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Una encuesta señala que la ventaja de Lula sobre Flávio Bolsonaro se redujo de cara a la primera vuelta en Brasil .
Pese a haber 13 candidatos presidenciales, el foco está puesto en la disputa entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, quienes encabezan todas las encuestas, aunque, según las mismas mediciones, a ninguno le alcanzaría para evitar la segunda vuelta del próximo domingo 25 de octubre.
La primera vuelta de este domingo se realiza entre las 8 y las 17, según la hora oficial de Brasilia. Si ningún candidato presidencial o a gobernador supera el 50 % de los votos válidos, los dos más votados competirán en el balotaje.
El Tribunal Electoral de Brasil advirtió que actuará contra cualquier intento de amenaza o interferencia en las urnas La fórmula presidencial que se imponga en las urnas ejercerá un mandato de cuatro años a partir del 5 de enero de 2027.
La elección también definirá el rumbo de la política exterior brasileña, las relaciones con Estados Unidos, y la composición de instituciones que estuvieron en el centro de las tensiones durante el gobierno de Jair Bolsonaro.
La renovación del Congreso y las reglas para ganar Los votantes también elegirán los 513 integrantes de la Cámara de Diputados y 54 escaños del Senado Federal, equivalentes a dos tercios de la cámara alta.
Cada estado y el Distrito Federal designarán a dos senadores, además de diputados estaduales o distritales para sus respectivas legislaturas locales.
Las 27 gobernaciones, junto con las vicegobernaciones, también estarán en juego. Para imponerse en la primera vuelta, las fórmulas presidenciales y los candidatos a gobernador deben reunir más de la mitad de los votos válidos, sin contar los sufragios en blanco ni los nulos.
Cada elector deberá hacer seis selecciones en la urna electrónica: diputado federal, diputado estadual o distrital, dos senadores, gobernador y vicegobernador, y presidente y vicepresidente. Antes de confirmar cada opción, la pantalla mostrará la foto, el nombre, el cargo y la sigla partidaria del candidato.
El voto es obligatorio para los brasileños alfabetizados de entre 18 y 70 años. Los adolescentes de 16 y 17 años, los mayores de 70 y las personas analfabetas pueden decidir si participan, mientras que quienes estén obligados a votar y no puedan asistir deberán presentar una justificación ante la Justicia Electoral.
El Tribunal Superior Electoral validó 13 fórmulas presidenciales.
El registro inicial de Pablo Marçal fue rechazado por irregularidades en su afiliación partidaria, por lo que el Partido Renovador Laborista Brasileño oficializó a Leonardo Avalanche y Silvia Hellen da Silva Pereira como sus candidatos.
La identificación ante la mesa receptora se debe realizar con un documento oficial con foto o mediante datos biométricos registrados en el sistema.
Al comenzar la jornada, cada dispositivo emite la Zerésima, que certifica la ausencia de votos previos, y al cierre imprimirá el Boletín de Urna con los resultados de esa sección, documentos que podrán consultar fiscales partidarios y ciudadanos. Lula buscará retener el Palacio del Planalto frente a Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.
La elección se desarrolla después de varios triunfos de fuerzas de derecha en Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Perú, mientras Brasil y México permanecen como los principales gobiernos de izquierda de la región.
Una victoria de Lula mantendría esa posición brasileña en América Latina, mientras que un triunfo de Bolsonaro acercaría al país a la tendencia regional.
Flávio Bolsonaro asumió la candidatura del Partido Liberal, tras la inhabilitación de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en prisión domicilaria tras ser condenado por intento de golpe de Estado.
Donald Trump mantiene una alianza con Jair Bolsonaro, y su administración impuso aranceles a productos brasileños y sanciones contra jueces y otros funcionarios.
(FUENTE: INFOBAE)
Pese a que la ley no faculta a la Contraloría a realizar dichas publicaciones, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó que esta nueva entrega dispuesta por el mandatario da continuidad a la divulgación progresiva de las auditorías correspondientes a períodos comprendidos entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.
Comprende 28 informes correspondientes a 25 auditorías con enfoque integral y a 3 informes de seguimiento a las recomendaciones de auditorías, cuyos resultados podrán ser consultados a través del portal institucional de la Contraloría https://contraloria.gob.do
Espinosa Pérez sostuvo que esta entrega se suma a los 39 informes de auditorías que ya habían sido divulgados como parte de este proceso.
Expresó que dicha acción permitirá a los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y demás sectores interesados conocer los resultados de las evaluaciones realizadas sobre el manejo de los recursos públicos, el cumplimiento de las disposiciones legales y la efectividad de los controles establecidos en las instituciones examinadas.
Un proceso sustentado en la Ley 10-07
El numeral 8 del artículo 18 de la Ley núm. 10-07 establece entre las funciones especiales del contralor general de la República, la de remitir directamente al titular de la respectiva entidad u organismo público, al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República o a la Cámara de Cuentas, según corresponda, los resultados o informes de las evaluaciones, auditorías internas e investigaciones realizadas.
En ese marco legal, el contralor resaltó que la divulgación de estos informes se realiza por delegación del presidente de la República, como parte de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para facilitar el acceso público a los resultados de las auditorías y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El funcionario explicó que la Contraloría desarrolla tres tipos de auditoría: auditoría interna con enfoque integral, auditoría interna focalizada y auditoría de seguimiento. Cada modalidad responde al alcance y propósito de la evaluación, así como a los riesgos, procesos, operaciones o recomendaciones que requieran ser examinados.
También destacó que, desde que fue designado como contralor, el 9 de febrero de 2026 del año en curso, Contraloría coordina con la Cámara de Cuentas programas de auditorías para evitar la duplicidad, por lo tanto, no serán publicados aquellos informes correspondientes a períodos intervenidos por el citado organismo.
Asimismo, señaló que el Plan Estratégico Institucional 2025-2028 de la Contraloría contempla, entre sus resultados, continuar ampliando el alcance de las auditorías y avanzar progresivamente hacia una mayor cobertura de las instituciones públicas sujetas al Sistema Nacional de Control Interno.
La entrada en vigor del nuevo Código Penal, prevista para el próximo 5 de noviembre, plantea nuevos escenarios de responsabilidad penal para las empresas y obliga al sector privado a revisar sus mecanismos de prevención, cumplimiento y gestión de riesgos.
Así lo analizó, La Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (BritChamDR), a través de su Comité Legal, durante la primera edición de BritCham Legal Talks, celebrada con la participación de especialistas del sector jurídico y empresarial.
El nuevo Código Penal establece un marco que amplía y precisa los escenarios en los que las personas jurídicas pueden enfrentar responsabilidad penal por hechos cometidos en su nombre o beneficio. Ante este nuevo escenario, BritChamDR puso el foco en los cambios que deberán considerar las empresas en sus estructuras de cumplimiento, controles internos y gestión de riesgos.
Durante el panel se analizaron los criterios para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las posibles sanciones y el papel de los programas de cumplimiento como herramientas para prevenir y detectar conductas que puedan generar consecuencias legales para las compañías.
La discusión también abordó aspectos que adquieren especial relevancia bajo el nuevo marco, como la debida diligencia de terceros y proveedores, las responsabilidades de los órganos de dirección, los canales de denuncia y los protocolos internos de prevención y respuesta.
El panel estuvo integrado por Francisco Álvarez, de FAbogados; Ralvin Gross, de Casa Brugal; y Antonia Durán, de EGE Haina, con la moderación de Nicole Portes, de OMG. Los especialistas analizaron desde las perspectivas jurídica y empresarial los principales retos que plantea la aplicación de las nuevas disposiciones.
Urania Paulino, coordinadora del Comité Legal de BritChamDR, destacó la importancia de que las empresas conozcan con anticipación el alcance de las nuevas disposiciones y traduzcan estos cambios en medidas concretas de prevención y gestión de riesgos.
Con esta iniciativa, BritChamDR fortalece su agenda de análisis de los cambios regulatorios que inciden en la actividad empresarial, promoviendo el intercambio entre los sectores legal y corporativo sobre las nuevas obligaciones que plantea el ordenamiento jurídico dominicano.
