Bonilla, quien fue detenida y remitida a prisión el 28 de junio de 2018, fue condenada por unanimidad de votos por tres delitos de apropiación indebida a título de autora y ocho delitos de fraude en calidad de inductores, por lo que puede enfrentar hasta 87 años de prisión, según la resolución del Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción de Tegucigalpa.
Su exsecretario privado Saúl Escobar también fue declarado culpable por ocho delitos de fraude en concurso real a título de autor directo en perjuicio de la Administración Pública, indicó a periodista el portavoz del poder Judicial en Tegucigalpa, Carlos Silva.
El tribunal le dictó a Escobar las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el doble de lo que dure la condena.
A la vez, la exprimera dama fue absuelta del cargo de lavado de activos, en tanto su exsecretario de los delitos de lavado de activos y asociación para lavar activos, añadió Silva.
Los jueces hondureños fijaron para el próximo día 27 la audiencia de individualización de pena y sentencia.
El mismo tribunal absolvió a Mauricio Mora, cuñado de Bonilla, de ocho delitos de fraude y lavado de activos por “insuficiencia probatoria”, señaló el portavoz judicial.
Bonilla está encarcelada desde el 28 de febrero de 2018, cuando fue capturada en Tegucigalpa, al igual que su cuñado, por corrupción.
Ambos fueron arrestados luego de una investigación del Ministerio Público coordinada con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su exsecretario privado se entregó en marzo del año pasado a las autoridades hondureñas y desde entonces se encuentra recluido en una prisión cercana a Tegucigalpa.
Según la denuncia del Ministerio Público, los acusados se habrían apoderado de recursos públicos y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales.
Las autoridades de Honduras embargaron en marzo de este año bienes de la ex primera dama hondureña, su cuñado y su exsecretario.
El aseguramiento de las propiedades, para que no puedan ser vendidas ni traspasadas, fue coordinado por la Unidad Especial de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic), del Ministerio Público, y la Maccih, que se instaló el 19 de abril en Tegucigalpa.
En marzo de 2018, la Oficina Administradora de Bienes Incautados de Honduras recibió por parte del Ministerio Público 385.000 dólares, más de 3 millones de lempiras (122.000 dólares) y 140 euros (158,9 dólares) hallados en una caja fuerte de la ex primera dama.
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