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NUEVA YORK.'El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está preso en Estados Unidos desde comienzos de este año, se presentó este jueves ante un tribunal de Nueva York, al igual que su esposa Cilia Flores, para declarar por segunda vez en la causa que lo tiene implicado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.
“No voy a desestimar el caso”, aseveró el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra Maduro y Flores, cuya defensa pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.
Maduro está alojado en una prisión de Brookyn, al igual que su esposa, desde el 3 de enero de este año, cuando fue destituido luego de una incursión de las fuerzas de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, acordó la continuidad del proceso con la asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien continúa actualmente en el cargo.
Dos días después, ambos se presentaron ante el juez, y este jueves se llevó a cabo la segunda comparecencia.
En tanto, la semana pasada, los abogados de Maduro y su esposa, habían presentado una nueva moción ante la corte federal de Nueva York en la que reiteraron su pedido para que se desestimen los cargos, además de haber cuestionado los argumentos del gobierno estadounidense para sacarlo del cargo.
Cómo fue la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores
Hellerstein, al que durante la audiencia se le pudo escuchar la voz algo quebrada, todavía tiene que confirmar su decisión de manera oficial. Maduro entró hoy a la sala del tribunal con una sonrisa y dando los buenos días a su equipo legal.
Según informó la agencia EFE, el mandatario derrocado lucía el pelo canoso y parecía más delgado y serio que en la primera audiencia, celebrada el pasado enero, al igual que su mujer. Además, los abogados mencionaron que Cilia Flores estaba mal de salud y pendiente del resultado de un ecocardiograma.
El fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”.
Wirshba también aseguró que los acusados están “saqueando la riqueza de Venezuela” y que “permitirles acceder a esos fondos socavaría las sanciones” impuestas por EEUU.
Sin embargo, Hellerstein respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, y recalcó que “las cosas han cambiado en Venezuela”.
“Ahora (Estados Unidos) hace negocios” con el país, recalcó. Reapertura de relaciones diplomáticas La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la delegación diplomática venezolana designada para la nueva etapa de relaciones con Estados Unidos viajará esta semana a territorio estadounidense.
“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político entre nuestros gobiernos”, precisó Rodríguez durante una reunión con inversionistas internacionales en la ciudad de Caracas.
La presidenta encargada señaló que considera necesario “construir verdaderas relaciones bilaterales a largo plazo, sólidas, con bases políticas sólidas, económicas sólidas, con una agenda de cooperación clara”.
El pasado 5 de marzo, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos acordaron de manera formal reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países. En 2019, el Gobierno de Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con Washington.
(FUENTE: CANAL 26. COM)
Ante la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, una jueza de Santo Domingo Este impuso una garantía económica en contra de la joven Jorgina Guillermo Díaz (mejor conocida como Yailín la Más Viral), arrestada el pasado martes tras ocupársele dos armas de fuego sin documentación en el vehículo en que utilizaba para movilizarse.
Aunque el Ministerio Público solicitó que a Guillermo Díaz le fuera impuesta una garantía económica de RD$500 mil pesos en efectivo, la jueza Karen Casado, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, le impuso dicho monto bajo la modalidad de contrato con una compañía aseguradora.
La investigación es realizada por el fiscal Wilson Díaz, mientras que el fiscal Tito González representó al Ministerio Público en la audiencia de medida de coerción.
La procesada fue arrestada por agentes de la Policía Nacional luego de que le ocuparan las armas en un vehículo marca Lamborghini, modelo URUS ADW, color verde, año 2022, durante un operativo en el sector Los Minas, del municipio Santo Domingo Este.
Los miembros del cuerpo del orden le ocuparon dos pistolas, una marca Glock, calibre 9mm, con un dispositivo de potencialización automático con su cargador y dos cápsulas para la misma, y otra marca Zoraki, calibre 9mm, igualmente, con su cargador y cinco cápsulas para la misma, sin documento que justificara el porte o tenencia de dichas armas.
La solicitud de medida de coerción expresa que el pasado 24 de marzo, alrededor de las 11:14 de la mañana, Guillermo Díaz fue sorprendida, junto a un grupo de personas, ingiriendo bebidas alcohólicas en la calle Aris Azar, del citado sector.
Indica que durante una requisa al vehículo fueron ocupadas las armas en el asiento trasero. El Ministerio Público le ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano.
Lo ocurrido en la cumbre de Doral, Florida, en presencia de alrededor de una decena de mandatarios de países de habla hispana, evidencia no solo un reordenamiento geopolítico en el hemisferio, sino también la naturaleza profundamente desigual de las relaciones entre el poder hegemónico y sus aliados regionales.
En un mundo atravesado por tensiones sociales, conflictos, guerras y profundas desigualdades, preocupa que decisiones de gran impacto para millones de personas en particular para nuestra región, estén sujetas a la visión de una personalidad egocéntrica, que parece moverse más por impulsos de poder o supremacía que por el respeto al derecho internacional y a la dignidad de los pueblos.
Frente a este panorama surgen preguntas inevitables:
¿Hasta qué punto los gobiernos latinoamericanos están dispuestos a sacrificar su voz en nombre de una supuesta seguridad hemisférica o de privilegios comerciales?
¿Puede hablarse realmente de cooperación cuando unos imponen las líneas a seguir y otros simplemente las acatan?
¿Dónde queda la dignidad política de nuestros dirigentes cuando se toleran expresiones de desprecio hacia nuestra lengua, nuestra cultura y nuestras naciones?
¿No debería América Latina aspirar a una relación internacional basada en el respeto mutuo, la soberanía y el diálogo entre iguales?
Quizás la pregunta más importante sea esta:
¿qué tipo de orden internacional queremos para el futuro de nuestros pueblos: uno basado en la subordinación y el miedo, o uno construido sobre la dignidad, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y la cooperación auténtica?
Porque, al final, más allá de las cumbres, los discursos y las fotografías oficiales, lo que está en juego no es solo la política exterior de nuestros gobiernos, sino el lugar que América Latina decida ocupar en el nuevo orden internacional.
Organizaciones sindicales del sector transporte anunciaron que mantendrán sin variación los precios de los pasajes, a pesar del incremento sostenido en los combustibles, en una decisión orientada a preservar la estabilidad económica y social del país.
Santiago Samora, vocero de los de los gremios dijo que la medida fue adoptada por entidades que agrupan a transportistas del ámbito urbano, interurbano y turístico, quienes explicaron que, en el actual contexto de incertidumbre internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo, el país requiere del compromiso de todos los sectores.
“Antes de subir los precios de los pasajes, nos preocupa la estabilidad económica y política de la nación”, expresaron en una declaración conjunta, en la que subrayan que esta decisión busca, fundamentalmente, favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad.
También manifestaron su respaldo a las medidas anunciadas por el Gobierno, citando las palabras del presidente Luis Abinader, quien en su reciente discurso a la nación advirtió que el país enfrenta “un sacrificio inevitable”, por lo que llamó a racionalizar el uso de combustibles y a adoptar acciones responsables frente a la coyuntura.
En ese sentido, los transportistas valoraron como acertada la estrategia oficial de preservar la estabilidad económica, garantizar la sostenibilidad fiscal y proteger a la población, especialmente mediante la focalización de subsidios y la implementación de ajustes graduales.
Asimismo, destacaron positivamente la decisión de subsidiar insumos agrícolas como los fertilizantes, al considerar que contribuirá a evitar aumentos desproporcionados en los productos de la canasta básica.
La iniciativa cuenta con el respaldo de diversas organizaciones del sector, entre ellas la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), presidida por William Pérez Figuereo; la Confederación Dominicana de Taxistas Turísticos (CODOTATUR) y la Federación de Trabajadores del Transporte del Municipio de Boca Chica y Zonas Aledañas (FEDETRABO), encabezadas por Santiago Zamora Francisco; así como el Movimiento Choferil de Transporte (MOCHOTRAN), presidido por Alfredo Pulinario Mariot.
También figuran la Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), dirigida por Arsenio Quevedo; la Asociación de Choferes de Minibuses de Boca Chica, con Modesto Santana como secretaria general; la Unión Nacional de Empresas del Transporte (UNET), presidida por Reynaldo Pérez Sánchez; y la Federación de Transporte Turístico del Este (FETTUDE), encabezada por Juan P. Hernández.
Asimismo, respaldan la medida la Federación de Taxistas Turísticos del Distrito Nacional (FETATURPRIMADINA), presidida por Confesor Espinal; la Federación Dominicana de Taxistas Turísticos (FEDOTATUR), dirigida por Cirilo Mota Medrano; la Federación Regional de Organizaciones Sindicales del Este (FROSE), presidida por Nicolás de la Rosa.
Además, Federación Nacional de Transportistas Unificados (FENTRAUNI), encabezada por Oscar Domínguez; la Unión de Propietarios de Autobuses, representada por Freddy Méndez; la Federación de Transporte Peñagomista (FENATRAPEGO), presidida por Eddy Francisco Sánchez; y el Sindicato de Choferes Profesionales de Boca Chica (SICHOPROBOCH), encabezado por Alain Javier Tellerías.
Los firmantes reiteraron que todas las acciones orientadas a proteger a la mayoría de los dominicanos contarán con su respaldo, al tiempo que reafirmaron su compromiso con la estabilidad social y económica del país.
El reconocido compositor Frantoni Santana será el artista invitado de la próxima edición de la tertulia Crónicas Musicales, un espacio dedicado a resaltar la obra de figuras clave de la música nacional. La actividad se celebrará el lunes 30 de octubre, a las 7:00 de la noche, en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, con el auspicio de la Sgacedom.
Santana es considerado uno de los autores más prolíficos de la República Dominicana, con un repertorio amplio y consistente que ha marcado distintas etapas del merengue y la música tropical. Su catálogo incluye éxitos como “Y te vi”, “No te puedo llevar”, “Qué novia” y “Perdiendo el cariño”, popularizados por Koqui Acosta en 1984, así como “Caramba mi compai”, “Mi querer” y “Un hombre bueno”, interpretados por el Grupo Félix en 1985.
A lo largo de su carrera, sus composiciones han sido interpretadas por destacadas figuras de la música. Temas como “Muchachita buena moza” y “Amor mío”, en la voz de Jerry Legrand, o “Muévete, muévete”, grabado por Porfi Jiménezy luego por Koqui Acosta, evidencian su versatilidad creativa. También destacan piezas como “Equivocada estás” y “Rubia de fuego”, llevadas al éxito por Los Hermanos Rosario, y “La taberna” junto a Aníbal Bravo.
Su obra continuó consolidándose a finales de los años 80 y principios de los 90 con colaboraciones emblemáticas. Entre ellas figuran “Bomba”, coautoría con Rento Arias para Los Hermanos Rosario; “13 Años” y “Qué bueno estoy”, popularizadas por Wilfrido Vargas; y “Gotas de pena”, interpretada por Ramón Orlando y posteriormente por Alex Bueno. Asimismo, destacan “Me duele (El Cuerpecito)” y “La coronela”, en la voz de Las Chicas del Can, además de “La faldita” con La Cocoband y “La vieron”, interpretada por Eddy Herrera.
Ideado por el periodista y crítico musical Máximo Jiménez, “Crónicas Musicales” se ha consolidado como un espacio que viene a llenar un vacío en la difusión de la historia musical dominicana. En pocas ediciones, la tertulia ha logrado visibilizar los perfiles y aportes de algunos de los compositores más influyentes del país, ofreciendo al público una mirada íntima y documentada sobre sus trayectorias.
A solicitud del Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, un tribunal dictó auto de apertura a juicio contra seis personas que integraban una estructura criminal acusada de secuestro, lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos conexos.
Los procesados Ambiorix Vásquez Severino, Estefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Tairi Vásquez Severino, Jhan Carlos Rivera Martínez y Ruth Delanea Severino Santana fueron enviados a juicio luego de que el Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia acogiera en todas sus partes la acusación presentada por el Ministerio Público.
El tribunal valoró las pruebas documentales, periciales, testimoniales y audiovisuales aportadas por el órgano acusador, concluyendo que son suficientes para que los imputados sean juzgados y eventualmente condenados por los hechos atribuidos.
La investigación y litigación del caso estuvo a cargo de los fiscales Claudio Cordero, en representación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y de la Unidad Antisecuestro, y Surielly Guerrero, por la Fiscalía de La Altagracia, quienes sostuvieron la acusación en la audiencia preliminar y presentaron los elementos que motivaron la apertura a juicio. Como equipo técnico estuvo la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional.
El Ministerio Público sostiene que la estructura operaba de manera organizada, con roles definidos, simulando operativos de agencias oficiales como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y utilizando testaferros para ocultar los bienes adquiridos con el dinero del rescate, producto del secuestro.
La investigación establece que el 4 de marzo de 2025, los imputados, utilizando indumentaria similar a la de organismos de control de drogas y portando armas largas y cortas, simularon un arresto para privar de libertad a la víctima, de quien omitimos su nombre, para respetar su dignidad, quien fue trasladado a una zona de manglares donde fue torturado y sometido a descargas eléctricas.
Posteriormente, los captores exigieron a la familia de la víctima la suma de veinte millones de pesos como rescate, recibiendo finalmente seis millones de pesos en efectivo y prendas de alto valor, ascendiendo a unos nueve millones ochocientos mil pesos dominicanos tras lo cual procedieron a liberarlo.
El Ministerio Público también sostiene en la acusación que el dinero producto del secuestro fue introducido al sistema económico mediante la adquisición de vehículos, joyas y otros bienes a nombre de terceros, con el objetivo de ocultar su origen ilícito y evitar su rastreo por las autoridades.
Estos terceros fueron identificados, ya que la investigación financiera reveló la utilización de testaferros, transferencias irregulares, empeño de prendas y compras de vehículos con placas falsas, maniobras típicas de los esquemas de blanqueo de capitales provenientes de actividades criminales.
El equipo fiscal desplegó múltiples diligencias investigativas, operativos, análisis financieros y coordinación interinstitucional para documentar la estructura criminal y sustentar la acusación penal.
Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Altagracia, respectivamente, Ramona Nova y Claudia Garrido, destacaron que esta decisión judicial constituye un paso firme en la lucha contra las redes criminales que combinan delitos violentos con operaciones de blanqueo de capitales.
“Este proceso demuestra que el Ministerio Público está preparado para perseguir no solo a quienes ejecutan secuestros, sino también a quienes intentan disfrutar y ocultar los bienes obtenidos con esos crímenes”.
Con la emisión del auto de apertura a juicio, dictado por la jueza Alexandra Reyes Custodio, el expediente será remitido al tribunal colegiado competente, donde se celebrará el juicio en el que el Ministerio Público procurará obtener condenas ejemplares contra los acusados por los delitos de secuestro y lavado de activos.
