La investigación sobre malversación de fondos en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), durante la gestión de Manuel Antonio Rivas Medina, ha tomado un nuevo giro bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ambas dependencias depositaron este jueves ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción, consistente en un año de prisión preventiva, en contra de Argenis Contreras González, principal acusado del secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras, así como de delitos de corrupción administrativa en la OMSA.
“Trabajamos para incluir en este proceso Yuniol Ramírez-OMSA a todas las personas imputadas que no se hayan incluido, así como todos los cargos criminales que pesen en su contra”, aseguró el titular de la Pepca, Wilson Camacho, a través de un comunicado difundido por la Procuraduría General.
“Agotaremos líneas de investigación que no se habían agotado”, puntualizó Camacho.
El expediente Yuniol Ramírez-OMSA quedó bajo responsabilidad del procurador adjunto Camacho luego de que la procuradora general, Miriam Germán Brito, dispusiera la avocación de ese y otros casos de corrupción administrativa que habían sido enviados a la Fiscalía del Distrito Nacional antes de agosto de 2020.
La fiscal Mirna Ortiz, de la Pepca, depositó ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción para Contreras González y el levantamiento del estado de rebeldía que pesaba en su contra.
El Ministerio Público logró que Estados Unidos entregara al país el pasado martes a Contreras González, deportado en el vuelo SWQ3584, de Swift Air.
La fiscal Ortiz dijo que la Pepca pedirá que se declare el caso complejo. “No podemos obviar que este es un caso que sigue la suerte de la acusación ya presentada en su contra”, expuso.
Explicó que Contreras González será procesado por asesinato y por actos de corrupción mientras se desempeñó como funcionario en la OMSA, así como por incurrir en asociación de malhechores al actuar en compañía de otras personas.
“Todas las imputaciones están recogidas en la acusación que ya está depositada en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, proceso del que tuvo él (Contreras González) que separarse por su condición de rebelde”, señaló.
Dijo que el caso contra Contreras se conocerá aparte, ya que no se puede introducir en un proceso que está en la etapa preliminar en espera del fallo del tribunal. No obstante, dijo que, al tratarse de la misma acusación, se le conoce por las mismas imputaciones y luego cuando el caso llegue a la próxima fase solicitarán lo que corresponda, a fin de que llegue unificado al conocimiento de juicio de fondo.
Ortiz declaró que por este caso el encartado podría enfrentar la pena máxima de 30 años de prisión.
Dijo que podrían ampliar la acusación o iniciar un proceso penal distinto para aquellas personas nuevas que resulten implicadas o si surgen nuevos hechos que hayan sido investigados. “Ya eso lo decidiremos en el curso de las investigaciones que se siguen a raíz de las declaraciones y las informaciones que la Procuraduría está obteniendo y de otras investigaciones que se están realizando”, expresó.
La fiscal Mirna Ortiz ofreció sus declaraciones al responder preguntas de los periodistas tras depositar el expediente contra Argenis Contreras.
El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conoce la fase preliminar del proceso sobre el crimen de Ramírez Ferreras, en el que están también implicados José Mercado (El Grande), Víctor Ravelo Campos (El Herrero), Jorge Luis Abreu Fabián (El Taxista) y Heidy Carolina Peña.
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