(Desde Washington, Estados Unidos).' Tras sus dos encuentros con Xi Jinping en Beijing, Donald Trump asumió que Irán insistirá con bloquear el estrecho de Ormuz y proteger su proyecto nuclear, pese a la voluntad de la Casa Blanca de mantener los canales diplomáticos abiertos para negociar un acuerdo que evite la guerra en Medio Oriente.
Trump y Xi analizaron la situación en Medio Oriente y coincidieron que era necesario que Irán permitiera la libre navegación por la vía marítima estratégica. China exporta desde el golfo Pérsico el 25% de su combustible, mientras que Estados Unidos sufre un aumento creciente de la nafta como consecuencia del cierre de Ormuz.
El presidente estadounidense aseguró al líder comunista que su primera opción es la vía diplomática, aunque se trataría de una instancia prácticamente agotada ante la resistencia del régimen chiíta.
En este contexto, Trump utilizó su regreso a Washington desde Beijing para tratar con Marco Rubio -secretario de Estado- y Pete Hegseth -secretario de Guerra- la posible ofensiva contra Irán.
El presidente de Estados Unidos tiene estas cuatro opciones a su disposición: Estados Unidos coordinará su esfuerzo bélico con Israel, pero no se descarta en la Casa Blanca que se sumen Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que han sido atacados por Irán en las últimas semanas.
Si finalmente se rompe la tregua, Medio Oriente puede ser escenario de un conflicto inédito con impacto directo en la economía global. Irán mantiene su capacidad militar, transformó en una fortaleza al estrecho de Ormuz y apuesta a una crisis económica en Estados Unidos y Europa causada por el aumento del combustible, el transporte y los fertilizantes.
La Guardia Revolucionaria de Irán no solo intentará repeler las distintas opciones militares que podría ejecutar la Casa Blanca, sino que también tiene previsto atacar de manera sistemática a Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.
)FUENTE: infobae)
El coordinador del Movimiento Soroeste Unido por el Agua y la Vida dejó en claro que para los moradores de la provincia de San Juan el tema de la explotación de la mina de oro que se encuentra en la comunidad de Hondo Valle (Romero) es un caso cerrado, y solo están a la espera de que el presidente Luis Abinader le dé un carácter normativo a la disposición de paralizar los trabajos que realizaba la empresa GoldQuest.
El sociólogo Manuel Matos advirtió que dicho movimiento se mantiene unido y vigilante, no solo para evitar actividades mineras en la zona que ha generado todos los conflictos, sino en contra de la explotación de cualquier yacimiento en la Cordillera Central, por ser el lugar donde nacen las principales fuentes acuíferas de la República Dominicana.
Matos, quien además es productor agrícola, acusó a los ejecutivos de la minera GoldQuest de mentirle a San Juan y al país desde que mostraron su interés de explotar el yacimiento minero, al decir que en sus trabajos no iban a dañar el río porque estaban a una distancia prudente y que no usarían agua de dicha fuente para procesar el oro, lo cual resulta inverosímil estando a orillas de ese torrente acuífero.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el activista comunitario dijo que ese fue el primer pecado capital de dicha compañía, por lo que, de inmediato, el movimiento que coordina entró en pie de lucha, acudiendo primero a los tribunales, hasta llegar al Tribunal Constitucional, donde tuvieron ganancias de causas, pero luego recurrieron a la movilización del pueblo, cuando la empresa y el gobierno desconocieron esas decisiones judiciales.
El activista comunitario rechazó las críticas que han salido de sectores mediáticos, funcionarios del gobierno y grupos corporativos, en el sentido de que no se ha permitido que la ciencia hable, y recordó que tanto la Academia de Ciencia, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un científico de los Estados Unidos se pronunciaron en contra de dicha explotación minera por el peligro que representaba para el río San Juan, la vida de la provincia y de la región suroeste.
“Para nosotros ese es un tema cerrado, tenemos 14 años en este esfuerzo. ¿La ciencia que demandan esos sectores es la misma que facilitó la construcción de un misil disparado contra Irán que mató a 168 niñas en un colegio? Esa es la misma ciencia que nos quieren aplicar a nosotros en San Juan; ellos no promueven la ciencia para el desarrollo y el progreso, quieren la ciencia para destruir los recursos naturales y la calidad de vida de los sanjuaneros”, sentenció.
Sobre el diálogo que propongan autoridades y grupos empresariales, Manuel Matos respondió: "¿Ahora quieren diálogo, después de 14 años nosotros exigiendo ese diálogo?" Por la motivación que llevó al presidente a paralizar eso, yo creo que esa decisión del mandatario debe ser más extensiva”.
“Hay que sacar definitivamente todas esas concesiones de exploración minera que están, precisamente, donde se producen todas las aguas del suroeste; le hacemos un vehemente llamado al presidente de la República que mantenga con firmeza esa decisión, y que le dé carácter de ley, para que en el futuro no vengan otros aventureros para querer incursionar en nuestra fuente de producción de agua”, exigió el profesional de la sociología.
Matos calificó como risible la relatoría que hizo GoldQuest de que al hacer una explotación soterrada no causaría daños como sucede con la minería de cielo abierto. “Los principales yacimientos están a orilla del río San Juan, y hacer un túnel de 500 metros; habría que preguntar dónde van a depositar los millones de toneladas de tierras y rocas que extraerán de esas perforaciones”.
Sobre las críticas de quienes favorecen la explotación de la mina, en el sentido de que el tema se politizó, el dirigente comunitario dijo que con eso se busca desacreditar el movimiento, y aclaró que el nivel de rechazo de los sanjuaneros a esa iniciativa es alrededor de un 90%.
Nueve testigos a cargo presentados por el Ministerio Público expusieron durante la continuación del nuevo juicio seguido contra Wander Samuel Franco Aybar, procesado en el distrito judicial de Puerto Plata por abusar psicológica y sexualmente de una adolescente.
Las pruebas testimoniales presentadas en la audiencia del viernes se suman a más de un centenar de otras evidencias aportadas en la jornada del jueves por el Ministerio Público, representado por la Fiscalía de Puerto Plata y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Al avanzar en su propósito de procurar la aplicación de justicia conforme al marco legal establecido, el Ministerio Público sostiene que Franco Aybar, quien el pasado año fue condenado en primera instancia a dos años de prisión bajo cumplimiento de reglas, debe ser condenado en este nuevo juicio a cinco años de prisión en centro penitenciario.
La madre de la víctima, quien fue condenada inicialmente a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos, ahora también es procesada por los mismos delitos en el nuevo proceso judicial.
Los fiscales litigantes Claudio Alberto Cordero Jiménez y José Martínez Montán desde el inicio del nuevo juicio procedieron a la reproducción de 66 pruebas documentales, 19 periciales y 17 audiovisuales, así como 14 materiales y una prueba ilustrativa.
Cordero Jiménez dijo que, con cada prueba presentada, incluyendo los fiscales y agentes actuantes, han demostrado los hechos, al tiempo que adelantó que el próximo lunes tienen previsto presentar otros 10 testigos.
Durante la presentación de las evidencias, los fiscales destacaron que en uno de los allanamientos practicados en la residencia de la madre de la adolescente se ocuparon 800,000 pesos dominicanos y 68,500 dólares estadounidenses, dinero que se encontraba oculto en un cuadro y en una funda negra debajo de la cama, y que habría sido entregado por el imputado como parte de las actividades ilícitas atribuidas a la estructura.
Los representantes del Ministerio Público sostuvieron que la reproducción íntegra de las pruebas permitirá al tribunal valorar nuevamente la gravedad de los hechos y adoptar una decisión ajustada a derecho en las audiencias que continuarán los días 18, 20, 21 y 22 de mayo de 2026, conforme al calendario fijado por el tribunal.
El proceso es conocido por un tribunal colegiado ad hoc del Distrito Judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces José Ramón Núñez, quien lo preside, Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz, designados para conocer el nuevo juicio ordenado en diciembre pasado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, integrada por los magistrados Onasis Pelegrín, Xiomara Tineo y Juan Suardi.
