Representantes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) acudieron este jueves al Congreso Nacional para rechazar la baja asignación de recursos que el proyecto de Presupuesto General del Estado para el 2022 otorga al Poder Judicial.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, reclamó del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional que se otorgue a ese sector el 4.10 por ciento que establece la Ley 194-04.
El abogado condenó que la propuesta presupuestaria no contemple ni respete las partidas del sector justicia, equivalente al 4.10 por ciento del Presupuesto de la Nación, tras advertir que eso traerá graves consecuencias para la salud institucional y la seguridad jurídica de República Dominicana.
El jurista manifestó que la Ley 194-04, que establece la Independencia y Autonomía Presupuestaria de la justicia es clara, por lo que no aceptarán que se vulnere ya que significaría mantener al Poder Judicial y al Ministerio Público operando en condiciones precarias, en perjuicio de la ciudadanía.
Sostuvo que con los bajos recursos asignados en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, el sector judicial no podrá salir de la difícil situación que atraviesa ni podrá cubrir las necesidades acumuladas por más de diez años de privaciones.
“Con el porcentaje que se asigna en la pieza legislativa al sistema judicial no podrán ser mejorados los salarios de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados, no se podrán instalar los 94 tribunales aprobados por ley, que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos y continuarán los problemas por falta de incentivos, insumos, equipos, personal y de infraestructura física adecuada”, dijo Surun.
Insistió en que para mantener una justicia independiente y lograr una lucha eficiente contra la corrupción se necesita un personal de investigación y judicial especializado, bien pagado e incentivado.
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