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Durante una exposición en el programa Propuesta de la Noche, conducido por el periodista Manuel Jiménez y transmitido por Teleimpacto, Hebrard calificó como “leyendas urbanas” las afirmaciones que sostienen que la República Dominicana estaría dejando de percibir miles de millones de pesos por no revisar el contrato minero, a propósito del llamado “boom” del metal precioso.
El economista contextualizó el debate recordando que la minería en el país arrastra un pesado historial ambiental y financiero desde décadas pasadas, lo que explica —dijo— la suspicacia que todavía genera en sectores de la opinión pública.
Sin embargo, subrayó que la reapertura de la mina de Pueblo Viejo en Cotuí, a partir de 2013, se produjo bajo un esquema contractual sustancialmente distinto, que ha sido objeto de dos enmiendas clave. La primera modificación, explicó Hebrard, se realizó en 2009 durante la administración del presidente Leonel Fernández, en medio de la crisis financiera mundial.
Su objetivo fue asegurar que la inversión se materializara, lo que permitió que una de las pocas grandes inversiones ejecutadas en América Latina ese año fuera precisamente la construcción de las actuales instalaciones de Pueblo Viejo.
La segunda enmienda, en 2013, bajo el gobierno de Danilo Medina, adelantó pagos fiscales y fortaleció la participación del Estado en los beneficios. Según detalló, el contrato parte del principio de que el Estado aporta el yacimiento, mientras el socio privado asume la totalidad de la inversión —más de 4,000 millones de dólares—, el riesgo operativo y la logística de exportación.
A cambio, la República Dominicana recibe, mediante diversas figuras fiscales, hasta un 50 % de la renta minera generada, es decir, la diferencia entre los ingresos por venta y los costos de producción. Hebrard rechazó categóricamente la idea de que el país solo se beneficie hasta un precio “tope” del oro fijado en el contrato original.
“Eso es falso”, afirmó. Aclaró que, como ocurre en todas las minas del mundo, el precio del oro se rige por el mercado internacional —con referencia en Londres—, por lo que cada incremento en la cotización se traduce automáticamente en mayores exportaciones y recaudaciones para el fisco dominicano. Como evidencia, citó que en el último año las exportaciones de oro superaron los 2,000 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 60 %, mientras que las recaudaciones fiscales asociadas aumentaron en más de 150 %. Estos ingresos provienen de cuatro mecanismos principales: una regalía del 3.2 % sobre el valor exportado, el impuesto sobre la renta, una participación adicional sobre las utilidades netas y un impuesto mínimo anualizado introducido en la renegociación de 2013. Este último instrumento, explicó, funciona como una “póliza de seguro” para el Estado, ya que garantiza que, aun en escenarios de costos elevados o ineficiencias operativas, el fisco reciba al menos el 90 % de lo proyectado en función de los precios internacionales del oro. Para Hebrard, más que reabrir el debate sobre el contrato, la discusión central debe enfocarse en el uso de los recursos extraordinarios que hoy recibe el país. “El oro no se reproduce”, advirtió, al comparar la minería con actividades agrícolas. En ese sentido, respaldó la idea de establecer mecanismos legales que aseguren que estos ingresos se destinen a programas estratégicos y de largo plazo, conscientes de que se trata de un recurso finito. El economista concluyó señalando que el contrato dominicano es citado como modelo por firmas internacionales y que, lejos de perjudicar al país, está permitiendo aprovechar de manera significativa uno de los ciclos más favorables del mercado del oro en décadas.
El Ministerio de Defensa (MIDE) realizó su más alto reconocimiento institucional a los oficiales que han alcanzado 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, resaltando su vocación, lealtad y compromiso permanente con la defensa de la soberanía nacional y la seguridad del país.
Arajet, la aerolínea bandera de la República Dominicana, y la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual Arajet se convierte en la línea aérea oficial de los equipos nacionales de todas las categorías de la Federación Dominicana de Béisbol.
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La alianza tiene como objetivo apoyar las iniciativas de la Federación en favor del crecimiento, la proyección internacional y la sostenibilidad del béisbol dominicano, reconociendo su impacto social, su capacidad de generar oportunidades y el papel que tienen los peloteros dominicanos como embajadores naturales de la República Dominicana en el mundo.
Durante el acto de firma, que estuvo encabezado por Víctor Pacheco, CEO de Arajet; Juan Núñez, presidente de FEDOM; Nelson Cruz, gerente general del equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y Miguel Medina, CEO de Grupo de Medios Panorama, entidad que representa la comercialización de FEDOM.
El CEO y fundador de Arajet, Víctor Pacheco Méndez, destacó que el acuerdo representa una extensión natural de los valores de la aerolínea. “Así como el béisbol ha llevado el nombre de la República Dominicana a los grandes escenarios internacionales, Arajet conecta a nuestro país con el continente y el mundo. Creemos en el deporte como motor de inspiración, disciplina y orgullo nacional, y por eso apostamos a respaldar a quienes mantienen viva esa pasión que corre por las venas del dominicano”, expresó.
Pacheco Méndez subrayó que Arajet nace con una visión país, comprometida no solo con la conectividad aérea, sino también con iniciativas que promuevan el talento, la identidad y el desarrollo integral de la nación.
Así mismo, el presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez Nepomuceno, valoró la alianza como un paso significativo para fortalecer la estructura del béisbol en todos sus niveles.
“Arajet ya nos ha apoyado desde antes de tener ese acuerdo, y eso es digno de admiración; por lo que nosotros estamos encantados de sellar esta alianza que beneficiará a nuestros peloteros, pues podremos participar en más competencias internacionales gracias a las facilidades y conexiones que nos brinda Arajet” afirmó.
Nelson Cruz, Gerente General del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol valoró como trascendental esta alianza. “Esto es un ejemplo que anima a otras empresas del país a seguir creyendo en nuestros peloteros y en el deporte en general como vía de desarrollo para el país”, expresó.
El acuerdo reafirma el rol de Arajet como una empresa que trasciende el transporte aéreo para convertirse en un aliado del desarrollo social, cultural y deportivo de la República Dominicana, respaldando aquello que define al país y lo proyecta con orgullo más allá de sus fronteras.
Con esta iniciativa, Arajet continúa consolidándose como una aerolínea que promueve el talento dominicano, impulsa el deporte y honra las raíces que hacen del béisbol una pasión compartida por generaciones.
El anuncio se realizó durante una rueda de prensa celebrada en la sede principal de COOPSEGUROS, en la que también se efectuó la firma de un acuerdo interinstitucional mediante el cual se garantizará la provisión de soluciones integrales de seguros para los más de 200 mil asociados de COOPNAMA, así como la protección y continuidad de las operaciones institucionales de la cooperativa.
La firma del convenio estuvo encabezada por los presidentes de los Consejos de Administración de ambas entidades, el profesor Santiago Portes, por COOPNAMA, y el Lic. Manuel Gutiérrez, por COOPSEGUROS, quienes destacaron que esta decisión fortalece significativamente a ambas instituciones.
El presidente del Consejo de Administración de COOPNAMA, profesor Santiago Portes, expresó la satisfacción por la firma de este acuerdo, el cual fortalece y apalanca las operaciones de la más importante aseguradora del ámbito cooperativo.
“Nuestra verdadera intención es enviar el mensaje a todo el cooperativismo nacional e internacional, de que dos instituciones hermanas se puedan apoyar dentro del sector, estableciendo planes de desarrollo en beneficio de los asociados y de todas las cooperativas”, dijo Portes.
En la firma de este convenio, se destacaron a su vez, los gerentes generales de ambas instituciones, el Prof. Lucas Figueroa Lapay de COOPNAMA y el Ing. Estón Fulcar en representación de COOPSEGUROS.
En ese sentido, el Ing. Fulcar indicó que este aumento de capital forma parte de una estrategia de relanzamiento financiero e institucional, orientada a ampliar la participación de la entidad en el mercado asegurador y generar beneficios sostenibles para COOPNAMA y el conjunto de cooperativas asociadas.
“La intención es que podamos desarrollar productos orientados a cubrir las necesidades de los asociados de COOPNAMA, que a raíz de ese ejercicio podamos realizar procesos de optimización de costos, donde se puedan determinar oportunidades de mejoras en las contrataciones de los afiliados”, subrayó el gerente general de COOPSEGUROS, Estón Fulcar.
SOBRE EL CONVENIO
El acuerdo establece que COOPSEGUROS ofrecerá coberturas integrales para los riesgos inherentes a las operaciones de COOPNAMA, además de diseñar planes de seguros especializados para sus asociados, lo que permitirá optimizar costos mediante economías de escala, acceder a condiciones preferenciales y disponer de facilidades adicionales en beneficio de la membrecía.
En cuanto al alcance del acuerdo, el presidente del Consejo de Administración de COOPSEGUROS, Manuel Gutiérrez, afirmó que el incremento del aporte de capital constituye una clara muestra de confianza y respaldo institucional por parte de COOPNAMA, y aseguró que esta inversión generará beneficios directos tanto para la cooperativa magisterial como para sus asociados.
Se recuerda que la Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS), es la única aseguradora organizada bajo el modelo cooperativo en la República Dominicana. Fundada en 1989, inició operaciones el 1 de enero de 1990 con el objetivo de brindar servicios de seguros al movimiento cooperativo y al público en general, bajo una visión solidaria y mutualista.
Además, ofrece una amplia gama de seguros personales y colectivos, incluyendo vida, accidentes personales, salud/ARS, seguros patrimoniales y de daños, vehículos de motor, incendios y líneas aliadas, responsabilidad civil médica, todo riesgo de construcción, transporte y carga, fianzas y otros ramos técnicos.
El presidente de la Cooperativa de los Maestros, Prof. Santiago Portes, se hizo acompañar durante el desarrollo de la rueda de prensa por los profesores Francisco Santana, presidente del Consejo de Vigilancia; Felicia Contreras, secretaria del Consejo de Administración.
De la parte administrativa estuvieron presentes los gerentes: Ubaldo León; Lino Hernández; Eleodoro Almonte; José Sánchez y Clecencio Almonte. Además de Wilfredy Severino, Rafael Santana; Jharle Olivo y Ariel Castro.
Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta a Santiago Marcelo Francisco Hazim Albainy, procesado como principal cabecilla de una red corrupta que estafó al Estado con más de 14 mil millones de pesos que debían ser destinados a los servicios sanitarios de los más de 7 millones de afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
“Una vez más, un tribunal reconoce la fortaleza de la investigación realizada por el Ministerio Público y la gravedad de los hechos que envuelven este proceso”, proclamó el procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabezó el equipo de fiscales en las audiencias que culminaron al entrar la madrugada de este jueves.
“Nosotros lo hemos dicho desde el día uno: la afectación que se hizo al seguro de salud SeNaSa, un seguro que alberga a más de 7 millones de dominicanos, es una situación calamitosa y sumamente grave, las actuaciones de los imputados en este proceso y con las evidencias que aportó el Ministerio Público debía imponerse prisión preventiva”, añadió el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
“Se impuso la prisión preventiva en el primer grado y se ha mantenido la prisión preventiva para todos los imputados que apelaron”, dijo.
“Y nos parece una decisión adecuada que es proporcional, no solamente a la gravedad del hecho, sino al daño que debe ser resarcido por la afectación que este proceso produce, repito, sobre millones de dominicanos y dominicanas”, indicó.
Calificó la decisión como un éxito de la investigación que desarrollan los fiscales bajo los lineamientos de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. “Y es un estímulo para el Ministerio Público seguir trabajando para que todo el que haya participado en este proceso venga a los tribunales a responder por sus hechos”.
Reiteró que, como lo ha planteado en otras ocasiones, “habrá tantas vueltas de Operación Cobra como lo amerite el caso”.
“Estamos avanzando. Ustedes saben que es una investigación abierta y hay que cuidar los detalles para no afectar esa investigación, pero les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de Operación Cobra”.
“Todo el que haya participado en este entramado se presentará ante los tribunales, se los aseguro”, indicó Camacho, quien representó al Ministerio Público junto al procurador se Corte, Héctor García, así como los fiscales Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto y Aurelio Valdez.
Al fallar el fondo de la apelación, la corte desestimó los recursos de Hazim Alainy, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Franciscó Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Por vía de consecuencia, “confirma en todas sus partes la resolución impugnada, que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses, contra los indicados imputados”.
El pleno del tribunal, integrado por los magistrados Isis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, rechazó la inconstitucionalidad planteada por la defensa del imputado Santiago Hazim, respecto del artículo 377 en sus numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal.
El tribunal planteó que el recurrente incurría en error, a través de su defensa, al pretender supeditar la vigencia de la medida de coerción al plazo de la investigación. Explicó que esa pretensión ignora que la prisión preventiva, por su naturaleza cautelar, “no tiene como única finalidad garantizar la recolección de elementos de prueba, sino primordialmente asegurar la presencia del imputado durante todas las etapas del proceso, incluyendo la etapa intermedia y el juicio”.
Recordó que aunque el Tribunal Constitucional, en principio refuerza, la idea de que la prisión preventiva es una medida de naturaleza dinámica y revisable, “bajo ninguna circunstancia puede interpretarse como una anulación del techo legal de los 18 meses”.
“Y en ese sentido, la supuesta desproporción alegada por el recurrente es inexistente, por lo que el texto normativo no violenta en modo alguno la Constitución”, indicaron los jueces en sus argumentaciones previas a la lectura del dispositivo de su resolución que ratifica las medidas de coerción impuesta en diciembre pasado por el juez Rigoberto Sena Ferreras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Sena Ferreras también impuso arresto domiciliario, presentación de garantías económicas e impedimento de salida del país para los coacusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, procesados por el Ministerio Público como parte del entramado corrupto que saqueó fondos de los contribuyentes.
