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El reconocido compositor Frantoni Santana será el artista invitado de la próxima edición de la tertulia Crónicas Musicales, un espacio dedicado a resaltar la obra de figuras clave de la música nacional. La actividad se celebrará el lunes 30 de octubre, a las 7:00 de la noche, en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, con el auspicio de la Sgacedom.
Santana es considerado uno de los autores más prolíficos de la República Dominicana, con un repertorio amplio y consistente que ha marcado distintas etapas del merengue y la música tropical. Su catálogo incluye éxitos como “Y te vi”, “No te puedo llevar”, “Qué novia” y “Perdiendo el cariño”, popularizados por Koqui Acosta en 1984, así como “Caramba mi compai”, “Mi querer” y “Un hombre bueno”, interpretados por el Grupo Félix en 1985.
A lo largo de su carrera, sus composiciones han sido interpretadas por destacadas figuras de la música. Temas como “Muchachita buena moza” y “Amor mío”, en la voz de Jerry Legrand, o “Muévete, muévete”, grabado por Porfi Jiménezy luego por Koqui Acosta, evidencian su versatilidad creativa. También destacan piezas como “Equivocada estás” y “Rubia de fuego”, llevadas al éxito por Los Hermanos Rosario, y “La taberna” junto a Aníbal Bravo.
Su obra continuó consolidándose a finales de los años 80 y principios de los 90 con colaboraciones emblemáticas. Entre ellas figuran “Bomba”, coautoría con Rento Arias para Los Hermanos Rosario; “13 Años” y “Qué bueno estoy”, popularizadas por Wilfrido Vargas; y “Gotas de pena”, interpretada por Ramón Orlando y posteriormente por Alex Bueno. Asimismo, destacan “Me duele (El Cuerpecito)” y “La coronela”, en la voz de Las Chicas del Can, además de “La faldita” con La Cocoband y “La vieron”, interpretada por Eddy Herrera.
Ideado por el periodista y crítico musical Máximo Jiménez, “Crónicas Musicales” se ha consolidado como un espacio que viene a llenar un vacío en la difusión de la historia musical dominicana. En pocas ediciones, la tertulia ha logrado visibilizar los perfiles y aportes de algunos de los compositores más influyentes del país, ofreciendo al público una mirada íntima y documentada sobre sus trayectorias.
A solicitud del Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, un tribunal dictó auto de apertura a juicio contra seis personas que integraban una estructura criminal acusada de secuestro, lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos conexos.
Los procesados Ambiorix Vásquez Severino, Estefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Tairi Vásquez Severino, Jhan Carlos Rivera Martínez y Ruth Delanea Severino Santana fueron enviados a juicio luego de que el Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia acogiera en todas sus partes la acusación presentada por el Ministerio Público.
El tribunal valoró las pruebas documentales, periciales, testimoniales y audiovisuales aportadas por el órgano acusador, concluyendo que son suficientes para que los imputados sean juzgados y eventualmente condenados por los hechos atribuidos.
La investigación y litigación del caso estuvo a cargo de los fiscales Claudio Cordero, en representación de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y de la Unidad Antisecuestro, y Surielly Guerrero, por la Fiscalía de La Altagracia, quienes sostuvieron la acusación en la audiencia preliminar y presentaron los elementos que motivaron la apertura a juicio. Como equipo técnico estuvo la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional.
El Ministerio Público sostiene que la estructura operaba de manera organizada, con roles definidos, simulando operativos de agencias oficiales como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y utilizando testaferros para ocultar los bienes adquiridos con el dinero del rescate, producto del secuestro.
La investigación establece que el 4 de marzo de 2025, los imputados, utilizando indumentaria similar a la de organismos de control de drogas y portando armas largas y cortas, simularon un arresto para privar de libertad a la víctima, de quien omitimos su nombre, para respetar su dignidad, quien fue trasladado a una zona de manglares donde fue torturado y sometido a descargas eléctricas.
Posteriormente, los captores exigieron a la familia de la víctima la suma de veinte millones de pesos como rescate, recibiendo finalmente seis millones de pesos en efectivo y prendas de alto valor, ascendiendo a unos nueve millones ochocientos mil pesos dominicanos tras lo cual procedieron a liberarlo.
El Ministerio Público también sostiene en la acusación que el dinero producto del secuestro fue introducido al sistema económico mediante la adquisición de vehículos, joyas y otros bienes a nombre de terceros, con el objetivo de ocultar su origen ilícito y evitar su rastreo por las autoridades.
Estos terceros fueron identificados, ya que la investigación financiera reveló la utilización de testaferros, transferencias irregulares, empeño de prendas y compras de vehículos con placas falsas, maniobras típicas de los esquemas de blanqueo de capitales provenientes de actividades criminales.
El equipo fiscal desplegó múltiples diligencias investigativas, operativos, análisis financieros y coordinación interinstitucional para documentar la estructura criminal y sustentar la acusación penal.
Las titulares de la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de La Altagracia, respectivamente, Ramona Nova y Claudia Garrido, destacaron que esta decisión judicial constituye un paso firme en la lucha contra las redes criminales que combinan delitos violentos con operaciones de blanqueo de capitales.
“Este proceso demuestra que el Ministerio Público está preparado para perseguir no solo a quienes ejecutan secuestros, sino también a quienes intentan disfrutar y ocultar los bienes obtenidos con esos crímenes”.
Con la emisión del auto de apertura a juicio, dictado por la jueza Alexandra Reyes Custodio, el expediente será remitido al tribunal colegiado competente, donde se celebrará el juicio en el que el Ministerio Público procurará obtener condenas ejemplares contra los acusados por los delitos de secuestro y lavado de activos.
Durante el acto, realizado en el Salón Piantini del Hotel JW Marriott, fueron distinguidos profesionales y emprendedores de distintas áreas, en una premiación que reafirmó el valor del liderazgo joven, la excelencia profesional y el compromiso con la transformación social e institucional del país.
Uno de los momentos centrales de la noche fue la entrega del Reconocimiento al Mérito Empresarial a Héctor José Rizek Sued, presidente del Grupo Rizek, por su trayectoria y contribución al desarrollo productivo nacional. Al pronunciar unas palabras de agradecimiento, Rizek Sued expresó:
“Con total honestidad, emprender no es un camino fácil ni perfecto; hay dudas y tropiezos. Las oportunidades, a veces, no llegan, sino que se construyen. Cada error trae una lección. El éxito no es inmediato ni lineal; es el efecto de innovar, aun cuando los resultados no sean visibles. Inicien con lo que tengan. El esfuerzo sostenido rinde sus frutos. Crean en el poder de la constancia. El futuro se construye con acciones”.
Asimismo, fue otorgado un Reconocimiento Especial a Santiago Matías, por su incidencia en los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y la evolución del ecosistema digital dominicano.
La comunicadora Miralba Ruiz tuvo a su cargo la conducción del evento, mientras que el panel “¿Qué hacer para emprender?” fue moderado por Sol Disla, profesional de la comunicación estratégica y el manejo de crisis. El conversatorio contó con la participación de Omar Fernández, senador del Distrito Nacional; Gloria Reyes, ministra de la Mujer; Yorlin Vásquez, jueza de la Suprema Corte de Justicia; Lenis García, jueza del Tribunal Superior Electoral; y Boris de León, presidente de ANJE. El espacio propició una reflexión en torno al liderazgo, el emprendimiento, la innovación y la visión de futuro.
En representación de los galardonados, Robert de la Cruz, CEO de Apartamentos RD y empresario vinculado al sector inmobiliario dominicano, pronunció las palabras de agradecimiento, en las que expresó:
“Los jóvenes empresarios, líderes y soñadores que, desde diferentes espacios, aportamos al crecimiento de nuestro país con trabajo, visión y compromiso, hemos descubierto algo poderoso: la juventud no está en la edad, sino en el alma. Porque el alma se mantiene joven cuando tiene propósito, cuando se levanta cada día con ganas de servir, de crear y de aportar; cuando decide hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando”.
En Área Legislativa fueron reconocidos Charlie Mariotti Jr. y Jesús Stalin Vásquez Marte. En Municipalidad, la premiación destacó a Lenín Campos, Yohendy Jiménez Bonilla, Jorge Feliz Pacheco y Rafael Gutiérrez.
La categoría Medios de Comunicación reconoció a Millizen Uribe, Cristian Cabrera, Danylsa Vargas, Susy Aquino Gautreau y María Cristina Rodríguez. En Gubernamental fue distinguida Julissa Cruz, y en Profesional fueron reconocidos Yuri Enrique Rodríguez Lorenzo y Nikauris Báez Ramírez.
En el renglón Empresarios y Emprendedores, los galardonados fueron Daniel Ureña, Robert de la Cruz, Yerik Pérez, Wester Hernández, Alger Santos, Jordan Estévez, Diego Arciero y Juan Miguel Curbelo Monroy. En Reconocimientos Especiales y Nuevas Generaciones también fueron exaltados Miguel Rafael Suárez Tavárez, Ricardo Caruso, Leandro José Leonardo Duarte, Francisco Valdez Lozada, Víctor Medina y Ángel Fernando Trifolio López.
La premiación incluyó además el reconocimiento a Leidy Blanco García en Aportes a la Sociedad; a José Francisco Ramos Frías en Dominicanos Destacados en el Exterior; y a Karilyn María Chabebe Lantigua en Liderazgo Femenino.
Con esta decimocuarta edición, Premio Joven del Año consolida su propósito de reconocer trayectorias de mérito, visibilizar nuevas generaciones de liderazgo y destacar a jóvenes que, desde distintos sectores, contribuyen al fortalecimiento de la República Dominicana.
Sobre GALA Media Group
GALA Media Group es una empresa dedicada a la comunicación y producción de eventos que promueve el talento y liderazgo en la República Dominicana. Con una trayectoria consolidada, se enfoca en resaltar iniciativas que generan impacto en la sociedad y fomentan el desarrollo profesional y personal de jóvenes destacados.
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SANTIAGO.– El dirigente político Francisco Domínguez Brito consideró que el teletrabajo representa una oportunidad clave para modernizar la economía dominicana, pero advirtió que su desarrollo está limitado por un marco normativo excesivamente burocrático.
Al referirse al tema tras el reciente planteamiento del presidente Luis Abinader sobre incentivar el trabajo a distancia, señaló que la actual regulación dificulta su implementación tanto para trabajadores como para empleadores, reduciendo su alcance y efectividad.
Francisco Domínguez Brito indicó que disposiciones como la exigencia de contratos escritos y cláusulas complejas limitan la flexibilidad necesaria para que el teletrabajo funcione adecuadamente en la práctica. En ese sentido, abogó por priorizar acuerdos más simples entre las partes, que permitan mayor adaptación en aspectos como horarios, jornadas laborales y condiciones de trabajo.
Asimismo, planteó la necesidad de revisar la normativa vigente y evitar marcos legales excesivamente rígidos, proponiendo en su lugar un esquema basado en principios generales que pueda ajustarse con mayor facilidad a los cambios tecnológicos.
El dirigente destacó que el avance de la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas plataformas digitales exige un entorno más flexible que incentive esta modalidad laboral.
“Menos burocracia y más flexibilidad: sólo así podemos hablar de teletrabajo”, expresó.
Finalmente, subrayó la importancia de crear incentivos y condiciones que permitan aprovechar el potencial del trabajo a distancia como herramienta de desarrollo económico y generación de oportunidades.
Una jueza del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción de prisión preventiva contra el capitán Nelson Valdez, quien formaba parte de una red criminal compuesta por agentes policiales que sustrajeron más de 900,000 proyectiles de la Policía Nacional.
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó la medida impuesta a Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos del cuerpo del orden al momento en que la organización criminal fue desmantelada tras la puesta en marcha de la Operación Pandora en noviembre de 2024.
El grupo criminal es acusado de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado con 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos, a través de la sustracción de 836 mil 970 municiones y 645 pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión del coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien cumple prisión preventiva por su vinculación al caso.
El expediente también involucra a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Juan Miguel Soler Pérez, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio y Miguelina Bello Segura, quienes cumplen distintas medidas de coerción.
La procuradora fiscal Rosa Ysabel detalló que como solicitó el Ministerio Público la medida fue confirmada a Nelson Valdez porque no han variado los presupuestos que dieron origen a la misma.
Con relación al caso, dijo: “se le acusa de la sustracción de casi un millón de municiones, entre ellas municiones de alto calibre, de guerra y que fueron vendidas a militares y civiles”.
Asimismo, la fiscal Rosa Ysabel y Jhensy Víctor, representantes del órgano acusador, informaron que el tribunal presidido por la jueza Patricia Padilla, aprobó la solicitud de dejar sin efecto la revisión obligatoria contra Narciso Feliz, Juan Soler y Morelbin Medina, “en virtud de que a los mismos se le había conocido la apelación el pasado 12 de febrero, en la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional”.
Narciso Feliz, Juan Soler, Nelson Valdez y Morelbin Medina, cumplen la medida de coerción impuesta en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de La Victoria.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa, con la Operación Pandora, a 11 personas físicas de la sustracción y venta ilícita de más de 900,000 proyectiles, armas y explosivos de la institución.
La audiencia preliminar para la presentación de la acusación y los elementos de prueba que la sustentan, está pautada para el 14 de abril del año 2026, ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Según la investigación, los imputados participaron de manera directa en las maniobras ilícitas para distraer bienes propiedad de la Policía Nacional para luego proceder a comercializarlos de manera ilícita y obtener beneficios económicos de estas ventas en detrimento del Estado dominicano.
El Ministerio Público califica estas conductas como violaciones a los artículos 123 y 124 que sancionan la coalición de funcionarios, 166 y 167 que tipifican la prevaricación, artículos 171 y 172 sobre desfalco, artículos 265 y 266 que castigan la asociación de malhechores del Código Penal dominicano, los artículos 66, 67, 68, 70, 73 y 78 de la ley núm. 631-16, que castigan la tenencia y porte ilegal de armas, municiones, explosivos y sus accesorios.
También, tráfico ilícito, el delito de tenencia y uso de armas de la Policía Nacional, la legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios y otros materiales relacionados, la alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas, los artículos 2.11, 3.1, 3.2, 3.3, 7, 9.1, 9.2, 9.4, de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
