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La ceremonia se realizará el miércoles 28 de octubre de 2026 en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde la entidad reconocerá a mujeres líderes de sus comunidades y a activistas sociales.
Josefina Navarro, vicepresidenta ejecutiva de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, agradeció a Domingo Bermúdez, presidente de Color Visión, por sumarse, como en años anteriores, a la acción de visibilizar la labor de estas mujeres.
Enfatizó que “transmitir la onceava edición del Premio en diferido es una oportunidad para que más personas conozcan las historias de estas mujeres empoderadas, cuyo esfuerzo, talento y determinación contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad. Creemos que dar a conocer sus logros también es una forma de inspirar a otras mujeres a creer en sus ideas, impulsar sus proyectos y reconocer el valor de su aporte al país”.
Las nominadas en esta edición son Ada Alba Drullard, Jennifer Inmaculada Ramos Concepción y sor María Carmen Veiga Castiñeira de Santo Domingo; Adela Matos Cuevas de Florián, de Independencia; Antigua Melania Martínez Santos, de Salcedo; Hna. Audelia Rodríguez Argueta y Hada Mirelis Ciprián Montero, de Azua; Flor María Sepúlveda, de Villa Altagracia; Juana Evangelista del Carmen Rodríguez Blanco, de Santiago; Juana Mercedes de Brioso, de Monte Plata, y María Amelia Finke Brugal, de Puerto Plata.
El jurado que seleccionó a estas once ganadoras y que escogerá al primer y segundos lugares, y al homenaje especial, está integrado por Huchi Lora, periodista; María Amalia León, presidenta de la Fundación Eduardo León Jimenes; Óscar Villanueva, presidente de la Fundación Quiéreme Como Soy; padre Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Soledad Álvarez, filóloga y poeta; y Steven Puig, presidente del Banco BHD.
Sobre el premio
El Premio Mujeres que Cambian el Mundo nació en 2014 como parte de la Estrategia de Género Mujer del Banco BHD y, en la actualidad, es el principal reconocimiento social que honra anualmente a mujeres que son referentes de liderazgo y transformación en sus comunidades y en la sociedad.
Al Premio pueden ser nominadas mujeres de 25 años en adelante, dominicanas residentes en el país o en el extranjero, así como de otras nacionalidades, con al menos diez años de residencia legal en República Dominicana, cuya iniciativa o proyecto tenga un mínimo de dos años de resultados comprobados. Las mujeres pueden postularse a sí mismas o ser postuladas por empresas, organizaciones, instituciones o personas independientes.
Cada año se seleccionan tres mujeres del grupo de ganadoras, sin distinción del área de acción en la que se desempeñen, quienes reciben un primer lugar con un premio de un millón de pesos y dos segundos lugares con un premio de 500,000 pesos cada uno. El resto de las ganadoras recibe 300,000 pesos cada una.
Luis sostuvo que la justicia debe ser accesible para todos y que las instituciones tienen la responsabilidad de proteger a las familias trabajadoras, sin que nadie esté por encima de la ley.
Sepúlveda, abogado con una extensa trayectoria en la defensa de inquilinos y familias de bajos ingresos, señaló que en el Bronx y las comunidades del Distrito Senatorial 32 muchas familias enfrentan altos costos de vivienda, dificultades económicas y riesgos de fraude.
Destacó que la Fiscalía General cumple un papel esencial al combatir abusos, proteger a consumidores y propietarios vulnerables, defender los derechos de los inquilinos y exigir responsabilidades ante posibles violaciones de la ley.
El senador resaltó especialmente la intervención de la oficina de James ante un esquema de fraude inmobiliario que puso en riesgo los ahorros de casi 150 personas, incluidos residentes de Nueva York.
En abril de 2024, la Fiscalía General emitió una alerta sobre propiedades inexistentes o vendidas a múltiples compradores; lo cual explica Sepúlveda, la iniciativa ayudó a advertir a posibles víctimas, ofrecer orientación y facilitar que las denuncias fueran remitidas a las autoridades competentes en la República Dominicana.
Para Sepúlveda, el caso evidencia la importancia de la cooperación entre jurisdicciones y de proteger a una comunidad dominicana cuyos ahorros e inversiones suelen representar años de trabajo y sacrificio.
El senador afirmó que la gestión de la Fiscal General debe evaluarse por sus resultados en la protección de las familias, la investigación de fraudes y la defensa imparcial de los derechos, así reiteró su apoyo a la continuidad de Letitia James en el cargo.
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El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), Jean Luis Rodríguez, explicó que esta entrega representa un avance dentro del proyecto residencial, que contempla la construcción de un total de 1,264 viviendas mediante la colaboración del Gobierno y el sector privado.
Desarrollado a través del Fideicomiso Fonvivienda, el proyecto forma parte del Programa Mi Vivienda y cuenta con una inversión aproximada de RD 321 millones, de los cuales RD 204 millones corresponden a inversión privada estimada y RD 117 millones a aportes subsidiados o inversión pública.
Financiamiento con tasa fija
Miguel Ramos, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales del Banco de Reservas, destacó que la entrega de las llaves permitirá a 97 familias contar con un hogar propio y avanzar hacia un futuro con mayor seguridad y estabilidad.
Informó que Banreservas financió los apartamentos con más de RD 200 millones, a una tasa de interés fija de un 8 % anual durante siete años.
Asimismo, señaló que la entidad bancaria respalda la política habitacional del Gobierno para facilitar el acceso a viviendas a los sectores que más lo necesitan.
Apartamentos con áreas familiares y recreativas
De su lado, Diego Reyes, representante de la constructora Derco, SRL, afirmó que el apoyo del gobierno del presidente Luis Abinader contribuye a que más familias puedan adquirir una vivienda propia.
Las unidades habitacionales cuentan con tres habitaciones, dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado y un parqueo por apartamento. Algunas viviendas del primer nivel disponen, además, de terraza y patio. El residencial incluye zonas verdes y espacios recreativos para el disfrute de sus residentes.
En el acto de entrega, el presidente Luis Abinader estuvo acompañado de la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, y otras autoridades de la demarcación.
La sentencia establece la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas, por lo que Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria y durante el período de suspensión de la prisión cumplir ciertas condiciones.
Los fiscales litigantes Ernesto Guzmán y Rosa Ysabel, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes representaron al Ministerio Público, plantearon al tribunal las condiciones establecidas en el pacto, entre las cuales se encuentra residir en un domicilio fijo, y, de cambiar del lugar de domicilio, notificarlo al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena.
Bello Segura también deberá abstenerse de viajar al extranjero sin permiso judicial, así como a portar armas de fuego y del abuso de bebidas alcohólicas, además de que deberá presentarse mensualmente ante el juez o la autoridad establecida con esos fines.
La jueza de la instrucción Kenya Romero dictó la sentencia tras homologar un acuerdo en el que la procesada admite la acusación del Ministerio Público, declarándose culpable de los hechos y dispuesta a colaborar con el Ministerio Público.
La sentencia también establece el decomiso de los accesorios incautados.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 5 de noviembre del año 2026, a las 3:00 de la tarde.
Por el caso, el pasado mes de septiembre el procesado Marino Antonio Rodríguez Toribio fue condenado a cinco años de prisión en la modalidad de arresto domiciliario y clausurada de manera definitiva la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L., representada por el encartado. Además, le fue impuesta el pago de una multa de 10 salarios mínimos del sector público y se ordenó el decomiso de los bienes que les fueron incautados.
Igualmente, el tribunal dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, así como del capitán Nelson Valdez y compartes.
Junto al coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos del cuerpo del orden, fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
A los acusados Narciso Antonio Féliz Romero, Nelson Valdez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina y Morelbin Medina Pérez, el tribunal le varió la prisión preventiva por una garantía económica ascendente a la suma de 500 mil pesos, por contrato de fianza, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país sin autorización judicial, y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
Mientras que se mantienen las medidas de coerción impuestas a Santos Rodríguez, consistentes en una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
Además, el tribunal ordenó el decomiso de bienes con relación al acusado Rodríguez Toribio y la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L.
Persecución contra la estructura criminal
El grupo criminal, que fue arrestado tras la puesta en marcha de la Operación Pandora en el mes de noviembre del año 2024, es acusado de integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado con 92 millones 191 mil 732 pesos y 92 centavos, a través de la sustracción de miles de municiones y pertrechos que se encontraban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.
El expediente establece que los acusados participaron de manera directa en las maniobras ilícitas con el objetivo de distraer bienes propiedad de la Policía Nacional para luego proceder a comercializarlos de manera ilícita y obtener beneficios económicos de estas ventas en detrimento del Estado dominicano.
El grupo es acusado por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores en violación a varios artículos del Código Penal dominicano, así como de violar la Ley 631-16 sobre Armas e incurrir en legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios y otros materiales relacionados, así como por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
