El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO) exigió una investigación exhaustiva sobre la muerte de Luis Rodríguez, empleado de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), quien falleció tras sufrir la ruptura de la vesícula biliar, después que fue trasladado, por unidades del 9-1-1, al Centro Médico Moderno, donde le exigieron el pago de diez mil pesos por la atención de emergencia, debido a que su institución empleadora no estaba al día con los pagos del Plan de Salud del Régimen Contributivo (SENASA).
Onpeco deploró que Rodríguez perdiera la vida después de ser rechazado en el centro médico privado y trasladado posteriormente al Hospital Padre Billini, desde donde fue enviado a su casa, bajo el argumento de que no había camas disponibles, a pesar de presentar un cuadro de dolor intenso y de evidente gravedad.
Luis Rodríguez, también reconocido dirigente comunitario en el sector Presidente Caamaño (antes Los Tres Brazos), falleció finalmente en su hogar, lo que demuestra que su estado requería atención inmediata y fue desatendido por los centros que debieron salvarle la vida.
El dolor abdominal comenzó mientras se encontraba en su lugar de trabajo. Acudió en busca de auxilio tanto a un centro de salud privado como a uno público, sin lograr recibir la atención médica que necesitaba para preservar su vida.
Onpeco advierte que no se trata de un caso aislado. En repetidas ocasiones, ciudadanos han denunciado la imposibilidad de recibir servicios médicos en hospitales públicos, debido a la alegada falta de camas no les prestan la debida atención. Esta crítica situación provoca que para recibir la atención en hospitales públicos solo sea posible para quienes tienen "enllaves" o contactos que acceden a tramitarles el ingreso.
La entidad de protección a los consumidores recordó que el derecho a la vida y a la salud son derechos fundamentales que el Estado está obligado a garantizar. Sin embargo, en la práctica, estos derechos son violados diariamente, especialmente entre los sectores más empobrecidos de la población dominicana.
Onpeco cuestionó que, en materia de políticas públicas, no exista una estrategia centrada en garantizar el acceso a la salud como prioridad nacional.
En cuanto a la crisis del SeNaSa, Onpeco señaló que muchas instituciones públicas no cumplen con sus compromisos de pago, lo cual explica por qué un empleado estatal fue rechazado por su seguro. Este incumplimiento institucional constituye una negligencia grave.
Además, calificó como inaceptable que, tras pagar una suma tan significativa como los diez mil pesos exigidos en la emergencia, el paciente fuera igualmente rechazado y enviado a un hospital sin camas disponibles, lo que contribuyó a que muriera en su residencia sin recibir la atención que necesitaba.
Onpeco advirtió que la crisis no es exclusiva del SeNaSa, sino de todo el sistema de salud, cuya inversión representa menos de un 2 % del Producto Interno Bruto (PIB), una de las cifras más bajas de la región.
Finalmente, el Observatorio, que también forma parte de la coalición que constituye la Alianza por el Derecho a la Salud, afirmó que el país necesita con urgencia una reingeniería integral del sistema de salud, que coloque en el centro de las políticas públicas la salud y la vida como derechos inalienables de las personas en el pueblo dominicano,
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