La medida fue impuesta contra los imputados Shandde Moisés Amancio Arias, César Edward Tejeda Carela (Pelo Fino) y Ángel Marte de Jesús (Deivi o Escudero), quienes, de acuerdo con la investigación, actuaron en perjuicio de Aderly Fischerarlt de León Polanco, propietario del establecimiento, y Carlos Miguel Martínez Calderón, quien se desempeñaba como seguridad.
El Ministerio Público estuvo representado por la procuradora fiscal Julia Laury Vásquez, adscrita al Departamento de Litigación Inicial del Distrito Nacional, durante la audiencia donde el juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la medida de coerción y fijó la revisión obligatoria para el 14 de enero de 2027.
Los imputados cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo Hombres, de la provincia San Cristóbal.
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo) de la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo con el expediente, el 7 de octubre, alrededor de las 2:55 de la tarde, mientras las víctimas se encontraban dentro del establecimiento, los imputados Shandde Moisés Amancio Arias y Ángel Marte de Jesús (Deivi o Escudero) llegaron a la joyería a bordo de una yipeta negra sin placa visible, que había sido previamente rentada.
Del vehículo descendió el imputado Marte de Jesús, quien portaba un arma de fuego con la que apuntó y realizó varios disparos hacia el interior del establecimiento.
Al percatarse de la agresión, el seguridad Martínez Calderón intentó levantarse, momento en que el imputado Marte de Jesús le realizó dos disparos.
Cuando intentó disparar nuevamente, el arma se encasquilló; luego de manipularla, realizó otro disparo que impactó a la víctima y provocó que se desplomara en el suelo boca abajo.
Posteriormente, Amancio Arias y Marte de Jesús intentaron ingresar al establecimiento. Sin embargo, el seguridad, aún en el suelo, logró girarse y repeler la agresión con su arma de fuego, lo que obligó a los imputados a retroceder y huir en la yipeta sin lograr su propósito delictivo de sustraer bienes.
Tras el hecho, las autoridades analizaron las cámaras de videovigilancia del sector y rastrearon la ruta del vehículo mediante el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, estableciendo que se dirigía hacia la región Sur del país.
Durante la huida, Amancio Arias se comunicó telefónicamente con Luis Keyson Tejada para informarle que estaba herido de bala y solicitarle ayuda para recibir asistencia médica. Luego de que Keyson Tejada acudiera al Hospital de Palmar de Ocoa y le informaran que no contaban con los recursos necesarios para atenderlo, ambos coordinaron encontrarse en la entrada de Villa Fundación, en Baní, provincia Peravia.
El expediente establece que Amancio Arias llegó al lugar conduciendo la yipeta, la cual dejó abandonada y abordó el vehículo de su acompañante para trasladarse a un centro de salud.
A través de labores de inteligencia, las autoridades establecieron que Amancio Arias había ingresado al Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla, en Baní, con múltiples heridas de bala.
Al presentarse en el centro de salud, los agentes lo identificaron y determinaron que sus lesiones eran compatibles con el intercambio de disparos ocurrido en la joyería. Asimismo, mediante la entrega voluntaria de Keyson Tejada, recuperaron prendas de vestir ensangrentadas que coincidían con las observadas en las imágenes de videovigilancia.
Según las informaciones recabadas durante la investigación, Amancio Arias admitió su participación como conductor del vehículo utilizado en el hecho e identificó a Marte de Jesús como la persona que descendió del vehículo y disparó contra el seguridad. También, señaló a César Edward Tejeda Carela (Pelo Fino) como quien habría suministrado las armas de fuego.
Tras estas diligencias, se formalizó la orden de arresto contra Shandde Moisés Amancio Arias, quien permanecía bajo custodia policial en el referido centro hospitalario.
Por su parte, Marte de Jesús y Tejeda Carela fueron arrestados el 9 de octubre de 2026, mediante la orden judicial núm. 2026-AQJ0088136, emitida el día anterior por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Ministerio Público otorgó al caso la calificación jurídica de violación de los artículos 73, 74, 224, 225, párrafos 1, 4 y 5; 226, párrafos 2, 3, 4 y 5; y 373, párrafo tercero, de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal Dominicano, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en la República Dominicana.
Durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, el exsenador por Elías Piña explicó que el arroz procedente de Estados Unidos llega al mercado dominicano en condiciones de precio que, a su juicio, dificultan la competencia para los productores nacionales, debido, entre otros factores, a los subsidios que recibe la producción estadounidense.
Sánchez Roa indicó que actualmente se otorgan RD$100 por fanega como compensación por los costos de producción y consideró que ese monto podría incrementarse para responder a la situación inmediata del sector.
¨El Gobierno va a tener que hacer un alto subsidio aquí. Ese es lo inmediato¨, expresó durante la entrevista, al referirse a la necesidad de contrarrestar las condiciones de competencia de las importaciones estadounidenses.
Propone aumentar el rendimiento sin elevar los costos
Como respuesta de carácter permanente, Sánchez Roa sostuvo que el país debe aumentar los rendimientos por tarea manteniendo los costos de producción, de manera que el arroz dominicano pueda comercializarse a un precio más competitivo.
En ese sentido, planteó avanzar hacia una producción de 17 millones de quintales y señaló que el país ha registrado incrementos productivos en años anteriores, aunque consideró necesario continuar mejorando los resultados.
El dirigente agropecuario destacó que el objetivo no debe limitarse a compensar a los productores frente a las condiciones actuales del mercado, sino también a reducir los costos mediante una mayor eficiencia productiva.
Sánchez Roa también se refirió al comportamiento del consumo nacional de arroz. Según las cifras que presentó, el consumo ronda los 14.65 millones de quintales y el consumo per cápita ha disminuido, una situación que, a su entender, debe considerarse al evaluar las necesidades del mercado y los volúmenes de producción.
Asimismo, advirtió sobre la existencia de arroz importado de años anteriores que, según afirmó, todavía permanece en el país, y sostuvo que esa situación añade presión al mercado nacional.
Sus planteamientos se producen en medio del debate sobre la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26, en el contexto de la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
La propuesta de Sánchez Roa se centra en dos líneas de actuación: una compensación económica inmediata para los productores y una estrategia sostenida de productividad que permita aumentar la producción y reducir los costos, con el propósito de mejorar la capacidad competitiva del arroz dominicano.
