En la República Dominicana «existe una dependencia no deseable de los flujos migratorios sin los cuales la producción agrícola podría estar en riesgo», según se desprende de un estudio sobre la oferta y demanda de mano de obra inmigrante en el sector agrícola del país, presentado este miércoles.
Así lo expuso el consultor José Miguel Macías, autor del informe, donde queda patente que «la actividad agrícola dominicana está estrechamente relacionada con la mano de obra extranjera» y describe «la necesidad de crear los mecanismos para una migración ordenada» para cubrir la demanda de trabajadores.
De acuerdo con las cifras oficiales, el 27 % del total de trabajadores agrícolas es foráneo, principalmente de origen haitiano, pero según estimaciones de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) los extranjeros suponen más del 90 % de los trabajadores agrícolas y llegan al 100 % en el caso de algunos cultivos.
El estudio se concentra en el arroz, la habichuela y el plátano, componentes esenciales para la seguridad alimentaria que definen la dieta básica dominicana, cuya compra «representa el 8,4 % del gasto familiar y que, en conjunto, constituyen un mercado de cerca de 46.400 millones de pesos» (unos 800 millones de dólares).
Actualmente, según datos del Banco Central de 2021, la agricultura dominicana emplea al 8,7 % de la población ocupada, de la que el 86,6 % trabaja de manera informal, lo que resta atractivo para el trabajador nacional, que deja las zonas rurales para buscar mejores oportunidades en las ciudades.
El presidente de la JAD, Osmar Benítez, afirmó que desde el sector se ha «intentado motivar a la mano de obra dominicana», pero no hay interés por trabajar en el campo y dado que es necesario contratar a extranjeros, los productores entienden «la necesidad de organizar la casa y que los trabajadores estén debidamente registrados».
Según señaló al intervenir en el acto, los sectores agrario, de construcción y turismo, con un alto índice de masa trabajadora inmigrante, «no precisan actualmente de más trabajadores de los que hay ahora mismo, pero necesitamos ayuda para regularizar a los que ya tenemos».
«Hay que buscar una fórmula entre el Gobierno dominicano y el Estado haitiano. Deberíamos tomar una decisión para registrar a los trabajadores extranjeros en la Seguridad Social», destacó.
Esto, teniendo en cuenta que los haitianos tienen especiales dificultades para conseguir documentos de identificación en los consulados de Haití en el país, lo que hace imposible su regularización en el contexto actual.
La urgencia viene dada, en parte, por la determinación del Gobierno de expulsar del país a todo inmigrante que se encuentre en situación irregular en territorio dominicano, a lo que se suma la legislación laboral, que obliga a los empresarios a tener un 80 % de mano de obra nacional.
El representante en República Dominicana de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Josué Gastelbondo, abogó por unas políticas migratorias orientadas al plano laboral, puesto que la mayoría de los 280 millones de personas que emigran en el mundo lo hacen por trabajo.
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