La Alianza por la Democracia considera que los pagos secretos detectados por Punta Catalina confirman el involucramiento directo del gobierno en la trama corrupta de Odebrecht por lo que pidió identificar a los nuevos responsables.
El licenciado Max Puig, presidente de la entidad, entiende que los más altos funcionarios y parte del aparato judicial están deslegitimados y no hay ante quien recurrir, por lo que se impone un saneamiento.
"Las recientes revelaciones sobre los pagos secretos de 39.5 millones de dólares que hizo Odebrecht para la obtención del contrato de las plantas de carbón de Punta Catalina han confirmado la existencia de una vasta operación de encubrimiento de la corrupción articulada desde la Presidencia de la República", expresó.
Indicó que "El descubrimiento de estos pagos secretos profundiza la crisis polÃtica abierta por la pretensión del presidente Danilo Medina de perpetuarse en el poder modificando por medios ilegÃtimos la Constitución de la Republica".
"La puesta en evidencia del involucramiento de la Presidencia en la conspiración corrupta de Odebrecht determina que no habrá tercer mandato del presidente Danilo Medina y si los acontecimientos siguen el derrotero que están tomando es posible que, como lo señaló hace algunos meses la APD, el mandatario no termine su segundo mandato", agregó.
Los documentos dados a conocer demuestran que el gobierno dominicano siguió una lÃnea general de ocultamiento de los pagos secretos de Punta Catalina y del conjunto de hechos de corrupción asociados a las operaciones de la empresa Odebrecht.
Queda evidenciado que el presidente Medina participó de manera directa en la operación de encubrimiento al crear, el 10 de enero de 2017, mediante el decreto 6-17, una comisión de notables (Comisión Agripino), atribuyéndole facultades de investigación al margen de la ley.
Apoderado de una acción directa en inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional avaló de hecho la ilegalidad, al retardar y luego obviar un fallo sobre el fondo del asunto.
Expresó que la ProcuradurÃa General de la República excluyó todo tipo de sometimientos por el caso particular de Punta Catalina, asumiendo como válido el dictamen ilegal de la comisión que encabezó monseñor Agripino Núñez Collado.
"El juicio preliminar en la Suprema Corte de Justicia partió de las mismas falsas premisas orientadas a excluir del caso judicial de manera irregular las plantas de carbón de Punta Catalina, convirtiendo ese juicio en un montaje orientado a denegar justicia, encubriendo a los principales responsables de los hechos de corrupción cometidos por Odebrecht y los altos funcionarios del Estado coaligados con esta", enfatizó.
Dijo que se confirma igualmente que Odebrecht “no contó toda la historia” y que fue falsa su proclamada disposición de “colaborar de manera irrestricta” con el esclarecimiento de la trama corrupta. De hecho, empresa y Estado se confabularon para ocultar información fundamental.
"Aun en el caso de que fuese cierto, como afirma hoy Odebrecht, que todas las informaciones contenidas en el informe que acaba de ser dado a conocer estaban en posesión de las autoridades, ello confirmarÃa la fundada sospecha de que la ProcuradurÃa General de la Republica hizo caso omiso de estas evidencias para proteger a los implicados en la conspiración de las plantas de carbón de Punta Catalina", sostuvo.
Manifestó que "A partir de los niveles de conocimiento que ya se tienen de la trama, se puede afirmar que más que complicidad de algunos funcionarios con la empresa, lo que hubo fue una colusión entre los más altos funcionarios de la nación con los más altos ejecutivos de la compañÃa para la ejecución de la acción delictiva".
Los pagos secretos por Punta Catalina evidencian que el gobierno y buena parte del aparato judicial destilan pus, lo que deja la ciudadanÃa sin instancias legÃtimas a las que pueda recurrir, imponiéndose la necesidad de un saneamiento para que nuestro pueblo pueda salir adelante.
Los responsables de la estafa, comenzando por su cabeza principal, deben ser señalados, separados de sus cargos, para ser sometidos, en su momento, a una Justicia saneada e independiente.
"El primer paso, inmediato, debe ser la debida identificación y publicación de los nombres de los beneficiarios de los pagos secretos ilegales que todavÃa, por poco tiempo, se esconden bajo los seudónimos que les permitieron tocar su parte del pastel en el festÃn de la corrupción", dijo Puig en un comunicado.
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