Tres de los once sometidos a la justicia por su vinculación al supuesto entramado corrupto desarticulado a raíz de la Operación Antipulpo, han apelado para que le sea revocada la medida de coerción que le impuso el juez Alejandro Vargas y, en consecuencia, se ordene su puesta en libertad.
De acuerdo con informaciones del Ministerio Público, entre los que han recurrido en apelación figuran el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, y el ingeniero Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, quienes guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal, cárcel de donde quieren salir.
Otro que apeló es el excontralor de la República, Rafael Antonio Germosén Andújar, quien busca le sea revocado el arresto domiciliario y el impedimento de salida del país que le impusieron el pasado mes de diciembre 2020.
El Ministerio Público establece que los coimputados Francisco Pagán y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez incurrieron en los delitos de coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización de la OISOE.
Mientras que en el caso de Germosén Andújar, supuestamente aprovechó su cargo como contralor para el libramiento y la rápida aprobación de los pagos a las compañías del entramado societario liderado por Juan Alexis Medina Sánchez.
Las imputaciones
Según el expediente del Ministerio Público, estos tres imputados Juan Alexis Medina (quien guarda prisión preventiva en Najayo), aprovechó su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina Sánchez y formó de una red de corrupción integrada por exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros se valieron de sus vínculos con el poder político para enriquecerse a costa de los recursos aportados al Estado por los contribuyentes.
Otros integrantes de la red son Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente Medina, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, quienes guardan arresto domiciliario y pagaron una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato, además de que tienen prohibido salir del país.
El exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa, también está preso en San Cristóbal.
En tanto que Julián Esteban Suriel Suazo, a quien se le ocupó un arsenal ilegal, así como José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, se les impuso tres meses de prisión preventiva en la Cárcel Modelo de San Pedro de Macorís.
El imputado Domingo Antonio Santiago Muñoz está en libertad con presentación periódica ante el procurador fiscal adjunto que lleva la investigación de la Operación Antipulpo
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