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El Ministerio Público presentó formal acusación y solicitó apertura a juicio en contra de un hombre procesado por comunicar una falsa alerta de bomba al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), hecho que provocó la activación de protocolos de emergencia aeroportuaria, el retorno de una aeronave en pleno vuelo y la suspensión temporal de operaciones aéreas.
La acusación contra Ángel del Pino Cuya, también identificado como Ricardo Casas, fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo por el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Andrés Mena, con funciones en la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto a las fiscales Felbelys Rosario y Ana Sánchez, adscritas a la Fiscalía de Santo Domingo Este.
De acuerdo con la investigación, el acusado realizó una llamada telefónica, el 6 de enero de 2026, comunicando falsamente la existencia de un artefacto explosivo en el vuelo CM-299 de la aerolínea Copa Airlines. Como consecuencia de esa información, las autoridades aeroportuarias activaron los planes de contingencia y emergencia establecidos para este tipo de amenazas, ordenando, incluso, el retorno de la aeronave y la aplicación de exhaustivos protocolos de seguridad.
El acusado cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio San Antonio de Guerra, de la provincia Santo Domingo.
Amplia investigación técnica y científica
El Ministerio Público destacó que la acusación está sustentada en una robusta estructura probatoria compuesta por pruebas testimoniales, documentales, periciales, materiales y procesales obtenidas durante la investigación.
Entre las principales evidencias figura el registro de la llamada realizada al centro de atención de AERODOM mediante la plataforma tecnológica Amazon Connect, cuya grabación fue preservada y, posteriormente, transcrita como parte de la investigación. Asimismo, las certificaciones emitidas por las compañías telefónicas permitieron establecer el origen de la comunicación y vincular el número utilizado con el dispositivo empleado por el acusado.
La investigación, también, contó con informes técnicos elaborados por especialistas de AERODOM, de la División de Investigación de Delitos Informáticos (DIDI) de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como con documentación oficial del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), que acreditan la activación de los protocolos de emergencia y las afectaciones operacionales generadas por comunicación telefónica con información falsa de bomba.
Evidencia digital y análisis forense
Uno de los elementos de mayor relevancia fue el trabajo de análisis forense digital practicado al teléfono móvil ocupado al acusado durante su arresto.
Los expertos lograron recuperar registros, metadatos y evidencias digitales que permitieron corroborar la existencia de la llamada realizada al número de servicio al cliente del Aeropuerto Internacional Las Américas.
De igual manera, el Ministerio Público incorporó al proceso informes forenses de análisis de evidencia digital que vinculan el aparato telefónico ocupado al acusado con la comunicación realizada el día de los hechos.
A ello se suma un peritaje de acústica forense efectuado por especialistas de la Policía Científica, cuyos resultados concluyeron que la voz registrada en los audios de la llamada corresponde al acusado Ángel del Pino Cuya, estableciendo una relación científica entre el contenido grabado y la identidad del acusado.
Calificación jurídica
El Ministerio Público sostiene que los hechos atribuidos al acusado constituyen infracciones previstas y sancionadas por la Ley núm. 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, y por la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, al considerar que la conducta desplegada generó una situación de alerta que comprometió la seguridad operacional aeroportuaria del país, provocó la interrupción de las operaciones aeronáuticas, el desvío de vuelos hacia otras terminales y la activación de mecanismos extraordinarios de respuesta institucional.
La institución reafirmó su compromiso con la protección de la seguridad pública, la seguridad aeroportuaria y la persecución efectiva de conductas que pongan en riesgo infraestructuras críticas y servicios esenciales para el país.
La vicepresidenta de Amazon Web Services (AWS) para América Latina, Paula Bellizia, anunció en presencia del presidente de la República, Luis Abinader, el lanzamiento de AWS Entrena República Dominicana, un programa que contempla 50,000 becas gratuitas para capacitar a igual número de dominicanos y dominicanas en inteligencia artificial y computación en la nube antes de 2028.
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El anuncio fue realizado durante la inauguración de la séptima edición del Hub Cámara Santo Domingo 2026, escenario en el que Bellizia destacó la articulación alcanzada entre AWS y el Gobierno dominicano para impulsar la transformación tecnológica del país.
La ejecutiva consideró a República Dominicana un ejemplo del trabajo conjunto entre los sectores público y privado para acelerar la adopción de nuevas tecnologías y ampliar las oportunidades de desarrollo.
Bellizia resaltó que la preparación del talento será determinante para fortalecer la competitividad, productividad e innovación en República Dominicana, al tiempo que valoró la coordinación entre las instituciones participantes para ampliar el acceso de la población a formación especializada.
Formación gratuita para responder a la demanda de talento digital
En el programa podrán participar todos los dominicanos y dominicanas mayores de 18 años, especialmente estudiantes, profesionales, emprendedores y startups, así como pequeñas y medianas empresas.
La iniciativa ofrecerá capacitación gratuita y en línea en áreas vinculadas con la inteligencia artificial y la computación en la nube, con el propósito de responder a la creciente demanda de habilidades digitales y preparar a más dominicanos para las oportunidades que genera la economía digital.
AWS Entrena República Dominicana reúne a Amazon Web Services, la Cámara Santo Domingo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Administración Pública, el Banco de Reservas, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), el Infotep y la Escuela Nacional de la Judicatura.
La meta es que 50,000 personas sean capacitadas antes de 2028, como parte del compromiso de AWS de impactar a dos millones de personas en Latinoamérica mediante programas de formación tecnológica durante ese período.
“Nuestro compromiso es entrenar al menos 50,000 dominicanos junto al Gobierno de la República Dominicana”, afirmó Bellizia.
La inteligencia artificial ya transforma los negocios
Durante su conferencia magistral, la vicepresidenta de AWS para América Latina explicó que la inteligencia artificial dejó de ser una proyección de futuro para convertirse en una herramienta que ya está transformando la forma en que operan las organizaciones.
“La IA, la inteligencia artificial no es el futuro, ya está acá. Ya es una realidad, incluso acá en República Dominicana”, sostuvo la ejecutiva.
Bellizia citó datos que evidencian la rápida adopción de estas tecnologías. Explicó que el 76 % de las compañías en Centroamérica y el Caribe utilizan chatbots y asistentes digitales de inteligencia artificial generativa, mientras que un 13 % ya emplea agentes de IA en áreas estratégicas y con presupuesto asignado.
Asimismo, indicó que el 26 % de las organizaciones en América Latina reportan estar generando valor económico a partir de la inteligencia artificial, lo que demuestra el impacto que esta tecnología comienza a tener en la productividad y competitividad empresarial.
Empresas dominicanas ya aprovechan la tecnología
Durante su exposición, Bellizia presentó ejemplos de empresas dominicanasque ya utilizan inteligencia artificial y tecnologías de AWS para transformar sus operaciones, mejorar procesos y aumentar su productividad.
Entre los casos citados estuvo Qik, que ha incorporado tecnología para fortalecer la detección de fraude y reducir costos de transacciones, así como una empresa que logró reescribir tres millones de líneas de código en un año, cinco veces más rápido que mediante métodos anteriores.
También destacó el proceso de transformación tecnológica de Grupo Ramos, como muestra de la manera en que las empresas dominicanas están incorporando nuevas herramientas para responder a los cambios del mercado.
La ejecutiva sostuvo que estos casos demuestran que la transformación tecnológica requiere que las organizaciones asuman los cambios y adapten tanto sus procesos como su cultura empresarial.
Una alianza que prepara al país para la economía digital
El lanzamiento de AWS Entrena República Dominicana refuerza la estrategia de articulación entre el Estado, el sector privado y las instituciones de formación para ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento tecnológico.
La iniciativa permitirá que miles de dominicanos desarrollen competencias que podrán aplicar en sus empleos, emprendimientos y empresas, a la vez que contribuirá a crear una fuerza laboral con mayores capacidades para responder a las necesidades de una economía cada vez más digitalizada.
El programa se proyecta como una herramienta para reducir la brecha de talento, impulsar la innovación, mejorar la productividad y fortalecer la competitividad del país, mediante el acceso gratuito a conocimientos en dos de las áreas de mayor crecimiento dentro de la transformación tecnológica global.
El lanzamiento contó con la participación de la presidenta de la Cámara de Santo Domingo, Lucile Houellemont; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera; el director general de la Ogtic, Edgar Batista Carrasco; la directora general del Infotep, Maira Morla, y el rector del ITLA, Jimmy Rosario.
Durante labores de inspección y control los oficiales de la DGA detectaron un cargamento oculto de municiones que incluyó 64,420 cápsulas calibre 9 milímetros y 9,680 cápsulas calibre .38 milímetros, para un total de 74,100 municiones, fortaleciendo los esfuerzos nacionales dirigidos a prevenir el ingreso y circulación irregular de mercancías que representan riesgos para la seguridad ciudadana. Este hallazgo supera al realizado en febrero de 2025, mediante un operativo en el que fueron decomisadas 36,000 municiones, compuestas por 20,000 cápsulas calibre 7.62 milímetros y 16,000 cápsulas calibre 5.56 milímetros.
El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, manifestó que este resultado evidencia la efectividad de los procesos de inteligencia, gestión de riesgos e inspección implementados por la institución, así como la capacidad operativa desarrollada para enfrentar las nuevas modalidades utilizadas por las redes vinculadas al comercio ilícito.
“Este hallazgo demuestra que la Dirección General de Aduanas mantiene una vigilancia permanente y controles cada vez más robustos para detectar y neutralizar operaciones ilícitas que intentan vulnerar la seguridad del país. Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo las capacidades institucionales para proteger a la ciudadanía y garantizar un comercio legítimo y transparente”, expresó Arroyo.
Tras la detección del cargamento, el caso fue puesto de inmediato en manos del Ministerio Público, entidad que, en coordinación con los organismos correspondientes, ejecutó tres allanamientos simultáneos como parte del proceso investigativo en curso.
“La coordinación efectiva entre las instituciones del Estado y el fortalecimiento continuo de nuestros mecanismos de control permiten obtener resultados contundentes como este. Seguiremos actuando con firmeza para impedir que actividades ilícitas afecten la seguridad, la economía y el bienestar de la población dominicana”, destacó Arroyo.
La Dirección General de Aduanas reiteró que continuará impulsando acciones estratégicas orientadas al fortalecimiento institucional, la modernización de los controles y la colaboración interinstitucional, consolidando su papel como una entidad clave en la protección del comercio legítimo y la lucha frontal contra el contrabando y las actividades ilícitas que amenazan el desarrollo del país.
El Ministerio Público afirmó este martes que procura la revocación de sentencias absolutorias, así como el aumento de las penas a los condenados en primera instancia en el proceso penal por corrupción administrativa seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez y los demás procesados por distraer del erario más de 5,000 millones de pesos.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que los equipos de fiscales del Ministerio Público buscan, en nombre de la sociedad, que los procesados reciban sanciones acordes a los hechos cometidos.
“Buscamos las condenas de aquellos que fueron absueltos y el aumento de las penas para aquellos que fueron condenados, porque entendemos que las penas que impuso el tribunal no son suficientes en relación a la magnitud del daño social que generaron los hechos imputados a cada uno de ellos”.
Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto a Wilson Camacho, director general de Persecución, así como de los fiscales Ernesto Guzmán Alberto, Elizabeth Paredes y Yoneivy González, explicó que aunque los fiscales están preparados para conocer el recurso, la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió suspender la audiencia tras recibir una licencia médica de uno de los imputados.
“Para una próxima audiencia, ya el tribunal conminó a las partes a estar listas y esperamos ya estar presentando y respondiendo los recursos que han presentado sobre la decisión”, detalló.
“Entendemos, que será un proceso rápido, los hechos están delimitados, las pruebas fueron desahogadas en un primer juicio, o sea, que esperamos que esto se resuelva rápidamente aquí en la corte”, precisó.
Los jueces Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quienes conocen los recursos de las partes, dispusieron la celebración de las audiencias los martes de 10:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.
El tribunal iniciará con la presentación de los recursos de los acusados.
La audiencia fue aplazada para el martes, 15 de septiembre de 2026, a las 10:00 de la mañana.
Decisión de primera instancia apelada
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo, en el mes de agosto del pasado año, impuso una condena de 7 años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y descargó a algunos de los procesados.
En el proceso, Medina Sánchez, quien dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.
El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas también fueron condenados al pago de 500 millones de pesos al Estado dominicano.
También, las empresas Domedical Supply SRL; Fuel American Inc.; General Supply Corporations SRL; General Medical Solution AM SRL; Kyanred Supply SRL; Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL; United Suppliers Corporations SRL; WattmaxDominicana SRL; WMI International SRL; Wonder Island Park SRL; Acorpor SRL; Ichor Oil SRL; Globus Electrical SRL; Contratas SolutionServices CSS SRL; Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL; Proyectos Engineering & Construction PIC SRL; Reivasapt Investment SRL; Suhold Transporte y Logística SRL.
Juan Alexis Medina Sánchez y los demás condenados deberán cumplir la prisión en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal, además de que deberán pagar las costas penales del proceso.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
El tanto que fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez
También, las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas por lavado y liberadas del pago de las costas penales del proceso.
Sobre Alexis Medina, el Ministerio Público estableció que el acusado, valiéndose de diferentes empresas en violación a la Ley 340, obtuvo innumerables contratos, los hechos tienen impacto en el Ministerio de Salud Pública con los medicamentos de alto costo, equipamiento de los hospitales, en el Ministerio de Obras Públicas con el material asfaltico, y la participación de las compras en EdeEste. En la Policía Nacional con combustible por más de 220 millones de los que no entregó un aproximado de 32 millones.
El tribunal pudo constatar que a la empresa Fuel América le faltaron requisitos básicos para participar en el proceso de compras para suplir el combustible a la Policía Nacional.
Además, constató y verificó la afectación de diferentes bombas de la Policía Nacional que completan los más de 32 millones que señaló el Ministerio Público en su acusación.
En la lectura se destacó con relación a la Policía Nacional: “Las anomalías que el tribunal identificó son asombrosas”.
También, se confirmó que se dieron sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS).
Las juezas rechazaron la exclusión de pruebas aportadas por el órgano acusador, estableciendo que en la recolección de las mismas se cumplió con el debido proceso de ley.
la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre contra la sentencia que rechazó la apelación a la extinción de la acción penal en el proceso seguido en su contra por corrupción administrativa.
Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), quien fue procesado a partir de la puesta en marcha de las operaciones Coral y Coral 5G, falló por quinta vez en sus pretensiones de lograr la extinción de la acción penal en distintas instancias, tras ser rechazado el recurso y quedar confirmada la decisión recurrida.
En el proceso judicial su defensa hizo el pedimento tres veces ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, siendo rechazados los tres, al establecer el tribunal que el plazo transcurrido resulta razonable en atención a la naturaleza y particularidades del proceso.
Posteriormente, fue presentado el pasado año un recurso ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional contra la decisión del tribunal de primer grado, donde, igualmente, fue rechazado, y confirmada la resolución en todos sus aspectos.
Luego, el procesado interpuso el recurso de casación ante la Suprema Corte contra la decisión de la Corte de Apelación que rechazó el recurso contra la sentencia que declaró inadmisible la extinción de la acción penal en el proceso seguido en su contra por corrupción administrativa.
El memorial de casación fue presentado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Pepca, y Miguel Collado, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El órgano acusador solicitó que fuera rechazado el recurso de casación interpuesto por el procesado Cáceres Silvestre y confirmada la decisión recurrida, por entender que no se verifican los vicios denunciados por el recurrente.
El Estado dominicano, representado por sus abogados constituidos y apoderados, también, solicitó que el recurso de casación fuera declarado inadmisible por no ser una decisión susceptible de ser recurrida en casación.
Los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Fran Euclides Soto Sánchez, María Garabito Ramírez y Yorlin Vásquez Castro, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, declararon inadmisible el recurso de casación interpuesto por Adán Cáceres Silvestre contra la resolución penal núm 502-2026-SRES00071, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de febrero de 2026.
La sala penal estableció en su resolución que al no verificarse el presupuesto de impugnabilidad objetiva exigido por el artículo 441 del actual Código Procesal Penal, procede declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por Cáceres Silvestre.
Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia, Cáceres Silvestre debe esperar ahora que el proceso siga su curso.
En un comunicado de prensa el Ministerio Público valora la decisión que dijo contribuye con el avance de la lucha contra la impunidad.
Condenado a 20 años de prisión
El pasado mes de junio, Cáceres Silvestre junto al también general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel policial Rafael Núñez de Aza, fueron sentenciados los tres a 20 años de reclusión mayor por corrupción administrativa.
En este caso, también, fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes además deberán pagar multas de 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano.
En total fueron condenadas 29 personas. La plana mayor de la estructura criminal fue condenada entre 10, 15 y 20 años.
El mayor general del Ejército de República Dominicana (ERD) Adán Cáceres Silvestre se desempeñó como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); el general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, exsubdirector subjefe de esa institución; y el general Juan Carlos Torres Robiou, extitular del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Público acusó al grupo de generales por encabezar la red compuesta por personas físicas y jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). La acusación, también, incluye entre las entidades afectadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
