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Miembros de la Dirección General de Aduanas (DGA), detectaron unos US$350,352.00 que un pasajero trató de introducir al país sin la declaración correspondiente al arribar por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Ese monto equivale a unos RD$20.9 millones de pesos, a la tasa de cambio actual.
La detección fue posible con el uso de los equipos de inspección no intrusiva que opera el personal de la DGA en dicha terminal, quienes se percataron de una irregularidad en uno de los equipajes de dicho pasajero.
A raíz de este hallazgo, tanto el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA) y otros organismos de seguridad del Estado, se encuentran realizando las investigaciones correspondientes, a los fines de determinar responsabilidades y agotar los procedimientos que establece la ley.
La Dirección General de Aduanas reafirmó su compromiso con la vigilancia y control del flujo de mercancías y valores en los puntos en todos los puertos y aeropuertos del país. Dicha labor se realiza apoyada en tecnología y de inteligencia basada en perfilamiento de riesgos.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), en colaboración con UNIBE, llevó a cabo el conversatorio denominado “Novedades y retos de la reforma de los Códigos Penal y Procesal Penal”.
La agenda incluyó palabras de bienvenida a cargo de las autoridades de UNIBE, encabezadas por su rectora, Dra. Odile Camilo Vincent, así como del presidente de ANJE, Boris De León Reyes.
La introducción y presentación de la conferencista estuvo a cargo de Ralvin Gross, director y coordinador de la Comisión de Justicia y Legislación de ANJE. Boris De León Reyes, presidente de ANJE, consideró que las reformas representan una oportunidad clave para fortalecer la institucionalidad, la seguridad jurídica y la confianza en el sistema de justicia en la República Dominicana, y que el debate sobre la responsabilidad penal de las empresas impulsa estándares más altos de cumplimiento, transparencia y gobernanza en el sector privado.
La actividad se llevó a cabo en UNIBE, y contó con la participación de la magistrada Yeni Berenice Reynoso, Procuradora General de la República, quien tuvo a su cargo la ponencia central.
Durante su intervención, explicó que esta reforma persigue consolidar un sistema de justicia penal más humano, moderno y eficiente, en plena armonía con los estándares constitucionales.
En ese contexto, resaltó avances clave que fortalecen el marco jurídico penal del país, tales como la inclusión de una parte general más estructurada, la incorporación de nuevos tipos penales acordes a los retos, y la integración de criterios del Tribunal Constitucional.
También subrayó la adecuación a una nueva clasificación de infracciones y su coherente articulación con el marco legal vigente, contribuyendo así a un sistema más actualizado, integral y alineado con las necesidades de la sociedad dominicana.
Asimismo, resaltó el fortalecimiento de principios y derechos fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia, la asistencia técnica y una defensa activa desde las etapas iniciales del proceso.
En este contexto, datos recientes evidencian la relevancia de fortalecer la respuesta institucional, tomando en cuenta que entre 2025 y 2026 se ha registrado una reducción aproximada de un 20% en las denuncias de violencia intrafamiliar, aunque, y así lo destacó la magistrada, estos casos continúan representando una proporción significativa dentro de las estadísticas del sistema de justicia.
Reynoso también enfatizó los retos que implica la implementación de estas reformas, particularmente en términos de adaptación institucional, capacitación de los actores del sistema y cumplimiento efectivo de los nuevos procedimientos.
El evento formó parte de los esfuerzos de ANJE por promover el análisis técnico y el diálogo constructivo en torno a reformas clave para el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico del país.
El espacio de diálogo y preguntas fue moderado por Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, y el cierre estuvo a cargo de Gisselle Valera, segunda vicepresidenta de ANJE.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó el impacto que tendrá la reforma penal en la eficiencia de la administración pública y la lucha contra la corrupción administrativa, al dictar la charla “Protegiendo lo nuestro con integridad” a servidores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“Es muy importante entender que la corrupción es un grave acto que lesiona los derechos humanos y el desarrollo de la sociedad”, señaló. Destacó entre las legislaciones que experimentaron avances la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley 155-17, del 31 de mayo de 2017); Ley de Compras y Contrataciones Públicas (Ley 47-25, del 28 de julio de 2025); Código Procesal Penal (Ley 97-25, del 7 de diciembre de 2025); Código Penal (Ley 74-25, del 31 de julio de 2025) y Ley de Extinción de Dominio (Ley 340-22, del 22 de julio de 2022).
Al encabezar la actividad, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, resaltó la importancia de la transparencia en la administración pública. “Somos servidores públicos. Yo creo mucho en la superación, en el trabajo, pero yo creo en la transparencia y en la ética. Y la ética y la transparencia para mí no es un discurso, es un modo de vida”, dijo.
Destacó la presencia de colaboradores de Obras Públicas de todas las regiones del país. Sostuvo que se siente orgulloso cuando se encuentra con personas que tienen 30 años de servicio en esa institución. “He tratado de mejorar sus condiciones. porque lo merecen…”, dijo Estrella, antes de él el director jurídico del MOPC, Manuel Ramón Peña Conce, presentó a la procuradora general en la actividad realizada en el club de ese ministerio.
En su intervención, la procuradora general resaltó la importancia de la transparencia, la ética y la eficiencia en el sector público. Valoró el encuentro, como parte de la iniciativa “Protegiendo lo nuestro con integridad” que promueve la doctora Milagros Ortiz Bosch, desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), y que busca que los servidores públicos y diversos sectores de la sociedad civil asuman los temas de transparencia con una mayor conciencia.
Reynoso recordó los efectos negativos que tiene en toda la sociedad las prácticas deshonestas en el ejercicio de la función pública. “Muchas veces las personas no entienden el impacto tan negativo que tiene cualquier acción corrupta para el desarrollo de una sociedad”, dijo.
“Pongo siempre un ejemplo, porque es sencillo, práctico y fácil de entender: en las aduanas alguien cobró dinero para dejar entrar un contenedor sin revisión, este contenedor tiene armas de fuego, esas armas de fuego van a las calles y se comete homicidio de cualquier ciudadano y robo”, explicó.
Advirtió que un acto de corrupción puede significar una muerte en cualquier sector de la sociedad. “Esa arma entró al país producto de que alguien recibió equis cantidad de dinero y la dejó pasar”, añadió.
También, afirmó, que la corrupción lesiona la dignidad de la persona y el derecho a escalar a la democracia, así como el derecho que tiene la sociedad a servicios de salud eficientes. “La corrupción causa grave lesión a los derechos humanos, genera muerte, genera un impacto negativo, que es transversal a la sociedad”, señaló.
Resaltó que en el año 2025, República Dominicana vivió a nivel de reforma legislativa un hito sumamente importante, mediante la aprobación de tres leyes de vital importancia para el país. “El Código Penal Dominicano ¿Saben de cuándo era nuestro código? De agosto del 1884. No me estoy equivocando con la fecha, 1884; no existía el carro cuando nosotros lo probamos y no existían autopistas, eran caminos vecinales”, refirió.
Por esa razón dijo que hay muchos delitos, como los electrónicos. “Imagínense en el 1884 qué delito electrónico iba a existir”, apuntó, tras valorar la entrada en vigencia de la normativa el próximo mes de agosto, permitiendo un mejor combate del delito.
Resaltó que otras de las grandes reformas fue la nueva Ley de Compras y Contrataciones que moderniza los procesos de las compras del Estado.
Recordó que cuando se roba un peso del patrimonio público se les roba a todos, a la sociedad en conjunto, razón por la que se compromete el desarrollo y el futuro, sobre todo de los jóvenes.
“El patrimonio público no es de los políticos, el patrimonio público no es del gobierno, el patrimonio es de la sociedad y en ese sentido todos debemos protegerlo”, sostuvo.
