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| Rafael Pepe Abre funge de vocero de los gremios. |
Asimismo advirtieron a los legisladores que integran la
Comisión bicameral que estudia el presupuesto del próximo año que es
improcedente la idea de la Dirección General de Impuestos Internos que busca suspender la aplicación del ajuste por
inflación a los salarios, cuyo último
tope es de RD$34,685.00 pesos mensuales.
En rueda de prensa la Confederación Nacional de Unidad
Sindical (CNUS), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la
Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), llaman la atención
sobre esos dos aspectos tanto al Senador Dionis Sánchez, presidente, y demás
integrantes de la Comisión Bicameral de ambas cámaras legislativas designada
para el estudio del proyecto de Presupuesto para el año 2018.
Rafael Abreu (Pepe), vocero de la centrales, explicó que han venido
observando con preocupación como “grandes empresas, que por demás se
constituían en importantes contribuyentes, están dividiendo sus procesos y
creando diversas empresas para caer en categorías menores, o sea en medianas y
pequeñas empresas y de esa manera reducir sus aportes fiscales”.
Señaló que a esa anomalía se agrega el paso de empresas que
se encontraban en el régimen ordinario impositivo y están pasando a registrarse
como “zonas francas”, con lo que, además de perjudicar a los trabajadores
imponiendo salarios más bajos y no pagando la participación de los
trabajadores en los beneficios en virtud de los artículos 223 y 226 del
Código de Trabajo.
“Estos empresarios reducen considerablemente su contribución
por las exenciones fiscales del régimen de zonas francas, de manera especial el
Impuesto Sobre la Renta de las personas jurídicas y los aranceles por
importación y exportación, todo lo cual contribuye a profundizar el carácter
regresivo de la política fiscal nacional y la reducción de ingresos para que el
Estado pueda diseñar y ejecutar políticas en beneficio de la población más
desposeída”, expresó el dirigente sindical.
Admitió que el Estado está urgido de recursos para resolver
los ingentes problemas que aquejan a la sociedad dominicana, pero esto puede
hacerse reduciendo las elevadas exenciones fiscales de que dijo disfruta el
empresariado y reduciendo la evasión fiscal en el cobro del Impuesto Sobre la Renta
y del ITBIS, del cual se ha dicho que es de un 42%.
Se queja de la advertencia hecha por la DGII de que no
aplicará para el 2018 el ajuste por inflación a las escalas establecidas para
el Impuesto sobre la Renta (ISR) de las personas naturales y residentes o
domiciliadas en el país, de acuerdo con los artículos 296 y 327 del Código
Tributario de la República Dominicana
Las Centrales Sindicales afirman que esa propuesta resulta
ser improcedente, puesto que mediante la ley 253-12, de fecha 9 de Noviembre de
2012, se aprobó la suspensión de aplicación del referido ajuste por inflación
para los años 2013, 2014 y 2015, lo cual perjudicó en forma sensible a los
asalariados que debieron pagar un porcentaje del impuesto sobre la renta a
pesar de devengar salarios inferiores al costo de la canasta básica de bienes y
servicios, que anda por encima de los RD$36,000.00 mensuales.
Abreu recordó a esa comisión bicameral que la Dirección
General de Impuestos Internos (DGII), no aplicó el ajuste por inflación para el
período del primero de enero al nueve de noviembre de 2012, a pesar de que le
fue requerido, vía diversas comunicaciones que se le enviaron y un grupo de
organizaciones sindicales elevó un recurso contencioso administrativo que
espera sentencia ante esa jurisdicción.
“No es justo ni útil,
como dice el artículo 40, inciso 15 de la Constitución que mientras se exime al
sector empresarial con exenciones fiscales cercanas a los RD$250,000.000.000
(Doscientos cincuenta mil millones de pesos) anuales, sin que eso se traduzca
en provecho tangible para la población, a los trabajadores se le cargue un pago
de impuesto excesivo para unos salarios que como hemos señalado, no alcanzan
para la adquisición de los bienes y servicios que requieren sus familiares”,
indicó.
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