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Mediante un comunicado publicado como espacio pagado Telemicro expresa que Gómez Mazara y el Consejo Directivo del órgano regulador de las telecomunicaciones tenían conocimiento de que la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo por su Sentencia del 14 de julio del 2023, como la Suprema Corte habían reconocido los derechos de este Grupo sobre la propiedad del canal 3, cuya pertenencia ostenta desde el año 1994. T
elemicro sostiene que “por a la insistencia desmedida de Franasyl SRL y sus promoventes de apropiarse a toda costa del uso del citado canal 3” el INDOTEL, a través de su Consejo Directivo, emitió la resolución 027 del 13 de marzo del 2025 en la que subordinó la solución del conflicto a lo que se decidiera en la justicia.
Expresa que pese a decisiones judiciales y a medidas administrativas adoptadas por el INDOTEL que prohíben a ambas partes el funcionamiento del canal, los propietarios de Franasyl y ACD Media se han resistido a cumplir con esas disposiciones.
En su comunicado del 19 de mayo del 2025 el propio INDOTEL “…advierte que, hasta tanto no sea emitido el pronunciamiento definitivo del órgano regulador, ninguna empresa podrá promocionar el uso del canal 3 virtual, preservando así la imparcialidad del proceso y protegiendo los derechos de los usuarios de los servicios de las telecomunicaciones”.
“El Grupo Telemicro emplaza a Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y al Consejo de ese órgano a cumplir con sus propias disposiciones que prohíben el uso y promoción del Canal 3, propiedad de Telemicro desde el año 1994, frente a la desobediencia desafiante y temeraria de ACD Media y Franasyl”, señala el comunicado.
Así como el presidente Luis Abinader dijo en su discurso de Rendición de Cuentas el 27 de febrero pasado que “nadie está por encima de la Ley”, “El Grupo de Medios Telemicro hace un llamado al Presidente de la República, con la finalidad de que como máxima autoridad de la administración pública, intervenga ante la inercia cuestionable del INDOTEL y su Consejo Directivo, los cuales están llamados a cumplir su rol, respetar la ley y sus propias actuaciones, obviándolas y tipificando un accionar que conduce a un beneficio para las empresas que ilegalmente están haciendo uso del canal 3, pese a las restricciones que se han descrito”.
El Grupo Telemicro recordó que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) mediante sentencia del 25 de noviembre del 2025 produjo amonestadores señalamientos al Consejo Directivo del INDOTEL tras calificar su proceder de:
• Imprudente;
• Precipitado;
• De mala administración;
• De obrar con conocimiento de causa;
• Violatorio del debido proceso;
• Atentatorio a la seguridad jurídica;
y, • Anticipado a una definición jurisdiccional definitiva.
Al tiempo de reprocharle su interés de adoptar decisiones sobre “un conflicto que no había adquirido la condiciones de cosa irrevocablemente juzgada”, con lo que pretendieron “servir con marcado oportunismo a Franasyl y ACD Media”.
Telemicro se pregunta si la negligencia de INDOTEL en solucionar definitivamente esta problemática aplicando la ley, obviando adrede sus obligaciones y facultades legales, refleja una resistencia injustificada que se podría traducir de manera inequívoca en parcialidad, complicidad, contubernio o confabulación para afectar su derecho de propiedad de uso y explotación sobre el canal 3.
Resalta además, que resulta inexplicable que el propio INDOTEL a través de su Directora Ejecutiva había rechazado a Franasyl en fecha 3 de octubre del 2024 una petición de asignación del Canal 3, tanto porque su titularidad corresponde a Telemicro, como porque el mismo estaba inmerso en un proceso litigioso sin una solución definitiva.
Que pese a ello, además de tener conocimiento de los fallos rendidos reconociendo los derechos adquiridos de Telemicro, se ha empeñado en atribuir dicho canal a Franasyl, a quien antes le había asignado los canales 32 y 61, que al parecer por lo elevado del segundo y de difícil localización en el dial, prefirió un canal ajeno en lugar del asignado.
Telemicro concluye su comunicado con la afirmación de que han pasado diez presidentes de INDOTEL y varios Presidentes de la República desde la puesta en funcionamiento de la Ley 153-98 y que todos han respetado sus derechos sobre el referido medio televisivo.
La misión Artemis II de la NASA culminó este viernes con un amerizaje en el océano Pacífico, marcando el regreso de astronautas desde las cercanías de la Luna por primera vez en más de medio siglo.
La cápsula Orion, denominada Integrity, descendió de forma automática tras reingresar a la atmósfera a una velocidad de hasta Mach 33, equivalente a 33 veces la velocidad del sonido, en una maniobra que no se veía desde las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970. A bordo viajaban el comandante Reid Wiseman, el piloto Víctor Glover, la astronauta Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen.
Uno de los momentos más críticos ocurrió durante el reingreso, cuando la nave quedó envuelta en plasma a altísimas temperaturas, provocando un apagón de comunicaciones previsto de seis minutos.
La atención se centró en el escudo térmico, diseñado para soportar miles de grados, tras antecedentes de desgaste en una prueba sin tripulación en 2022, detalló la agencia de noticias The Associated Press.
La cápsula Orion se separa del módulo de servicio sobre la Tierra. Foto: NASA vía AP La tensión dio paso al alivio cuando la cápsula reapareció en contacto con la Tierra y desplegó sus paracaídas antes de un amerizaje descrito desde el control de misión como “perfecto, justo en el centro de la diana”.
El buque USS John P. Murtha esperaba a la tripulación frente a la costa de San Diego, junto con aeronaves militares, en una operación que recordó la última colaboración de este tipo durante el Apolo 17 en 1972.
El vuelo, de casi 10 días, no incluyó alunizaje ni entrada en órbita lunar, pero estableció un nuevo récord de distancia para una misión tripulada al alcanzar más de 406,000 kilómetros de la Tierra, superando al Apolo 13.
Durante el sobrevuelo, los astronautas captaron imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna y presenciaron un eclipse solar total, uno de los momentos más destacados del viaje. Artemis II forma parte del renovado programa lunar de la NASA.
La misión también tuvo momentos simbólicos, como cuando la tripulación solicitó nombrar dos cráteres en honor a su nave y a la fallecida esposa de Wiseman.
Las imágenes obtenidas, incluyendo una vista de la Tierra “poniéndose” tras la superficie lunar, evocaron la histórica fotografía del “amanecer terrestre” del Apolo 8.
Pese al éxito, la misión registró algunos inconvenientes técnicos, como fallas en válvulas del sistema de agua potable y de propulsión, además de problemas con el inodoro de la nave.
Los astronautas restaron importancia a estos incidentes y destacaron que forman parte de los riesgos necesarios para avanzar en la exploración espacial. Artemis II forma parte del renovado programa lunar de la NASA, que busca establecer una presencia sostenible en la Luna.
La próxima misión, Artemis III, prevé realizar maniobras de acoplamiento en órbita terrestre, mientras que Artemis IV apunta a un alunizaje tripulado cerca del polo sur lunar en 2028.
“El objetivo es llevar a los astronautas a la Luna, traerlos de vuelta sanos y salvos y prepararnos para lo que viene”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, citado por AP.
(FUENTE: ELDIARIONY)
El Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra 70 personas físicas y entidades societarias acusadas de conformar la estructura del crimen organizado investigada y judicializada mediante la Operación Falcón, y que enfrenta cargos penales por narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.
En una acusación sustentada en pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales, fundada en la legalidad, pertinencia y utilidad, el Ministerio Público acusa a los vinculados en el entramado criminal que, además de lavado de activos y narcotráfico, enfrenta cargos penales por cometer usurpación de identidad, patrocinio del narcotráfico, tráfico de armas de fuego, entre otros, que camuflaban como actividades comerciales legales y con las que movilizaron miles de millones de pesos.
Con la fortuna que crearon producto de los ilícitos, adquirieron inmuebles como villas, apartamentos, terrenos, estaciones de combustibles y otros. Los acusados, que se aliaron en clanes familiares, de amigos y socios, lograron acumular poder e incidencia social y política en el este, Santo Domingo y Santiago.
La organización criminal estuvo dirigida por Erick Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales (Wander, Wandy y/o W), quienes enfrentan procesos judiciales en tribunales de Estados Unidos.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por los fiscales Eduardo Velásquez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público; Yeni Liranzo, Aida Medrano, Reyna Jiménez y Elvin Ventura.
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis, ayer decidió la suspensión del juicio para retomarlo el próximo jueves 16 de abril.
La acusación sustentada en más de 3,000 elementos probatorios, se desarrolla en unas 4,000 páginas de teoría fáctica.
Otros acusados
El expediente también involucra a María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.
También, están acusados: Alejandro Rafael Pérez, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harington José Mosquea Núñez, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, alias el Prieto; Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, alias Manny; Claritza Andreína Mosquea Eduardo y Rafael Alberto de Jesús.
Igualmente, Juan Maldonado Castro, alias Marcial o el Líder; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony o Presidente), Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, (Omar la Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Durán.
Las entidades societarias acusadas son: Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL; Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Musa Latina SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL; Constructora Mosquea Eduardo SRL, Inversiones Kelvin Torres SRL, Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres SRL, GASOVAL SRL (Estación de Combustible Texaco Bonagua-Romero), Lup Pesca SRL, Estación de Combustibles Texaco San Francisco de Macorís, Estación de Combustibles Texaco Quisqueya, y Estación de Combustibles Villa Faro, SRL.
Además, Inversiones El Prieto de Jesús, SRL; V.O. V The Blessing, SRL; Inmobiliaria de Jesús, SRL; Rosmay La Bendición Auto Import, SRL; El Patio 809, SRL; Lenin Torres Auto Venta, SRL; Bananero del Norte (Bandenor), Compra y Venta de Ganados Amador, SRL; Estación de Servicios Altamira Miches, SRL; Constructora El Diamante CxA, Fundación Leo Miches Amador, RVG Paradise Tours, MHS Taxis de Miches, Fundación Juan Maldonado, Transcormercial Oleaje Atlántico, SRL; Amado Radio Events, y Al Coco Restaurant By Miches, SRL.
Por igual, son acusadas Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso (GESOINMPRO), Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (INMPRO), Costeño Comercial, SRL; (Food Shop), Luis Nieves Comunicaciones (LUNICOMSA), SRL; Geo Soluciones del Caribe Gesocar, SRL; La PlayStation Sport Bar Grill & Restaurant; Constructora e Inmobiliaria Casmal, Ferrecentro Yami y Mariscos y Especialidades El Gran Yo Soy Jehová.
El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, participó en el conversatorio sobre «Casación y revisión Constitucional», organizado en el marco de la Conferencia del Poder Judicial 2026, en el que respondió a las preguntas realizadas por el moderador Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
En el encuentro el magistrado Estévez Lavandier se refirió a la diferencia esencial entre el recurso de casación y el de revisión de decisiones jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional, destacando que esta diferenciación depende no solo de la naturaleza de cada órgano sino también de las funciones que la ley y la Constitución, les han conferido.
«Partiendo de ahí, vemos que si bien, tienen muchas cosas en común, también tienen diferencias. El recurso de casación es un recurso que está diseñado para que el ciclo procesal de la justicia ordinaria culmine en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la Suprema Corte de Justicia tiene como misión ejercer el control de legalidad», destacó.
Agregó que el recurso de casación lo que procura es corregir las violaciones a las reglas de derecho.
Sobre el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales resaltó que se trata del proceso que conecta al Tribunal Constitucional con la Suprema Corte de Justicia y con el Poder Judicial de manera general, ya que permite al TC revisar las decisiones de la SCJ y de algunos otros tribunales del orden judicial. «Esa revisión no se circunscribe a una revisión respecto a los hechos, es una revisión de conformidad con la Constitución, para garantizar la protección de los derechos fundamentales y salvaguardar el ordenamiento constitucional», afirmó.
El presidente del TC destacó que tanto la casación como la justicia constitucional tienen técnicas. «Ahí también hay una diferencia en lo que es el juez constitucional. El juez constitucional se maneja bajo la justicia constitucional que tiene unos parámetros y unos mecanismos de para resolver los conflictos constitucionales distintos a los de la corte de casación», aseguró.
El magistrado Estévez Lavandier resaltó que, como Corte de Casación, la Suprema Corte de Justicia tiene una forma de ser apoderada, tiene plazos y mecanismos de introducción del recurso de casación.
«El recurso de revisión jurisdiccional, por su parte, también tiene su propio procedimiento, que es lo que se llama el procedimiento constitucional ante el tribunal constitucional. Esta, de manera general, es lo que podemos decir que diferencia estos dos recursos: el recurso de revisión constitucional está establecido en el artículo 52 y 53 de la ley 137-11 y está sometido a unas condiciones particulares».
Al referirse a labor jurisdiccional del TC destacó los avances en los fallos y afirmó que el recurso de revisión jurisdiccional es uno de los principales asuntos que conoce esta alta corte, ya que, de 1814 expedientes producidos en 2025, más de mil fueron sobre revisión de decisiones jurisdiccionales en diversas materias, pero predominando la penal, civil y administrativo.
A la pregunta de si debe prevalecer la seguridad jurídica o la protección constitucional, el juez constitucional fue enfático en establecer que «ni uno ni otro», resaltando que todo va a depender de los parámetros y de los rigores de admisibilidad, pero que grosso modo se entiende que siempre se deben proteger los derechos fundamentales.
Habló de los ajustes que se deben hacer en el TC, confirmando que el primero está relacionado con la necesidad de que los recursos de revisión constitucional, de sentencias jurisdiccionales y de amparo sean depositados de manera directa en la sede de esta alta corte, pero que esta era una cuestión que debía regularse a través de una modificación a la ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Destacando que desde hace aproximadamente ocho meses y, gracias a la voluntad del poder judicial, en la persona de su presidente, así como del secretario de esa corte, existe una interoperatividad entre el TC y el Poder Judicial, que permite que los expedientes sean remitidos de manera digital, para agilizar los procesos y dar una pronta respuesta.
Al conversatorio asistieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, quien ofreció unas palabras de bienvenida, así como jueces, expertos nacionales e internacionales, servidores judiciales y constitucionales, representantes de la comunidad jurídica en general, docentes y estudiantes.
Los jueces de un tribunal del distrito judicial de Villa Altagracia condenaron a 10 años de prisión a María Luisa (Mary Louise) Ventura Garrido por el homicidio de la bailarina y actriz Patricia Antonia Ascuasiati Domínguez.
Ascuasiati Domínguez falleció en un centro de salud de Santo Domingo varios días después de ser atropellada por Ventura Garrido, alrededor de las 4:00 de la tarde, del 15 de febrero de 2022, en las proximidades del kilómetro 40 de la Autopista Duarte, en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.
En el proceso, la Fiscalía de Villa Altagracia estableció que ambas mujeres se transportaban a bordo de un automóvil tipo sedán, color blanco, conducido por Ventura Garrido.
Detalla que mientras se desplazaban por el indicado lugar, la víctima le pidió a Ventura Garrido que detuviera el vehículo a la derecha con la finalidad de conducirlo durante el resto del trayecto hacia Santo Domingo, tras advertirle que estaba conduciendo de manera temeraria.
Indica que cuando la procesada detuvo el vehículo a la derecha, la víctima se desmontó del automóvil con la finalidad de moverse hacia la puerta del conductor. Justo en el momento en que Ascuasiati Domínguez cruzaba frente a la parte delantera del auto fue repentinamente atropellada por Ventura Garrido.
El fiscal José Andrés Fernández Javier tuvo a cargo la investigación y litigación del caso.
El Ministerio Público solicitó a los jueces Massiel Ivette Alonzo Rodríguez, Ana Hernández y Kenty Nuesi, del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Villa Altagracia, la imposición de una condena de 20 años de prisión contra Ventura Garrido, al establecer con diferentes medios de prueba que cometió el homicidio de Ascuasiati Domínguez, en violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
El Gobierno dominicano, a través de un subsidio de RD$1,793 millones, redujo al mínimo un reajuste a los precios de algunos de los combustibles esenciales para la semana del 11 al 17 de abril, manteniendo congelado el Gas Licuado de Petróleo (GLP) como combustible esencial para los sectores más vulnerables de nuestra población.
En momentos dónde los precios del petróleo alcanzan variaciones sin precedentes en el mercado internacional, los precios del GLP y los del gas natural mantendrán su precio en territorio dominicano; mientras que la gasolinas premium y regular recibirán un reajuste de RD$9.00 y RD$7.00 respectivamente.
De igual forma, el gasoil regular y óptimo serán reajustados con un aumento de RD$7.00 y RD$9.00 por galón, mientras que el avtur aumenta RD$6.85 y el kerosene RD$6.70. El Fuel Oil #6 baja RD$3.76 de precio y el Fuel Oil#1 baja RD$6.68.
Sin el sacrificio que realiza el Gobierno, los precios de los combustibles serían de RD$150.62 para el GLP, en vez de RD$137.20, para la gasolina premium RD$365.76, en vez de RD$314.10, para la gasolina regular RD$366.91, en vez de RD$294.50 y el gasoil óptimo debería costar RD$400.17 por galón, en vez de RD$266.10. Con estos reajustes el Estado sigue garantizando la estabilidad a las familias dominicanas.
Para la semana del 11 al 17 de abril los precios de los combustibles quedaron establecidos de la siguiente manera:
El Gobierno dominicano anunció que se mantiene en sesión permanente para dar seguimiento continuo al sistema frontal que continuará provocando precipitaciones en gran parte del territorio nacional e hizo un llamado a la población a mantenerse alerta y acatar medidas de precaución.
La decisión fue dada a conocer por el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general (r) Juan Manuel Méndez, tras una reunión encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en el Palacio Nacional, en el que también participaron autoridades provinciales.
“El Gobierno estará atento a cada situación en todo el país, tanto para prever como también para reaccionar en cualquier caso”, señaló el presidente Abinader.
De su lado, Méndez indicó que se dispuso mantener el nivel de alerta amarilla para las provincias Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega y Montecristi.
En tanto, permanecen en alerta verde el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Elías Piña, San José de Ocoa, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón, Duarte —especialmente el Bajo Yuna—, San Cristóbal, Valverde, San Juan, Independencia y Bahoruco.
Además, reafirmó que el compromiso principal del Gobierno es proteger a la ciudadanía y garantizar una respuesta oportuna, destacando que, como es habitual, todas las instituciones están activas para brindar la asistencia necesaria.
Ante esta situación, continuó reiterando el llamado a los ciudadanos a mantenerse atentos a los boletines oficiales y a seguir estrictamente las recomendaciones de los organismos de protección civil, indicando que los niveles de alerta pueden variar y ampliarse atendiendo a la evolución del sistema frontal.
Entre las prevenciones ya conocidas, el COE recordó que se debe evitar el cruce de ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, tanto a pie como en vehículos, evitar el uso de balnearios y acatar las evacuaciones preventivas que pudieran ser dispuestas en zonas vulnerables.
Asimismo, Méndez detalló que se instruyó al Ministerio de Obras Públicas para estar preparado y a organismos de asistencia social para garantizar el suministro de alimentos y agua en caso de emergencias.
Igualmente, se mantiene una estrecha coordinación con las autoridades municipales, con el objetivo de asegurar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad que pudiera afectar a la población.
