La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) propuso un
mecanismo de autogestión financiera y presupuestal para dotar al Poder Judicial
y Ministerio Público de más recursos y con ello de una mayor independencia en
sus decisiones y operatividad.
De acuerdo con la entidad, el mecanismo a implementar
guardaría mucha similitud con el actual modelo de las direcciones de Aduanas e
Impuestos Internos, cuyas dependencias gubernamentales, tienen especializado
por sus respectivas leyes, un 4 por ciento de sus recaudaciones, para el caso
de aduanas y un 2 por ciento también de sus recaudaciones, para la Dirección
General de Impuestos Internos.
“En suma, estaríamos hablando de conformidad con las
declaraciones de sus incumbentes de aduanas e impuestos internos, de
recaudaciones por más de 115 mil millones y casi 400 mil millones
respetivamente, más de 4 mil millones para aduanas y cerca de ocho mil millones
para impuestos internos, todo esto durante el año 2017, sin mediar, ni depender
del esquema ordinario de asignación de recursos por ley, como ocurre con las
demás instituciones sujetas a las posibilidades y prioridades del ejecutivo”,
expresó.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia,
explicó que no se trata de una reforma fiscal o cargar al pueblo de más
impuestos, más bien el mecanismo planteado busca redistribuir los recursos
gestionados por el Poder Judicial.
Se refirió a los impuestos producto de la jurisdicción
inmobiliaria, (Transferencia de propiedades e inscripción hipotecaria, entre
otros, en fin se trata de una dependencia del Poder Judicial que bien serviría
como parámetro para establecer los por cientos necesarios para garantizar la
operatividad de la justicia.
Para Potentini hoy se hace indispensable una reingeniería,
tanto presupuestaria como administrativa que impacte al Poder Judicial y al
Ministerio Público, modificando incluso la Constitución para darle, en el caso
particular del ministerio público, una verdadera y real independencia, alejado
del control político y con ello revistiéndolo de mayor legitimidad en su
accionar.
La entidad de sociedad civil manifestó su temor de que estos
importantes estamentos de administración de justicia y persecución de la
delincuencia y el crimen organizado, caigan en una eventual quiebra por la
falta de recursos y la imposibilidad material de cumplir con las exigencias
legales y reivindicativas del sistema judicial.
Potentini observó que la justicia, es el poder del estado
con mayores retos legales e institucionales, todo ello de cara a las exigencias
constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la
constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación de crear y
modificar varias leyes.
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