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El gobierno del presidente Luis Abinader alcanzó en 2024 una cobertura del 93 % en educación para los niños de un año antes de la edad oficial de ingreso a la primaria, frente al 86 % registrado en 2015, de acuerdo con la Tasa Neta de Matrícula Ajustada (NERA, por sus siglas en inglés).
El incremento de siete puntos porcentuales representa una expansión masiva e inclusiva de los servicios educativos del Estado en edades formativas clave, según los datos recopilados por la Unesco en el informe Global Education Monitoring (GEM 2026).
Además del avance democrático en la primera infancia, el informe GEM 2026resalta un aumento notable en la tasa de finalización de la educación secundaria alta (bachillerato), posicionando a la nación por delante de competidores históricos en la región.
De igual manera, de acuerdo con los datos recopilados por la Unesco en el informe GEM 2026, el país ha logrado erradicar la brecha de riqueza en el acceso a la educación preprimaria, posicionándose a la par de potencias regionales como Brasil y superando holgadamente el promedio de América Latina y el Caribe.
Con un 93 % de cobertura en la primera infancia, la República Dominicana iguala la cifra de Brasil (93 %) y se sitúa casi al mismo nivel de Argentina (94 %). Asimismo, el país supera con ventaja a otras naciones de la región como El Salvador (85 %), Guatemala (84 %), Panamá (77 %), Paraguay (75 %) y Honduras (59 %).
Además, el informe resalta que la República Dominicana ha registrado una transformación sin precedentes en su sistema educativo durante la última década (2015–2024), consolidando avances significativos en cobertura, culminación de ciclos escolares y equidad social.
El reporte internacional destaca que, en los últimos 25 años (2000–2024), la República Dominicana se convirtió en uno de los pocos países de la región en eliminar por completo la desigualdad de participación entre el quintil de hogares más pobres y el quintil más rico para la educación organizada un año antes de ingresar a la primaria.
Este logro asegura que, independientemente del nivel socioeconómico de su familia, la niñez dominicana cuenta hoy con las mismas oportunidades de iniciar su trayectoria educativa en condiciones de total equidad.
Retos hacia la agenda ODS 4 al 2030
El informe analizado por la Unesco señala también la necesidad de duplicar esfuerzos en la calidad del aprendizaje de lectura y matemáticas en los niveles básicos de primaria.
Estos aspectos constituyen la prioridad estratégica del gobierno del presidente Luis Abinader de cara al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4) proyectados hacia el año 2030.
Con estos resultados, la gestión gubernamental reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la calidad integral del sistema educativo, priorizando la inversión pública en la primera infancia y garantizando que el desarrollo socioeconómico del país comience desde las aulas.
Un tribunal de Santiago condenó a penas de entre 10, 6 y 5 años de prisión a los cabecillas de una estructura del crimen organizado que se dedicaba a traficar armas de fuego de alta potencia, introducidas de contrabando al país y que tenía como centro de sus operaciones una localidad del municipio Licey al Medio.
Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Félix Francisco Vásquez Peralta, Rosalba María Estrella López y Marcos de Jesús Diplán Diplán incurrieron en asociación de malhechores para traficar, almacenar, distribuir de manera ilegal armas de fuego y otros pertrechos, además de agenciarse recursos económicos fruto de la comercialización de estas armas de contrabando.
Durante el juicio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Aida Medrano Gonell, quien describió ante el Tercer Tribunal Colegiado de Santiago la modalidad en que operaba la organización criminal y el rol que jugaba cada uno de sus miembros.
El tribunal, integrado por las juezas Ingri Liberato Torres, Deyanira Méndez Cepeda y Kimberly Tatis Soto, condenó a Hornandys Emmanuel Cruz Almonte a cumplir 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres de Santiago.
A Guaba Caraballo lo sentenció a 6 años de prisión a cumplirlos en el CCR La Isleta, del municipio de Moca, en la provincia Espaillat, mientras que a César Emilio Toribio Vásquez lo condenó a estar privado de su libertad durante 6 años, igualmente, en el CCR La Isleta.
También, Félix Francisco Vásquez Peralta deberá cumplir 6 años de prisión en el CCR La Isleta.
Rosalba María Estrella López fue condenada por constituirse junto a los demás en asociación de malhechores para la tenencia, tráfico y acopio ilícito de armas de fuego a 5 años de prisión en estado de suspensión, condicionada a varios factores que, de incumplirse, la llevarían a prisión.
En tanto que, Diplán Diplán fue condenado a 3 años de prisión suspendida y 25 salarios mínimos del sector público.
Los condenados violentaron las disposiciones de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano que castiga la asociación de malhechores; además de los artículos 66, 67 68, 70, 71 y 73 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican y sancionan los delitos de tenencia, tráfico, acopio y legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego.
El tribunal condenó a los encartados al pago de multas en favor del Estado dominicano de entre 50 y 75 salarios mínimos del sector público y convocó a las partes a la lectura íntegra del dispositivo, el día 16 de octubre.
Por el caso también fue procesado y se dictó sentencia absolutoria a Valentín de Jesús Caraballo Guzmán.
Con el aval de autorizaciones judiciales, la Fiscalía de Santiago desplegó una operación interagencial donde, mediante allanamientos, se ocupó de 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock 9 milímetros, 3 revólveres, 2 escopetas, vehículos, equipos electrónicos, así como $700,000.00 en efectivo, en localidades de los municipios de Licey al Medio, en Santiago, y Moca, provincia Espaillat, donde los traficantes operaban sus centros de acopio.
Además, se incautaron de varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas de fuego.
Este operativo, que puso de manifiesto el alcance del contrabando de armas de la organización criminal, se ejecutó luego de más de un año de vigilancia, rastreo y levantamiento de información, acerca de las maniobras que los contrabandistas utilizaban para introducir al territorio dominicano las armas de fuego a través de compañías de envío.
En el curso de la investigación, el Ministerio Público contó con el apoyo de fuerzas especiales de la Policía Nacional como el equipo SWAT, de miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI), y la cooperación internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Los procesados, la mayoría de los cuales tiene relación de familiaridad utilizaban sus domicilios y los de sus padres como centros de almacén de las armas.
Los traficantes adquirían armas en el mercado estadounidense y luego de enviarlas a Licey al Medio y Moca, desde donde las redistribuían entre otras organizaciones del crimen.
