Más de 30 redes y organizaciones del Caribe y 18 instituciones y redes internacionales reclamaron a los Gobiernos de la región el establecimiento de una moratoria que prohíba la apertura de nuevos pozos de hidrocarburos en la región caribeña.
La solicitud fue hecha en rueda de prensa este miércoles 3 de noviembre, en Santo Domingo y simultáneamente en otras ocho capitales del Caribe continental e insular.
El ambientalista David Montes de Oca, vocero de las organizaciones dominicanas suscribientes de esta declaración, explicó que el primer paso para el abandono de los combustibles fósiles en el Caribe es no permitir que se sigan abriendo pozos de petróleo y de gas natural, especialmente en aguas profundas.
Manifestó que las entidades también proponen que la deuda pública del Caribe insular sea convertida en fondo para enfrentar los desastres extremos del cambio climático y financiar la adaptación de estos países a las nuevas condiciones del clima.
Informó que la declaración la suscriben organizaciones y redes de Bahamas, Belice, Colombia, Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, Puerto Rico y República Dominicana.
Indicó que esta declaración está siendo apoyada por prestigiosas entidades internacionales como el Center For International Environmental Law, la Red Académica sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, Greepeace y Oil Change International, así como por el Global Justice Clinic de EUA, Amis de la Terre de Francia, Re-COMMON de Italia, Uplift del Reino Unido.
Dijo que también apoyan esta declaración importantes personalidades como Thalía Viveros-Uehara de la Universidad de Massachusetts de Boston, Luis Geraldo Samaniego Santamaría de la Universidad del Rosario, Argentina, e Iliana Raquel Rivera Espinal de Honduras.
“Es la primera vez que el Caribe se une para enfrentar la ofensiva de las empresas petroleras que se están desplazando hacia la región aprovechando débiles o inexistentes regulaciones ambientales y climáticas, y la corrupción generalizada entre funcionarios públicos”, precisó.
Expuso que en la región caribeña presenta diferentes escenarios ante la explotación de los hidrocarburos. Guyana avanza en la explotación a gran escala, a pesar del mayor conocimiento del riesgo ambiental incurrido, Bahamas, Colombia y la República Dominicana buscan explorar los hidrocarburos, mientras que Belice prohibió la actividad costas afuera y Costa Rica, donde ya existe una moratoria desde 2011, debate actualmente en el Congreso prohibir definitivamente toda explotación de hidrocarburos.
Montes de Oca destacó la contradicción de que el Gobierno dominicano suscriba en Glasgow, Escocia, un acuerdo para reducir las emisiones de gas de metano a la atmósfera cuando tiene un contrato con la empresa APA (Apache) para explorar y explotar hidrocarburos en aguas profundas frente a las costas de la ciudad de Santo Domingo, actividades que son una de las principales causas de emisiones de este gas.
“Eso mismo hizo Danilo Medina en el 2015, en París, Francia. Firmó un acuerdo de reducir en un 25% las emisiones de dióxido de carbono al 2025 mientras construía en el país dos plantas de carbón que emitirían por ellas solas 20% más de C02”, alegó.
Planteó que existe consenso científico que la extracción de combustibles fósiles no es sustentable. Las recurrentes crisis económicas en la región no encontrarán solución en la industria petrolera y gasífera.
“Por el contrario, la exploración y la explotación de hidrocarburos además de incrementar el cambio climático que es la principal amenaza que sufren los países del Caribe, impactarán de forma directa en el sustento de vida de comunidades locales, como son el turismo y la pesca”, sostuvo.
Dijo que la declaración del Gran Caribe al igual que la reciente audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los impactos de las industrias Extractivas en Derechos Humanos y Cambio Climático en el Caribe, insta a los Estados del Caribe a “adoptar medidas concretas y eficaces para poner fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenazan el disfrute efectivo de los derechos humanos, como la extracción de combustibles fósiles”.
Señaló que la declaración del Gran Caribe llama a los pueblos caribeños “a preservar nuestro mar del impacto negativo de la exploración y explotación de hidrocarburos, y a defender nuestra soberanía sobre nuestros territorios y recursos naturales, amenazada por las empresas petroleras con contratos leoninos”.
Las organizaciones de la República Dominicana que suscriben esta declaración son el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, la Coalición Ambiental del Este, Fundación Ambiental y Desarrollo, AfrosRD, Centro Juan Montalvo y el Centro Conservacionista Mesopotamia.
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