La procuradora general Yeni Berenice Reynoso resaltó la necesidad de fomentar acuerdos penales por las ventajas procesales que representan para la administración de justicia, ya que, sin dejar de establecer responsabilidades de la persona fÃsica o jurÃdica procesada, permiten la reparación de daños a las vÃctimas y al propio Estado, al que, además, ahorra recursos en el procesamiento y la litigación.
“La realidad es que el tema de los acuerdos y las soluciones alternas en el caso nuestro no es un tema nuevo; es un tema que trabajamos desde la FiscalÃa del Distrito, prácticamente, esa es una polÃtica que asumimos a partir del año 2013 y que llegó en un momento, en la FiscalÃa del Distrito a acordarse hasta un 40 por ciento de los casos”, dijo Reynoso.
La procuradora se refirió al tema al participar, junto al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ODP), Rodolfo ValentÃn Santos, en un encuentro con periodistas y comunicadores, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina.
En la actividad, celebrada en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, estuvieron los jueces Fran Soto, Esmirna Gisselle Méndez y Francisco Ortega Polanco.
Reynoso recordó que los casos acordados en la FiscalÃa del Distrito durante su gestión quizás trascendÃan poco porque carecÃan de sonoridad, pero que como fiscal litigante siempre ha entendido la necesidad de hacer acuerdos en materia penal, por escuela de pensamiento y por su visión de persecución penal estratégica.
“Cuando los plazos se extienden, que hay un imputado esperando una decisión, a veces privado de libertad, y eso es una realidad; también hay una vÃctima que espera esa decisión”, dijo.
“También -añadió- hay un grupo de fiscales que tienen que subir a audiencia y durar cuatro, cinco años esperando una decisión, y también hay una sociedad que tiene un derecho legÃtimo a una decisión”.
Indicó que no se atreve a decir que con la prolongación de un proceso penal nadie gana, “porque a veces sà hay alguien que tiene como estrategia que el caso no se conozca en un plazo razonable”.
Reynoso lamentó que algunos sectores analicen el tema de los acuerdos dentro del proceso penal como si se tratara de una realidad nueva, cuando, en realidad, en el paÃs se remonta al año 2004, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal (Ley 76-02, del 19 de julio de 2002), promulgada hace ya más de 23 años.
“Entonces, no es nuevo. Hay figuras procesales que el legislador ha puesto en la norma”, resaltó.
Hizo una reflexión respecto a otros paÃses, como Estados Unidos, en donde hay muchos acuerdos que son sellados hasta por una década y más, “que por razones de seguridad el tribunal dispone: este acuerdo va a ser sellado por los próximos dos, tres, cuatro, cinco, diez años y sanciona a cualquiera de las partes que haga pública las condiciones del acuerdo, porque entiende el tribunal que pudiera haber ciertos riesgo si se publica, y la sociedad no lo cuestiona, en caso de RD, todos son públicos”.
Sostuvo que, aunque la Suprema Corte de Justicia, la ProcuradurÃa General de la República y la Oficina Nacional de Defensa Pública vienen trabajando el tema en conjunto, impulsado con la Mesa Interinstitucional creada en septiembre de 2024, también ayudará al sistema de justicia a llevarlo a las universidades.
“Nuestros estudiantes de Derecho no ven prácticamente el tema de las soluciones alternas. Nosotros nos formamos en escuelas de Derecho, donde el centro de la formación es el litigio. Es que hay que pelear el caso, es que hay que durar años litigando el caso, es que el buen abogado es el que incidenta mucho, a pesar de quizás a veces termine el caso como alguien el otro dÃa, que Ãbamos a hacer un acuerdo a diez años, se negó, al final ya tiene una sentencia, cuando tenÃa la sentencia a nivel de corte me dice: ´magistrada, vamos a acordar a diez años´. Yo dije: ´20 a nivel de corte, claro que no vamos a acordar´”.
Reynoso recordó que los acuerdos se hacen en todas las materias.



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