SAN PEDRO DE MACORÍS.- El Tribunal Colegiado de este
departamento judicial condenó a 30 y 20 años de prisión a cinco personas
acusadas de los asesinatos de varios choferes del transporte público, cuyos
cadáveres fueron encontrados en una fosa común en la comunidad de Juan Dolio,
en un hecho ocurrido en el año 2016.
El Tribunal condenó a
30 años de prisión a los autores del hecho, Hugo Zorrilla Alfonseca y Radhamés
Ramírez Rodríguez, en tanto que a 20 años de prisión fueron condenados los
cómplices Luz Divina Martínez, Samuel Fortuna Peña y Jaime Valentín
Encarnación, quienes formaban parte de una red del crimen organizado que se
dedicaba a asesinar choferes para despojarlos de sus vehículos y posteriormente
proceder a la venta de los mismos.
El grupo fue hallado culpable de haberle provocado la muerte
a los choferes Vidal Dionisio Berroa Manzueta, Jary Wilson Rodríguez, Germán
Arredondo Quezada, y David Polanco, acción que causó indignación y consternaron
a todo el país, muy especialmente en la ciudad de San Pedro de Macorís, que
quedó fuertemente impactada ante los trágicos hechos.
La sentencia fue dictada tras una maratónica audiencia, que
inició ayer a las 10:00 de la mañana y que concluyó a las 3:32 minutos de la
madrugada de este jueves, durante la cual el Ministerio Público demostró con
diferentes pruebas que los condenados cometieron los delitos de asociación de
malhechores, robo agravado, asesinato, torturas, vejámenes, ocultamiento de
cadáveres y complicidad en esos delitos.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público
calificó de justa la decisión y dijo que la sentencia se obtiene como resultado
de los esfuerzos y el compromiso asumido por la actual gestión bajo las
directrices del procurador general de la República, Jean Rodríguez, para
combatir el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones.
La institución detalló que la investigación del caso la
encabezó el fiscal titular de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez Jiménez,
conjuntamente con la fiscal de esta jurisdicción, Carmen Mohammed, mientras que
en la etapa de juicio de fondo el Ministerio Público estuvo representado por
los fiscales Claudio Cordero, Brenda Jabalera y Digna Ortiz.
El Ministerio Público indicó que durante la investigación
recolectaron pruebas fehacientes con las cuales lograron demostrar, más allá de
toda duda razonable, que los condenados violaron los artículos 59, 60, 61, 62,
265, 266, 267, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 303-4 numerales 9, 10 y 11, 379, y
382 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 39 de la antigua Ley 36
sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
En torno al caso, el Ministerio Público precisó que los
robos y posterior muerte o intento de dejar sin vida a sus víctimas, lo
cometían los acusados con maniobras fraudulentas, terminando todos en actos de
barbarie, confirmados por las autopsias realizadas a los cadáveres, la forma en
que fueron encontrados, así como por lo relatado por los sobrevivientes.
Indicó que los hoy condenados lograban convencer a los
choferes de forma amigable para que se fueran con ellos tras proponerles que
necesitaban un vehículo para trasladar pasajeros de la localidad de Juan Dolio
al municipio de Ramón Santana, pagando los acusados muchas veces por adelantado
más de la mitad de lo pactado con la víctima.
Explica que de esa forma, esta red criminal que mantenía en
zozobra y angustiadas a familias de la zona este del país, inició una cacería
de vehículos que dejó sin vida a los citados choferes y con traumas
psicológicos a varias víctimas que pudieron sobrevivir a los condenables
hechos.
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