El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, presentó este martes ante la opinión pública nacional evidencias que demuestran cómo fue introducido de manera forzada en el expediente judicial llevado en su contra desde el año 2023.
Calificó como la acusación “fabricada y falsa”, orquestada con la finalidad de dañar su credibilidad moral y afectar a un partido político.
Peralta Fernández mostró a la audiencia dos interrogatorios realizados a una misma persona señalada por el Ministerio Público como vinculada a la entrega de supuestos cheques.
Según explicó, en el primero, fechado el 27 de noviembre de 2021, el mismo testigo afirmó haber entregado dichos fondos a un tercero completamente ajeno a Peralta.
Sin embargo, en un segundo interrogatorio, realizado el 19 de diciembre de 2022, el mismo testigo modificó su versión para señalar los mismos instrumentos financieros de forma indirecta a través de un tercero lo entregó al exfuncionario.
De acuerdo con los documentos mostrados por Peralta Fernández, esa variación demuestra una fabricación de testimonios y documentos para forzar su vinculación al caso, pese a la ausencia de pruebas en su contra.
Además, denunció que uno de esos interrogatorios habría sido ocultado por el órgano persecutor durante el proceso, durante su intervención en el programa El Sol de la Mañana.
Peralta también cuestionó que esa misma declaración haya sido utilizada para sustentar versiones distintas en expedientes diferentes.
Según explicó, personas que figuran procesadas, en juicio o condenadas en otro caso fueron vinculadas mediante ese mismo documento que, a su juicio, presentan variaciones graves que imposibilitan usarlo como prueba.
Reveló la existencia de una certificación de la Superintendencia de Valores que había sido entregada al Ministerio Público desde el año 2021. A pesar de tener ese documento en su poder, el órgano persecutor mintió ante dos tribunales del país que no disponía de dicha información, ocultando una certificación.
Sostuvo que producto del ocultamiento de esa documentación que ya estaba en manos del Ministerio Público, fue privado de libertad durante ocho meses, pese a que los propios documentos oficiales descartaron cualquier vinculación directa suya con los hechos imputados.
En su intervención presentó certificaciones de la Superintendencia de Bancos, Contraloría General de la República, la Dirección General de Aduanas y otros organismos supervisores, las cuales no lo vinculan con los hechos imputados en el caso ni a ningún delito.
Dichos documentos fueron leídos durante la entrevista por los periodistas, quienes pudieron comprobar su contenido.
Las revelaciones del exministro se producen en un momento determinante, luego de haber recibido formalmente el auto de no ha lugar a su favor y tras ser notificado recientemente de un recurso de apelación presentado por los abogados del Estado.
Peralta Fernández enfatizó que su decisión de acudir a los medios nacionales no solo responde a una defensa jurídica, sino también al interés de sentar un precedente ante la sociedad dominicana.
Advirtió sobre el peligro de que este tipo de prácticas se normalicen, poniendo en riesgo el Estado de derecho, el debido proceso y las garantías constitucionales de cualquier ciudadano frente al sistema de justicia.



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