Además, establece que el imputado estará bajo cuidado y vigilancia de su padre durante el cumplimiento de las medidas impuestas por un período de seis meses.
El fiscal litigante Engels Luis Polanco representó al Ministerio Público en la audiencia donde el juez Wilton Oniel Peguero impuso las medidas de coerción.
De La Cruz Sosa fue arrestado con orden judicial durante un allanamiento a un apartamento ubicado en el segundo nivel de una vivienda situada en la calle Joaquín Balaguer, del sector Vista del Valle, en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde reside el investigado.
El Ministerio Público también allanó un local comercial en San Francisco de Macorís como parte de la investigación en marcha que llevó al arresto de De La Cruz Sosa luego de que las autoridades obtuvieron información de que amenazaba la figura del Presidente de la República.
La orden judicial de arresto fue solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar a la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte.
Los organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las intenciones de Delvinson De La Cruz Sosa.
En sus diligencias investigativas el Ministerio Público cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La investigación llevó además al allanamiento de la Ferretería Molina, ubicada en la avenida Profesor Juan Bosch, del citado sector, donde labora De La Cruz Sosa.
La solicitud de allanamientos explica que los fiscales se enfocan en identificar equipos electrónicos (celulares, tabletas, computadoras), armas de fuego, pertrechos militares, artefactos explosivos y cualquier otra evidencia que guarde relación con los hechos investigados.
En el allanamiento se ocuparon objetos electrónicos y sustancias químicas que son evaluadas como pruebas de su determinación de materializar sus amenazas.
Al autorizar los allanamientos, la jueza señaló su procedencia en vista de la: “Investigación sobre planificación de un presunto atentado terrorista en contra del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, previsto para el 6 de noviembre 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante la conmemoración del Día de la Constitución, de fecha dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026)”.
A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso medidas de coerción a un hombre investigado por amenazar a un embajador dominicano mediante perfiles falsos en redes sociales.
Al procesado Marvin Dariel Acosta le fue impuesta una garantía económica de RD$25 mil mediante contrato de fianza y presentación periódica por seis meses ante el órgano investigador por los hechos cometidos contra Bartolomé Pujals, embajador de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Acosta, de 24 años de edad, fue arrestado en su lugar de residencia en el municipio de Los Alcarrizos, de la provincia Santo Domingo, tras ejecutarse en su contra la orden judicial No. 2026-AJ0083675.
El procesado había sido identificado por la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), a través de su División de Investigaciones de Delitos Informáticos (DIDI), como la persona que realizó las amenazas vía redes sociales en contra del embajador.
Durante la investigación se han identificado amenazas con expresiones como: “¡Cuídese, que voy por usted, es su cabeza que quiero! “¡Ya le llegó su hora!”.
La jueza Cecilia Toribio impuso las medidas de coerción.
Sobre los hechos, el investigado manifestó que no conocía personalmente a la víctima de sus amenazas.
Tras su arresto, el Ministerio Público procedió con su sometimiento a la justicia y solicitó la imposición de las medidas de coerción establecidas en el artículo 226-1, 3 y 4, consistentes en garantía económica, la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada y presentación periódica.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifican la suplantación de identidad y los artículos 305 y 306 del Código Penal Dominicano que tipifican la amenaza.
La medida alteró los planes de decenas de miles de pasajeros en todo el país. Algunos ya estaban a bordo de los aviones cuando las aerolíneas les ordenaron descender, en medio de una situación que también tomó por sorpresa al personal de las terminales.
La suspensión fue la segunda de alcance nacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en un sistema de notificaciones para pilotos detuvo temporalmente las operaciones de salida.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el incidente a las deficiencias de una red tecnológica antigua. “Este es un problema de un sistema antiguo”, sostuvo y agregó: “Tenemos switches muy viejos, routers muy viejos”.
El funcionario sostuvo que la infraestructura todavía depende de conexiones instaladas hace décadas. “Usamos pequeñas líneas de cobre de los años 1980. Es un viejo sistema que se cayó, y se cayó en todas partes. Se sobrecargó”, explicó.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión nacional de todos los vuelos de salida por “circunstancias extraordinarias y razones de seguridad”, lo que afecta directamente las operaciones entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y destinos en ese país.
United Airlines anunció poco antes de las 22:00, hora del Este, que retomaría parte de sus operaciones después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) levantara la suspensión nacional de vuelos.
“United reanuda sus operaciones, incluidos algunos vuelos de los viernes por la noche”, informó la compañía en un comunicado.
La aerolínea señaló que mantendrá como prioridad la seguridad de pasajeros y empleados durante el restablecimiento de los itinerarios. “Gracias por su paciencia mientras trabajamos para restablecer nuestro horario habitual”, añadió.
United recomendó a los viajeros verificar el estado de sus vuelos antes de trasladarse al aeropuerto. También indicó que permitirá cambios de reserva sin cargos adicionales ni diferencias de tarifa.
El vuelo transcontinental de David Johnson sufrió dos demoras. Barbara Steinberg anticipaba que perdería su reunión de exalumnos de la escuela secundaria. Grissel Francis, en cambio, pensó en los atentados del 11 de septiembre de 2001. “Fue un poco aterrador”, dijo Francis el viernes, durante la mayor interrupción del tráfico aéreo en Estados Unidos desde los ataques de 2001.
“Te vienen a la mente esos recuerdos del 11-S, ¿sabes?”. Los tres pasajeros estuvieron entre las decenas de miles de viajeros que debieron modificar sus planes después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) impusiera una suspensión nacional de despegues que se extendió durante cuatro horas.
Según FlightRadar24, la interrupción dejó más de 6.600 vuelos cancelados y 8.600 demorados.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) levantó la suspensión nacional de despegues que había impuesto durante la tarde del viernes 13 de noviembre, una medida que afectó la planificación de vuelos desde y hacia ese país.
Se reanudarán las salidas de vuelos tras someter los sistemas a “pruebas exhaustivas” .
La FAA) levantó la suspensión nacional de vuelos y confirmó que algunas salidas comenzarían a reanudarse tras las pruebas realizadas en sus sistemas. El organismo informó poco después de las 22:00, hora de Miami, que verificó la estabilidad de sus plataformas antes de autorizar el regreso gradual de las operaciones aéreas
. “Antes de reanudar los vuelos, sometimos nuestros sistemas a pruebas exhaustivas para comprobar que estaban estables y que las operaciones seguían siendo confiables”, señaló la FAA en una publicación en X.
La agencia recomendó a los pasajeros que consulten directamente con sus aerolíneas para conocer el estado actualizado de cada servicio. También remarcó que la seguridad pública constituye su “máxima prioridad”.
(FUENTE: INFOBAE)
