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El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, saludó este martes el cierre del financiamiento por USD 1,067 millones para el proyecto Manzanillo Gas & Power, al considerarlo un hito para el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y para la consolidación de la seguridad energética de la República Dominicana.
Santos destacó que el proyecto aportará 840 megavatios (MW) al sistema eléctrico nacional, lo que equivale a alrededor del 14 % de la capacidad instalada del país, contribuyendo a reforzar la energía base y la estabilidad operativa de la red en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda.
El funcionario señaló que esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de incrementar la capacidad instalada en un 54 % entre 2025 y 2028. Indicó que, en los últimos tres años se habrán instalado más de 2,000 MW de energía base al sistema.
“El cierre de este financiamiento refleja la confianza de la banca internacional en el país y en la solidez del marco regulatorio dominicano, así como en el potencial de nuestra infraestructura energética para sostener el crecimiento económico de largo plazo”, expresó el ministro, al precisar que el proyecto ya inició su construcción el pasado año.
Santos también resaltó la capacidad de esta gestión de trabajar de la mano con el sector privado, promoviendo un clima de inversión basado en reglas claras y seguridad jurídica.
El proyecto Manzanillo Gas & Power contempla la construcción de una terminal de importación, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL), junto con dos plantas de ciclo combinado de 420 MW cada una, para una capacidad total de 840 MW.
El ministro subrayó, además, la generación de empleos directos e indirectos y los beneficios socioeconómicos para la Línea Noroeste, así como la importancia de este tipo de infraestructura para la competitividad del país y la atracción de inversiones.
Asimismo, destacó que el financiamiento fue estructurado por un grupo de entidades internacionales, entre ellas Citi, JPMorgan, IDB Invest y CAF, bajo estándares técnicos, ambientales y sociales internacionales.l
El presidente Luis Abinader juramentó este lunes la comisión de veeduría que tendrá a su cargo supervisar las obras de infraestructura deportiva que serán ejecutadas con fondos por más de RD 2,000 millones provenientes de recursos recuperados de actos de corrupción, como parte del compromiso del Gobierno con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.
La comisión de veeduría está integrada por el doctor José Joaquín Puello, expresidente del Comité Olímpico Dominicano; el doctor Milton Ray Guevara, ex presidente del Tribunal Constitucional; el arzobispo de Santiago y presidente del Episcopado Dominicano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez; así como los comunicadores Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sport y miembro del Comité Olímpico Internacional, y Persio Maldonado, referente de la ética y la moral en la comunicación dominicana.
Presidente Abinader
Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de la veeduría ciudadana en este proceso, al considerar que su acompañamiento garantiza los más altos niveles de transparencia, rendición de cuentas y supervisión en cada una de las etapas de ejecución de las obras.
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El jefe de Estado agradeció de manera especial a los integrantes de la comisión por aceptar esta responsabilidad, al tiempo que subrayó que su solvencia moral, trayectoria y formación profesionalconstituyen una garantía para el uso adecuado de los fondos públicos destinados a estas inversiones.
Asimismo, el presidente Abinader informó que, tras varios meses de trabajo técnico, diseños y elaboración de los términos de referencia, este mismo día serán publicadas las licitaciones correspondientes a las obras, conforme a lo indicado por la Dirección de Planificación y el Ministerio de Deportes, las cuales se desarrollarán bajo la supervisión directa de la comisión juramentada.
Obras para ejecutar
Entre las obras que serán ejecutadas con estos fondos figuran el remozamiento total del Centro Olímpico de San Pedro de Macorís; la reconstrucción del polideportivo de San Juan de la Maguana; la construcción de 23 techados multiuso en igual número de municipios que aún no cuentan con este tipo de infraestructura, y la rehabilitación integral del Centro Olímpico de La Vega, incluyendo la piscina olímpica, la pista de atletismo, la construcción de una nueva arena y otras instalaciones deportivas.
Ministro de Deportes
De su lado, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, explicó que la conformación de esta comisión responde a una instrucción directa del presidente Abinader, quien dispuso que los RD 2,000 millones recuperados de la corrupción fueran invertidos en infraestructuras deportivas, bajo el acompañamiento de una veeduría integrada por personalidades de reconocida ética y credibilidad.
El ministro Cruz resaltó que estas inversiones permitirán cerrar una brecha histórica en materia de infraestructura deportiva, al tiempo que impactarán positivamente a la juventud, la niñez y a las comunidades, ya que los techados y polideportivos también funcionan como centros de integración social, cultural y comunitaria.
El objetivo del documento es facilitar a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de un proceso penal de alto impacto público.
El informe destaca que el caso afectó la salud del sector más vulnerable de la población y que “hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”.
Hasta 2020 SENASA era descrito como un modelo de gestión. Según el informe, “su deterioro comenzó desde el inicio de la gestión de Santiago Hazim”.
Las denuncias posteriormente dieron lugar a una investigación del Ministerio Público, cuya solicitud de medidas de coerción tiene 537 páginas. Participación Ciudadana elaboró una síntesis de 32 páginas para facilitar el acceso a la información.
Información proveniente del expediente
De manera explícita, el informe aclara que la síntesis se redacta “única y exclusivamente partiendo del contenido de la solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público”, por lo que los hechos, valoraciones, cifras y calificativos jurídicos contenidos en los hallazgos corresponden al expediente penal y no constituyen valoraciones propias de Participación Ciudadana.
Principales hallazgos contenidos en el expediente
Según la acusación presentada por el Ministerio Público:
El expediente atribuye sobornos por más de 4 mil millones de pesos y la creación de empresas de carpeta para operaciones de lavado de activos.
Programas utilizados para el desvío de fondos
El Ministerio Público documenta que a través del programa NUTRISALUD y otros contratos se configuró un esquema continuo de sobornos que incluyó:
Asimismo, el expediente recoge la afirmación de que “a Hazim no le importaba la eficacia de la inversión en estos programas”, destacando la ausencia de evaluaciones sobre su impacto sanitario.
Privatización irregular y sobornos por servicios de atención primaria
La acusación señala que servicios de atención primaria fueron “monopolizados” por un mismo grupo empresarial mediante contratos, adendas y pagos capitaros sin mecanismos adecuados de fiscalización. Este esquema habría generado sobornos adicionales por RD$1,621,337,217.15.
Manipulación del Bordereau y de los estados financieros
El expediente sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim se “alteraron los estados financieros con la intención de ocultar la situación financiera real”. Se describe un subregistro sistemático de reservas técnicas que falseó los reportes enviados al regulador.
Una comisión interna encontró posteriormente una diferencia oculta superior a RD$14,340,821,883.00, desmontando los estados enviados previamente.
Enriquecimiento ilícito y patrimonio
La investigación atribuye ingresos ilícitos al imputado Santiago Hazim por aproximadamente RD$2,881,337,217.15, e incluye la adquisición de bienes de lujo a través de empresas, intermediarios y mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos.
Calificación jurídica atribuida en el expediente
El Ministerio Público sostiene que los hechos:
y los subsume en delitos tales como:
EL Magistrado habló durante su participación como orador invitado en el almuerzo empresarial organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).
Bajo el título de su ponencia, “Justicia como ventaja competitiva: reglas claras para la inversión en tiempos de incertidumbre”, el magistrado Molina hizo un llamado a invertir en el país, al destacar que la fortaleza institucional del sistema judicial dominicano ofrece seguridad jurídica, previsibilidad y confianza para los negocios.
“La República Dominicana está abierta a los negocios, y su sistema de justicia está listo para protegerlos. Porque al final, las inversiones pueden llegar por rentabilidad, pero permanecen donde hay justicia”, sostuvo el juez presidente.
Durante su intervención, el magistrado Molina enfatizó que un sistema de justicia fuerte, independiente y confiable es un componente esencial para la estabilidad democrática y el desarrollo económico, destacando que la seguridad jurídica, la transparencia institucional y la claridad de las reglas son factores determinantes para la atracción y permanencia de las inversiones, especialmente en contextos de alta incertidumbre global.
En ese sentido, reiteró que la consolidación del Estado de Derecho en la República Dominicana fortalece la confianza de los inversionistas y crea un entorno propicio para el crecimiento sostenible.
Señaló que estos elementos posicionan a la justicia como una verdadera ventaja competitiva del país, al garantizar condiciones equitativas, previsibles y estables para la actividad empresarial, contribuyendo así a la generación de empleos, la expansión del comercio y el fortalecimiento de la economía nacional.
Por su parte, la presidenta de AMCHAMDR, Francesca Rainieri, valoró el impacto directo de estos avances institucionales en el clima de inversión del país, destacando la importancia de contar con un sistema judicial moderno, accesible y eficiente, capaz de responder a las demandas del sector productivo.
“Una justicia ágil, eficiente y predecible fortalece la democracia, y se convierte en un motor para la competitividad, la atracción de inversiones y el desarrollo sostenible de la República Dominicana”, afirmó Rainieri.
De su lado, en este primer almuerzo del 2026, el vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, William Malamud, destacó la labor institucional de la Cámara durante el 2025, en la defensa sostenida de los intereses del sector privado, tanto a nivel nacional como internacional, así como su contribución al fortalecimiento del clima de inversión, la facilitación del comercio, la competitividad logística y el posicionamiento del país como hub regional.
Asimismo, Malamud anunció la participación de AMCHAMDR en la próxima conferencia “Outlook on the Americas”, organizada por la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe (AACCLA), principal foro hemisférico que reúne a las cámaras americanas de comercio de la región, del cual Edwin de los Santos, pasado presidente inmediato de AMCHAMDR, funge como chair, destacando que este espacio permitirá seguir posicionando a la República Dominicana como un actor estratégico en la integración regional y la promoción del comercio y la inversión.
Este almuerzo fue posible gracias al apoyo de las empresas del Círculo Élite de AMCHAMDR: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, Barrick Pueblo Viejo, Inicia, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro y Banco Santa Cruz.
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“La inauguración de estas modernas instalaciones para la Procuraduría Especializada contra el Tráfico y Trata de personas y la UITIMC marca un punto de inflexión. La migración ilegal, y más oscuramente la comercialización de seres humanos, representa hoy uno de los desafíos más más importantes para nuestra seguridad y defensa como también para las condiciones de vida de millones de dominicanos”, dijo Reynoso.
La PETT y la UITIMC operarán desde un edificio ubicado en la calle Roberto Pastoriza número 2, casi esquina José Ortega y Gasset, en el sector Naco, del Distrito Nacional.
En la inauguración estuvieron presentes Faride Raful, ministra de Interior y Policía; el teniente general del Ejército Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa, y la procuradora de corte Yoanna Bejaran, titular de la PETT y de la UITIMC, así como el periodista Miguel Franjul, coordinador del Observatorio de Políticas Migratorias.
Además, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la procuradora de corte Danissa Cruz, directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República.
La bendición del edificio estuvo a cargo de Víctor Tavárez, de la Parroquia Sagrada Familia, quien elevó una plegaria en favor de que las unidades puedan rendir resultados positivos en sus labores para todo el país.
“Estas puertas que hoy se abren no solo se abren a un nuevo formato de investigación, sino que tienen como objetivo esencial cerrar las brechas de la impunidad. El desafío y el cambio de paradigma tiene que ser urgente, e inmediato”, precisó la titular del Ministerio Público.
La procuradora recordó que el órgano persecutor del delito mantiene una visión de “ser un modelo internacional en el combate eficiente a estos delitos”, para lo que cuenta con la aprobación en el Consejo Superior del Ministerio Público para la implementación de un nuevo modelo operativo de investigación, riguroso y científico.
“Y es que estos delitos tienen nuevas amenazas, nuevas manifestaciones. Hoy los depredadores actúan detrás de pantalla. La ciber trata y el ciber tráfico nos plantean desafíos tecnológicos que en estas nuevas instalaciones nos permitirán enfrentar con mucha mayor eficiencia”, puntualizó Reynoso.
“El crimen evoluciona, pero nuestra determinación para erradicarlo es mucho más rápida y dudo mucho que su interés tecnológico sea mayor que el nuestro”, precisó Reynoso, quien señaló que esta persecución se extiende más allá de los límites fronterizos, a fin de erradicar este delito que destruye vidas.
“Quienes se lucran del dolor ajeno, quienes comercializan con necesidades humanas, funcionan como verdaderas corporaciones criminales. Por esta razón hemos transformado nuestra estrategia. No perseguimos a personas en solitario. Combatimos el crimen organizado transnacional”, explicó la titular del órgano persecutor, quien destacó la labor conjunta que realiza el Ministerio Público y las demás agencias de seguridad del Estado.
“Me atrevo a decirlo y a decirlo públicamente, que hay una coordinación sin precedente entre el Ministerio Público y las distintas agencias del Estado que trabajan seguridad, defensa e inteligencia”, externó, al señalar que no habrá escapatoria a quienes incurran en el delito de trata y tráfico de personas.
Soberanía intocable
La procuradora general recordó a todos los miembros del Ministerio Público y a los integrantes de las distintas agencias que “siempre que hacemos un proceso contra tráfico de personas, vamos por las estructuras, perseguimos a todos por igual, sin importar el rango, sin importar la posición económica, ideología política ni de ninguna naturaleza”.
“Nuestro compromiso es con la seguridad, nuestro compromiso es con la soberanía de la República Dominicana. La soberanía de República Dominicana es intocable, de esto que no le quepa la menor duda a nadie”, enfatizó Reynoso.
Resaltó que el Ministerio Público eficientiza su respuesta al invertir en mejorar las condiciones de los fiscales y colaboradores de la PETT, para contrarrestar con base a inteligencia, estructura y tecnología cada manifestación del crimen organizado que desarrollan estas estructuras.
“Esta visión ya ha dado su fruto tangible. Ejemplo de estas operaciones exitosas, algunas de ellas ya con personas condenadas hasta 20 años, son operación Frontera, Catleya, Iguana y la exitosa operación Atlántico, en Sosúa, municipio de la provincia Puerto Plata”, indicó.
Resaltó que, en el caso de Sosúa, el esfuerzo del Ministerio Público ha llevado a diversos sectores a que declaren a ese municipio libre de la explotación sexual comercial.
De su lado, la procuradora de corte Bejarán recordó que la inauguración de las nuevas instalaciones forma parte de una decisión de Estado y de fortaleza institucional, enfocada en “reforzar con hechos la persecución penal estratégica y firme, sostenida, contra dos de las expresiones más graves y complejas de la criminalidad organizada, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas”.
Sostuvo que el nuevo espacio representa un fortalecimiento real de las capacidades operativas de la PETT, “reafirmando el compromiso del Ministerio Público con una justicia eficiente, colocando como eje central la dignidad humana, la legalidad, la protección efectiva de las personas más vulnerables”.
Recordó que la UITIMC, que formalmente abre sus puertas, opera como una unidad élite que estará integrada por miembros de distintas agencias de inteligencia y seguridad del Estado seleccionados por el Ministerio Público.
La unidad, sugerida por el Poder Ejecutivo en una de sus acciones de políticas migratorias, contará con recursos y tecnologías avanzadas y un programa holístico de formación continua para sus miembros.
“Hoy, después de 13 años de creada la especializada (la PETT), este equipo de hombres y mujeres recibe un espacio digno, concebido y diseñado para garantizar una atención especializada, respetuosa y centrada en las personas”, resaltó, al agradecer los esfuerzos de la gestión de la procuradora general de la República.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su preocupación ante el ajuste tarifario implementado por el Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el cual contempla aumentos desproporcionados e injustificados de hasta 400% para el sector industrial, por lo que solicitó su suspensión inmediata.
La organización llamó a revisar este proceso en el marco de la legalidad, la transparencia y la consulta pública con los actores productivos impactados por la medida.
Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, subrayó la disposición del gremio a contribuir en la búsqueda de soluciones equilibradas.
“El país necesita servicios públicos sostenibles, así como el sector productivo necesita previsibilidad en los procesos de estructuración de políticas públicas. Cualquier reajuste tarifario debe construirse sobre bases legales, participativas y técnicamente sustentadas. Decisiones sorpresivas, como ésta, impactan los principios de seguridad jurídica a los que está acostumbrado el sector industrial”, manifestó.
La AIRD resaltó que, si bien reconoce la necesidad de actualizar los esquemas tarifarios en función de la sostenibilidad operativa de los servicios, preocupa que en este caso no se haya realizado la consulta pública de rigor o la publicación de los estudios técnicos que sustentan el alza. “Con esta decisión, la CAASD ignora el mandato de diversas disposiciones legales que garantizan el debido proceso y la previsibilidad normativa en nuestro país. La medida no incluye una gradualidad en el ajuste tarifario, implementando de manera abrupta y sorpresiva un incremento considerable de las tarifas cuando los presupuestos del 2026 habían sido ya aprobados por las empresas afectadas” precisó Pujols.
Asimismo, Pujols resaltó la introducción de significativas diferencias tarifarias entre industrias nacionales y zonas francas, aspecto que no figuraba en el esquema previo, lo cual resta competitividad al sector industrial y genera una evidente discriminación entre sectores productivos en el país.
El gremio industrial reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los servicios esenciales y, a la vez, hizo un llamado a la CAASD a suspender la implementación de la decisión, abrir espacios de diálogo técnico para analizar el tema y conocer las iniciativas institucionales enfocadas en combatir la falta de pago por parte de actores informales en el sector empresarial.
“En este proceso hemos identificado que las coorporaciones de acueducto y alcantarillado en el país no observan criterios homogéneos para ajustar las tarifas y tampoco comparten los estudios técnicos que justifican sus decisiones, contrario a lo que disponen las leyes vigentes. Esta situación afecta directamente al sector industrial, siendo este un tema de interés nacional quedebe ser tratado con la responsabilidad y urgencia que amerita, considerando el impacto que tiene en los precios de los productos de primera necesidad en el mercado”, concluyó Pujols.
