El Gobierno dominicano otorgó este martes un plazo de tres meses para que las empresas o empleadores regulen a sus trabajadores extranjeros, en cumplimiento de la Ley No. 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11.
La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional de Migración, durante una reunión donde participó el presidente Luis Abinader, en el salón Los Trinitarios del Palacio Nacional.
Según informó el gobierno, la disposición fue adoptada a unanimidad.
Al término de la reunión, el ministro de Interior y Policía Jesús-Chu-Vásquez, en calidad de vocero del organismo, tuvo un encuentro con la prensa e informó sobre las medidas establecidas.
Acciones tomadasSe dispone de un plazo de tres (3) meses para que las empresas o empleadores regulen a sus trabajadores extranjeros, en cumplimiento de la Ley No. 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11.
Una vez vencido el plazo límite anteriormente descrito, todas las empresas o empleadores que requieran los servicios laborales de ciudadanos extranjeros, deberán contratarlos de conformidad con los parámetros legales establecidos en la normativa migratoria y laboral de la República Dominicana. Para ello deben cumplir con el procedimiento y los requisitos establecidos a tales fines en la Ley y el Reglamento mencionados anteriormente.
Asimismo, una vez vencido el plazo de desmonte, se debe ejecutar el régimen de sanciones aplicables a empresas y empleadores, de acuerdo con el artículo 132 de la Ley General de Migración, que impone sanciones de multas de cinco (5) a treinta (30) salarios mínimos a quienes contraten o proporcionen trabajo a ciudadanos extranjeros ilegales o no habilitados para trabajar en el país.
El Ministerio de Interior y Policía es el que coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo de este último, la vigilancia y el cumplimiento de los artículos del 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, los cuales establecen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empresa o empleador.
El Estado dominicano tomará todas las medidas necesarias, en cumplimiento de la Ley, para evitar el ingreso a la República Dominicana de todo ciudadano o ciudadana de nacionalidad extranjera que implique una carga irrazonable para las finanzas públicas, incluyendo mujeres que se encuentren en estado de comprobada gestación igual o posterior a los seis meses.
También se destacó que el Ministerio de Interior y Policía tiene la misión de velar por el cumplimiento de la Ley General de Migración y aplicar la política migratoria del Estado dominicano como organismo que ostenta la presidencia del Consejo Nacional de Migración.
“Entendemos que un tema tan descuidado por muchos años requiere de un gran esfuerzo de consenso entre los actores públicos y privados para lograr que los usos y costumbres cumplan con las obligaciones y límites que impone nuestro ordenamiento jurídico en materia migratoria”, expresó Vásquez.
Concluyó diciendo que el Gobierno tiene el compromiso de cambiar esta situación, porque no es posible continuar con una práctica que pone en riesgo las posibilidades de un verdadero desarrollo para todo el pueblo dominicano.
En la rueda estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa; de Salud, Daniel Rivera; de Obras Públicas, Deligne Ascensión; la directora de Control Migratorio, Lianny Vásquez, y el senador de La Altagracia, Virgilio Cedano Cedano, entre otros.
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