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La idea fue compartida durante su participación en el panel «Rompiendo el silencio: un análisis jurídico y social de la violencia doméstica en la República Dominicana», que se desarrolló como parte del quinto viaje de la delegación oficial de senadores de Nueva York a la República Dominicana, encabezada por el senador Luis Sepúlveda.
En su exposición, la jueza indicó que República Dominicana cuenta con un buen marco normativo respecto al tema y forma parte de importantes instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres; sin embargo —añadió— aún persisten patrones culturales que pueden contribuir a la desigualdad.
Manifestó que la construcción de una sociedad libre de violencia requiere desmontar estereotipos y promover una cultura de igualdad que reconozca plenamente las capacidades de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.
La jueza constitucional señaló que una de las ideas más arraigadas en muchos hogares es la creencia de que el hombre es la cabeza del hogar, una premisa que, aunque suele asumirse con normalidad, dijo, influye en la forma en que se educa a las niñas y se construyen sus expectativas sobre su papel en la sociedad.
«Entonces, partiendo de esta premisa, nuestras niñas son criadas bajo el parámetro de que jamás tendrán la capacidad de dirigir, sino que tienen la necesidad de ser dirigidas. Y esa sola frase es una manifestación sutil de la más grande manifestación de violencia contra la mujer», expuso en el evento que contó con la participación de jueces, académicos, abogados y legisladores dominicanos y neoyorquinos.
En ese sentido, precisó que esta visión se proyecta más allá del ámbito familiar y se refleja en la sociedad, donde las mujeres continúan enfrentando barreras para acceder a espacios de toma de decisiones, dirección y alta responsabilidad.
Es por ello que consideró fundamental impulsar un cambio cultural que permita reconocer a las mujeres como personas plenamente capaces de liderar y desempeñar cualquier función en igualdad de condiciones.
La magistrada Ferreira recordó que la Constitución dominicana reconoce el derecho de todas las personas a la integridad física, psíquica y moral, así como a vivir una vida libre de violencia, y que condena expresamente la violencia contra la mujer e intrafamiliar.
Al respecto, explicó que el papel del Estado no se limita a la creación de leyes, sino que también abarca la implementación de programas de prevención, la persecución de los responsables, la protección integral de las víctimas y la garantía de que las normas sean efectivas en la práctica.
Sobre este punto, la jueza constitucional reconoció que existen deficiencias en el sistema, por lo que hizo varias recomendaciones, entre ellas fortalecer la especialización de los profesionales que intervienen en los casos de violencia de género e intrafamiliar, pues consideró que una atención adecuada a las víctimas comienza con personal debidamente capacitado.
Asimismo, valoró positivamente la experiencia de los centros conductuales para hombres que funcionan bajo la coordinación de instituciones estatales, al indicar que estos espacios permiten trabajar los aspectos psicológicos y conductuales de los agresores durante el proceso judicial, por lo que planteó extender este modelo a más provincias y municipios, especialmente en las demarcaciones con mayor concentración poblacional.
La jueza también propuso ampliar la red de casas de acogida para víctimas de violencia intrafamiliar, sugiriendo la creación de al menos una por cada distrito judicial. Explicó que estos espacios deberían ofrecer una atención integral que incluya alojamiento seguro, asistencia psicológica, acompañamiento durante los procesos judiciales y capacitación para la inserción laboral.
A su juicio, fortalecer la autonomía económica de las mujeres también constituye una herramienta fundamental para romper los ciclos de violencia y contribuir a su desarrollo integral y a su autosuficiencia.
En el panel también participaron Daisy Montás, jueza de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Fiordaliza Rodríguez, jueza del sistema judicial del Estado de Nueva York; Michelle Perezfuente Hiciano, abogada litigante y exjueza del Poder Judicial dominicano, y Senaya Hernández, abogada titular del servicio de acompañamiento legal a víctimas de Profamilia. La moderación estuvo a cargo de María Lizardo, directora ejecutiva de la Northern Manhattan Improvement Corporation (NMIC).
El Ministerio Público aseguró este lunes que está preparado para iniciar la presentación de la acusación y las pruebas en la audiencia preliminar del proceso seguido a Quilvio Rodríguez González, así como a otros miembros de la red que distribuyó sobornos por más de 108 millones de pesos para agenciarse la contratación de seguridad privada en diferentes instituciones públicas del país.
La audiencia preliminar contra Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), y los demás miembros de la red se conoce en el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
La procuradora de corte Rosa María Pichardo, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que estaban listos para el inicio de la audiencia.
“En el día de hoy el Ministerio Público está listo para conocer la presente audiencia preliminar, sin embargo, a pedimento de las defensas, por estar abierto el plazo, el juez decidió acoger los pedimentos de las defensas”, dijo, al responder preguntas de la prensa luego del aplazamiento de la audiencia para el próximo 5 de octubre.
La fiscal Pichardo, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto al fiscal Yoneivy González, también adscrito a la Pepca, reiteró que la decisión fue adoptada “no obstante el Ministerio Público haber estado listo en el día hoy”.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia para el próximo 5 de octubre, a las 10:00 de la mañana, luego de acoger la petición de las defensas de uno de los acusados que presentó un certificado médico que avala un mes de licencia médica por un proceso postoperatorio, además de que otros dos encartados no se habían presentado al inicio de la audiencia.
Catorce personas físicas y jurídicas procesadas por el caso
El pasado mes de julio el Ministerio Público presentó acusación y solicitó apertura a juicio para 14 personas físicas y jurídicas que integraban la red de sobornos.
Los acusados son: Quilvio Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
Por igual, Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
El expediente, también, incluye a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Además, fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
La acusación detalla que los sobornos identificados ascienden a la suma de ciento ocho millones ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos (RD$108,080,359.92), los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició una investigación que partió de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que identificó la existencia de una red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas, los cuales se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo, las que tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.
El presidente Luis Abinader convocó este lunes a una jornada de oración y acción de gracias en un encuentro que reúne a representantes de distintas denominaciones religiosas y servidores públicos en el Palacio Nacional.
El jefe de Estado junto a la primera dama, Raquel Arbaje, destacó el significado de la Jornada Nacional de Oración por la República Dominicana, al afirmar que la fe brinda fortaleza para enfrentar las dificultades y renovar la esperanza.
“Por eso esta jornada tiene para mí un significado especial, porque reunirnos aquí en el Palacio Nacional para orar por la República Dominicana nos recuerda algo importante. La fe no nos aparta de la realidad, nos da fuerzas para enfrentarla y para transformarla, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Ese es el sentido de esta jornada, orar para encontrar sabiduría, para renovar las esperanzas, para que Dios nos proteja de los desastres de la naturaleza, orar para una República Dominicana en paz”.
Durante el encuentro, celebrado en el Salón Las Cariátides de la Casa de Gobierno, junto a representantes de las iglesias católicas y cristianas, el mandatario pidió a Dios sabiduría para ejercer sus responsabilidades públicas, fortaleza ante las dificultades y sensibilidad para atender las necesidades de la población.
El presidente Abinader elevó oraciones por cada familia dominicana, especialmente por quienes enfrentan enfermedades, momentos de angustia y dificultades, así como por los jóvenes y adultos mayores, y pidió protección ante los desastres naturales y por una República Dominicana en paz.
El jefe de Estado exhortó a que la jornada trascienda el momento de oración y se convierta en un compromiso de acción, servicio y solidaridad, “que ese amén sea también un comienzo, que sea un compromiso, una decisión de salir de aquí más dispuesto a escuchar, más dispuesto a ayudar, más dispuesto a perdonar y más dispuesto a servir”.
El presidente Abinader reafirmó su confianza en el pueblo dominicano y llamó a mantener la fe, la esperanza y la disposición de ayudar a los demás, al tiempo que concluyó su intervención pidiendo a Dios que bendiga a la República Dominicana y a todos sus ciudadanos.
Unirse en oración por el bienestar, la protección y la prosperidad de la República Dominicana
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, invitó a la nación a unirse en oración y en acción a través de las iniciativas preventivas que ejecuta el Gobierno ante situaciones de emergencia.
“Esta jornada nos convoca a unir la fe con la acción. Mientras invitamos a todas las iglesias y a la comunidad creyente a orar por el bienestar, la protección y la prosperidad de la República Dominicana, también estamos tomando medidas concretas de prevención, como el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, la campaña educativa del COE y la evaluación de infraestructuras que realizan el Mivhed y el MOPC. Se trata de prepararnos con responsabilidad, sin temor y con la confianza puesta en Dios", explicó Paliza.
Clama por protección, paz y bendiciones por el país
El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, pidió a Dios que continúe protegiendo y cuidando a la República Dominicana, fortaleciendo la fe de su pueblo y guiándolo ante las dificultades.
Asimismo, oró por las familias, los enfermos, los afligidos y quienes gobiernan el país, implorando bendiciones, paz y protección divina para toda la nación.
Un hito en la historia de República Dominicana
Por su parte, el superintendente nacional del Concilio de las Asambleas de Dios en la Dominicana, pastor Julio Morales, destacó como un hito en la historia del país la decisión del presidente Luis Abinader de convocar a representantes de las iglesias y distintos sectores de la vida nacional al Palacio Nacional para orar por la República Dominicana.
Al establecer un paralelo con el relato bíblico del rey de Nínive, el reverendo Morales resaltó que, al igual que aquel gobernante, el mandatario dominicano hizo una pausa en su agenda para propiciar un momento de clamor por la nación, calificándolo como un hecho que podría marcar un antes y un después en la historia del país.
Durante su oración, Morales pidió a Dios misericordia, protección y dirección para la República Dominicana, así como sabiduría para el presidente Abinader, su gobierno y su equipo de gestión.
De manera simultánea, servidores públicos de distintas instituciones participaron en jornadas de oración desde sus respectivas sedes, como parte de esta iniciativa que procura fortalecer los valores, la unida
La Dirección de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM) emitió 17,466 decisiones procedentes a favor de usuarios del servicio eléctrico durante el primer semestre de 2026, como resultado de los procesos de evaluación de las reclamaciones sometidas ante esta instancia.
Entre enero y marzo fueron emitidas 8,310 decisiones procedentes, mientras que durante el trimestre abril-junio la cifra alcanzó las 9,156 decisiones favorables a los usuarios.
Estos resultados reflejan la labor que desarrolla PROTECOM en la evaluación y respuesta a las reclamaciones presentadas por los usuarios, garantizando que cada caso sea conocido y analizado conforme a los procedimientos establecidos.
En términos generales, durante los primeros seis meses del año PROTECOM emitió 52,254 decisiones y recibió 29,833 nuevas reclamaciones, como parte de su labor permanente de atención y protección de los derechos de los usuarios del servicio eléctrico.
PROTECOM actúa como segunda instancia para los usuarios que, luego de presentar una reclamación ante su empresa distribuidora, no se encuentran conformes con la decisión recibida. Cada expediente es evaluado de manera individual, atendiendo a las evidencias, la documentación disponible y las disposiciones establecidas en la normativa aplicable.
Cuando las características del caso lo requieren, el proceso puede incluir inspecciones y verificaciones técnicas, como parte de las diligencias necesarias para sustentar la decisión. Debido a que cada reclamación presenta circunstancias particulares, su evaluación responde a las características y elementos propios de cada expediente.
“Detrás de cada reclamación hay un usuario que espera ser escuchado y recibir una respuesta. Nuestro compromiso es evaluar cada caso con objetividad, rigurosidad y apego a la normativa, garantizando los derechos que corresponden a los usuarios del servicio eléctrico”, expresó Eduard Batista, director de PROTECOM.
PROTECOM continúa fortaleciendo sus mecanismos de atención y orientación para facilitar que los ciudadanos conozcan sus derechos, comprendan el procedimiento de reclamación y cuenten con una instancia para solicitar la revisión de su caso cuando no estén conformes con la decisión adoptada por su empresa distribuidora.
Sobre PROTECOM
PROTECOM es la instancia de la Superintendencia de Electricidad destinada a la protección de los derechos de los usuarios del servicio eléctrico y conoce, como segunda instancia, las reclamaciones correspondientes conforme al marco regulatorio vigente.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que la actividad del COVID-19 muestra un repunte en gran parte del país.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la tendencia al alza se registra en 47 estados, mientras que sólo tres se mantienen estables.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) actualizó recientemente las vacunas contra el COVID-19 para la temporada 2026-27 con el fin de atacar específicamente la variante XFG, en lugar de combinar la protección contra múltiples versiones del virus.
Los niveles más altos de actividad viral se reportan en Alaska, Hawái, Nevada, Texas y Utah. En NY, el Departamento de Salud mantiene un monitoreo constante a través de pruebas de laboratorio, visitas a salas de emergencia, hospitalizaciones y vigilancia de aguas residuales.
Aunque la actividad respiratoria general sigue siendo baja, los indicadores muestran un aumento, algo que los especialistas consideran previsible al final del verano y con el inicio del ciclo escolar.
Las autoridades exhortaron a la población, en especial a los adultos mayores, personas embarazadas o con condiciones crónicas, a mantenerse al día con las vacunas, realizarse pruebas si presentan síntomas y quedarse en casa cuando estén enfermas.
También se sugiere reforzar el lavado de manos y mejorar la ventilación en espacios cerrados.
Las autoridades de salud enfatizan que, aunque el panorama actual es más favorable que en años anteriores, el virus continúa circulando y la prevención sigue siendo clave para proteger a los grupos más vulnerables.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomendó las vacunas para todas las personas de 65 años o más y para aquellas más jóvenes que padezcan al menos una afección que aumente su riesgo de sufrir una enfermedad grave por COVID-19. Entre estas afecciones se incluyen el asma, la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardíacas o pulmonares y el embarazo.
Las instituciones continuarán evaluando la situación y emitirán nuevas recomendaciones de ser necesario, infortman las autoridades.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Una nueva política federal de inmigración que entrará en vigor el 18 de septiembre dará a los funcionarios de inmigración más facultades para decidir si ciertos solicitantes de residencia podrían considerarse una carga pública.
La norma, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), permitirá considerar factores como la edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y las habilidades al evaluar si una persona podría depender de la asistencia pública.
El objetivo declarado es garantizar que los inmigrantes sean autosuficientes y no dependan de beneficios financiados por los contribuyentes. Programas como SNAP y Medicaid podrían ser tomados en cuenta en la evaluación global sobre si alguien representa una carga pública.
Estos cambios han generado preocupación entre muchos inmigrantes en Ny, incluidos residentes legales, por el posible impacto en sus trámites migratorios.
Según USCIS, la medida se aplicará a más de 20 categorías de residencias y ajustes de estatus, incluyendo cónyuges de ciudadanos estadounidenses, prometidos(as), hijos(as) y padres de ciudadanos, inversionistas, trabajadores religiosos y miembros de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades de NYC recuerdan que quienes tengan dudas sobre cómo la nueva política puede afectar su situación migratoria, pueden comunicarse con la línea de asistencia legal de la ciudad al 1-800-354-0365
