El Consejo Nacional de Participación Ciudadana afirmó que la
serie de errores cometidos por la Procuraduría General de la República al
investigar el escándalo Odebrecht facilitan la impunidad.
En un amplio documento público la entidad de la sociedad
civil entiende que "con la reserva de conocer y procesar los méritos o
fundamentos que puedan contener las acusaciones formuladas ante la justicia por
la Procuraduría General de la República tras año y medio de las investigaciones
sobre los hechos criminales del escándalo Odebrecht en el país, Participación
Ciudadana está en la obligación de fijar posición al respecto.
1.- Desde
que se conocieron las implicaciones nacionales en el mayor escándalo de
corrupción internacional documentado y admitido por la empresa constructora
brasileña Odebrecht, hemos participado militantemente en el clamor nacional por
sanciones que reparen los daños materiales y morales y contengan la ruinosa
impunidad que nos agobia.
2.- Por
eso hemos formado parte de los promotores del movimiento Marcha Verde contra la
corrupción y el fin de la impunidad, y ya el 1 de mayo del 2017, junto al
Centro Social Juan XXIII, la Fundación Masada y Santiago Somos Todos,
formulamos una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para
que determine el destino de 4 millones 396 mil 796 dólares transferidos entre
2013 y 2014 desde tres filiales de Odebrecht en Perú a la cuenta de
Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de los asesores
electorales del presidente Danilo Medina, Joao Santana y Mónica Moura.
3.- El 8
de junio del 2017, tras las imputaciones hechas por la PGR a 14 personas por
los crímenes de Odebrecht, aunque consideramos que el documento presentaba
indicios de responsabilidades importantes, formulamos múltiples reparaciones y
reclamamos una exhaustiva investigación para fundamentar los cargos e impedir
que el escandaloso caso se enrumbara, como tantos otros, a la impunidad.
Entre otros aspectos hace un año señalamos:
a) Que fue
notoria la comisión de errores injustificables que ayudaban a desacreditar la
indagatoria y contribuyen a sustentar la posición de quienes los creen
intencionales para facilitar la impunidad.
b)
Advertimos que la PGR sostuvo en su instancia que todas las obras contratadas
con Odebrecht "fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos
realizados a través del intermediario comercial imputado Angel Rondón, a
funcionarios de República Dominicana".
c) Llamábamos
la atención al hecho de que, aunque todo el fundamento documental de las
imputaciones se encontraba en las 101 transferencias de cinco empresas de
Odebrecht a dos de Angel Rondón, en los años del 2007 a enero del 2015, la
mitad de los imputados correspondían al gobierno de Hipólito Mejía 2000-04,
cuando se contrataron con Odebrecht las primeras dos obras, una de las cuales
sería ejecutada por el siguiente gobierno, y que ambas sólo implicaban el 5%
del monto contratado. Y cuando no habían comenzado las transferencias del
dinero documentado, ascendentes a 83.2 millones de dólares. Advertimos un sesgo
político en las imputaciones.
d) Dijimos
que aunque un comunicado de la PGR rectificó que en la contratación de las plantas de carbón
de Punta Catalina "sólo hubo sobornos a un senador y un diputado para la
aprobación de su financiamiento", eso resultaba inconsistente porque no se
les identificaba y porque desde el 2010 el partido gobernante contaba con casi
todos los senadores y el 60 por ciento de los diputados, y debía asumirse que
no tenía necesidad de sobornar a dos legisladores para aprobar los contratos ni
sus adendas.
e) Nos
resultó resaltante que en las imputaciones no se aludiera a la lista de los
sobornados que tantas veces la PGR dijo haber recibido de Odebrecht y de las
autoridades brasileñas.
f)
Sostuvimos que, aunque en la misma instancia de la PGR asoman las
sobrevaluaciones de las obras contratadas con Odebrecht, a más de cinco meses
del estallido del escándalo, no habían sido auditadas "lo que implica una
grave negligencia investigativa".
g)
Señalamos que, aunque en dos casos de las imputaciones se alude a
financiamiento ilícito de campañas electorales, el Ministerio Público no
parecía interesado en asumirlo, a pesar del testimonio de quienes dirigían el
Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht de que trasladaron sus
operaciones a Santo Domingo, por considerarlo un lugar seguro, cuando la
justicia brasileña empezó a desarticular la corruptela.
Una brecha abierta para la impunidad
4.-Ahora
con las acusaciones formuladas por la PGR, la indignación general se multiplica
y crece la convicción de que el Ministerio Público actúa como instrumento
político, que no sólo oculta deliberadamente las responsabilidades de las
gestiones gubernativas del Partido de la Liberación Dominicana, sino que además
encuentra más responsables en la gestión que aprobó el 5% del monto contratado
con Odebrecht, en relación de tres a dos.
5.-Queda evidente que las
investigaciones han evadido las sobrevaluaciones y el financiamiento de
campañas electorales que involucran a los asesores políticos del presidente
Danilo Medina, Joao Santana y Mónica Moura. La denuncia de las transferencias a
Cine&Art 2013, contiene los bancos utilizados y número de cuentas. Es inadmisible que tras año y medio del
escándalo no se hayan realizado las auditorías de los costos de las obras, ni
se hayan establecido responsabilidades sobre la violación de la ley de compras
y contrataciones, con sobrecostos que en casi todas las obras superaron los
límites legales.
6.- Una
prueba del desinterés por establecer el financiamiento ilegal de campañas
electorales, es que el exministro Temístocles Montás, quedara liberado de la
imputación del año pasado, a pesar de que admitió en un comunicado público que
había recibido dinero de Angel Rondón para la campaña electoral del PLD en las
elecciones del 2008, 2012 y 2016.
7.- En la
instancia de acusación sólo aparece un funcionario de los gobiernos del PLD, el
exministro Víctor Díaz Rúa, y un senador, el de San Cristóbal, Tommy Galán,
aunque del total de las transferencias documentadas el 33 por ciento llegaron a
las cuentas de Rondón, en el gobierno de Leonel Fernández, y el 67 por ciento
en el de Danilo Medina. Es relevante que, en el período de contratación de las
plantas de carbón, entre 2013 y 2014 los depósitos a las cuentas de Rondón para
los admitidos sobornos, ascendieron a 49.6 millones de dólares. Pese a ello
ningún funcionario de este gobierno, ni de sus obras contratadas, aparecen
implicados, esperándose una explicación de los investigadores sobre a dónde fue
a parar todo ese dinero.
8.- Es más
que resaltante que dos presidentes del Senado del antiguo Partido
Revolucionario Dominicano, que ahora son presidente y secretario general del
mayor partido de oposición, figuren como acusados por haber gestionado la
aprobación de los dos primeros contratos, pero no ocurre lo mismo con quienes
presidieron ambas cámaras legislativas cuando se aprobaban 15 de los 17
contratos, con numerosas adendas que elevaron los costos, aún de las dos obras
contratadas en el período 2000-04.
9.- El
caso del senador Tommy Galán, único legislador oficialista acusado, es más que
relevante, pues a pesar de la revisión de "más de 800 mil transacciones
bancarias" con "más de 130 mil horas de trabajo de 50
especialistas", y de haber reunido "1,711 pruebas", solo queda
él como responsable de que los 32 senadores de su mismo partido aprobaran el 95
por ciento de lo contratado con Odebrecht. Aprobaciones que se realizaban casi
siempre sin lectura de los contratos y bajo declaraciones de emergencia.
10.-
Contrasta que Odebrecht sobornara a un solo senador y que no tuviera que
hacerlo con los diputados, donde había una diversidad inexistente en el Senado.
Con la liberación de los originalmente imputados Alfredo Pacheco y Ruddy
González, no queda ningún diputado implicado.
11.- Ante
todo el país ha quedado evidente una concertación para no realizar las
auditorías de las sobrevaluaciones de las contrataciones de Odebrecht,
estimadas en 22 por ciento como patrón ejecutivo, según confesión de los
propios funcionarios de la constructora brasileña. Si se aplica ese porcentaje
a los 5 mil 957 millones de dólares de las contrataciones, las sobrevaluaciones
pudieron haber llegado a 1,119 millones de dólares, es decir 13 veces el
volumen de 92 millones de dólares de los sobornos confesados por Odebrecht en
el país, el tercero más elevado de las 11 naciones involucradas.
12.- Ya en
nuestro comunicado de junio del 2017 advertíamos que tres familiares de Rondón
y Díaz Rúa, que aparecen como beneficiarios de grandes sumas de las
transferencias, no habían sido imputadas, lo que sugiere una concesión en
camino a la impunidad. Al reducirse a la mitad la cantidad de los imputados,
aumenta la percepción. Más aún si no se documenta el destino del 67 por ciento
del dinero transferido a Rondón, quien desde el primer momento dijo que ese era
un pago de comisiones por su representación de Odebrecht en el país y en las
negociaciones con el Estado.
13.- Participación Ciudadana
advierte que sólo una renovación de la movilización nacional contra la
corrupción y la impunidad evitará que el escándalo Odebrecht se sume a muchos
otros sin sanción de la justicia. En lo inmediato nos sumamos al
"campamento de la dignidad y resistencia verde" levantado en el entorno
de la Procuraduría General".
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