CARACAS, Venezuela.=Las autoridades venezolanas elevaron a 1.943 el número de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles, según el último informe oficial difundido el lunes al mediodía.
La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde el Gobierno declaró el área de desastre y estableció control militar.
El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó además que los terremotos dejaron 10.571 heridos, mientras que 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos.
Las operaciones de búsqueda y rescate continúan seis días después del desastre con el despliegue de una mayor cantidad de maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales.
La Guaira permanece como el principal foco de las tareas de emergencia al concentrar la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras la zona sigue bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.
Las tareas de búsqueda en las zonas devastadas por los terremotos en Venezuela entran en una etapa cada vez más difícil.
Equipos internacionales de rescate que trabajan en el estado de La Guaira reconocieron este martes que las posibilidades de hallar personas con vida disminuyen a medida que avanzan los días desde el desastre y continúan las operaciones entre edificios colapsados.
En la localidad de Macuto, rescatistas de Ecuador y Estados Unidos dieron por concluida una operación que se extendió durante más de 40 horas luego de dejar de recibir señales de una madre y sus tres hijos atrapados bajo un edificio de nueve pisos.
“Al final, creemos que ya pasaron los días y que lo que encontraremos ahora es muerte”, afirmó Jorge Montanero, jefe del equipo ecuatoriano EQ11. “Lamentablemente, las cosas no evolucionaron favorablemente”, agregó.
Mientras tanto, en la morgue provisional instalada en el puerto de La Guaira, familiares continúan llegando para identificar a las víctimas recuperadas entre los escombros. Andrea Montilla esperaba noticias de sus allegados después de que el cuerpo de su primo, de 14 años, fuera localizado durante la madrugada.
“Ha sido muy doloroso, una espera muy larga”, expresó, al señalar que la madre del adolescente continúa desaparecida. En ese centro temporal, los familiares deben completar el proceso de identificación antes de recibir los certificados de defunción y las autorizaciones correspondientes para la cremación, mientras las labores de recuperación de cuerpos continúan en distintos puntos de la zona afectada.
La respuesta a la emergencia en Venezuela comienza a concentrarse en atender las necesidades básicas de las personas que quedaron sin vivienda tras el doble terremoto del 24 de junio.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió este martes que en el estado de La Guaira, la zona más golpeada por los sismos, persisten graves dificultades para acceder a alimentos, mientras los servicios esenciales y las comunicaciones siguen afectados.
La situación también genera creciente preocupación entre los habitantes. “Estamos durmiendo en el piso”, contó Jenny Tortoza desde Catia La Mar. ACNUR alertó además que las limitaciones para distribuir la ayuda están provocando un aumento de las tensiones en las comunidades.
(FUENTE: INFOBAE)
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, solicitó al Congreso Nacional posponer la entrada en vigencia de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, con el propósito de abrir un proceso de revisión de aquellas disposiciones que, a su juicio, podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa, libertad de empresa y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
La entidad aclaró que no propone la derogación del Código Penal ni la eliminación de las sanciones destinadas a proteger el honor, la intimidad o la dignidad de las personas, sino la revisión de artículos específicos cuya redacción podría generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio del periodismo y la actividad de los medios de comunicación.
ADOCCO manifestó su preocupación por las disposiciones que establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas y por la amplitud de algunos tipos penales, al considerar que podrían incentivar la autocensura en periodistas, directores, propietarios de medios y empresas dedicadas a la comunicación social.
La organización explicó que la posibilidad de imponer sanciones penales a empresas periodísticas por contenidos informativos, sin criterios diferenciados que reconozcan el ejercicio legítimo de la actividad periodística, puede afectar la investigación de asuntos de interés público y limitar el debate democrático.
ADOCCO entiende que la Ley núm. 74-25 que instituye en nuevo Código Penal, debe modificarse, para armonizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el delito de ultraje con las garantías constitucionales de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información.
Debe contemplarse la modificación de varios de los artículos, con el objetivo de garantizar el ejercicio periodístico y de ciudadanía consciente, para que la responsabilidad penal recaiga sobre quienes actúen con dolo comprobado y evitar que las empresas periodísticas respondan automáticamente por publicaciones realizadas en ejercicio legítimo de la labor informativa.
La entidad señaló que la propuesta se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, procurando un equilibrio entre la protección de los derechos de la personalidad y la preservación de una prensa libre, responsable e independiente.
ADOCCO hizo un llamado al Congreso Nacional para abrir un espacio de diálogo con la participación de legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gremios periodísticos, las universidades, gremios que agrupan las empresas que operan medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de consensuar las modificaciones necesarias antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.
"La democracia se fortalece cuando las leyes protegen simultáneamente la dignidad de las personas y el derecho de la sociedad a estar informada. Nuestro interés es contribuir a una legislación equilibrada, constitucionalmente armonizada y respetuosa de los estándares internacionales sobre libertad de expresión", Si no hay respuestas, habrá protestas, iniciando con un plantón en el parque Independencia, 30 días antes de entrada en vigencia, expresó la organización.
Finalmente, ADOCCO reiteró que una breve postergación de la entrada en vigencia del Código Penal permitiría realizar los ajustes necesarios para fortalecer la seguridad jurídica, evitar interpretaciones que puedan afectar el ejercicio periodístico y consolidar un marco legal que garantice tanto la protección de los derechos individuales como el pleno funcionamiento de una sociedad democrática.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat (D-13) declaró en exclusiva a este reportero: «No me he retirado de la política; continuaré sirviendo a la comunidad de la mejor manera posible».
Esa fue su respuesta ante las versiones difundidas por algunos medios de comunicación que señalaban que se retiraría de la política, luego de no ganar las primarias para optar por la reelección al mismo cargo.
Espaillat explicó: «Hoy me retiro del escenario público, pero seguiré trabajando con ustedes para hacer la vida de las personas un poco más llevadera».
Al agradecer el apoyo recibido el día de las primarias, el congresista expresó: «Siempre adelante, nunca hacia atrás”. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos».
Durante su emotivo discurso, el congresista demócrata reveló que recibió llamadas de sus familiares, quienes le pedían que no se quebrara emocionalmente, a pesar de que los resultados no le favorecieron en su intento de obtener la nominación para la reelección.
En el Distrito 13, representado por Espaillat, de un total de 315 mil votantes inscritos, 248,621 personas (78.93 %) no acudieron a las urnas, mientras que solo 66,379 (21.07 %) ejercieron su derecho al voto.
Los resultados fueron los siguientes: Ávila Chevalier obtuvo 32,790 votos (49.40 %); Espaillat, 30,464 (45.89 %), para una diferencia de 2,326 sufragios (3.51 %).
Oscar Romero obtuvo 2,340 votos (3.53 %); Theo Bruce Tavarez, 532 (0.80 %); y se registraron 253 votos nulos (0.38 %).
Según los datos disponibles, el 60 % de los votantes de mayor edad apoyó a Espaillat, mientras que el 31 % respaldó a Ávila Chevalier. Entre los jóvenes, el 60 % votó por Ávila Chevalier y el 36 % por Espaillat. Asimismo, el 58 % de los profesionales favoreció a Ávila Chevalier, frente al 39 % que apoyó a Espaillat.
Por otra parte, el 52 % de los votantes de bajos ingresos votó por Espaillat, mientras que el 42 % lo hizo por Ávila Chevalier.
Entre los votantes de ingresos altos, el 51 % respaldó a Ávila Chevalier y el 45 % a Espaillat. Finalmente, el 47 % del electorado afroamericano votó por Espaillat y el 45 % por Ávila Chevalier.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El Festival del Libro y la Cultura Dominicana 2026 que se celebrará en esta ciudad, los días 11 y 12 de julio proximo, dedicará un espacio central a la infancia y la familia con su Área Infantil, pensada como un entorno de descubrimiento, juego y formación lectora para niños, niñas y acompañantes.
Este espacio ofrecerá una programación continua de talleres interactivos, lecturas, cuentacuentos y encuentros con a
utores, orientados a fomentar el amor por la lectura desde edades tempranas y fortalecer los vínculos familiares a través de la cultura”, aseguró Rey Andújar, director de Cultura Dominicana en el Exterior.
La escritora y educadora Elizabeth Balaguer, coordinadora del área, diseñó una agenda que integra talleres creativos, actividades de conciencia ambiental, lecturas en voz alta y experiencias participativas. El objetivo: estimular la imaginación, la creatividad y el vínculo emocional con los libros.
El programa contará con escritoras e ilustradoras de alto nivel como Taína Almodóvar, Dulce Elvira de los Santos y Carisa Musialik. Además de presentaciones, se impartirán talleres de lectura dirigidos a niños y familias, ampliando el alcance formativo del espacio.
Andújar destacó que la propuesta conecta literatura e identidad mediante narrativas accesibles y lúdicas que ponen en valor la cultura dominicana. No solo busca entretener, sino formar lectores, construir referentes culturales y fortalecer el pensamiento creativo.
El día 12, el área amplía su dimensión con talleres familiares, manualidades y encuentros directos entre autores y público, consolidando un enfoque intergeneracional donde niños, padres y cuidadores participan activamente.
El Área Infantil cuenta con el patrocinio del programa Little Readers de Dominican Writers y el Department of Education de la ciudad de NYC, reafirmando su compromiso con el desarrollo educativo y cultural de la comunidad.
“En coherencia con la visión del festival, este espacio no es un componente aislado, sino una pieza esencial del ecosistema cultural del evento, donde la infancia se reconoce como punto de partida para la construcción de una comunidad lectora sólida y sostenible en la diáspora”, precisó Andújar.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- El sexto aniversario del Dominican Taste Festival 2026, que dirige la empresaria y activista comunitaria Elida Almonte, concluyó con un éxito rotundo en esta ciudad, tras desarrollarse, durante el pasado fin de semana, actividades culturales, gastronómicas, empresariales y turísticas en Plaza Quisqueya, en el Alto Manhattan.
El evento estuvo completamente abarrotado por miles de dominicanos, entre otras etnias, que año tras año hacen del mismo una de las celebraciones culturales dominicanas más importantes en la Gran Manzana.
Bajo el lema “El sabor que nos une”, este festival muestra al mundo la cultura, gastronomía, historia y su extraordinario potencial turístico. Estuvo dedicado a la provincia de Samaná.
Fue representada por una nutrida comitiva encabezada por la gobernadora provincial Teodora Mullix Geraldino, el alcalde Nelson Núñez, y los diputados Carmen Lidia Williams y Cirilo Moronta, quienes compartieron y participaron en las distintas actividades oficiales.
El evento contó con el respaldo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, representado por la directora de Turismo en NY, Karina Ramos, junto a una delegación que promovió el destino del país caribeño.
Como orador principal en la “Cena Gala” estuvo el destacado jurista, doctor Milton Rey Guevara, quien ofreció una magistral conferencia sobre liderazgo, institucionalidad y desarrollo.
El evento también contó con la presencia del cónsul Jesús Vázquez, el congresista Adriano Espaillat, los asambleístas Manny de los Santos y Yudelka Tapia, la concejal Carmen de la Rosa, representantes del INDEX, del Lincoln Hospital, NYC Health + Hospitals/Metropolitan, e Inca Kola.
Asimismo, estuvieron la embajadora de Hennessy y una importante delegación que viajó desde Francia para acompañar esta celebración. Participaron chefs, emprendedores, artesanos, grupos folclóricos y artistas que ofrecieron una programación de gran calidad durante todo el fin de semana.
El Dominican Taste Festival reafirma así su misión de fortalecer los lazos entre la República Dominicana y su diáspora, promoviendo el turismo, el emprendimiento, la cultura y el orgullo de nuestras raíces.
El Tribunal Constitucional (TC), a través de su Comisión de Igualdad de Género y con el apoyo del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, celebró el Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de América Latina y el Caribe, un espacio pionero de diálogo e intercambio de experiencias sobre el liderazgo de las mujeres en la administración de justicia, la igualdad de género y su contribución al fortalecimiento del Estado de derecho.
El encuentro constituye el primer foro regional de esta naturaleza dedicado a reunir a magistradas de los más altos tribunales para reflexionar sobre los avances, desafíos y oportunidades de la participación de las mujeres en los espacios de decisión judicial, así como sobre su aporte al desarrollo del constitucionalismo contemporáneo, la protección de los derechos fundamentales y la consolidación de sistemas de justicia más representativos, inclusivos y sensibles a las realidades sociales de nuestros países.
A la actividad, que fue presidida por el presidente del TC, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, asistieron jueces que componen el Pleno de esta alta corte, el ministro de Justicia, la ministra de la Mujer, el presidente del Senado de la República, legisladores, jueces de altas cortes y de distintas jurisdicciones del país, representantes del sistema de justicia, miembros del cuerpo diplomático, académicos, estudiantes, así como representantes de diversos sectores nacionales.
Al dar la bienvenida, la magistrada Army Ferreira, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, destacó que este primer encuentro regional representa una oportunidad para compartir experiencias y reflexionar sobre los avances alcanzados en el reconocimiento del papel de las mujeres en los más altos órganos jurisdiccionales.
La magistrada afirmó que la perspectiva de la mujer en la administración de justicia contribuye a construir sistemas más inclusivos, participativos e igualitarios y aporta un equilibrio importante entre garantía y orden, rigurosidad en el análisis y valentía en la defensa de los valores democráticos.
En ese sentido, expresó que "las actuales juezas debemos garantizar con nuestro proceder seguir abriendo oportunidades para futuras generaciones de mujeres que reflejan en nosotras su futuro".
Asimismo, reconoció el legado de las primeras juezas del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones establecieron precedentes trascendentales en materia de igualdad de derechos de las mujeres, participación política y protección del derecho a la educación de niñas y adolescentes.
Como parte de la agenda académica se desarrolló el panel "La paridad de género en las altas cortes: retos e impacto sustantivo en la administración de justicia", en el que participaron Karla Andrade Quevedo, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador; Nancy Yáñez Fuenzalida, ministra del Tribunal Constitucional de Chile; Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana; Sonia Díaz Inoa, jueza del Tribunal Constitucional dominicano; y Hermenegilda Fondeur Ramírez, pasada jueza titular del Tribunal Superior Electoral. El panel fue moderado por Lilly Acevedo, presidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual.
Durante el diálogo, las panelistas compartieron las experiencias de sus respectivos países y analizaron los avances, desafíos y el impacto de la representación femenina en los más altos órganos judiciales, destacando cómo una mayor participación de las mujeres fortalece la legitimidad institucional, enriquece la deliberación judicial y contribuye a una justicia más cercana e inclusiva.
Posteriormente, la jurista colombiana Silvia Serrano, codirectora del Centro para la Salud y los Derechos Humanos del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, dictó la conferencia magistral "La paridad de género en las altas cortes: de la representación formal al impacto sustantivo en la administración de justicia", en la que abordó los principales desafíos que aún enfrenta la región para avanzar hacia una representación más equitativa de las mujeres en los máximos órganos judiciales.
Asimismo, Serrano afirmó que la paridad de género en la función pública es un principio democrático y destacó cómo el rol de las féminas en la judicatura contribuye a la igualdad sustantiva de las mujeres.
Con esta iniciativa, el Tribunal Constitucional reafirma su compromiso con la promoción de la igualdad, el fortalecimiento del diálogo regional y la consolidación de instituciones judiciales más representativas, inclusivas y comprometidas con la protección de los derechos fundamentales.
CARACAS, Venezuela.-Las autoridades venezolanas elevaron a 1.719 el número de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles, según el último informe oficial difundido el domingo.
La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde el Gobierno declaró el área de desastre y estableció control militar.
El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó además que los terremotos dejaron 5.034 heridos, mientras que 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos.
Las operaciones de búsqueda y rescate continúan cinco días después del desastre con el despliegue de una mayor cantidad de maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales.
La Guaira permanece como el principal foco de las tareas de emergencia al concentrar la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras la zona sigue bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.
La Unidad de Crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó este lunes que al menos 11 personas murieron y que otras 40 permanecen desaparecidas tras el sismo que sacudió el país la semana pasada.
El informe oficial agrega que también se registran cuatro heridos y que 29 ciudadanos italianos ya fueron localizados. La situación continúa en revisión mientras se actualizan los datos de personas no ubicadas en las zonas más golpeadas por el desastre.
Italia mantiene una de las comunidades de origen europeo más numerosas en Venezuela, con cerca de 150.000 descendientes, lo que explica la magnitud del seguimiento consular en el país sudamericano y el despliegue de equipos especializados.
En el terreno opera un contingente del llamado “Sistema Italia”, compuesto por más de cien profesionales entre rescatistas, personal médico y expertos en emergencias.
También participan unidades de búsqueda y rescate urbano, además de técnicos especializados en apoyo logístico, que trabajan en coordinación con autoridades locales y organismos internacionales.
La Cancillería de Chile informó este lunes el fallecimiento de otro ciudadano chileno como consecuencia de los terremotos que afectaron a Venezuela.
Con esta nueva confirmación, el número de víctimas fatales de nacionalidad chilena asciende a cuatro. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que recibió la confirmación del deceso e indicó que continúa siguiendo la situación de los connacionales afectados por la emergencia. La cartera también expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
“El ministerio expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos”, señaló en su declaración oficial. El titular del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este lunes una nueva actualización del saldo que dejaron los terremotos del 24 de junio en Venezuela.
Según el parte oficial, la cifra de fallecidos aumentó a 1.719, mientras que el número de heridos se elevó a 5.034. "La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719“, afirmó Rodríguez al dar a conocer el reporte diario. El dirigente chavista también confirmó el nuevo total de lesionados, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas por los sismos.
En paralelo, Naciones Unidas mantiene su estimación de que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas como consecuencia de la catástrofe, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia mientras prosiguen las labores para localizar sobrevivientes y recuperar víctimas.
Una evaluación preliminar realizada por la NASA a partir de imágenes satelitales estima que cerca de 58.870 edificios sufrieron daños o quedaron destruidos tras los terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela.
La agencia aclaró que se trata de un análisis experimental elaborado pocos días después de la emergencia y que los resultados aún están pendientes de validación.
FUENTE INFOBAE
Los compatriotas retornaron al país en una operación coordinada por el Gobierno dominicano, como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, iniciativa mediante la cual el Estado ha movilizado recursos humanos, logísticos y operacionales para apoyar tanto las labores de búsqueda y rescate como la asistencia a los ciudadanos dominicanos afectados por la emergencia.
A su llegada a la Base Aérea de San Isidro, los ciudadanos fueron recibidos por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien les dio la bienvenida en nombre del Gobierno dominicano y reiteró el compromiso de las autoridades de velar por la seguridad y el bienestar de todos los dominicanos, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Esta operación de retorno fue realizada aprovechando el vuelo de la aeronave militar que previamente trasladó hacia Venezuela un nuevo contingente de rescatistas especializados y material de apoyo destinado a fortalecer las operaciones de búsqueda y rescate que desarrolla la misión dominicana en ese país.
Con esta acción, el Gobierno reafirma su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia internacional, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y poniendo a disposición de la población los medios de las Fuerzas Armadas para proteger la vida de los ciudadanos dominicanos y contribuir solidariamente con los países hermanos que enfrentan desastres naturales.
La Operación Quisqueya Solidaria 2026 continúa desarrollándose con el despliegue de capacidades aéreas, marítimas y terrestres, así como con el envío de ayuda y personal especializado, en coordinación con las autoridades venezolanas y los organismos competentes del Estado dominicano.
Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración, llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer, la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza. La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la Dirección de Inteligencia Migratoria a cargo del General de brigada Piloro Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.
El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia de la institución. La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.
La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del
Distrito Judicial de La Altagracia.
La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.
El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.
El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.
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