Los fiscales de República Dominicana y Colombia estrechan lazos de colaboración para fortalecer la estrategia conjunta en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
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Como parte de esa estrategia, República Dominicana sirvió de sede al “Encuentro Bilateral sobre Cooperación Jurídica Internacional y Lucha Conjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes” que sostuvieron los ministerios públicos de ambas naciones, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el apoyo de los proyectos Turquesa II y Disrupción, auspiciados por el gobierno de Canadá, y el PACTS, financiado por la Unión Europea.
Carlos Pérez, oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal de la UNODC, destacó la importancia de fortalecer la cooperación jurídica internacional para enfrentar estructuras criminales que operan de manera transnacional y dinámica en la región, al pronunciar las palabras de bienvenida al encuentro, celebrado los días 28 y 29 de mayo en el hotel Catalonia Santo Domingo.
En el encuentro intervinieron representantes de organismos cooperantes y diplomáticos internacionales, como la embajadora de Canadá en República Dominicana, Jacqueline De Lima Baril.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), agradeció la disposición de Colombia a fortalecer los lazos de cooperación jurídica con República Dominicana en la lucha contra unos delitos que, como se ha visto en muchos casos, afectan víctimas de ambas naciones propensas a caer en manos de redes criminales.
Bejarán explicó que la iniciativa del encuentro se orienta a fortalecer, además de la cooperación jurídica internacional, una estrategia operativa que permita a ambos Estados eficientizar la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes para desarticular estructuras criminales transnacionales vinculadas a estos delitos.
Resaltó que los ministerios públicos de ambos países mantienen la meta de consolidar mecanismos de coordinación e intercambio de información en tiempo real, promover investigaciones conjuntas, fortalecer las capacidades institucionales y avanzar hacia la conformación de una fuerza de tarea conjunta colombo-dominicana.
Explicó que dicho mecanismo permitiría una respuesta articulada, ágil y eficaz frente a las dinámicas cada vez más complejas de la criminalidad organizada transnacional, priorizando la protección de las víctimas, la persecución estratégica de las redes criminales y el fortalecimiento de la seguridad regional.
En el encuentro también intervino Dayana Blanco Acendra, directora Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Durante las jornadas de trabajo participaron delegados de la Dirección de Fiscalía Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación de Colombia; miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN).
Por parte de República Dominicana, además de los fiscales de la PETT, participaron representantes de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional, así como otros funcionarios de las unidades de análisis criminal y equipos técnicos especializados y miembros de la Policía Judicial adscrita al Ministerio Público.
Bejarán resaltó que uno de los temas abordados fue la coordinación bilateral en torno al caso “Operación Begonias”, una investigación que permitió rescatar en República Dominicana a más de 40 mujeres colombianas víctimas de explotación sexual, captadas mediante falsas ofertas laborales y sometidas a coerción, retención de documentos y endeudamiento fraudulento.
Asimismo, las delegaciones trabajaron en la definición de líneas de acción para la conformación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI), mecanismo reconocido internacionalmente para fortalecer la persecución de estructuras criminales transnacionales.
Las discusiones también estuvieron orientadas a identificar casos de interés común, fortalecer los canales directos de comunicación entre las autoridades competentes y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones acordadas.
Los proyectos Turquesa II y Disrupción, auspiciados por el Gobierno de Canadá, buscan fortalecer las capacidades de investigación criminal, la identificación y protección de las víctimas, así como promover estructuras de cooperación internacional que permitan desarticular redes criminales transnacionales asociadas a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes.
Mientras que el proyecto PACTS, financiado por la Unión Europea, se enfoca, entre otros objetivos, en fortalecer la cooperación transnacional para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, promoviendo mecanismos operativos conjuntos, el intercambio de información y la articulación entre fiscalías, policías y autoridades migratorias.
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