Organizaciones de la sociedad civil consideraron que la
Procuraduria General de la República debió constituirse en parte civil y
reclamar que el Estado dominicano sea resarcido por los daños ocasionados por
la empresa brasileña Odebrecht.
Mediante acto de alguacil las entidades envían acto
recordatorio e intiman para la acción civil resarcitoria a favor del Estado
dominicano en el caso de los US$92 millones de dólares que la empresa Odebrecht
reconoció haber entregado por concepto de sobornos a funcionarios y
legisladores dominicanos para la adjudicación de obras estatales”.
El Centro Juan XXIII, Santiago Somos Todos, el Centro de
Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, el Centro Montalvo, Fundación
Masada, y Participación Ciudadana, Capítulo dominicano de Transparencia
Internacional, notificaron vía un Acto de Alguacil a Danilo Medina Sánchez,
Flavio Darío Espinal, y a Jean Alain Rodríguez, en sus respectivas calidades de
Presidente de la República Dominicana, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo,
y Procurador General de la República.
En dicho acto, establecieron que “en fecha 7 de junio de
2018, la Procuraduría General de la República presentó acusación en contra de
los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga
Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Jesús Vásquez, Tommy Alberto Galán
Grullón, y Juan Roberto Rodríguez Hernández.
Todos fueron acusados por violación a los artículos 2, 3, 4,
5 de la Ley núm. 448-06, sobre soborno en el comercio y la inversión; 146, 166,
167, 175, 177, 178, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la Ley núm. 82-79,
sobre Declaración Jurada de Patrimonio; 3 letras a), b) y c), 4, 8 letra b) y
26 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos, respectivamente.
Las organizaciones señalaron que, a pesar de la gravedad de
los hechos y los daños ocasionados por los acusados, al presentar su acusación,
el Ministerio Público omitió constituirse en actor civil, conforme a lo
previsto en los artículos 50 y 51 del Código Procesal Penal, a fin de perseguir
el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a los intereses colectivos
sufridos por el Estado dominicano.
En el acto también solicitan que se disponga que el Estado
Dominicano proceda a constituirse en parte civil en el proceso penal de
referencia, a fin de reclamar las correspondientes indemnizaciones de forma
solidaria en contra de los siete acusados y en contra de los que corresponda
adicionar a la acción penal en cuestión.
Recomiendan que de conformidad con lo previsto en el
Artículo 373 del Código Procesal Penal, el Estado Dominicano designe dos
abogados particulares de alto nivel profesional y probada honorabilidad e
imparcialidad partidaria, como acusadores adjuntos del presente caso para que,
junto a los miembros del Ministerio Público asignados al caso, se encarguen de
sustentar, revisar, profundizar y completar tanto la acusación penal del caso
de marras como las reclamaciones civiles que el Estado Dominicano deba exigir a
los hoy acusados.
Las organizaciones recordaron que en consonancia con el
ordenamiento jurídico de la República Dominicana y dentro del marco de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se disponga que el
Estado Dominicano solicite la inmediata asistencia de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para establecer en la República Dominicana una comisión
internacional permanente contra la impunidad y la prevención de la corrupción.
Indican que eso permitiría una efectiva colaboración
internacional para el monitoreo y seguimiento del presente proceso penal; y,
que en adición, asista al Ministerio Público en las investigaciones y
persecuciones de otros casos de corrupción similares en curso o pendientes de
ser iniciados; y, colabore en el establecimiento y seguimiento de políticas,
técnicas, procesos y mecanismos de prevención de la corrupción pública y
privada en la República Dominicana.
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