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El Ministerio Público solicitó a una jueza del Distrito Nacional que dicte auto de apertura a juicio en contra del exsenador Rafael Calderón, procesado por hechos de corrupción administrativa en la red acusada de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones de pesos y que fue desmantelada en la Operación Calamar.
La fiscal litigante Rosa Alba García representó al órgano acusador en la audiencia realizada la tarde de este lunes, donde la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, se reservó el fallo para el próximo 29 de mayo del año 2026, a las 9:00 de la mañana.
La jueza Ramírez había ordenado el desglose de Calderón por complicaciones de salud en el proceso que se sigue contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y compartes, quienes son acusados de integrar una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
El Ministerio Público en este caso presentó acusación contra 46 personas físicas y jurídicas. El grupo es procesado por incurrir en asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedentes y lavado de activos, entre otros.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, son acusados Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero y Agustín Mejía.
El Ministerio Público dijo esperar que el tribunal acoja su petición y se dicte auto de apertura a juicio en contra del acusado.
En un escenario marcado por el conflicto en el Medio Oriente y el impacto económico que esto está teniendo en los países, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, representó a la República Dominicana en las Reuniones de Primavera 2026 del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), celebradas en Washington D.C. del 13 al 18 de este mes.
Como parte de su agenda, el ministro Díaz sostuvo un intercambio de trabajo con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn y otros altos ejecutivos del banco.
Además, el ministro acompañó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, en una reunión liderada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en las que se ofrecieron proyecciones del crecimiento global y regional, y se analizaron herramientas de política fiscal y monetaria para mitigar los impactos en las economías ante la compleja coyuntura internacional.
“Estos intercambios no solo sirven para consolidar nuestras relaciones institucionales con actores fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las naciones, sino que también nos permiten identificar y aprovechar de nuevas oportunidades de inversiones y financiamiento que promueven el crecimiento económico y beneficien a la población”, resaltó el ministro.
Díaz también fue invitado a una reunión con el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, presidido por el congresista French Hill, durante la cual pasaron revista de la agenda económica y comercial entre ambas naciones.
De igual forma, el ministro sostuvo una reunión bilateral con el área de Asuntos Económicos del Departamento de Estado, en la que se enfatizó la importancia de los Estados Unidos para las exportaciones dominicanas, las remesas y la inversión extranjera, entre otras, y se exploraron vías de colaboración para seguir promoviendo el desarrollo de la República Dominicana.
En este último encuentro, el ministro estuvo acompañado por la Embajadora dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo.
Adicionalmente, la delegación dominicana sostuvo encuentros de trabajo con bancos de inversión como Bank of America, J.P. Morgan, Barclays y Deutsche Bank, además de las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody's y S&P Global Ratings. Todas estas instituciones financieras mostraron su satisfacción con el manejo del gobierno para mitigar los efectos del shock externo de precios.
Las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y el FMI son consideradas el principal foro económico global, al servir como espacio para definir políticas y estrategias orientadas a fortalecer la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo sostenible.
Estos encuentros reúnen a ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales, representantes del sector empresarial y de la sociedad civil, con el objetivo de debatir los principales desafíos económicos globales y regionales, como la estabilidad financiera, la deuda pública, el cambio climático, la generación de empleo, la reducción de la pobreza y el crecimiento inclusivo.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED) suscribieron un memorándum de entendimiento para promover conjuntamente la plataforma de Conducta Empresarial Responsable (CER) y ampliar su alcance en el ecosistema empresarial dominicano.
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La alianza busca articular las capacidades técnicas, redes y recursos de ambas instituciones para elevar los estándares del sector privado, fortaleciendo una cultura empresarial basada en la integridad, la ética y la mejora continua.
CER es una herramienta de registro voluntario que permite a las empresas evaluar su desempeño en materia de cumplimiento e integridad. A través de un autodiagnóstico sencillo y práctico, las organizaciones pueden identificar fortalezas, oportunidades de mejora y tomar acciones para elevar sus estándares internos.
El presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, indicó que…. “Esta alianza nace de una convicción compartida: que el sector privado tiene un rol protagónico en la construcción de un país más ético, transparente y sostenible”, afirmó Marranzini.
Mientras que la presidenta de ECORED, Christy Luciano, destacó que esta alianza entre gremios refuerza el compromiso de impulsar una auténtica y creíble sostenibilidad desde la Conducta Empresarial Responsable. “No se trata solo de qué hacemos como empresas, sino de cómo lo hacemos: con ética, transparencia y respeto por las personas, el entorno y las reglas del mercado, elevando los estándares del sector y fortaleciendo la confianza necesaria para un desarrollo económico sostenible”.
Por su parte, ECORED desempeñará un rol técnico articulador, aportando herramientas, conocimientos, buenas prácticas y estándares al servicio de las empresas para avanzar de manera conjunta hacia modelos de negocio más éticos, competitivos y alineados con el desarrollo sostenible del país
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El CONEP asumió la conducta empresarial responsable como eje estratégico institucional desde su Décima Convención Empresarial, y que la Plataforma CER fue creada como espacio multisectorial para la promoción de programas de integridad y transparencia alineados con estándares internacionales.
Sobre el acuerdo
El acuerdo contempla tres grandes áreas de colaboración. En materia de fortalecimiento de la Plataforma CER, ECORED aportará guías, manuales, herramientas técnicas, modelos de políticas y procedimientos, así como su red de aliados nacionales e internacionales. El CONEP integrará dichos recursos en la plataforma con el reconocimiento institucional correspondiente y facilitará la participación de empresas y gremios asociados.
En el área de formación y desarrollo de capacidades, ambas organizaciones desarrollarán conjuntamente programas dirigidos a empresas en materias como cumplimiento normativo, ética empresarial, prevención de riesgos, debida diligencia, sostenibilidad y derechos humanos empresariales.
Finalmente, en diálogo multisectorial y posicionamiento, las partes promoverán espacios que involucren al sector privado, la sociedad civil, la academia y organismos internacionales en torno a la agenda de conducta empresarial responsable, además de identificar y difundir casos de éxito y buenas prácticas del empresariado dominicano.
Sobre el CONEP
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) es el principal espacio de convergencia del sector privado de la República Dominicana. Agrupa a los gremios de todos los sectores productivos y representa a empresas de todos los tamaños, articulando sus visiones y esfuerzos en favor de un entorno propicio para la inversión, la competitividad y el desarrollo sostenible del país.
Sobre Ecored
Ecored, la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental, es la única asociación empresarial en República Dominicana referente en el impulso de la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad, agrupando a más de 100 empresas de diversos sectores productivos. A través de alianzas público-privadas, trabaja para lograr un equilibrio entre desarrollo económico, social y ambiental, convirtiéndola en un articulador clave entre el sector productivo, las políticas públicas y los objetivos ambientales.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó la preocupación del expresidente Danilo Medina por el abandono del campo y el auge de importaciones desleales, advirtiendo que el sector agropecuario atraviesa una grave crisis que esta empujando al hambre y la miseria.
El secretario agropecuario del PLD, Adriano Sánchez Roa, afirmó que miles de productores están al borde de la quiebra por la falta de apoyo oficial y responsabilizó al Gobierno del PRM de propiciar el desmantelamiento del sector.
Tras un encuentro con productores, la organización informó que en 2025 las importaciones alcanzaron 114.5 millones de quintales, 30.9 millones más que el año anterior, lo que evidencia una creciente dependencia externa y el debilitamiento de la producción nacional.
Sánchez Roa llamó a retomar políticas efectivas de respaldo al campo, incluyendo el modelo de las Visitas Sorpresa, para evitar un mayor deterioro de la producción agropecuaria nacional.
La posición del PLD fue expuesta por Sánchez Rosa, titular agropecuario, con la participación de los subsecretarios, Rufino Aquino, Geovanny Arias, Andrés Gómez, Roberto Ramos, Rafael Torres, Germán Cornelio, Chino Alberto Marte, Cleotilde Rodríguez, Julio Sánchez y Luis de León, aspirante a la candidatura Presidencial
El órgano peledeísta agrega que 30.9 millones de productos agropecuarios más que el año anterior, llevando al país a una peligrosa dependencia externa.
Afirma que, frente al desmantelamiento de la capacidad productiva agropecuaria, el PLD no puede ser ni será nunca indiferente ante el sufrimiento de los productores, quienes hoy están quebrados y, los que no, se encaminan a la quiebra. “Este descalabro del sector tiene nombre y apellido: Gobierno del PRM”.
Refirió que precisamente el miércoles 15 de abril, los productores sufriendo el abandono, la dejadez y todo tipo de golpeo, se reunieron con el presidente del PLD y expresidente de la República, Danilo Medina, para valorar su gestión con las “Visitas Sorpresa”, al tiempo de expresar el estado de descuido y sus grandes preocupaciones actuales.
Los productores y representantes de asociaciones agropecuarias alzaron sus voces ante la desesperación por la desatención del Gobierno y la falta que hacen las políticas públicas que anteriormente beneficiaban al sector.
Entre los productores que expusieron su problemática estaban: tabacaleros, productores de aguacate y naranja en la provincia Peravia, productores de arroz del Bajo Yuna, de cebolla, guandules, carne de pollo, porcina, y res, así como de ajo, banano e invernadero, quienes explicaron a Medina su problema particular.
En el encuentro con representantes de los medios también se refirieron al costo de la canasta básica familiar en República Dominicana señalando que subió a RD$48,879.38 en marzo del 2026, con un alza del 32%.
En ese sentido, resaltó que el arroz no baja de RD$45 la libra; habichuela roja está en RD$87.3 por libra; carne de res RD$265 por libra; carne de cerdo en RD$315 la libra; pollo en RD$90 la libra; plátano entre RD$24; yuca a RD$35 la libra; cebolla roja en RD$78.5 la libra; y el ajo a RD$199.95 la libra.
Ante esta situación, el PLD propuso la reactivación de sector con medidas tales como: Emprender de inmediato un plan masivo de siembra que permita incrementar la producción local y reducir la creciente dependencia de importaciones, preparar todas las tierras disponibles, gestionando los tractores privados ante la escasez de maquinarias en Agricultura.
Asimismo, aprovechar las bondades de las lluvias de primavera, solucionar los reclamos de los agrónomos para integrarlos al sistema productivo y bajar los costos de producción, disminuyendo los precios de los fertilizantes pesticidas, herbicidas, maquinarias agrícolas y viabilizando la mano de obra, entre otros.
La Coordinadora Nacional Popular (CNP) declaró el lunes 27 de abril como “Día Nacional de la Rebeldía” y apoyó la gran concentración-marcha el viernes 24 de abril convocada en el Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago.
Dentro los movimientos de protestas anuncian que desde ya habrá jornadas huelgarias de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, desde las 6.00 de la mañana.
Mientras para el lunes 27 a las 10.00 de la mañana, realizarán una concentración de trabajadores y movimientos socio-ambientales frente al Palacio Nacional en el Distrito Nacional y movilizaciones en diferentes comunidades del país.
Rechazan represión desatada por el gobierno este domingo 19 de abril en el Cibao, que se detenga el cerco contra la residencia del dirigente del Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís José Mercado y demandamos la inmediata puesta en libertad de decenas de activistas apresados en San Francisco de Macorís y Navarrete.
Dentro de las organizaciones que apoyan las movilizaciones se encuentran: Movimiento Suroeste Unido Por el Agua y la Vida, Movimiento Unidos Somos Más, Movimiento No Vertedero en La Cuaba, Coordinadora de Organizaciones Barriales don Bosco (CODONBOSCO), Centro de Educación para la Paz, la tolerancia y el Desarrollo (CEPATODE), Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Santo Domingo (ACADISANDO) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp).
Dicen que en el 61 aniversario de la revolución de abril, y en medio de crecientes protestas que recorren todo el territorio nacional, las organizaciones sociales, populares, ambientales, anunciamos esta serie de movilizaciones masivas en rechazo a las políticas gubernamentales que pretenden que los pobres, los trabajadores y la clase media paguen el precio de la crisis global y de la guerra, mientras se favorece a las grandes corporaciones mineras y a la oligarquía nacional y extranjera.
Los movimientos sociales del país exigieron que se cancele de inmediato y de manera definitiva todos los proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y en el Bahoruco Oriental, a favor de las corporaciones extranjeras GoldQuest, Unigold, Belfond y otras y Detener la nueva presa de colas de El Naranjo en la provincia Sánchez Ramírez.
Además, cancelar el proyecto de vertedero en la comunidad de Los Aguacates, Distrito municipal de La Cuaba, Pedro Brand.
También, detener la práctica abusiva de imponer a las comunidades proyectos mineros y energéticos sin licencia social (casos: Los Negros en Azua, Las Placetas en San José de Las Matas, y muchas otras) y no tocar Loma Miranda y restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo.
Finalmente que cese de las operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, Provincia San Cristóbal.
Mientras que las organizaciones unidas en la Coordinadora Popular Nacional (CPN) como Coalición Ambiental de la Región Noroeste (COANOR), Campamento Loma Miranda, Justicia Climática República Dominicana, Bloque Popular Jesús Adón y Coalición de Organizaciones Populares, Ambientalistas, Feministas y Gremiales del Cibao; se adhieren a las propuestas planteadas.
Los movimiento comunitarios como el Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, Movimiento Los Peregrinos de Moca, Articulación Nacional Campesina, Coalición Enriquillo, Comité Por la Unidad y Los Derechos de La Mujer-CUDEM, Movimiento Reconocido y la Red Urbano Popular en Defensa del Territorio (RUP); plantean un modelo ante la crisis de país alternativo y solidario.
Dentro de ese modelo socioeconómico y solidario que plantea las organizaciones sociales están: que las montañas, valles y cuencas generan más beneficios económicos y sociales si se utilizan para preservar el agua, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, artesanías, agro silvicultura, pesca, turismo comunitario, energías renovables y desarrollo integral, que dedicándolas a la minería destructiva y contaminante.
También proteger todos nuestros ríos, retirar granceras y empresas contaminantes de sus cauces, y aplicar estrictamente la Ley 64-00 de Medio Ambiente a todos los proyectos sin excepción.
Indican que deberían declarar de utilidad pública a favor de familias campesinas y urbanas miles de porciones de terrenos, prohibiendo despojos, expropiaciones y desalojos abusivos en todas las regiones del país. Reubicar dignamente a las familias en zonas de riesgo.
Sostienen que deben priorizar la agricultura campesina, la seguridad y soberanía alimentaria. Entregar la Presa de Monte Grande y el Ingenio Barahona a sus verdaderos y únicos dueños: la población de la Región Enriquillo e eliminar las trabas que los intereses de las corporaciones de los combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de energías limpias. Asumir el proyecto cooperativo y social 100% renovable.
Otros planteamientos del movimiento social es la de atender la deuda social de los sectores (mujeres, jóvenes, cañeros, pequeños transportistas y comerciantes, dominicanos de ascendencia haitiana, trabajadores migrantes, otros) y comunidades territoriales movilizadas por sus derechos.
Sobre el alza de los productos de primera necesidad el gobierno de enfrentar el alto costo de la vida, los bajos salarios, la privatización de la salud y los servicios, la violencia e inseguridad, eliminando los privilegios de los ricos: exoneraciones fiscales, salarios multimillonarios, barriles, regalos de combustible, gastos superfluos, corrupción, impunidad y los abusos contra los más pobres y defender la soberanía nacional y el derecho internacional, y sacar a la República Dominicana de las guerras por petróleo impulsadas por la administración Trump.
El exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), mayor general Adán Cáceres Silvestre, arremetió contra la acusación del Ministerio Público, calificandolo de "insostenible" y carente de rigor técnico el expediente que lo vincula a una presunta red de lavado de activos y desfalco contra el Estado dominicano.
Durante su comparecencia ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el oficial cuestionó severamente la supuesta falta de pruebas presentadas por los fiscales. Aseguró que, tras cinco años de proceso judicial, el órgano acusador no ha podido demostrar la procedencia ilícita de los fondos que manejó durante su gestión.
Cáceres Silvestre defendió con vehemencia su honorabilidad y la de los militares que trabajaron bajo su mando en el CUSEP. En su discurso de clausura, desvinculó a sus subordinados de cualquier irregularidad administrativa, asumiendo la responsabilidad del manejo institucional, pero negando la existencia de una estructura criminal.
Uno de los puntos centrales de su defensa fue la justificación de su patrimonio personal. El general afirmó que el 98% de los fondos depositados en sus cuentas bancarias proviene de fuentes legítimas, citando específicamente sus sueldos como oficial, especialismos por funciones y diversas inversiones privadas que ya cumplieron con sus obligaciones fiscales.
Respecto a la acusación de lavado de activos, el oficial rechazó la figura del testaferrato planteada por el Ministerio Público. Argumentó que el manejo de los fondos de inteligencia se realizó bajo los protocolos establecidos y que la fiscalía ha confundido la naturaleza de estos recursos con maniobras de blanqueo de capitales.
El mayor general sostuvo que las pretensiones de condena en su contra han fracasado estrepitosamente. A su juicio, las evidencias aportadas por los persecutores no son suficientes ni pertinentes para sustentar un fallo condenatorio, señalando vacíos legales y técnicos en la presentación de las pericias financieras.
Cáceres Silvestre solicitó formalmente a las magistradas su absolución total en el denominado caso Coral. El imputado confía en que el tribunal valorará la "inexistencia de pruebas" y reconocerá que su patrimonio es fruto de décadas de servicio militar y actividades comerciales lícitas debidamente registradas.
El proceso entra ahora en su fase final, donde el Primer Tribunal Colegiado deberá decidir el destino legal del alto oficial. Mientras tanto, Cáceres mantiene su postura de que el caso ha sido una construcción mediática sin sustento jurídico real que ha afectado injustamente la carrera de varios oficiales activos.
El Ministerio Público solicitó el domingo prisión preventiva, como medida de coerción, contra siete motoristas implicados en el crimen de Deivy Carlos Abreu Quezada, a quien atacaron luego de perseguirlo hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, en donde la víctima intentó resguardarse.
La medida fue presentada en contra de los imputados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, quienes se asociaron para perseguir, interceptar y matar a la víctima Deivy Carlos Abreu Quezada, un conductor de camión de recogida de desechos que murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó a los fiscales presentar cargos preliminares por asesinato en contra de los perpetradores del crimen de Abreu Quezada.
“Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal que tuvo esa actitud de esos ciudadanos, enmarca en una persecución, en prepararse para ir a hacer daño y matar y eso es asesinato”, puntualizó la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu Peña, al ser abordada por periodistas sobre de la solicitud presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Luego de identificar, arrestar e individualizar a los perpetradores del crimen, la Fiscalía de Santiago, a través de su Departamento de Violencias Físicas (Homicidios), continuó con el levantamiento de pruebas materiales, documentales y testimoniales con las cuales demostrará ante el juzgador que los imputados se comportaron como una turba criminal para acorralar y darle muerte a la víctima.
Las fiscales asignadas a la investigación de los hechos Joanna García Rivas y Luisa García, han reunido elementos de pruebas contundentes para probar la comisión del crimen y las circunstancias que lo rodearon.
En la instancia, las investigadoras establecen que mientras la víctima, Abreu Quezada, conducía el camión recolector de desperdicios del ayuntamiento de Santiago, por la Circunvalación Sur, sector ensanche Bermúdez, fue interceptado por uno de los motoconchistas, que se encuentra en calidad de prófugo y junto a otros motoristas presionaban a la víctima para que detuviera la marcha, por un supuesto roce vehicular, pero, el hoy occiso al observar la violencia que mostraban en su comportamiento, no se detuvo.
Establece la investigación preliminar que el referido motorista se desmontó de la moto y la colocó frente al camión, para forzarlo a detenerse, pero la víctima no accedió y continuó la marcha arrastrando la motocicleta. Por varios kilómetros sigue bajo la persecución de los imputados que logran interceptarlo en el Palacio de Justicia, a donde el hombre penetró a bordo del camión, buscando resguardarse de la turba asesina que lo perseguía, establece el Ministerio Público en la instancia.
La Fiscalía de Santiago precisa en la medida de coerción que no posee ningún tipo de evidencias que refieran que algún motorista estuviera lesionado.
Como calificación jurídica provisional, la Fiscalía de Santiago presentó contra los siete imputados cargos por violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, por la comisión del hecho criminal, para el cual se asociaron como una turba criminal, dejando evidenciada su intención cuando vociferaban “mátalo, mátalo”, como refieren las pruebas videográficas.
Entre otras pruebas, el Ministerio Público tiene en su poder el arma blanca tipo cuchillo de caza, color negro, con el cual uno de los imputados le infringió una mortal herida en el miembro inferior derecho.
