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SANTIAGO.-El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, inició la segunda etapa del acueducto múltiple Sabana Iglesia, en la provincia Santiago, dando respuesta a una demanda de los comunitarios.
El proyecto, con una inversión aproximada a los RD$913,578,413.59 millones de pesos, beneficiará a unas 28,590 personas.
“Estamos enfocados en proveer agua potable en cantidad, calidad y presión, a cada hogar de este laborioso municipio, honrando el compromiso del presidente Luis Abinader, que ha demostrado con hechos que no dejará a nadie atrás”, precisó Arnaud.
El funcionario dijo que durante la presente gestión de gobierno han colocado 1.6 kilómetros de tuberías por día, es decir, más de 3 mil kilómetros, "y tenemos unos dos mil más contratados".
En cuanto a la importante obra, se aprovechará la cercanía de la presa de Bao para garantizar un servicio eficiente a los habitantes de Sabana Iglesia zona urbana, Boca de Bao, El Hoyo del Cercado, La Barranca, La Furnia, La Galeta, Ranchos de Babosico Abajo, Ranchos de Babosico Arriba, Palo Amarillo, La Joya (Rincón), Terrero, Zalaya, La Zanja, El Flaire, y Las Mesetas.
Entre los componentes del proyecto está, la obra de toma con empalme a línea de impulsión en acero, colocación de línea de aducción, construcción de planta potabilizadora de filtración rápida con aireador y capacidad de 100 litros por segundos.
También contempla la construcción de estación de bombeo con cisterna de 400 metros cúbicos con equipamiento de ocho electrobombas de 60, 75 y 100 caballos de fuerza, depósito regulador circular con capacidad de 2,000 metros cúbicos, colocación de línea de impulsión, instalación de línea matriz y redes de distribución en Sabana Iglesia y la colocación de 4,500 acometidas.
Esta ampliación complementará la primera etapa del proyecto Sabana Iglesia- Baitoa, que ya fue ejecutado.
Al finalizar el acto, Arnaud procedió con la juramentación formal de la comisión de veeduría integrada por la gobernadora de la provincia, la alcaldesa, regidores, presidentes de juntas de vecinos, y líderes religiosos, quienes mantendrán informada a la comunidad del correcto desarrollo de la obra.
El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) alertó a la ciudadanía sobre la prohibición del uso no autorizado de drones en las inmediaciones de las instalaciones deportivas donde se desarrollan los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el propósito de garantizar la seguridad de los atletas, delegaciones, espectadores y operaciones aéreas.
El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, exhortó a todas las personas interesadas en operar drones a cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en el Reglamento Aeronáutico Dominicano (RAD 107), normativa que regula la operación de los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en el territorio nacional.
Rodríguez Durán explicó que esta medida responde a una solicitud de los organizadores de los Juegos y forma parte del dispositivo de seguridad diseñado para preservar el orden y prevenir cualquier incidente que pueda comprometer el desarrollo del evento.
La restricción abarca todas las sedes oficiales de competencia de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, incluyendo el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Parque del Este, así como las instalaciones deportivas ubicadas en el Gran Santo Domingo, Boca Chica, Baní, San Cristóbal, Bonao, Santiago, Puerto Plata y Punta Cana, donde se celebrarán distintas disciplinas del evento.
El IDAC recuerda que cualquier operación de drones en estas áreas deberá contar con la autorización correspondiente de la autoridad aeronáutica y la coordinación con los organismos responsables de la seguridad de los Juegos.
Asimismo, informó que el IDAC trabaja de manera coordinada con los organismos de seguridad responsables de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para identificar y actuar frente a cualquier operación de drones que se realice sin la debida autorización.
La institución recordó que el uso indebido de drones en zonas restringidas constituye una violación a la normativa aeronáutica vigente y puede dar lugar a sanciones administrativas, además de las acciones que correspondan conforme a la legislación aplicable.
El IDAC reiteró su llamado a la colaboración de la ciudadanía para contribuir al éxito de este importante evento deportivo internacional, respetando las restricciones establecidas y operando drones únicamente cuando se cuente con las autorizaciones correspondientes.
El Ministerio Público presentó ante los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el recurso de apelación contra la sentencia que descargó a procesados por la venta ilegal de los terrenos del sector Los Tres Brazos.
El órgano acusador presentó su recurso de apelación a la decisión que en 2024 descargó a los encartados Leoncio Almánzar Objío, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde); Juana Ynés Gómez Williams, Lisetel González Sánchez, Manuel Joaquín Aybar Ferrando, Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez Williams, Irving José Cruz Crespo y Julio César Gómez Williams.
La apelación, también, fue presentada contra las razones sociales Proyecciones Inmobiliarias Gowi, S.R.L. representada por la señora Juana Ynés Gómez Williams; Inversiones Fernández Parache (Infepa), representada por Carlos Aris Gómez Williams, y Tekknowlogic Dominicana, S.R.L., representada por Julio César Gómez Williams, así como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
La sentencia fue recurrida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; la procuradora de corte Rosa Pichardo y los fiscales José Miguel Marmolejos y Wagner Cubilete.
El grupo junto a otros acusados fue procesado por desfalcar al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno, un fraude con el que tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos.
Los jueces de la corte, integrada por Ysis Muñiz (presidenta), Teófilo Andújar y Milagros Ramírez Cabrera (miembros), aplazaron la audiencia para emitir el fallo el jueves 10 septiembre, a las 11:00 de la mañana.
“En el día de hoy el Ministerio Público cumplió con presentar el recurso de apelación contra la extinción del proceso penal”, dijo la procuradora de corte Rosa Pichardo tras concluir la audiencia.
El recurso fue presentado ante el tribunal de alzada contra la sentencia penal 941-2024-SSEN-00082, del 22 de abril de 2024, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, integrado por los jueces Keila S. Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera (sustituto de la presidenta) y Arisleida Méndez Batista (miembro), quienes declararon la extinción de la acción penal por vencimiento de plazo máximo de duración del proceso en favor de los encartados.
La decisión fue apelada al establecerse que se hizo una errónea aplicación de las leyes, que no se corresponde con la acusación formulada ni con las pruebas aportadas al tribunal, por lo que el Ministerio Público dijo esperar que se revoque la decisión que declaró la extinción penal del proceso y que se ordene la continuación del juicio seguido contra los acusados.
Sobre el caso
Los involucrados en la trama enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
La acusación indica que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado.
El caso recibió la calificación jurídica de violación a los artículos 59, 60, 265, 266, 166, 171, 175 y 405 del Código Penal Dominicano y la Ley 346-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
A través de esta alianza estratégica, Aduanas fortalece su capacidad operativa y apuesta por el talento como uno de los principales motores para elevar la competitividad del país y consolidar a la República Dominicana como un referente logístico regional.
El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, destacó que la formación del talento humano constituye una prioridad para la gestión institucional. “Este acuerdo representa una inversión directa en el desarrollo del capital humano de la Dirección General de Aduanas. Iniciamos con 50 becas para colaboradores que continuarán con su preparación profesional, fortaleciendo competencias en tecnología y logística a través de la carrera Smart Logistics”, expresó Arroyo.
Asimismo, señaló que la transformación de las aduanas modernas requiere de profesionales capacitados y comprometidos con la innovación. “Estamos convencidos de que la tecnología es la palanca que puede marcar la diferencia en la modernización de las aduanas”.
El rector del ITLA, Jimmy Rosario Bernard, destacó que esta iniciativa representa un paso decisivo para consolidar una oferta académica alineada con las necesidades del sector productivo y con la visión de innovación que impulsa el Gobierno dominicano.
"Este acuerdo junto con la Dirección General de Aduanas impulsa el desarrollo de nuestra nueva carrera de Smart Logistics (Logística Inteligente), una propuesta académica innovadora diseñada para formar profesionales capaces de integrar tecnología, análisis de datos, automatización e inteligencia digital en los procesos logísticos.
Rosario Bernard afirmó que el convenio refleja la visión del ITLA de desarrollar programas académicos que respondan a las necesidades reales del país y aporten soluciones innovadoras a sectores estratégicos para el crecimiento económico.
Durante la vigencia del convenio, ambas entidades desarrollarán iniciativas enfocadas en la formación especializada, la transformación digital, la investigación aplicada y la generación de espacios de intercambio de conocimientos, fortaleciendo la conexión entre la academia y el sector público para responder a las necesidades actuales y futuras de la actividad logística.
Como parte del acuerdo, también se impulsarán programas de educación continuada, pasantías, prácticas profesionales y proyectos vinculados a tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial, con el objetivo de promover una cultura de innovación que genere valor, eficiencia y mayores oportunidades de desarrollo.
Durante el acto, el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, recibió el reconocimiento de embajador del ITLA, distinción otorgada por su respaldo a iniciativas orientadas a ampliar las oportunidades de formación especializada y fortalecer las capacidades del talento humano en la República Dominicana.
La actividad reunió a autoridades de ambas instituciones y representantes de empresas vinculadas a la logística, el comercio y el transporte marítimo, evidenciando la importancia de la colaboración multisectorial para impulsar el desarrollo sostenible del país.
BOGOTÁ, Colombia. La magistrada del Tribunal Constitucional Army Ferreira destacó que las amenazas a la democracia contemporánea toman formas distintas a las amenazas del pasado, que actualmente se son silenciosas, disfrazadas de normalidad y muchas veces justificadas en la necesidad de garantizar la paz dentro de un país, lo que da lugar a llevar a cabo prácticas totalmente divorciadas con los valores democráticos.
Enfatizó en que la justicia constitucional cumple con la doble función de corregir distorsiones normativas heredadas del autoritarismo y evitar desviaciones actuales del poder dentro de los límites constitucionalmente establecidos.
Estas consideraciones fueron expuestas durante su participación en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional (WCCL) 2026, celebrado recientemente en la Universidad Externado de Colombia, donde intervino en el taller «La democracia sostenible y la crisis del constitucionalismo» con la ponencia «Justicia constitucional y democracia sostenible. Tribunal Constitucional dominicano: núcleo competencial, funciones, corrección y límites».
En su disertación, afirmó que la experiencia dominicana ofrece una respuesta interesante a la pregunta sobre cómo contribuye la justicia constitucional a la consolidación de una democracia sostenible, realizando un estudio de precedentes constitucionales dominicanos que ponen en evidencia el papel del Tribunal Constitucional para la democracia, desde el ejercicio de una justicia constitucional activa, pero institucionalmente autocontenida.
De acuerdo con la magistrada Ferreira el sostenimiento de la democracia no se limita a que los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio de manera periódica, sino a la relación coherente que existe entre el ordenamiento jurídico, el Estado de derecho y la consolidación de una jurisprudencia constitucional capaz de: 1o. corregir la herencia autocrática, 2o. enderezar distorsiones actuales del orden constitucional que atenten contra la separación de poderes y 3o. hacerlo dentro del marco de sus competencias. Por lo cual analizó el rol de la justicia constitucional como garante de una democracia sostenible desde tres ejes conexos.
En primer orden explicó sentencias del TC que han declarado la inconstitucionalidad de disposiciones normativas adoptadas durante la tiranía, lo cual consideró como un proceso de depuración que garantiza que el sistema jurídico vigente sea plenamente compatible con la Constitución democrática actual.
Sobre ese tema, aseguró que «la eliminación de disposiciones heredadas de un régimen autoritario representa una forma de justicia constitucional correctiva que reafirma la supremacía constitucional y la ruptura material con el pasado no democrático».
En segundo lugar, la magistrada Ferriera se refirió al análisis de precedentes relacionados con la usurpación de funciones entre los poderes del Estado, resaltando que ese tipo de decisiones permite observar cómo el TC dominicano ha delimitado el alcance de las competencias de esos órganos, además de revelar que «la defensa de la democracia exige preservar la arquitectura institucional diseñada por la Constitución».
El último eje planteado por la jueza estuvo relacionado con el aspecto estructural, que atañe a la legitimidad de la justicia constitucional, puesto que cuando un órgano hace las funciones que la constitución atribuye a otro, se rompe el equilibrio institucional requerido para el sostenimiento del sistema democrático.
Dijo que el Tribunal Constitucional debe tener claro cuáles son las facultades que se encuentran en su núcleo competencial, afirmando que no se trata de ser extremadamente deferentes como para no cumplir su rol, pero tampoco excesivamente extensivos en su función como para atentar contra el principio de separación de poderes. Por lo cual concluyó que el principal desafío de la justicia constitucional del siglo XXI no consiste únicamente en controlar el poder, sino en hacerlo sin sustituir a los actores democráticamente legitimados.
