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En un mercado donde la aceptación de pagos digitales todavía tiene un amplio espacio para crecer —actualmente alrededor del 6% de las empresas acepta pagos digitales—, fortalecer la seguridad y la confianza resulta esencial para impulsar una mayor digitalización.
El estudio muestra que los riesgos ya son concretos: el 34% de las pymes encuestadas reportó haber experimentado un incidente de ciberseguridad durante el último año.
Entre las principales preocupaciones identificadas por las pymes dominicanas se encuentran el fraude en pagos o transacciones (50%), el robo de datos (44%) y el phishing o fraude de identidad (43%).
Además, el 48% señala el temor al fraude o a los ciberataques como la principal barrera para aumentar el uso de pagos digitales.
Estas preocupaciones ya están influyendo en decisiones de negocio: el 42% afirma que han frenado o detenido la adopción de herramientas o pagos digitales, el 45% ha retrasado la incorporación de nuevos métodos de pago, el 42% ha reducido o postergado inversiones en marketing digital y el 36% ha aplazado su expansión hacia nuevos segmentos de clientes o mercados geográficos.
A pesar de esta exposición al riesgo, la percepción del valor de la ciberseguridad es elevada. El 93% de las pymes considera que una ciberseguridad sólida representa una ventaja competitiva; el 96% afirma que los clientes tienen mayor probabilidad de hacer negocios con empresas que protegen adecuadamente sus datos; y el 92% entiende que estar preparado en materia de ciberseguridad ayuda a atraer nuevos socios, clientes y oportunidades de mercado.
No obstante, persiste una brecha entre conocimiento y preparación: aunque el 95% declara estar muy o algo familiarizado con los riesgos y prácticas de ciberseguridad, solo el 23% se siente muy confiado en su capacidad para proteger el negocio y únicamente el 46% cuenta con un plan formal y escrito de ciberseguridad.
En República Dominicana, las pymes también ven la ciberseguridad como una palanca de crecimiento. El 91% espera alcanzar un crecimiento empresarial de dos dígitos si contara con protecciones de ciberseguridad más sólidas, incluido un 56% que considera posible crecer 26% o más.
Con mayor apoyo en ciberseguridad, el 36% aumentaría su inversión en marketing digital y redes sociales, otro 36% automatizaría procesos internos y el 33% adoptaría nuevos métodos de pago digitales o sin contacto.
Estos resultados refuerzan que la ciberseguridad no solo protege las operaciones, sino que puede habilitar una expansión digital más segura y confiada.
“Para las pequeñas empresas de América Latina y el Caribe, la ciberseguridad ya no es solo una preocupación tecnológica, sino un imperativo empresarial”, afirmó Ana Lucía Magliano, vicepresidenta ejecutiva de Servicios en Mastercard para Latinoamérica y el Caribe.
“Las preocupaciones sobre el fraude y los ciberataques siguen frenando a muchas pymes a la hora de buscar nuevas oportunidades. Cuando la seguridad se convierte en una pieza fundamental de su proceso de evolución, las empresas están mejor posicionadas para expandirse, atender a los clientes y prosperar.”
“En República Dominicana todavía existe una oportunidad importante para ampliar la aceptación de pagos digitales. A medida que más pymes incorporan nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, debemos acompañarlas con herramientas que ayuden a proteger sus pagos, sus datos y sus operaciones.
Fortalecer esa confianza es clave para que la digitalización se traduzca en crecimiento”, afirmó Tomás Alonso, gerente de país de Mastercard para República Dominicana y Haití.
Para ayudar a las empresas a fortalecer la confianza digital, Mastercard continúa invirtiendo en tecnologías y servicios que ayudan a identificar, prevenir y responder ante las ciberamenazas. A través del Mastercard Trust Center, Mastercard ofrece un centro gratuito de educación y recursos sobre ciberseguridad para pymes de América Latina y el Caribe, que brinda investigaciones, capacitaciones, evaluaciones, herramientas y orientación práctica para ayudar a las empresas a fortalecer su ciberresiliencia.
Disponibles a través de determinados emisores locales y socios de la industria, soluciones como My Cyber Risk, impulsada por RiskRecon, e ID Theft Protection ayudan a las empresas a comprender mejor su exposición a riesgos de ciberseguridad, fortalecer su preparación ante amenazas cibernéticas y reforzar la protección de su identidad.
El compromiso de Mastercard con el fortalecimiento de la ciberseguridad de las pymes en América Latina y el Caribe forma parte de su compromiso global de conectar y proteger a 500 millones de personas y pequeñas empresas en su camino hacia la salud financiera para 2030.
Alcance y metodología de la investigación
Los hallazgos para República Dominicana del Mastercard 2026 SME Cybersecurity Outlook se basan en una encuesta a 200 propietarios y directores de pequeñas y medianas empresas del país, realizada durante el segundo trimestre de 2026 como parte de un estudio más amplio de 2.400 pymes en 12 mercados de América Latina y el Caribe.
Mastercard se asoció con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), una firma de inteligencia de mercado especializada en la industria de pagos, para realizar el estudio. Los resultados correspondientes a República Dominicana tienen un margen de error aproximado de ±6,9% con un nivel de confianza del 95%.
Sobre Mastercard
Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios en todo el mundo. Junto con nuestros clientes, estamos construyendo una economía resiliente donde todos pueden prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a personas, empresas y gobiernos a alcanzar su máximo potencial.
El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) exhortó al Gobierno y a los sectores productivos a fortalecer las acciones dirigidas a garantizar la seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, adoptar medidas que contribuyan a reducir el impacto que los aumentos en los precios de los combustibles generan sobre la economía de las familias dominicanas.
El presidente del CODUE, pastor Feliciano Lacen Custodio, consideró que ambos temas requieren una respuesta integral, debido a que la seguridad y la estabilidad económica inciden directamente en la tranquilidad y la calidad de vida de la población.
Feliciano Lacen sostuvo que la seguridad ciudadana no debe evaluarse únicamente a partir de las estadísticas de homicidios, sino también desde la percepción cotidiana de las personas que salen a trabajar, regresan a sus hogares, administran un negocio o transitan por sus comunidades.
“Una sociedad segura es aquella donde el ciudadano puede desarrollar sus actividades con tranquilidad y confianza, sabiendo que las autoridades están presentes, que la Policía cumple su función y que quienes cometen delitos enfrentarán las consecuencias establecidas por la ley”, afirmó.
El dirigente evangélico recomendó atacar la violencia con programas integrales y coyunturales, que no sean solo del momento, y planteó que la política de seguridad debe mantener como prioridades la prevención del delito, el patrullaje efectivo, la profesionalización y transformación de la Policía Nacional y una persecución penal eficaz, dentro del respeto al debido proceso y los derechos fundamentales.
Asimismo, manifestó preocupación por las muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos y consideró necesario que estos casos sean investigados de manera independiente, oportuna y transparente, de modo que la ciudadanía pueda conocer las circunstancias de cada hecho.
Impacto de los combustibles
En relación con el comportamiento internacional del petróleo y sus derivados, el presidente de CODUE señaló que la situación representa un desafío para las familias y para los sectores productivos, debido a los efectos que los costos energéticos y del transporte pueden generar sobre los precios de bienes y servicios.
El Pastor Lacen explicó que cuando aumenta el costo de los combustibles se incrementan también las presiones sobre diferentes áreas de la economía, particularmente el transporte, la producción, la distribución y los precios de los alimentos, con consecuencias directas para el presupuesto familiar.
Por esta razón, llamó a las autoridades y al empresariado a mantener una coordinación permanente para evitar que las presiones externas terminen afectando de manera desproporcionada a los consumidores, quienes también están pagando una tarifa eléctrica desbordante y compleja.
Lacen exhortó, además, proteger el campo y a los productores, garantizar la compra de las cosechas y mantener los puntos de INESPRE para que toda la población pueda alcanzar una canasta familiar equilibrada; y alentó a las familias a crear un plan de austeridad para estos tiempos difíciles.
CODUE consideró necesario que las respuestas frente a todas estas problemáticas combinen seguridad, prevención, protección social, eficiencia económica y responsabilidad de los diferentes sectores, procurando que las medidas adoptadas contribuyan a preservar la estabilidad de las familias.
El titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo (FP), Ramón Alvarado, alertó este martes sobre la situación de la mortalidad infantil en la República Dominicana, al señalar que durante los últimos seis años se han registrado 14,688 muertes de niños menores de un año, de las cuales el 78 % ocurrió durante los primeros 28 días de vida.
Durante una rueda de prensa realizada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el dirigente político presentó seis puntos que, de acuerdo con el análisis expuesto por la organización, reflejan problemas que afectan actualmente al sistema sanitario dominicano.
El dirigente del sector salud de la Fuerza del Pueblo colocó la mortalidad infantil entre los principales indicadores que requieren atención y precisó que solamente durante 2023 fallecieron 3,012 menores de un año, incluidos 2,346 recién nacidos.
Alvarado también se refirió a la situación registrada recientemente en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, donde señaló que durante los meses de julio y agosto fallecieron 30 niños antes de cumplir el primer mes de vida, situación que motivó la visita de legisladores al centro hospitalario.
Como segundo aspecto, el titular de Salud de la FP señaló dificultades en la prestación de servicios en hospitales públicos, incluyendo falta de espacio físico y camillas, principalmente en las áreas de emergencia. Indicó que familiares de pacientes se ven obligados en algunos casos a llevar abanicos, sábanas y detergentes, además de adquirir medicamentos, insumos y material gastable, así como pagar pruebas de laboratorio e imágenes en establecimientos privados.
Al referirse al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Alvarado, quien fue director del Servicio Nacional de Salud (SNS), planteó que existen problemas relacionados con los tiempos de respuesta, la disponibilidad de ambulancias, el mantenimiento preventivo de las unidades y la alta rotación del personal médico, técnico de transporte y de enfermería.
Otro de los puntos presentados corresponde al Programa de Medicamentos de Alto Costo. Sobre este aspecto, Alvarado advirtió acerca de dificultades en los procesos de adquisición y distribución de medicamentos e insumos, que estarían provocando situaciones de desabastecimiento y afectando a pacientes que dependen de estos tratamientos.
El médico y dirigente político llamó además la atención sobre el funcionamiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, al considerar que sus deficiencias dificultan conocer oportunamente los problemas sanitarios de la población y diseñar e implementar políticas y acciones dirigidas a la prevención y protección de la salud colectiva.
Como sexto punto, abordó la situación del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y sostuvo que las irregularidades señaladas en esa institución han tenido consecuencias sobre la población, al tiempo que planteó la necesidad de cuantificar sus daños y determinar su impacto sobre la salud de los dominicanos.
Alvarado sostuvo que la mortalidad infantil, las condiciones de los hospitales, el funcionamiento del 9-1-1, la situación del Programa de Medicamentos de Alto Costo, las deficiencias de la vigilancia epidemiológica y el caso SeNaSa conforman seis puntos críticos que, a juicio de la Fuerza del Pueblo, evidencian problemas en áreas fundamentales del sistema sanitario.
Al concluir su intervención, el titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo consideró que estos indicadores requieren respuestas concretas de las autoridades y una mayor capacidad de planificación, supervisión y atención, con el objetivo de garantizar servicios de salud oportunos y de calidad para la población dominicana.
“La profundización de los graves males en el sector no solamente está limitando la capacidad de los agricultores para iniciar nuevas siembras, sino que se ampliará las importaciones que ya sostienen mas del 50% de las habichuelas que consume el país”, dijo el exadministrador del Banco Agrícola.
Sánchez Roa señaló que, los reclamos planteados por productores y representantes del sector, se sustenta por las obligaciones incumplidas que alcanzan RD$510 millones, distribuidos en RD$205 millones adeudados a los productores de cebolla; RD$210 millones a los productores de habichuela; y a los dueños de maquinarias agrícolas le deben RD$95 millones.
El dirigente agropecuario sostuvo que la falta de pago afecta directamente el ciclo productivo, debido a que los agricultores necesitan esos recursos para adquirir semillas, fertilizantes, preparar los terrenos y cubrir compromisos financieros antes de iniciar nuevas siembras.
Sánchez Roa cuestionó que los recursos que deberían regresar al campo mediante el pago oportuno a los productores permanezcan pendientes y advirtió que esto reduce la capacidad de inversión de quienes sostienen la producción agropecuaria.
“El Gobierno, en vez de invertir para producir, le incauta los escasos recursos aportados por los productores, agravando la crisis del campo y poniendo en riesgo la producción agropecuaria de San Juan”, dijo.
El secretario agropecuario del PLD consideró necesario que las autoridades establezcan un mecanismo urgente de pago y un programa de apoyo que permita recuperar la capacidad productiva de San Juan, especialmente de los pequeños y medianos productores.
Sánchez Roa planteó que, además de honrar los compromisos pendientes, las autoridades deben garantizar que los productores dispongan oportunamente de los recursos necesarios para continuar sembrando y evitar que la falta de liquidez profundice el deterioro de la producción agropecuaria en el Valle de San Juan.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.— Al cierre de septiembre de 2026, la violencia armada ha dejado 9,663 personas muertas y 18,026 heridas en Estados Unidos, algunas de ellas residentes en esta ciudad, según las estadísticas de la organización Gun Violence Archive (GVA), con sede en Washington, D. C.
Entre las víctimas figuran 24 agentes policiales fallecidos y 229 heridos, algunos de gravedad. El policía dominicano Mario García, de 55 años, quien residía en el número 2500 de la avenida Johnson, en el sector de Riverdale, en El Bronx, se encuentra entre los fallecidos.
Asimismo, se registran 172 fallecidos y 290 heridos entre menores de 0 a 11 años. Entre los 12 a 17 años, se reportan 353 fallecidos y 1,931 heridos, muchos de los cuales quedaron en estado crítico.
Durante el 2025, murieron por armas de fuego 38,859 personas: 14,769 por homicidio y 24,090 por suicidio.
Ese año también se registraron 227 fallecidos y 463 heridos entre menores de 0 a 11 años. Entre los 12 a 17 años, hubo 1,042 fallecidos y 2,756 heridos, algunos en estado crítico. Entre los agentes policiales, se reportaron 81 fallecidos y 340 heridos, algunos de gravedad.
La misión de GVA es documentar diariamente los incidentes de violencia armada y los delitos cometidos con armas de fuego en el territorio estadounidense.
POR RAMON MERCEDES
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Falleció por causas naturales el pasado fin de semana. Sus restos fueron velados en la funeraria Jorge Rivera Home Inc., ubicada en el 4543 de John F. Kennedy Boulevard, en North Bergen.
La comunidad dominicana ha recibido con profundo pesar el fallecimiento de quien desempeñó funciones de representación política y servicio público, incluidas labores vinculadas a la Junta Central Electoral (JCE) y al servicio consular dominicano.
Durante su trayectoria, fue vicecónsul en Nueva York y Nueva Jersey. Familiares y allegados recuerdan que, a pesar de las dificultades de salud que enfrentó, mantuvo hasta sus últimos días su interés por la política, el deporte, los acontecimientos de su país y de la comunidad dominicana en el exterior.
Tito Báez deja una huella entre familiares, amigos, compañeros de lucha, dirigentes políticos, deportistas y miembros de la comunidad que compartieron parte de su trayectoria. Fue amigo del autor de esta crónica.
A su velatorio asistieron políticos dominicanos de diferentes organizaciones, empresarios, profesionales, líderes comunitarios, periodistas, funcionarios electos y ciudadanos en general.