Durante allanamientos realizados de manera simultánea en la
oficina y puestos de servicios de la compañía de seguridad privada Security
Protection Center (SECPTER), localizadas en el Gran Santo Domingo y Santiago,
la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas incautó 91
armas de fuego de diferentes tipos y calibres y arrestó a 70 personas para
entrevistarlas respecto al caso.
Al ofrecer los detalles de la incautación mediante un
comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que persigue al gerente
general de la compañía, el señor Nelson Rafael Mejía Ovalles, un ex oficial
dado de baja del Ejército de República Dominicana en 1993, quien se encuentra
prófugo.
Explicó respecto a las armas, que en total fueron ocupados
34 escopetas, 50 pistolas y siete revólveres, así como una cantidad
indeterminada de municiones de diferentes calibres, un juego de dador para el
retrancamiento de armas de fuego y un carro Hyundai propiedad de la empresa,
los cuales se encuentran en poder del Ministerio Público.
La institución precisó que procedieron a la incautación de
las armas y municiones en virtud de que la compañía no contaba con licencia
para operar, además de que las armas no tenían ningún tipo de documentación,
las marcas eran ilegibles, retroqueladas o clonadas.
Además, porque durante la investigación se ha establecido
que dicha empresa está relacionada a una compañía propiedad de una persona
condenada por narcotráfico como lo es el excoronel Fernández Valerio,
sentenciado a 20 años de prisión por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y
Sustancias Controladas.
El Ministerio Público destacó que esta acción es el
resultado de las estrategias implementadas en el marco del plan de trabajo
institucional puesto en marcha por el procurador general de la República, Jean
Rodríguez, para enfrentar con efectividad el tráfico ilegal de armas de fuego y
tener mayor control de las compañías de seguridad privada que operan sin
permiso, siendo esta la treceava entidad de este sector que es intervenida
desde el pasado año por actividades ilegales.
En ese orden, dijo que esa operación se realizó como parte
de los trabajos que realizan en coordinación con diversas instituciones para la
prevención del crimen y los delitos, ya que en la medida que se controla el
negocio ilegal de las armas de fuego, en ese mismo sentido se puede controlar y
prevenir con mayor efectividad la delincuencia y los demás actos delictivos.
La Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de
Armas, que dirige la magistrada Maura Martínez, detalló que la operación fue
realizada mediante la orden judicial No. 0058-JUNIO-2018, emitida el pasado 26
de junio de 2018 por la coordinación de los Juzgado de la Instrucción del
Distrito Nacional para que fuera aplicada en la oficina principal de dicha
empresa que funciona en la capital y en todos sus centros de servicios que
funcionan en las referidas localidades.
Señaló que esta actividad ilegal constituye una violación a
los artículos 3, 45, 46, 48, 50, 51, 66, 67 y 70 de la Ley No. 631 sobre Armas,
Municiones y Materiales Relacionados y la Ley 34-89 sobre Aduanas.
El comunicado destaca que miembros del Ministerio Público
adscrito a la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de
Armas junto a fiscales del Distrito
Nacional llevaron a cabo la operación, cuya labor de inteligencia fue realizada
por el J-2 de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del
Ministerio de Defensa, la Fuerza de Tarea
Ciudad Tranquila (CIUTRAN), miembros de la Dirección de Investigaciones
Criminales de la Policía (DICRIN), la Policía Preventiva y la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.
Se destaca que la Procuraduría Especializada en Control y
Tráfico de Armas en una acción conjunta con la Superintendencia de Seguridad
Privada del Ministerio de Defensa, ha investigado y sometido a la justicia a 12
empresas de seguridad privada, y en dos de los casos ya se han obtenido
sentencias definitivas.
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