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El Ministerio Público afirmó este martes que procura la revocación de sentencias absolutorias, así como el aumento de las penas a los condenados en primera instancia en el proceso penal por corrupción administrativa seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás procesados por distraer del erario más de 5,000 millones de pesos.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que los equipos de fiscales del Ministerio Público buscan, en nombre de la sociedad, que los procesados reciban sanciones acordes a los hechos cometidos.
“Buscamos las condenas de aquellos que fueron absueltos y el aumento de las penas para aquellos que fueron condenados, porque entendemos que las penas que impuso el tribunal no son suficientes en relación a la magnitud del daño social que generaron los hechos imputados a cada uno de ellos”.
Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto a Wilson Camacho, director general de Persecución, así como de los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González, explicó que aunque los fiscales están preparados para conocer el recurso, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió suspender la audiencia tras recibir una licencia médica de uno de los imputados.
“Para una próxima audiencia, ya el tribunal conminó a las partes a estar listas y esperamos ya estar presentando y respondiendo los recursos que han presentado sobre la decisión”, detalló.
“Entendemos, que será un proceso rápido, los hechos están delimitados, las pruebas fueron desahogadas en un primer juicio, o sea, que esperamos que esto se resuelva rápidamente aquí en la corte”, precisó.
Los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quienes conocen los recursos de las partes, dispusieron la celebración de las audiencias los martes de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.
El tribunal iniciará con la presentación de los recursos de los acusados.
La audiencia fue aplazada para el martes, 15 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana.
Decisión de primera instancia apelada
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo, en el mes de agosto del pasado año, impuso una condena de 7 años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y descargó a algunos de los procesados.
En el proceso, Medina Sánchez, quien dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas también fueron condenados al pago de 500 millones de pesos al Estado dominicano.
También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán pagar las costas penales del proceso.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
El tanto que fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez
También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
Sobre Alexis Medina, el Ministerio Público estableció que el acusado, valiéndose de diferentes empresas en violación a la Ley 340, obtuvo innumerables contratos, los hechos tienen impacto en el Ministerio de Salud Pública con los medicamentos de alto costo, equipamiento de los hospitales, en el Ministerio de Obras Públicas con el material asfaltico, y la participación de las compras en EdeEste. En la Policía Nacional con combustible por más de 220 millones de los que no entregó un aproximado de 32 millones.
El tribunal pudo constatar que a la empresa Fuel América le faltaron requisitos básicos para participar en el proceso de compras para suplir el combustible a la Policía Nacional.
Además, constató y verificó la afectación de diferentes bombas de la Policía Nacional que completan los más de 32 millones que señaló el Ministerio Público en su acusación.
En la lectura se destacó con relación a la Policía Nacional: “Las anomalías que el tribunal identificó son asombrosas”.
También, se confirmó que se dieron sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).
Las juezas rechazaron la exclusión de pruebas aportadas por el órgano acusador, estableciendo que en la recolección de las mismas se cumplió con el debido proceso de ley.
la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre contra la sentencia que rechazó la apelación a la extinción de la acción penal en el proceso seguido en su contra por corrupción administrativa.
Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), quien fue procesado a partir de la puesta en marcha de las operaciones Coral y Coral 5G, falló por quinta vez en sus pretensiones de lograr la extinción de la acción penal en distintas instancias, tras ser rechazado el recurso y quedar confirmada la decisión recurrida.
En el proceso judicial su defensa hizo el pedimento tres veces ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, siendo rechazados los tres, al establecer el tribunal que el plazo transcurrido resulta razonable en atención a la naturaleza y particularidades del proceso.
Posteriormente, fue presentado el pasado año un recurso ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional contra la decisión del tribunal de primer grado, donde, igualmente, fue rechazado, y confirmada la resolución en todos sus aspectos.
Luego, el procesado interpuso el recurso de casación ante la Suprema Corte contra la decisión de la Corte de Apelación que rechazó el recurso contra la sentencia que declaró inadmisible la extinción de la acción penal en el proceso seguido en su contra por corrupción administrativa.
El memorial de casación fue presentado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Pepca, y Miguel Collado, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El órgano acusador solicitó que fuera rechazado el recurso de casación interpuesto por el procesado Cáceres Silvestre y confirmada la decisión recurrida, por entender que no se verifican los vicios denunciados por el recurrente.
El Estado dominicano, representado por sus abogados constituidos y apoderados, también, solicitó que el recurso de casación fuera declarado inadmisible por no ser una decisión susceptible de ser recurrida en casación.
Los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Yorlin Vásquez Castro, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por Adán Cáceres Silvestre contra la resolución penal núm 502-2026-SRES00071, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de febrero de 2026.
La sala penal estableció en su resolución que al no verificarse el presupuesto de impugnabilidad objetiva exigido por el artículo 441 del actual Código Procesal Penal, procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por Cáceres Silvestre.
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia, Cáceres Silvestre debe esperar ahora que el proceso siga su curso.
En un comunicado de prensa el Ministerio Público valora la decisión que dijo contribuye con el avance de la lucha contra la impunidad.
Condenado a 20 años de prisión
El pasado mes de junio, Cáceres Silvestre junto al también general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel policial Rafael Núñez de Aza, fueron sentenciados los tres a 20 años de reclusión mayor por corrupción administrativa.
En este caso, también, fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes además deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
En total fueron condenadas 29 personas. La plana mayor de la estructura criminal fue condenada entre 10, 15 y 20 años.
El mayor general del Ejército de República Dominicana (ERD) Adán Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, exsubdirector subjefe de esa institución; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Público acusó al grupo de generales por encabezar la red compuesta por personas físicas y jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación, también, incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El abogado Víctor Eddy Mateo explicó que, en la República Dominicana, el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes supone, como principio, la existencia de patrimonios independientes.
Luego de que realizara varias puntualizaciones por televisión en Rd sobre el divorcio y la separación de bienes, múltiples dominicanos en esta ciudad se interesaron en su exposición, por lo que este reportero lo contactó vía tefónica para ampliar sus explicaciones.
Mateo Vásquez expresó que cada cónyuge conserva la propiedad, administración y disposición de los bienes que jurídicamente le pertenecen, tanto los que poseía antes del matrimonio como los que adquiera posteriormente a título personal.
El doctor en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca, España, y profesor de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, añadió que este régimen encuentra fundamento en los artículos 1387, 1529 y siguientes del Código Civil, así como en la Ley número 2125 del 27 de septiembre de 1949, que regula aspectos esenciales de la separación de bienes.
Sostuvo que el divorcio no convierte automáticamente los bienes individuales en bienes comunes ni autoriza a repartir todo el patrimonio en partes iguales.
Asimismo, advirtió que las joyas, dinero, inmuebles u otros bienes que un cónyuge haya donado válidamente al otro no pueden ser retirados de manera unilateral por el simple hecho de producirse una ruptura matrimonial.
Incluso una eventual infidelidad no produce, por sí sola, la pérdida automática del patrimonio propio ni la devolución inmediata de todo cuanto haya sido regalado durante el matrimonio, subrayó el docente, investigador y politólogo.
Cualquier pretensión de revocación de una donación debe sustentarse en una causa prevista por la ley y someterse, cuando corresponda, al control de los tribunales. El jurista afirmó que debe evitarse confundir las causas o responsabilidades vinculadas a la ruptura matrimonial con el régimen patrimonial escogido por los esposos.
“La separación de bienes tiene una consecuencia jurídica muy concreta: cada quien conserva lo que legítimamente le pertenece”, afirmó.
Además, que el divorcio no puede convertirse en un mecanismo de confiscación o despojo patrimonial contra ninguno de los cónyuges. “Una cosa son las causas que puedan provocar la ruptura del matrimonio y otra, jurídicamente distinta, es determinar quién es el propietario de cada bien”, precisó.
Actualmente dirige el bufete Mateo Vásquez & Asociados (MAVASQ), ubicado en la Avenida Defilló, casi esquina Gustavo Mejía Ricart, en Santo Domingo. Para más información, mavasasociados@gmail.com y teléfono 809-829-8463.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- La plataforma Somos de Quisqueya celebró el pasado fin de semana su vigésimo aniversario con una gala dedicada a exaltar la identidad, la cultura y la presencia de la comunidad dominicana en Estados Unidos.
El evento combinó manifestaciones folclóricas, música, reconocimientos y la presentación de nuevos proyectos de comunicación, con un programa que repasó los hitos de la trayectoria de su fundadora, Jenny Gómez.
Como parte del protocolo, se realizó la entrada de las banderas de Estados Unidos y de la República Dominicana, se interpretaron los himnos nacionales y se efectuó una invocación religiosa.
Ante más de un centenar de asistentes, se presentó el video institucional "Quiénes Somos", donde se repasa la esencia y la historia de la organización.
También se proyectó una semblanza de Gómez, acompañada del tema "Yo Soy Dominicana", popularizado por Milly Quezada, en reconocimiento a su visión y a su labor en favor de la difusión de la dominicanidad.
En el marco del aniversario, se anunció el lanzamiento de SDQ TV, un proyecto audiovisual destinado a ampliar el alcance y la presencia de la plataforma en el ámbito de las comunicaciones.
Se incluyó además una dedicatoria especial a los dominicanos residentes en EUA, seguida de la entrega de reconocimientos por parte del asambleísta estatal George Álvarez y de la concejal del Distrito 10, Carmen De La Rosa.
Durante la velada se presentó el Ballet Folklórico RT con la pieza "El Farolito", y los asistentes disfrutaron de un amplio bufé. Al acto asistieron personalidades del ámbito político, empresarial, periodístico, artístico y comunitario, además de locutores y ciudadanos en general.
La celebración tuvo lugar en los salones de Cultura Dominicana, ubicados en la avenida Ámsterdam, esquina calle 180, en el Alto Manhattan.
POR RAMON MERCEDESD
NUEVA YORK.- Detectives del precinto 34, en el Alto Manhattan, apresaron en Massachusetts a Erik Santana, de 42 años, acusado de asaltar presuntamente una sucursal de Citibank en el 4249 de Broadway, esquina con la calle 181, en Washington Heights.
El asalto ocurrió a solo tres cuadras del citado cuartel. La Policía no especificó el día en que se produjo el arresto.
Santana, residente en el apartamento 16D de Briarwood Court, en la ciudad de Andover, Massachusetts, a unos 412 kilómetros de Manhattan, cometió el asalto el pasado 23 de abril, alrededor de las 12:40 p.m., según informó la Policía en ese momento, cuando también difundió una fotografía del sospechoso.
El individuo ingresó a la sucursal bancaria como si fuera un cliente más, mientras varios dominicanos realizaban transacciones en el interior.
Luego se acercó a una ventanilla y pasó una nota por debajo del cristal antibalas exigiendo dinero. El cajero le entregó 500 dólares, tras lo cual el asaltante huyó del lugar.
En ese entonces, el Departamento de Policía de Nueva York solicitó a cualquier persona con información sobre el caso que se comunicara con Crime Stoppers al1-800-577- 8477, o al1-888-577-4782
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Falleció la noche de este martes en esta ciudad el reconocido locutor dominicano Francis Méndez, quien residió durante varias décadas en Estados Unidos.
Méndez, de 75 años, murió en el NewYork-Presbyterian/Columbia University Irving Medical Center, ubicado en el Alto Manhattan, rodeado de su esposa Josefina y varios de sus hijos.
Desde hacía algún tiempo sufría quebrantos de salud y había sido hospitalizado en otras ocasiones. Nacido en Jarabacoa, dedicó más de cinco décadas a la radio y dejó una huella imborrable tanto en la República Dominicana como en Nueva York.
Su paso por Radio Guarachita, La Mega 97.9 FM y el inolvidable programa "Señor Bolero", así como su labor como voz oficial de Univisión y Telemundo, lo convirtieron en un referente de la radiodifusión hispana.
También fue directivo de la entidad Prensa & Comunidad Hispana (PreCoHis), que dirige el autor de esta crónica. Hoy, la comunicación dominicana pierde una voz irrepetible, pero su legado seguirá vivo en la memoria de quienes disfrutaron de su talento, profesionalismo y profundo amor por la radio.
Además de su extensa trayectoria en los medios de comunicación, Méndez fue un promotor de la cultura y de la comunidad dominicana en el exterior. Su voz, estilo y profesionalismo marcaron a varias generaciones de oyentes y comunicadores, convirtiéndose en un ejemplo de dedicación y pasión por la radiodifusión.
Quienes compartimos con él podemos destacar su calidad humana, disposición para orientar a los nuevos talentos y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la comunicación hispana. ¡Paz a su alma!
