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El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, reiteró que las pruebas son contundentes, al responder preguntas de la prensa sobre el proceso cuya audiencia preliminar se conoce en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario como para poder verificar la necesidad de que este proceso se envíe a juicio”, señaló.
Detalló que este viernes el Ministerio Público concluyó sus réplicas en este proceso. “Hemos solicitado al tribunal en la réplica el enviar el proceso a juicio, enviar a todos los acusados a juicio, que es lo que procede conforme a lo que ha presentado el Ministerio Público”, explicó Camacho, quien dijo que también pidieron rechazar los incidentes que han presentado todas las defensas y acoger las pruebas del Ministerio Público.
“No hay ninguna razón jurídica para que el tribunal acoja los incidentes que han planteado las defensas. Las defensas, tanto dentro del tribunal como fuera del tribunal, cuando lo hacen aquí con ustedes (los periodistas), se han limitado a presentar opiniones. Una opinión la puede tener cualquiera, pero los hechos no. Los hechos son objetivos y verificables. Las opiniones no”, indicó.
Refirió que las defensas nunca responden los hechos en el tribunal. “No responden cuestiones como que hubo una reunión en Palacio en el año 2019, que se mandó en esa reunión en Palacio a buscar fondos, que se creó un lugar para la recepción de esos fondos que se llamaba La Casita que estaba en Bella Vista. No hablan del dinero que reconoce el propio Bolívar Ventura que tuvo que pagar y estamos hablando de más de 1,200 millones de pesos”, precisó.
En ese mismo orden, dijo: “no hablan de la línea de casino en la que también se estableció un sistema de soborno que se llamaba El Programa o El Proyecto”.
Wilson Camacho añadió “esos son hechos, esas son razones para que este tribunal eleve este proceso a juicio. Los tribunales no fallan en base a las opiniones, fallan en base a los hechos que se presentan y a las pruebas que se presentan con relación a esos hechos”.
Especificó que “Bolívar Ventura dice que pagó más de 1,200 millones de pesos, que tuvo que entregar más de 1,200 millones de pesos: es testigo”.
Detalló que todas las personas que fueron utilizadas por el Ministerio de Defensa para poner en funcionamiento el proyecto o programa por el que se distribuía soborno de los juegos de azar, son testigos en el proceso. “Toda la documentación de los procesos de pago son testigos en el proceso”, dijo.
El procurador adjunto Wilson Camacho junto a la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo litigante que representa al Ministerio Público en la audiencia, el cual también lo integran los fiscales Jhensy Víctor, Rosa Alba García, Melbin Romero, Rosa Ysabel y Miguel Crucey.
Durante audiencia, en la que el órgano acusador presentó sus conclusiones de réplica a las barras de la defensa, Ortiz solicitó al tribunal decretar la apertura a juicio de cada uno de los imputados que han sido señalados por el Ministerio Público en el expediente acusatorio.
De igual manera, que se mantenga la calificación jurídica que ha sido indicada por el órgano acusador. “Que sean rechazados todos y cada uno de los incidentes”, dijo Ortiz.
La audiencia, que por cuestiones de espacio se debate en la Sala del Primer Tribunal Colegiado, es presidida por la jueza Altagracia Ramírez, presidenta del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
El proceso judicial
Los acusados, quienes fueron apresados durante la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
Además de los exministros de Hacienda y Obras Públicas Donald Guerrero Oritz y Gonzalo Castillo, entre los encartados en el expediente por corrupción administrativa figuran José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.
También, Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
En "Estallidos del silencio", Disla aborda los conflictos que se esconden detrás de las apariencias y los silencios que marcan la vida de las personas. A través de una narrativa centrada en las emociones y en las complejidades de las relaciones humanas, la obra basada en hechos reales invita a reflexionar sobre las verdades ocultas, las decisiones que transforman destinos y las consecuencias que emergen cuando los secretos finalmente salen a la superficie.
Durante su intervención, Marion-Landais destacó que la trama que se descubre en las páginas del libro“y que los animo a leer” pudo basarse en algunos de los múltiples reportajes que Bredyg presenció durante su trayectoria en medios de comunicación, que marcaron el periodismo del siglo XX.
La novela se integra a la propuesta conceptual de Dilemas Reales, una plataforma impulsada por la autora como un espacio vivo para generar conversaciones y análisis sobre situaciones humanas complejas, abordadas desde la literatura, la comunicación y la reflexión social.
Publicada bajo el sello Logos, de la editora Río de Oro Editores, la obra fue puesta en circulación gracias al valioso respaldo de empresas patrocinadoras como Cadenza Group, Lubridom, FlexoPack, AIE Haina & Sur, Energas y United Petroleum, cuyo apoyo hizo posible la materialización de este proyecto literario.
Asimismo, el lanzamiento contó con la colaboración y el acompañamiento de aliados estratégicos como Mediáticos Consultores, PubliMega, Dircia Paulino, Jerassi Group y Simplicite, a quienes la autora expresó su profundo agradecimiento por sumarse con entusiasmo a esta iniciativa cultural orientada a promover el pensamiento crítico y la conversación sobre los dilemas humanos de nuestro tiempo.
El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, afirmó que esa organización política saldrá fortalecida y más unida del proceso interno que se desarrolla para escoger su precandidatura presidencial.
García sostuvo que los procesos democráticos dentro de los partidos políticos siempre tienen dos resultados posibles: ganar o perder, pero subrayó que lo más importante es preservar la unidad y el respeto entre los compañeros.
El dirigente político destacó que su proyecto cuenta con un amplio respaldo dentro de la estructura partidaria, señalando que alrededor del 78 % de los miembros del Comité Central del PLD respaldan su propuesta política.
Durante un encuentro con dirigentes y militantes del partido en la ciudad de Santiago de los Caballeros, García hizo un llamado a mantener un clima de respeto entre los aspirantes que participan en la contienda interna.
“Cuando se vaya a referir a un aspirante que está en la contienda, si no tienen nada bueno que decir, que no digan nada. No vamos a maltratar a ningún compañero”, expresó.
El aspirante presidencial reiteró que su principal compromiso es trabajar por la cohesión del partido y por la construcción de una propuesta política sólida que permita al PLD regresar al poder. “Estamos construyendo la unidad. Construimos un proyecto para ganar”, concluyó García.
Entidades de la sociedad civil fijaron su posición ante el anuncio del ministro de Hacienda y Economía de presentar un proyecto de ley para “modernizar” la administración tributaria.
"Reiteramos nuestra determinación de insistir en la necesidad de estudiar, discutir y consensuar todo lo relativo a la cuestión fiscal, con base en lo establecido constitucionalmente, que dispone la realización de un Pacto Fiscal previamente consensuado por vía del Consejo Económico y Social (CES)", dijeron.
Expresaron que saludan cualquier iniciativa orientada a mejorar la eficacia y eficiencia del sistema fiscal y a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. "Sin embargo, consideramos necesario precisar con claridad el alcance real de lo anunciado, garantizando el respeto a los derechos y orientando las decisiones hacia el aseguramiento de la justicia social".
De acuerdo con el contenido divulgado públicamente por el ministro, en una reunión con la cúpula empresarial, su administración no pretende realizar una reforma fiscal, sino cambios administrativos y la eliminación de impuestos anacrónicos que no han sido especificados.
"Este camino no es democrático, contradice compromisos políticos asumidos por el gobierno y desconoce lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), que obliga a discutir este tema crucial de cara a la sociedad", manifestaron.
Entre las organizaciones firmantes figuran Asociación Ciudad Alternativa, CA Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando) Asociación de Personas con Discapacidad Fiscomotora, ASODIFIMO Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) Centro de Investigaciones para la Acción Femenina, CIPAF Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, Ce-Mujer Centro Integral para el Desarrollo Local y CIDEL Club María Auxiliadora, entre otras.
