El alegado de mal manejo de las pruebas del Ministerio Público depositadas en un tribunal en contra de los acusados del caso Odebrecht está siendo investigado y se han realizado varios interrogatorios para establecer consecuencias.
Así lo informó la fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), durante la audiencia de ayer.
El supuesto traspapelo de los documentos depositados en la Suprema Corte de Justicia (donde antes se conocía el caso) ha generado que no se admitan dos pruebas importantes del órgano acusador en el juicio por los US$92 millones de sobornos que pagó la empresa en el país a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
Estas son el Acuerdo de Lenidad y el Acuerdo Odebrecht-Estados Unidos, cuyas traducciones no fueron entregadas y por lo tanto fueron excluidos del proceso.
“Comenzamos por donde teníamos que comenzar, ya hemos realizado varios interrogatorios a miembros del Ministerio Público, de qué ocurrió durante el depósito y manejo de las pruebas, que se extenderá hasta donde deba extenderse y se aplicarán consecuencias que deban aplicarse en relación a los hallazgos que pueda revelar la investigación”, indicó Ortiz.
La coordinadora de Litigación de la Pepca aseguró que “si hay alguien que quiere que se aclare lo que pasó con el manejo de las evidencias es el Ministerio Público”.
Al hablar con la prensa, Ortiz dijo que es probable que el manejo de las pruebas depositadas por el Ministerio Público no se realizó de la manera más clara o detallada posible.
La información que dio a conocer la fiscal fue en medio del debate de la incorporación o no al juicio, que conocen las tres juezas que componen el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, de una prueba en contra del imputado Conrado Pittaluga.
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