Ortiz Bosch dijo que los resultados de estas evaluaciones reflejan un cambio estructural en la publicidad de la información pública.
“En agosto de 2020, solo el 40 % de las instituciones públicas cumplía con los estándares de transparencia, mientras que, actualmente el 95.3 % publica la información de manera oportuna, un nivel de cumplimiento que nunca había sido alcanzado por un gobierno en la República Dominicana”, precisó la funcionaria.
Asimismo, expresó que en la actual gestión ha establecido grandes diferencias en la atención, manejo y gestión de las denuncias ciudadanas.
“Al inicio de la actual administración, en el año 2020, se encontró un acumulado de 1,415 denuncias pendientes de respuesta, las cuales fueron atendidas y canalizadas conforme a la naturaleza de cada caso. En contraste, al inicio de 2026, el sistema registra solo 21 denuncias en proceso correspondientes al año 2025, sin arrastre de casos de años anteriores, lo que refleja una gestión eficiente, oportuna y alineada al cumplimiento de los plazos legales” indicó.
Como órgano rector del acceso a la información, la DIGEIG tiene el mandato legal de evaluar la publicación de la transparencia en las instituciones del Estado, conforme a la Resolución de Estandarización de los Portales de Transparencia, que establece 72 criterios obligatorios que las entidades públicas deben publicar mensualmente en sus portales institucionales, incluyendo información sobre uso del presupuesto, compras y contrataciones, contabilidad pública, indicadores del SISMAP Municipal, NOBACI, entre otros.
La exvicepresidenta dijo que la DIGEIG no produce ni administra esta información; verifica su publicación, su publicidad como dice la Ley No. 200-04, permitiendo que sea la ciudadanía quien ejerza el escrutinio sobre la gestión institucional; “Somos únicamente responsable de la publicación”, aclaró Ortiz Bosch.
Reiteró que todas las instituciones públicas están obligadas a responder de manera completa, veraz y oportuna a las solicitudes de información, dejando constancia de cada actuación a través del Portal Único de Acceso a la Información Pública (SAIP), lo que garantiza la trazabilidad y el seguimiento de cada caso.
Ortiz Bosch precisó que cuando una respuesta no se produce dentro del plazo legal, es incompleta o presenta inconsistencias, el ciudadano no queda desprotegido, sino que puede acudir a la mediación administrativa ante la DIGEIG, un mecanismo creado para corregir silencios administrativos, omisiones o respuestas deficientes, sin necesidad de acudir de inmediato a los tribunales, como el caso al que se refiere el ciudadano Pujols.
La funcionaria subrayó que la denegación de información solo procede en los casos expresamente establecidos por la ley, debe estar debidamente motivada, firmada por la máxima autoridad institucional y comunicada por escrito, y nunca puede aplicarse de forma discrecional o arbitraria, “Su no cumplimiento cuenta con el rechazo de la sociedad y del gobierno dominicano.
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