MIAMI, La Florida.-Cinco años después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, la justicia estadounidense retomó en Miami uno de los procesos más relevantes de la causa.
La última instancia de una investigación internacional sobre el asesinato del mandatario volvió a juicio desde el lunes 28 de septiembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Miami, según informó Reuters.
De esta manera, doce miembros y cuatro alternos que conforman el jurado buscarán definir culpabilidades del magnicidio ocurrido el 7 de julio de 2021, cuando Moïse fue asesinado a tiros en su dormitorio a manos de hombres armados que irrumpieron en su casa, cerca de Puerto Príncipe.
El principal acusado en el caso
El proceso se centra en Christian Emmanuel Sanon, pastor y médico haitiano-estadounidense que vivía entre el condado de Palm Beach y Haití. Fiscales federales lo señalan como pieza clave de un plan para derrocar a Moïse y ubicar en su lugar a alguien dispuesto a otorgar contratos lucrativos a los organizadores del complot.
Sanon enfrenta ocho cargos, entre ellos conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos, delito que contempla una posible condena de cadena perpetua, además de imputaciones vinculadas al envío ilegal de chalecos antibalas a Haití el 10 de junio de 2021 y a la presunta entrega de información engañosa sobre ese cargamento. Se declaró no culpable de todos los cargos.
El caso se estudia para lectores sin conocimiento previo del expediente: en esencia, la fiscalía estadounidense sostiene que un grupo radicado en el sur de Florida planificó, financió y ejecutó el asesinato de un jefe de Estado extranjero utilizando, entre otros recursos, fondos de programas de ayuda federal por la pandemia de COVID-19, detalló un informe de Miami Herald.
Ese entramado financiero y logístico con base en suelo estadounidense es lo que sostiene la jurisdicción de los tribunales de Miami sobre un crimen ocurrido en Puerto Príncipe.
Sanon iba a ser juzgado originalmente junto a otros cuatro acusados vinculados a la empresa de seguridad Counter Terrorist Unit (CTU), pero su causa se separó el 6 de marzo de 2026 por motivos de salud: el mes anterior había sido operado de cáncer de colon.
Christian Emmanuel Sanon El pastor haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanon enfrenta ocho cargos, entre ellos conspiración para matar o secuestrar .
Durante la selección del jurado, la jueza de distrito Jacqueline Becerra descalificó a un candidato de origen haitiano cuya esposa había sido secuestrada y golpeada por una pandilla en las afueras de Puerto Príncipe, ante la certeza de que las bandas armadas serán mencionadas de forma reiterada durante el juicio.
La lista de testigos incluye a 58 personas convocadas por la fiscalía, entre ellas cooperantes ya condenados a cadena perpetua, analistas del FBI, peritos forenses y la propia viuda de Moïse.
La defensa de Sanon, a cargo de los abogados Humberto Domínguez y Zeljka Bozanic, citó como testigos a dos ex primeros ministros haitianos, Claude Joseph y Ariel Henry, además del analista político Michel Soukar, en un intento de mostrar que su cliente quedó al margen de las decisiones finales del grupo.
Claude Joseph, primer ministro interino de Haití luego del magnicidio, fue citado a declarar como testigo de la defensa en el juicio contra Christian Emmanuel Sanon en Miami.
Por qué el proceso se lleva a cabo en Estados Unidos y no en Haití
El juicio contra Sanon y el resto de los procesados avanza en Miami porque el sistema judicial haitiano no logró sostener una investigación propia en cinco años. En 2025, autoridades de justicia de Haití pidieron asistencia a Estados Unidos y Canadá después de que una corte de apelaciones local ordenara una nueva pesquisa sobre el crimen, la tercera desde que Moïse recibió doce disparos en su residencia.
Las investigaciones previas quedaron detenidas porque los jueces asignados renunciaban por temor a represalias, y porque bandas armadas llegaron a tomar el control del tribunal del centro de Puerto Príncipe donde se interrogaba a los sospechosos.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití reconoció recientemente que cualquier proceso judicial en el país “continúa enfrentando dificultades significativas”. La frase resumió un escenario agravado por la violencia: solo hasta junio de este año, más de 3.000 personas murieron a manos de pandillas y alrededor de 1,5 millones fueron desplazadas, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas.
El juicio se desarrolla en Estados Unidos porque el sur de Florida funcionó como base operativa del complot: allí se reclutó a los participantes, se recaudaron los fondos y se coordinó logísticamente el ataque contra Moïse entre febrero y julio de 2021, según consta en documentos judiciales.
Esa conexión territorial y financiera con suelo estadounidense es lo que habilita a los fiscales federales del Distrito Sur de Florida a procesar a los acusados, incluso cuando el crimen ocurrió en territorio haitiano.
En paralelo, Haití mantiene su propio expediente, con más de 50 personas acusadas, incluida la propia viuda del presidente y los 17 exmilitares colombianos que permanecen detenidos en el país.
Un juez investigador local llegó a dictar auto de procesamiento contra 51 personas, pero el proceso de apelaciones se estancó sin resolución, en lo que críticos describieron como un ejercicio sin avances concretos pese a haber tenido cinco años para llegar a juicio.
(FUENTE:ELDIARIONY)
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