%20Presi%20dente%20,%20se%20dirige%20a%20los%20profesion%20ales%20de%20la%20medicina%20presentes.JPG)
El Ministerio Público informó, a través de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), sobre la imposición de una condena de 15 años de reclusión y el pago de una multa de 100 salarios mínimos a una mujer hallada culpable de explotar sexualmente a sus dos hijas menores de edad.
La PETT, que dirige la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, destacó que el caso conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se resolvió gracias a la cooperación jurídica internacional entre República Dominicana y Estados Unidos.
Resaltó que la cooperación de Estados Unidos, a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI), se llevó a cabo bajo los protocolos de la Convención de Palermo.
Recordó que la PETT actuó al amparo de la Ley núm. 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, del 7 de agosto de 2003, mediante la cual el país cumple los compromisos de la Convención de Palermo y su Protocolo complementario.
El caso se originó cuando el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos remitieron información a la PETT, sin solicitud previa y en aplicación del artículo 18, párrafos 4 y 5, de la Convención de Palermo, que permite a un Estado parte transmitir información penal a otro cuando puede ayudar a iniciar o concluir una investigación.
La cooperación se sustenta también en el artículo 27 de la Convención, sobre cooperación entre organismos de investigación penal.
Por tratarse de víctimas menores de edad, el Ministerio Público aplicó además los artículos 24 y 25 de la Convención, sobre protección de testigos y asistencia a las víctimas, resguardando su identidad y seguridad durante la investigación y el proceso judicial.
Las autoridades estadounidenses remitieron a la PETT documentación digital de la investigación seguida en el estado de Nueva York contra el ciudadano Daniel Batista, condenado en ese país por delitos de índole sexual.
El análisis forense de su teléfono celular permitió determinar que, desde territorio dominicano, una mujer le enviaba de manera recurrente imágenes de contenido sexual de menores de edad, a cambio de remesas de dinero.
El Ministerio Público comprobó que la encartada desnudaba y fotografiaba a sus dos hijas y a otras niñas de su entorno familiar y social, para enviar las imágenes, a cambio de dinero, a Batista, quien la solicitaba.
Proceso judicial y condena
La investigación del caso estuvo a cargo de la procuradora fiscal Aleika Almonte, con apoyo de la agencia investigativa Dictot y la Unidad de Investigaciones de la PETT.
Mientras que, en el juicio, la representación del Ministerio Público estuvo a cargo de las procuradoras fiscales Aleika Almonte y Noelia Tavera.
Daniel Batista fue sentenciado adicionalmente a 18 años de prisión en el estado de Nueva York, tras comprobarse en su contra la posesión de material de abuso sexual infantil.
“Este caso demuestra que ningún agresor, ni quienes facilitan la explotación de niños, niñas y adolescentes, están fuera del alcance de la justicia”, sostuvo la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, al referirse a la decisión.
Bejarán Alvárez destacó que “la cooperación internacional es fundamental para perseguir estos crímenes”. “Desde la PETT, seguiremos fortaleciendo estos vínculos para proteger a nuestra niñez”, sostuvo, al tiempo que reiteró el llamado del Ministerio Público a la ciudadanía para que denuncien cualquier situación de explotación, abuso o violencia contra niños, niñas y adolescentes a través de las líneas habilitadas con esos fines.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por los jueces Keila Pérez (presidenta), Arisdeilis Méndez y Francis Hernández, dictó la sentencia condenatoria con base en los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público.
La sentencia fue dictada contra la procesada por violar el artículo 24 de la Ley núm. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y los artículos 25, párrafo III; 26, 409, 410 y 411 de la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
El ministro de Hacienda y Economía (MHE), Magín Díaz, juramentó este martes a Enmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos de la República Dominicana, en sustitución de Alejandro Fernández W., quien ocupó la posición durante seis años.
La designación de Cedeño Brea está contenida en el Decreto 606-26 y, de conformidad con lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera, corresponde a un período de dos años.
Durante el acto de juramentación, el ministro Magín Díaz destacó la preparación y experiencia del nuevo superintendente, así como su trayectoria en materia de regulación y supervisión financiera, elementos que fueron ponderados por el presidente Luis Abinader para su elección.
“Enmanuel Cedeño Brea cuenta con una sólida formación y una amplia experiencia en regulación, supervisión, economía, finanzas y gestión de riesgos. Confiamos en que su conocimiento del sistema financiero y su compromiso con el fortalecimiento institucional contribuirán a seguir consolidando un sistema bancario robusto, moderno y capaz de responder a los desafíos del país”, expresó Díaz.
Tras ser juramentado Cedeño Brea manifestó su compromiso con la continuidad del plan estratégico que impulsa la Superintendencia de Bancos (SB), con el objetivo de continuar profundizando en materias como la madurez institucional, la supervisión basada en riesgos y la innovación regulatoria.
Sobre el nuevo superintendente
El nuevo superintendente es abogado de profesión y cuenta con especialización en economía y finanzas y posee una amplia trayectoria en regulación financiera, supervisión prudencial, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Antes de su designación, se desempeñaba como asesor principal y coordinador técnico de la Superintendencia de Bancos. Previamente, ocupó la posición de subgerente de Regulación e Innovación de esa institución, desde donde tuvo bajo su responsabilidad áreas vinculadas con regulación, supervisión contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), innovación e inclusión financiera, investigación económica, registro y licencias, y sanciones administrativas. Asimismo, fue intendente del Mercados de Valores entre 2022 y 2024 y ha ejercido como asesor de diversas entidades financieras.
PUERTO PLATA.– El puerto turístico Taíno Bay recibió este martes al crucero Celebrity Beyond, procedente de Miami, con 3,224 pasajeros y 1,444 tripulantes, como parte de las 38 escalas previstas para septiembre en puertos y fondeaderos del país, informó la Autoridad Portuaria Dominicana.
.jpeg)
El Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra nueve integrantes de una organización criminal transnacional que se dedicaba al tráfico internacional de cocaína, al lavado de activos, la tenencia ilegal de armas de fuego y otros tipos penales, la cual fue desmantelada con la Operación Leopardo.
La acusación fue presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio (el Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota (el Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
El grupo tiene comprometida su responsabilidad penal según la investigación realizada por los fiscales José Manuel Calzado, Pedro Medina Quezada y Lauterio Eduardo Javier Sánchez, bajo la coordinación de la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la procuradora fiscal titular interina de La Altagracia, Claudia Lorena Garrido.
La estructura criminal operaba en distintas regiones del país y utilizaba villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos turísticos de la zona este como centros de recepción, almacenamiento y despacho de sustancias narcóticas.
En sus operaciones recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia a través de las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá. Posteriormente, los transportaba por tierra, almacenados en inmuebles vinculados a sus integrantes y trasladadas en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, desde donde eran distribuidas hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos.
El órgano acusador solicitó que la acusación sea admitida, que se dicte auto de apertura a juicio, que se mantengan las medidas de coerción y cautelares vigentes. Asimismo, que al concluir el proceso, se ordene el decomiso de los activos vinculados a los hechos imputados.
Uno de los hechos centrales de la investigación ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades ocuparon 993 paquetes de cocaína, con un peso certificado de 1,027.15 kilogramos, transportados en la embarcación denominada “Lucifer”, en la zona de Cap Cana.
Posteriormente, el 18 de octubre de 2025, fueron ejecutados 17 allanamientos simultáneos, durante los cuales se ocuparon otros 666.27 kilogramos de cocaína, parte de ellos almacenados en el establecimiento comercial Drinks Súper Fría, ubicado en San Rafael del Yuma.
En conjunto, ambas operaciones permitieron vincular a la organización con 1,693.42 kilogramos de cocaína, equivalentes a casi 1.7 toneladas.
Según la investigación, Moisés Severino Inirio ejercía la función de principal coordinador logístico de la estructura; Pedro Luis Cordero Espinal, labores de coordinación internacional, y Daniela Sthefany Amancio Olaverría, funciones financieras y logísticas. Otros acusados desempeñaban tareas de almacenamiento, transporte, custodia de sustancias, administración de establecimientos, movilización de dinero y ocultamiento de bienes.
Los análisis financieros incorporados a la acusación permitieron al Ministerio Público identificar ingresos y fondos movilizados superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones mediante cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos financieros.
La investigación identificó patrones propios del lavado de activos, entre ellos, depósitos fraccionados o “pitufeo”, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, utilización de personas interpuestas, sociedades instrumentales, operaciones inmobiliarias sobrevaluadas, transferencias mediante el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas, especialmente USDT en la red TRC20.
El Ministerio Público solicitó el decomiso de los bienes, valores, productos financieros e instrumentos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas de la organización criminal. Entre los principales activos identificados se encuentran US$154,800 y RD$927,000 en efectivo, así como una villa de lujo en Cap Cana, adquirida mediante una operación de US$820,000.
También, un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo, dos solares en el municipio San Antonio de Guerra y un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana. Además, de varios terrenos e inmuebles en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.
Asimismo, las embarcaciones “Beto III” y “Fish On”, y la embarcación “Lucifer”, utilizadas para transportar el cargamento de 1,027.15 kilogramos. Además, varios vehículos de diferentes tipos y marcas, incluyendo camionetas, yipetas y motocicletas, entre otros medios de transporte, así como armas de fuego, entre las que se encuentran pistolas, escopetas, rifles, un fusil calibre 5.56, cargadores y numerosas municiones.
El Ministerio Público solicita, igualmente, el decomiso de relojes de las marcas Rolex, Breitling, Diesel, Apple y Curren, así como cadenas, pulseras, anillos y otras prendas de apariencia áurea.
Además, un lote de cientos de teléfonos celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos electrónicos, así como máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación y documentos financieros y societarios.
La acusación sostiene que una parte importante de estos bienes fue adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y personas interpuestas, sin que los acusados pudieran justificar su procedencia mediante actividades económicas lícitas.
El caso se sustenta en una investigación conjunta desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos (DIFLA) con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA).
