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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió a la misión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que encabezó Daniel Salter, principal administrador adjunto de ese organismo, con quien conversó sobre la disposición de las autoridades de República Dominicana a seguir luchando contra el narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad internacional organizada.
“Desde República Dominicana tenemos el compromiso, primero con nuestra población y luego con otros países de la región y otras latitudes de seguir luchando contra el narcotráfico que, al final, impacta en las familias que ven la salud física y mental de sus hijos e hijas afectada por el consumo de sustancias narcóticas”, dijo Reynoso, al referirse a la visita de los funcionarios de la DEA.
“No debemos olvidar jamás que las drogas que mueve el narcotráfico internacional va a parar, incluso, a las comunidades trabajadoras que conforman nuestros migrantes en países con un mayor nivel de desarrollo y que, por lo tanto, luchar contra ese flagelo es un compromiso de todos”, dijo.
Reynoso, quien estuvo acompañada por el procurador adjunto Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, director de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio Público, recordó, además, que el narcotráfico internacional impacta negativamente las economías, al distorsionar los sistemas de producción y los mercados con fondos provenientes del lavado de activos.
Entre los presentes en la delegación que visitó a Reynoso en su despacho figura: Miles Aley, jefe adjunto de Operaciones Internacionales de la DEA; Michael A. Miranda, agente especial de la DEA, División del Caribe, y Kaleb T. Sanderson, agregado de la DEA en República Dominicana y Haití.
Daniel Salter agradeció la disposición a colaborar que mantiene la Procuraduría General de la República y todo el Ministerio Público en la lucha contra el narcotráfico.
El funcionario reafirmó el compromiso de Estados Unidos de mantener los lazos de cooperación, con un intercambio formal y fluido de información que permita desmantelar redes de narcotráfico y tramitar ante los tribunales a los responsables de articularlas y agradeció el esfuerzo que hace la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico, reconociendo que el país es un modelo de cooperación.
La Liga Municipal Dominicana (LMD) celebró este viernes la segunda graduación de alcaldes pedáneos de todo el país, reforzando la importancia de su función en las comunidades.
Un total de doscientos alcaldes recibieron su certificado tras completar las horas educativas requeridas.
El presidente de la LMD, Víctor D´Aza, encabezó este segundo acto de graduación del curso “Gestión de alcaldías pedáneas” y destacó el papel crucial de los alcaldes pedáneos, recordando que el objetivo del curso es fortalecer sus capacidades para ejercer una gestión local eficiente, participativa y transparente.
Esta formación está alineada con los principios del buen gobierno, en cumplimiento de la Ley 176-07 y orientada hacia el desarrollo sostenible de sus comunidades.
D´Aza enfatizó en el alto compromiso y disposición al servicio que deben caracterizar a quienes ejercen la función de alcalde pedáneo, ya que su rol es clave en la resolución y mediación de conflictos sociales.
En este sentido, se comprometió, como presidente de la LMD, a continuar con los programas de formación en los distintos niveles educativos para alcaldes pedáneos.
Claudio Lugo, director del Instituto de Capacitación Municipal (ICAM) de la LMD, enfatizó que estas formaciones seguirán extendiéndose por todo el país.
El alcalde Perfecto Jiménez de Villa González, tuvo unas palabras de agradecimiento en nombre de todos los graduandos.
En esta graduación participaron un total de doscientos alcaldes pedáneos, lo que, sumado a la primera promoción, representa un total de cuatrocientos diecisiete graduados provenientes de 27 municipios y 36 distritos municipales, unos 371 hombres y 46 mujeres.
Los asistentes recibieron capacitación sobre los aspectos fundamentales y prácticos de la gestión de las alcaldías pedáneas, promoviendo su empoderamiento para actuar con autonomía, responsabilidad y una visión de desarrollo comunitario.
A solicitud del Ministerio Público, una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de La Romana dictó la primera sentencia nacional que acoge la venta anticipada de bienes, correspondientes, en este caso, al proceso seguido contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada con la Operación Guepardo.
Los bienes fueron incautados en el proceso seguido a la empresa Novasco Real Estate SRL, representada por los cabecillas de la red Loany Lismeiry Ortiz Nova, apresada en Colombia, así como Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, por su vinculación al caso.
Los fiscales litigantes Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal Mayerling Rondón, de La Romana, formularon la solicitud ante la jueza Vicky Chalas, quien ordenó la venta anticipada de los bienes.
Los fondos obtenidos producto de las ventas se conservan en una cuenta del Estado con fines de resarcimiento a las víctimas cuando un tribunal ordene un decomiso. En el proceso se irán recuperando los activos para presentarlo al tribunal y al finalizar, con una sentencia condenatoria, se decomisa a favor de las víctimas.
Los bienes puestos en venta de manera anticipada, son de los inmuebles donde operarían proyectos como Romana Victoriana Residences, en la cual fueron colocadas mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias y equipos de oficina, así como aires acondicionados, entre otros, para simular el trabajo de construcción del complejo.
El Ministerio Público indicó que la venta anticipada busca evitar que los bienes perecederos se dañen o se deterioren, por lo que serán vendidos de conformidad con el artículo 69 de la Ley 60-23 para la Administración de Bienes Secuestrados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinción de Dominio, una legislación que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
El pasado mes les fueron ratificados los 18 meses de prisión preventiva impuestos en febrero a los imputados Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y a Rocío del Alba Rodríguez de Moya, los cuales cumplen en los centros de corrección y rehabilitación de San Pedro de Macorís, y en Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
En cuanto a Loany Ortiz, la principal cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, se informó que se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al país, para que responda por sus hechos.
En la continuación de las investigaciones fueron apresados Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, así como las masters brokers de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto. A los cuatro también se le impuso prisión preventiva por un año que deberán cumplir en la cárcel pública de Mujeres de La Altagracia y en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, de Higüey, en esa misma provincia.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
En el transcurso de la investigación se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12.
Durante las pesquisas han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevante.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Martínez dijo sentirse inmensamente feliz de poder compartir con estudiantes de su alma mater, con quienes compartió anécdotas, experiencias personales y reflexiones sobre su propia etapa universitaria, conectando de forma espontánea con los estudiantes. El diálogo fluyó en un ambiente franco, donde el también expresidente de la Cámara de Diputados escuchó inquietudes, propuestas y preocupaciones sobre los desafíos del país.
El exalcalde de Santiago resaltó que la juventud dominicana no está para observar desde la grada, sino para asumir un papel protagónico en la construcción del país que desean.
“Los jóvenes no están para que les impongan gobiernos; están para construirlos. Para decidir, no para que decidan por ellos. Y ese rol es clave para renovar la esperanza y el rumbo del país, y para exigir un liderazgo a la altura de esta generación.”
El aspirante presidencial abordó temas como el costo de la vida, la falta de oportunidades, la necesidad de transparencia, la importancia de la planificación del Estado y el impacto que tiene la participación juvenil en la toma de decisiones públicas.
Señaló que “el país necesita más que discursos o marketing político, criterio, dirección y resultados, elementos que solo surgen cuando los jóvenes participan con identidad, carácter y visión de largo plazo”.
