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MADRID, España.-La Iglesia Católica afronta la llegada ilegal de cerca de 50.000 migrantes en apenas unas horas a la ciudad española de Ceuta, ubicada en la costa norte africana, movilizando recursos para la delegación diocesana de Migraciones.
La Diócesis de Cádiz y Ceuta, cuyo administrador apostólico es Mons. Ramón Valdivia, Obispo auxiliar de Sevilla, expresó en un comunicado su "profunda preocupación por la gravedad de los acontecimientos y por la especial vulnerabilidad de tantas personas que se ven afectadas por esta realidad".
Así, reiteró su disposición "a colaborar con las instituciones civiles y con los organismos competentes" para cubrir "la atención de las necesidades que puedan surgir".
Como apoyo a esta disposición, se ha ordenado que las colectas que se realicen este fin de semana en las parroquias de Ceuta se destinen en su integridad a la Delegación Diocesana de Migraciones, para canalizar la ayuda a través del Centro de Atención a Personas Migrantes San Antonio.
"Agradecemos de antemano la generosidad de los fieles y de todas las personas de buena voluntad, e invitamos a las comunidades cristianas a intensificar la oración por quienes sufren, por quienes tienen la responsabilidad de gestionar esta situación y por todos aquellos que trabajan para construir caminos de paz, justicia y esperanza", concluye la nota.
Por su parte, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal Española, reclamó a través de las redes sociales que "las medidas ante esta situación se hagan desde la legalidad vigente, con respeto a la dignidad de las personas y evitando la manipulación con fines partidistas".
Una sentencia en el origen de la oleada Estos movimientos de población se están realizando a nado rodeando el espigón del Tarajal, una infraestructura fronteriza situada al sur de la ciudad autónoma de Ceuta que penetra en el mar como una extensión de la valla fronteriza que separa por tierra la localidad española del suelo marroquí.
La travesía, que en ocasiones se extiende durante horas, no está exenta de peligros. Las autoridades españolas han reportado ya más de 40 cadáveres.
El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que rechaza la práctica de la "devolución en caliente" de los inmigrantes interceptados en alta mar que pretenden entrar a nado a las plazas españolas en África de Ceuta y Melilla.
El alto Tribunal interpreta que este método de llegada ilegal al país se realiza sin superar "un elemento de contención fronterizo" como resulta en el caso de saltar una valla fronteriza, por lo que no se puede aplicar la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería.
Este apartado de la norma establece que "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".
La sentencia del Tribunal Supremo expone, por otro lado, que "nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza", se pudiera aplicar este precepto de la devolución automática.
Piden excluir a España del espacio Schengen en Europa
El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al Gobierno central la declaración de la "emergencia nacional" para que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez asumiera el mando único de la situación y adoptara medidas "contundentes".
Sin embargo, se declinó la petición pese a que la situación multiplica la última oleada migratoria sufrida en la ciudad en el año 2021, cuando llegó un grupo casi cuatro veces menor, de unas 12.000 personas.
La situación de debilidad fronteriza en las plazas africanas de España ha llevado a Italia y Finlandia a respaldar una petición para la exclusión de España del espacio Schengen, área de libre circulación de personas al que están suscritos 29 países europeos.
(FUENTE: ACIPRENSA)
El Ministerio Público obtuvo autorización judicial para el bloqueo dinámico de 256 dominios de internet y la suspensión de otro, vinculados con la retransmisión ilegal de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Las medidas fueron ejecutadas en el marco de la Operación Tarjeta Roja, una iniciativa internacional dirigida a identificar, interrumpir y desmantelar servicios ilegales de televisión y plataformas que distribuyen contenidos audiovisuales sin licencia.
La operación contó con la participación coordinada de autoridades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana.
En la República Dominicana participaron la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio Público y la oficina en Santo Domingo de Homeland Security Investigations (HSI), de Estados Unidos.
Los equipos técnicos identificaron más de 300 dominios relacionados con la transmisión no autorizada de eventos deportivos. Entre las plataformas y familias de dominios detectadas figuran Tarjeta Roja, Roja Directa, Fútbol Libre y Pirlo TV.
Las autoridades dominicanas tramitaron medidas judiciales sobre 257 dominios. Un total de 256 fueron bloqueados de manera dinámica y uno fue suspendido. El bloqueo dinámico permite actuar frente a las nuevas direcciones utilizadas por estas plataformas para continuar operando después de que uno de sus dominios ha sido inhabilitado.
La intervención estuvo concentrada en páginas que ofrecían acceso ilegal a los encuentros del Mundial de Fútbol 2026, sin contar con licencias ni permisos de retransmisión de los titulares de los derechos.
Los servicios ilegales de IPTV no solo perjudican a los titulares de derechos, productores, canales y operadores autorizados, sino que sus usuarios también pueden quedar expuestos a programas maliciosos, herramientas de espionaje, robo de datos personales y suplantación de identidad.
La actuación fue desarrollada conforme a la legislación dominicana sobre derecho de autor, propiedad intelectual y delitos de alta tecnología. Las medidas judiciales permitieron impedir el acceso desde el territorio nacional a las direcciones identificadas durante la investigación.
Al intentar acceder a los dominios intervenidos, los usuarios encontraban una pantalla informativa con el mensaje «Sitio web bloqueado por violación a derechos de propiedad intelectual», en la cual se advertía que la página había sido inhabilitada por transmitir, distribuir o facilitar contenido protegido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sin autorización.
Las plataformas dedicadas a la piratería audiovisual, también, recibieron tarjeta roja. Estas redes provocan pérdidas significativas a los titulares de derechos y exponen a los consumidores a graves riesgos de ciberseguridad, como la instalación de malware y programa espía, además del robo de identidad.
Al participar en la operación, el Ministerio Público reafirmó su compromiso de perseguir la piratería digital, fortalecer la cooperación internacional y proteger los derechos de propiedad intelectual en una actividad que, como la retransmisión ilegal de contenidos, afecta la economía formal, financia estructuras clandestinas y coloca en riesgo la seguridad digital de los consumidores.
La representante de La Vega, Melissa Núñez, se coronó la noche de este miércoles como la nueva Miss Universo República Dominicana 2026.
Núñez se impuso en la gala final de la edición número 70 del certamen, celebrada en el Teatro Nacional Eduardo Brito, y representará al país en el Miss Universo 2026.
Con este triunfo, La Vega suma su sexto título en la historia del Miss República Dominicana, tras las coronas obtenidas en 1974, 1991, 1992, 1993 y 2005.
Núñez se destacó desde la competencia preliminar del pasado 23 de julio, donde las candidatas desfilaron en traje de baño y traje de noche para asegurar su pase a la final.
QUIÉN ES MELISSA NÚÑEZ
Melissa no es nueva en el mundo de los certámenes. La vegana, de 26 años, es licenciada en Ciencias Médicas y Psicología por The City College of New York y trabaja en la Escuela de Medicina de NYU en el Hospital Bellevue, enfocada en pacientes con abuso de sustancias.
RUMBO AL MISS UNIVERSO 2026
Con la corona de Miss RD Universo 2026, Núñez toma el relevo para representar a la República Dominicana en la próxima edición del Miss Universo y continuar el legado de éxito que el país ha consolidado en el escenario internacional.
La organización destacó que esta edición histórica buscó reafirmar el compromiso con el liderazgo femenino, la disciplina y la proyección internacional de la mujer dominicana.
A solicitud del Ministerio Público, un tribunal dictó auto de apertura a juicio contra el regidor Walky Cuevas Charles y la razón social W. Cuevas Autoimport, tras determinar que la acusación presentada en su contra por narcotráfico y lavado de activos se sustenta en elementos de prueba legales, útiles, pertinentes y suficientes para justificar su conocimiento en un juicio.
La decisión del Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís reconoce la suficiencia de la acusación presentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y mantiene las medidas cautelares impuestas sobre los bienes de los acusados.
La acusación fue presentada por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con el procurador fiscal José Manuel Calzado y el procurador general de Corte de Apelación Pedro Medina Quezada. El fiscal Luis Alberto García Hernández brindó apoyo al equipo del Ministerio Público durante la litigación de la audiencia preliminar.
Durante el conocimiento de la audiencia, el equipo del Ministerio Público demostró la pertinencia de la acusación y solicitó que fueran admitidos los elementos de prueba testimoniales, documentales, periciales, procesales, materiales, financieros y digitales reunidos durante la investigación.
El Ministerio Público, también, requirió la apertura a juicio de los acusados y el mantenimiento de las medidas cautelares impuestas sobre sus activos, como lo dispuso la jueza Andrea E. Corcino Cueto, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera valoró la decisión como una confirmación de la solidez del trabajo desarrollado por el equipo del Ministerio Público.
“Esta decisión reconoce que la acusación presentada por el Ministerio Público cuenta con elementos de prueba suficientes para ser debatida ante el tribunal de juicio. El proceso permitirá demostrar, mediante pruebas obtenidas conforme a la ley, la responsabilidad penal atribuida a los acusados y procurar las sanciones y consecuencias patrimoniales correspondientes”, expresó Nova Cabrera.
El caso
El pasado año la Procuraduría Antilavado y la Fiscalía de San Pedro de Macorís presentaron acusación formal contra Cuevas Charles y los otros integrantes de la red criminal que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos encabezada por el ya condenado Yunior Santos Restrepo.
Junto a Cuevas Charles fueron acusados Pamela Astacio, Óscar Santana, Anibal Fiorentino Rondón, Moisés Francisco Astacio y la persona jurídica W. Cuevas Auto Import.
Mediante diversos productos bancarios el principal acusado colocó, reintegró y estratificó, en beneficio de la organización criminal, la cantidad de doscientos sesenta y cuatro millones ochocientos setenta y seis mil quinientos noventa y nueve pesos con sesenta centavos (RD$264,876,599.60) y la suma de un millón sesenta y tres mil seiscientos treinta y dos dólares con cincuenta y nueve centavos (USD 1,063,632.59). Los demás miembros de la red adquirieron bienes, convirtieron el dinero en activos presuntamente lícitos y participaban y organizaban las actividades de narcotráfico.
El 21 de septiembre de 2023 fue arrestado el cabecilla de la red, Yunior Santos Restrepo, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público. En ese operativo se incautaron 93 paquetes de cocaína con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios vehículos de lujo, documentos, relojes, joyas y aparatos electrónicos, cuyo análisis permitió establecer vínculos directos con miembros de su organización criminal.
Santos Restrepo fue condenado a 12 años de prisión. En cuanto a su pareja sentimental, Yohan Altagracia Reyes Ruiz, fue condenada a 5 años de prisión y se ordenó el decomiso de todos los bienes ilícitos, que incluyeron altas sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, armas de fuego, joyas y relojes de alto costo.
Apertura juicio a regidor y empresa
Al ponderar la acusación y las objeciones formuladas por las defensas, la magistrada Corcino Cueto determinó que los hechos atribuidos a los acusados fueron descritos e individualizados de manera clara y detallada, con indicación de sus respectivos grados de participación y de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la imputación.
La jueza estableció que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público, examinados de manera individual, conjunta y armónica, fueron obtenidos con observancia de las disposiciones procesales aplicables y guardan relación con el relato fáctico presentado en la acusación.
El tribunal también rechazó las solicitudes de exclusión de distintos elementos de prueba formuladas por las defensas, al considerar que estos cumplen con los requisitos de legalidad, pertinencia y utilidad exigidos para su incorporación y discusión durante el juicio.
La jurisdicción de la Instrucción concluyó que la acusación posee fundamentos suficientes y que existe una causa probable que justifica el envío de los acusados a juicio oral.
Calificación jurídica admitida
Cuevas Charles será juzgado por la presunta violación de diversas disposiciones de las leyes 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
Por su parte, la empresa W. Cuevas Autoimport fue enviada a juicio por la presunta violación de los artículos 2, numeral 26; 3, numerales 1 y 3; 8 y 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17.
La resolución también acreditó los elementos de prueba que serán presentados y debatidos durante el juicio, entre ellos, declaraciones testimoniales, informes periciales, documentos financieros, actas de allanamientos, registros de vehículos, dispositivos electrónicos, objetos ocupados y otras actuaciones desarrolladas durante la investigación.
Mantienen medidas personales y patrimoniales
El tribunal renovó las medidas de coerción impuestas a Walky Cuevas Charles, consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica, así como las medidas cautelares de secuestro, incautación, oposición a traspaso o entrega e inmovilización de fondos que pesan sobre los activos de los acusados.
Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una militar imputada de matar a su suegra, en un hecho ocurrido en la sección Las Guanábanas, de la provincia de Azua.
Mariely Figuereo Ramírez, sargento de la Fuerza Aérea, es procesada por la muerte de su suegra Rosa Marte.
Conforme a las investigaciones, la mañana del pasado 9 de julio, la señora Marte se disponía a dirigirse hacia su lugar de trabajo cuando fue contactada por su nuera Figuereo Ramírez, mediante una llamada telefónica, quien le dijo que su hijo había tenido un accidente y se encontraba ingresado en un centro médico, por lo que iba a buscarla para que lo viera a solicitud de él.
La solicitud de la medida de coercion detalla que, a las 7:30 horas de la mañana, la víctima salió de su casa ubicada en el sector Barraquito, del municipio Villa Riva, provincia Duarte, acompañada de Figuereo Ramírez.
Durante las pesquisas realizadas en el inicio de las investigaciones por el Ministerio Público de la provincia Duarte y la Dirección Central de Investigaciones de la Policía Nacional, se estableció, mediante un levantamiento de las cámaras de vigilancia, que la procesada utilizó un servicio de taxi para trasladarse junto a la hoy occisa hacia un centro médico en el sector Gascue, del Distrito Nacional.
Las investigaciones establecen, que, posteriormente, Figuereo Ramírez solicitó otro servicio de taxi y se dirigió hacia la avenida Duarte, donde, luego, ambas mujeres abordaron un autobús con destino hacia el sur.
Durante el trayecto, Figuereo Ramírez solicitó al chofer que las dejara cerca de un cementerio, al lado de una metalera en la sección Las Guanábanas, en la provincia de Azua, llevando a la víctima hacia unos matorrales.
En fecha 18 de julio, fue recuperado el cadáver de la víctima en estado de descomposición. Marte falleció a causa de hemorragia cerebral y trauma encefálico, según consta en el acta de levantamiento de cadáver expedido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La procesada habría agredido con piedras a su suegra hasta provocarle la muerte.
La imputada fue arrestada mediante la autorización judicial No. 2026-AJ0060826, emitida por el Juzgado de Atención Permanente de Azua.
El Ministerio Público, representado por el procurador de corte Dante Castillo Medina, titular de la Fiscalía Azua, conjuntamente con el procurador fiscal investigador, Franklyn Vicente Vicente y la procuradora fiscal, Mercedes Soriano, le han otorgado al presente hecho la calificación jurídica provisional de asesinato, hecho previsto y sancionado en los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal dominicano.
La magistrada Ydaisa E. Medina Estepan, jueza suplente de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Azua, ordenó el cumplimiento de la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Azua.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Decenas de miles de conductores dominicanos se verían afectados, entre otras etnias, en esta ciudad si se aumenta un 4 % en las tarifas del metro, autobuses, puentes y túneles para el 2027, como propone la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) para compensar la inflación y el incremento de los costos operativos.
La MTA también proyecta un segundo ajuste del 4% para 2029, siguiendo la política de incrementos bienales que la agencia ha aplicado durante los últimos años.
De aprobarse el ajuste, la tarifa base del metro sería de unos 3.10 o 3.15 dólares, ya que la MTA suele redondear los precios al múltiplo de cinco centavos más cercano, aunque no se ha confirmado.
La agencia calcula un déficit de 295 millones de dólares para 2027, que aumentaría a 507 millones en 2028, 707 millones en 2029 y cerca de 900 millones en 2030.
La autoridad explicó que los ajustes periódicos permiten compensar la inflación, absorber el incremento de los costos operativos y evitar aumentos más elevados en el futuro.
La agencia calcula un déficit de 295 millones de dólares para 2027, que aumentaría a 507 millones en 2028, 707 millones en 2029 y cerca de 900 millones en 2030.
El sistema de transporte público gestionado por la MTA registra actualmente cerca de 6 millones de viajes diarios combinados.
El metro supera los 4 millones de pasajeros diario. Los autobuses aproximadamente 1.4 millones de viajes al día. Los trenes de cercanías (LIRR y Metro-North) suman un promedio superior a los 400,000 pasajeros diarios de manera conjunta.
La MTA cobra peaje en 7 puentes dentro de NYC: El Robert F. Kennedy (antiguamente conocido como Triborough Bridge), Bronx-Whitestone, Throgs Neck, Verrazano-Narrows, Henry Hudson, Marine Parkway-Gil Hodges Memorial, y Cross Bay Veterans Memorial.
Asimismo, los túneles Hugh L. Carey (conocido como Brooklyn-Battery), que conecta Brooklyn y Manhattan y el Queens-Midtown, que conecta Queens y Manhattan.
