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Castillo Semán sostuvo que la prolongación de los procesos judiciales y la ausencia de condenas definitivas contra funcionarios y dirigentes políticos acusados de corrupción han generado un clima de frustración, desconfianza y descrédito hacia el sistema de justicia dominicano.
Afirmó que, durante las últimas tres décadas, el país ha sido escenario de numerosos procesos judiciales por presuntos actos de corrupción administrativa que, según señaló, no se han traducido en condenas definitivas con cumplimiento efectivo de penas de prisión contra funcionarios o dirigentes políticos.
“El Ministerio Público somete los casos, se estremece la opinión pública, se ordena prisión preventiva contra exfuncionarios y, con el paso del tiempo, una vez obtienen su libertad bajo fianza, los procesos se prolongan indefinidamente y terminan en impunidad judicial. Esa ha sido la triste realidad de los últimos 30 años”, expresó.
El dirigente político manifestó que esta situación ha debilitado la confianza ciudadana en la capacidad del Poder Judicial para sancionar los actos de corrupción administrativa, especialmente cuando involucran a figuras de alto perfil político.
En ese sentido, consideró que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, junto a los demás integrantes del alto tribunal, tiene ante sí el importante desafío de contribuir al fortalecimiento de la credibilidad institucional y promover una justicia más ágil, efectiva e independiente, respetando las garantías del debido proceso.
“Ese es el gran reto de la nueva Suprema Corte de Justicia: lograr que los procesos de corrupción no se eternicen en los tribunales y que puedan culminar con decisiones judiciales definitivas. La sociedad dominicana necesita recuperar la confianza en que la justicia funciona y que nadie está por encima de la ley”, enfatizó.
Castillo Semán advirtió que la falta de consecuencias judiciales efectivas frente a los actos de corrupción constituye, a su juicio, uno de los principales factores que favorecen la repetición de estas prácticas en las distintas administraciones gubernamentales.
“Sin sentencias condenatorias definitivas contra funcionarios públicos responsables de corrupción administrativa, la impunidad judicial se convierte en el mayor estímulo para que estas prácticas se repitan en cada gobierno. El mensaje que recibe la sociedad es que, sin importar lo que se haga, no habrá consecuencias penales reales”, concluyó.
POR RAMON MERCEDES
De acuerdo con la fuente, Tapia fue ingresada de urgencia en un hospital de Yonkers y luego trasladada al Centro de Rehabilitación Burke, ubicado en el 785 de la avenida Mamaroneck, en White Plains, condado de Westchester.
La fuente indicó que la legisladora ocupa la habitación 259, recibe terapias diariamente y cuenta con el acompañamiento de familiares cercanos. Tanto la gobernador de NY, Kathy Hochul, como el Presidente de la Asamblea Estatal, Carl Heastie, la han visitado, se informó.
Tapia, representante del Distrito 86 -que abarca los sectores de University Heights, Morris Heights, Mount Eden, Kingsbridge y Tremont-, fue reelegida en los comicios del pasado 3 de noviembre.
Obtuvo 13,027 votos (82.30%) frente a los 2,120 sufragios de la candidata republicana María Díaz (13.39%).
El Centro de Rehabilitación Burke, con más de un siglo de trayectoria y parte del Sistema de Salud Montefiore, ofrece rehabilitación hospitalaria y ambulatoria, incluidas terapias físicas, ocupacionales y del habla.
El centro atiende a pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares, lesiones cerebrales y de la médula espinal, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y otros trastornos neurológicos.
Así como afecciones cardíacas y pulmonares, artritis, fracturas complicadas, amputaciones y otras condiciones ortopédicas.
Además de pacientes de distintas partes de Estados Unidos, Burke también ofrece atención a personas del extranjero mediante su Programa Internacional de Pacientes.
La institución cuenta con 150 camas, aproximadamente 600 empleados y 17 médicos a tiempo completo. Si quieres, lo ajusto al estilo de tu medio.
POR RAMON MERCEDES
Las imágenes muestran al envejeciente, visiblemente enfurecido, gritando e insultando al voluntario antes de mostrarle el dedo medio y abofetearlo con el dorso de la mano.
"¡No tienes ni idea de quién soy!", gritó el hombre antes de la bofetada. “¿Te atreves a mirarme a la cara y decir: 'No sé nada'?” “Eso es lo que sé. Que te jodan”, añadió mientras se inclinaba sobre la mesa y lo golpeaba, antes de marcharse furioso.
Ni la víctima ni el agresor fueron identificados. El activista de TPAction apenas reaccionó al recibir el golpe. El incidente ocurrió en la escuela Woodland Heights, en Laconia, según el Comité Republicano del Condado de Belknap.
La entidad es una organización sin fines de lucro, clasificada bajo la sección 501(c)(4), y grupo de defensa política que trabaja directamente con los votantes proporcionando recursos para elegir líderes conservadores.
TPAction lanzó “Chase the Vote”, una iniciativa centrada en desplegar miles de organizadores de campo en estados clave para interactuar con los votantes mediante estrategias basadas en relaciones personales y contribuir a la elección de Donald Trump.
“Más comportamiento despreciable de la izquierda”, publicó en X Karoline Leavitt, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca y oriunda de New Hampshire. “Confío en que las fuerzas del orden se encargarán de esto lo antes posible.”
POR DOMINGO DEL PILAR
La actividad marca el inicio de una nueva etapa de coordinación, reorganización y fortalecimiento de los equipos que apoyan sus aspiraciones, de cara a la consulta del PLD en 2027, informó Bienvenido Pérez, enlace del proyecto presidencial con las seccionales del exterior, excónsul en Nueva York y miembro del Comité Central (CC).
Pérez afirmó que García continuará consolidando su estructura política más allá de las fronteras dominicanas, con propuestas concretas para la diáspora y la mirada puesta en 2028.
“No es improvisación; es liderazgo, organización y visión de futuro”, sostuvo. En los últimos años, el aspirante presidencial ha visitado en varias ocasiones las distintas seccionales del PLD en EE. UU. y Europa para presentar su propuesta de gobierno para el período 2028-2032.
Esta incluye la creación de un Fondo de Garantía para las Inversiones de la Diáspora Dominicana, con un monto inicial de 20 mil millones de pesos.
La propuesta, que García califica como una respuesta a una “deuda histórica” del Estado con quienes emigraron por razones económicas, busca resolver uno de los principales obstáculos que, según el dirigente peledeísta, enfrentan los dominicanos en el exterior: la imposibilidad de acceder a préstamos bancarios en su país por no contar con ingresos formales registrados en territorio dominicano.
Entre los dirigentes que participaron en la asamblea, muchos de ellos miembros del Comité Central y otros presidentes de seccionales, figuran Luis Litghow, Marcos Montilla, José Joaquín Mota, Ana Grateraux y Félix Antonio Martínez (Ronny), Miguel Suriel, Luis Encarnación, Alejandro Montesino, Darío Collado, Francisco Francisco, Rafael Encarnación y Tovarik Bautista, entre otros, indicó Pérez.
El nuevo complejo, denominado Casa del Secretariado, está ubicado en la calle Juan Sánchez Ramírez esquina Socorro Sánchez, en el sector de Gascue, Distrito Nacional, en el inmueble donde durante mucho tiempo funcionaron el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y la Procuraduría General Administrativa.
El complejo cuenta con múltiples oficinas, áreas administrativas y espacios de trabajo destinados al funcionamiento permanente de varias secretarías y dependencias nacionales de la Fuerza del Pueblo, lo que permitirá concentrar en un mismo edificio importantes operaciones políticas, organizativas y técnicas.
En estas instalaciones funcionarán las secretarías de Organización, Electoral, Innovación, Tecnología y Formación Política, así como la Vicesecretaría General Administrativa y Financiera, junto a otras áreas vinculadas al funcionamiento institucional del partido.
La Secretaría de Formación Política dispondrá, además, de espacios para el desarrollo de su escuela de capacitación, destinada a fortalecer la preparación de dirigentes, cuadros políticos y miembros de la organización.
La concentración de estas dependencias en un mismo complejo facilitará la coordinación entre las distintas secretarías, la planificación de actividades, el seguimiento de los trabajos territoriales y el desarrollo de programas de formación, innovación y organización electoral, en procura de alcanzar las cinco metas que se ha trazado la organización con miras a las elecciones de 2028.
La apertura de la Casa del Secretariado se produce apenas días después de que la Fuerza del Pueblo inaugurara nuevos locales en Santiago, dando continuidad a un proceso de ampliación de su infraestructura partidaria en diferentes puntos del territorio nacional.
Con estas instalaciones, la organización amplía significativamente sus espacios físicos de trabajo y fortalece su estructura operativa, al disponer de nuevas áreas para la ejecución de los planes y programas de sus organismos nacionales.
La Casa del Secretariado constituye un nuevo espacio para el funcionamiento de importantes organismos nacionales de la Fuerza del Pueblo y se suma a la Casa del Pueblo Johnny Ventura y a la Casa Nacional, las tres instalaciones ubicadas en el sector de Gascue, Distrito Nacional.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que el tribunal rechazó los recursos que presentaron las defensas de los procesados en la Operación Cobra 2.0-A, y solo varió la prisión preventiva de Elsa De la Rosa Vásquez por arresto domiciliario.
“Sobre ese recurso hay que señalar que la imputada admitió los hechos en el tribunal, o sea, admitió los hechos que había cometido y que había negado en otras instancias, y la medida que tiene sigue siendo privativa de libertad; el tribunal le impuso un grillete electrónico y arresto domiciliario y el resto queda con las medidas de coerción que les fueron impuestas al llegar hasta aquí”, explicó Camacho a periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal de alzada.
Camacho encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia, junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y el procurador de corte José Manuel Aguiló. También, lo integraron los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría. Además, el procurador de Corte José Manuel Aguiló.
El tribunal ratificó la prisión preventiva para los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Wander Manuel Díaz Encarnación, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Los jueces de la corte Ysis Muñiz (presidenta), Teófilo Andújar e Ingrid Fernández iniciaron pasadas las 10:00 de la mañana la audiencia en la que ocho imputados que cumplen prisión preventiva, como medida de coerción, buscaban su libertad o que le fuera variada a una menos gravosa. La audiencia terminó alrededor de las 10:00 de la noche.
En el grupo de procesado en la Operación Cobra 2.0 figuran además Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo, quienes guardan arresto domiciliario.
Además, cumplen medidas de coerción (garantía económica e impedimento de salida y arresto domiciliario) Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Martha María Saldaña Saldaña, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Todos los procesados enfrentan cargos por delitos como estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, falsificación de documentos, sobornos, lavado de activos y desvío de recursos mediante facturación de servicios médicos no realizados, suplantación de identidad de afiliados y vulneración de bases de datos.
Los jueces del tribunal de apelación en las motivaciones de su decisión indicaron que el arraigo social, laboral, económico y familiar de una persona no puede ser la única determinante para que en su contra no se dicte la prisión preventiva como era la pretensión de algunas de las defensas.
En ese orden, precisaron que también deben valorarse otras circunstancias y tomar en cuenta la gravedad de los hechos, el daño provocado a la víctima, el daño a resarcir y la pena imponible.
El Ministerio Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y a Eduardo Read Estrella, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
También a Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario, luego de que se le variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.
El Ministerio Público procesa además a Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva de 18 meses.
A finales del pasado mes de abril, arrestó a Guzmán Vásquez, quien se desempeñaba como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en SeNaSa, desde el 8 de marzo del año 2021 hasta el 1 de noviembre del año 2022.
Guzmán Vásquez, quien trató de salir del país con destino a Boston, Estados Unidos, sin contar con boleto de retorno, está vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas como parte de la red criminal que estafó al SeNaSa mediante el empleo de distintas maniobras y modalidades fraudulentas, para hacerse con montos económicos fuera de los parámetros legalmente establecidos.
Una amplia persecución
El Ministerio Público también puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán cumplen prisión preventiva y Vargas Sánchez arresto domiciliario.
