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En ese sentido, el canciller Bisonó sostuvo que, en el caso dominico-haitiano, por los antecedentes históricos entre ambas naciones, la participación militar directa puede generar cuestionamientos sobre la imparcialidad de la intervención, riesgos de involucramiento directo en el conflicto, problemas de legitimidad y credibilidad, así como la posibilidad de una escalada regional.
Por esta razón, destacó que el Gobierno dominicano ha concentrado sus esfuerzos en respaldar las iniciativas multilaterales mediante mecanismos diplomáticos, humanitarios y logísticos, sin involucrarse directamente en las operaciones de combate desarrolladas en Haití.
Mediante esta colaboración logística se ha facilitado el tránsito y despliegue de contingentes internacionales que necesitan ingresar a Haití a través del territorio dominicano, debido a las dificultades de acceso por los puertos y aeropuertos haitianos; asimismo, se ha brindado apoyo para las evacuaciones médicas de personal civil y militar, se autorizan operaciones aéreas humanitarias, se facilita el tránsito de cargamentos de sangre y otros suministros, y contribuye al traslado de equipos y cargas militares destinados a la misión.
Grupo de Supresión de Pandillas
Sobre el Grupo de Supresión de Pandillas (GSF) que opera en Haití, agregó que es una misión multinacional con componentes policiales, militares y civiles, autorizada por el Gobierno haitiano y respaldada por las Naciones Unidas,cuya finalidad es contribuir al restablecimiento de la seguridad y enfrentar las estructuras criminales que operan en ese territorio.
Explicó que entre sus funciones se encuentran el combate a las actividades ilícitas, la protección de infraestructuras críticas, el enfrentamiento al contrabando y la facilitación del acceso humanitario a las poblaciones afectadas por la violencia.
La misión cuenta con la participación de países como Bangladesh, Chad, Jamaica, Guatemala, Mongolia, Sri Lanka y El Salvador y actualmente se encuentran desplegados en Haití unos 2,181 efectivos internacionales, con proyección de alcanzar los 5,500 integrantes durante los próximos tres meses.
El mandatario explicó que, aunque Haití continúa atravesando una profunda crisis de seguridad, actualmente no existe una situación de mayor riesgo para el país, debido al fortalecimiento de la vigilancia fronteriza, la preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas y la presencia de fuerzas internacionales que contribuyen a contener el avance de las organizaciones criminales en el vecino país.
“Nunca la inestabilidad de Haití ha pasado a nuestra frontera, ni siquiera cercana a ella… Actuaremos en coordinación con el gobierno de Haití, pero no vamos a permitir esas bandas a menos de 20 kilómetros de la frontera», sostuvo el jefe de Estado.
Abinader recordó que se ha multiplicado la disponibilidad de personal y vehículos blindados las Fuerzas Armadas dominicanas, se ha fortalecido la vigilancia con drones, se han ampliado los recursos aéreos y navales y se han fortalecido las capacidades de inteligencia militar.
*Bandas haitianas no han avanzado hacia la frontera dominicana*
Durante la presentación sobre la situación de seguridad en Haití, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, explicó que, aunque las bandas criminales controlan al menos el 70% de Puerto Príncipe e importantes corredores logísticos, los desplazamientos poblacionales se están produciendo principalmente hacia el oeste de Haití y no hacia los pasos fronterizos con la República Dominicana.
Además, se mantiene un monitoreo permanente en Jimaní y Elías Piña y destacó que entre las bandas más próximas y la frontera dominicana existen al menos dos grupos haitianos de autodefensa que protegen sus comunidades y contribuyen a impedir desplazamientos hacia zonas fronterizas.
El ministro también aseguró que, de acuerdo con informaciones de inteligencia, no hay presencia de bandas criminales organizadas en la zona norte de Haití, particularmente en Juana Méndez, localidad fronteriza con Dajabón.
«Para la República Dominicana la prioridad en este momento es anticipar sus posibles efectos, mantener la capacidad de respuesta fronteriza y preparar decisiones basadas con indicadores verificables y escenarios prospectivos», afirmó.
*Canciller Ito Bisonó explica
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, explicó que República Dominicana no forma parte de las operaciones militares directas contra las bandas haitianas por los principios que rigen las misiones internacionales de paz de las Naciones Unidas, explicando que, por antecedentes históricos, la participación militar directa de un país fronterizo en el territorio de su vecino puede generar cuestionamientos sobre imparcialidad, riesgos de involucramiento directo en el conflicto, problemas de legitimidad y credibilidad, así como la posibilidad de una escalada regional.
Sin embargo, informó que se mantiene una colaboración logística con el Grupo de Supresión de Pandillas (GSF) aprobado por la ONU, facilitando el tránsito y despliegue de contingentes internacionales que necesitan ingresar a Haití a través del territorio dominicano, brindando apoyo para evacuaciones médicas de personal civil y militar, autorizaciones de operaciones aéreas humanitarias, facilitando el tránsito de cargamentos de sangre y otros suministros, y contribuye al traslado de equipos y cargas militares destinados a la misión.
Actualmente se encuentran desplegados en Haití unos 2,181 efectivos internacionales, mientras que la meta es alcanzar un contingente de aproximadamente 5,500 integrantes durante los próximos tres meses.
*Abinader destaca gestiones ante la ONU
El presidente Luis Abinader recordó que, desde septiembre de 2021, ha mantenido una activa gestión diplomática ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales para llamar la atención sobre el deterioro de la seguridad en Haití y la necesidad de una respuesta conjunta de la comunidad internacional.
El exadministrador del Banco Agrícola y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Segura Foster, cuestionó la política agropecuaria del Gobierno, al afirmar que ha privilegiado las importaciones de alimentos y reducido los mecanismos de respaldo a los pequeños y medianos productores, especialmente del sector arrocero.
Durante una entrevista en el programa En La Mañana por Teleimpacto, canales 52 y 22, exfuncionario sostuvo que la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) exige recuperar los programas de preparación de terrenos, subsidios a las semillas, seguro agropecuario y financiamiento para quienes tienen mayores dificultades para competir.
Según explicó, el desafío más urgente se concentra en los productores de menor superficie, debido a que los grandes agricultores y molineros cuentan con mejores condiciones para enfrentar la competencia internacional y, en muchos casos, también participan en la importación de arroz.
“Los pequeños y medianos son los que están en riesgo por el acuerdo”, manifestó, al reclamar el restablecimiento de las políticas que, aseguró, permitieron sostener la producción nacional y mantener estabilidad en los precios.
Defiende las medidas adoptadas por los gobiernos del PLD Segura Foster rechazó que el país desaprovechara los años de protección arancelaria contemplados en el DR-Cafta. Recordó que República Dominicana se incorporó a un acuerdo previamente negociado entre Estados Unidos y los países centroamericanos, en un contexto de preocupación de sectores económicos por las consecuencias de permanecer fuera.
Reconoció el trabajo de los negociadores dominicanos, quienes, según señaló, consiguieron períodos de protección de entre 15 y 20 años para ocho productos sensibles de la dieta nacional.
Afirmó que durante los ocho años de los gobiernos de Leonel Fernández la producción de arroz aumentó un 18 %, mientras que en las administraciones de Danilo Medina creció un 29.98 %.
Atribuyó esos resultados al programa de pignoración, al fortalecimiento del seguro agropecuario, a la creación de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios y al desarrollo de variedades de semillas que, de acuerdo con su explicación, mejoraron los rendimientos y la calidad del arroz.
Sostuvo que la producción local llegó a cubrir entre el 98 % y el 100 % de la demanda, aunque el país debía recibir los contingentes de importación establecidos en el acuerdo comercial.
Esa situación, agregó, obligó a buscar mercados externos para colocar excedentes.
Cuestiona importaciones y aumento de precios El dirigente peledeísta aseguró que la producción arrocera de la actual gestión no ha superado los niveles alcanzados en 2018 y 2019, pese a los anuncios oficiales de cosechas récord.
Como parte de sus cuestionamientos, afirmó que en 2024 se importaron unas 214,000 toneladas métricas de arroz, un volumen que, según sus cálculos, multiplicó por cerca de diez las compras de 2023 y superó lo importado durante los ocho años de gobierno de Danilo Medina.
La medida de coerción fue solicitada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste en contra del mayor del Ejército Jorge Nicolás Giovanni Eusebio Bretón (el Guardia), quien fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando se disponía a salir hacia los Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
El tribunal fijó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para este lunes, 26 de octubre, a las 12:00 del mediodía.
La procuradora adjunta Sourelly Jáquez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, y el fiscal Andrés Mena Marte, presentaron la solicitud de medida de coerción conjuntamente con la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, representada por Ramón De La Rosa y Yessica Durán, adscritos a la Unidad de Casos Complejos del Ministerio Público.
La institución recordó que el pasado 18 de julio, durante un operativo realizado en una gallera ubicada en el kilómetro 36 de la autopista Duarte, las autoridades ocuparon 237 paquetes de cocaína clorhidrato, con un peso total de 243.40 kilogramos, conforme al certificado de análisis químico forense realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Durante el allanamiento fue arrestado el imputado Alex Orlando Raposo Gómez, a quien el pasado mes de julio les fueron impuestos tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. El caso, además, fue declarado de tramitación compleja.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, las sustancias controladas fueron encontradas dentro de una camioneta Chevrolet Silverado, de color negro, placa OP00671, ocultas en diferentes compartimientos tipo caleta.
El expediente establece que, en coordinación con unidades especializadas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Público desarrolla una investigación contra la organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas desde La Guajira, Colombia, y territorio venezolano hacia la costa este y sur de la República Dominicana.
La investigación señala que la estructura criminal utilizaba vehículos para trasladar las sustancias controladas hacia diferentes centros de acopio, entre estos, una gallera o traba ubicada en la autopista Duarte, donde el imputado habría realizado una transacción relacionada con la referida sustancia narcótica.
Durante el allanamiento, también fueron ocupados al imputado RD$296,000.00 en efectivo, dentro de un vehículo Toyota Corolla, de color negro, con placa de exhibición PP908736. De acuerdo con la investigación, el dinero estaría relacionado con una transferencia de droga realizada con otra persona, cuya identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de una investigación en curso.
En el operativo también fueron incautados una escopeta calibre 12, de marca no legible, serie 11205324; un rifle de perdigones, marca no visible; un chaleco antibalas con las letras “Policía Nacional”; un binocular de visión nocturna digital, entre otros objetos vinculados a la actividad ilícita investigada.
El magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente de esta alta corte, dispuso que Rodríguez sea presentada en la sede del TC el viernes 30 de octubre, cuando se conocerá el caso en el que figura como parte recurrente.
El proceso corresponde al expediente TC-05-2023-0240, vinculado con la sentencia núm. 136-2023-SSEN-00035, dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte. Esa decisión fue recurrida en revisión constitucional de sentencia de amparo ante el TC.
El caso estaba pautado para la audiencia del lunes 26 de octubre, sin embargo, la fiscal Rodríguez se ausentó y no presentó excusas. La conducencia emitida por el TC será notificada a la procuradora general de la República para que disponga su ejecución.
En la audiencia, estuvieron presentes, además, los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres.
La orden de conducencia autoriza a las autoridades a llevar ante un tribunal a una persona que no comparece voluntariamente o cuya presencia resulta indispensable para una diligencia.
Como órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, el Tribunal Constitucional garantiza la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Entre sus competencias figura conocer los recursos de revisión interpuestos contra sentencias dictadas en materia de amparo.
