Un grupo de reconocidos profesionales de la comunicación respaldó este jueves la posición de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, de investigar los casos de extorsión y chantaje cometidos por seudo comunicadores que utilizan medios de comunicación y plataformas digitales para delinquir.
Los profesionales formados y egresados de universidades y con más de 20 años de ejercicio en el ámbito de la comunicación, dijeron ser los más preocupados por el creciente deterioro y desprestigio del oficio.
Mediante un comunicado público, manifestaron su apoyo a que los tribunales determinen, conforme al debido proceso, quiénes son responsables y quiénes no, ya que el ejercicio de la comunicación debe ser adecentado.
Sin embargo, advirtieron que este proceso no puede convertirse en una herramienta para intimidar voces críticas ni para acallar a quienes ejercen un periodismo honesto, incómodo o frontal.
“En la República Dominicana todos nos conocemos, y si hay personas utilizando la comunicación para extorsionar o chantajear, que se les identifique con nombre y apellido, que se presenten pruebas públicas y que se les lleve ante los tribunales. Pero no permitiremos que paguen justos por pecadores”, expresaron.
El grupo hizo un llamado a las autoridades, a los gremios periodísticos y a la sociedad a acompañar un proceso de depuración real, transparente y equilibrado, que distinga entre quienes ejercen el periodismo con ética y quienes lo usan como fachada para delinquir. “El periodismo responsable es vital para la democracia, pero el chantaje disfrazado de comunicación es una amenaza que todos debemos rechazar”, agregaron.
El comunicado fue firmado por comunicadores de distintas generaciones y medios, con amplia presencia en la vida pública, quienes comparten el compromiso de proteger la credibilidad y la dignidad del oficio. Entre ellos figuran: Elvin Castillo, José Peguero, Jaime Rincón, Iluminada Muñoz, Patricia Pérez, Lorenny Solano, Jhonny Vázquez, Odalis Castillo, Ramón Tolentino, María Rodríguez, Carlos Tomás del Pozo, Nadia Andújar, Julio Alberto Martínez y Félix Lajara.
NUEVA YORK.- Más de 100 millones de estadounidenses residentes desde el Valle Medio de Misisipi hasta el noreste y el sur hacia Florida, entre ellos NY, Pennsylvania, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Illinois, Michigan y Ohio, entre otros, han sufrido en los primeros días de esta semana un intenso calor de hasta 100º Fahrenheit, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).
Entre los ciudadanos afectados figuran más de dos millones de dominicanos, de los 2,398,009 que residen en Estados Unidos, según el último censo llevado a cabo por el Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX).
La onda de altas temperaturas de esta semana ha roto otros récords diarios de calor, en particular en la zona del Atlántico medio, indica el NWS. Aunque el organismo prevé un «alivio» a partir de este fin de semana.
La actual ola de calor sucede tan solo un mes después de la primera de la temporada, que el NWS llamó «extremadamente peligrosa» y que rompió récords en al menos 50 ciudades desde la zona del Medio Oeste hasta la Costa Este de USA.
Las olas de calor en la década de los 2020 en EE.UU. son las más frecuentes e intensas desde que hay registro, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El impacto de las altas temperaturas también se ha elevado en los últimos años en el país, que en 2023 tuvo 2.325 muertes asociadas al calor, el cuarto récord anual consecutivo, según un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association (JAMA) en agosto pasado.
NUEVA YORK.- Cristina Contreras, directora ejecutiva del Hospital NYC Health + Hospitals/Lincoln, ubicado en El Bronx, efectuó recientemente una feria de empleo, una barbacoa de reconocimiento a su personal, una reunión municipal para miembros de la comunidad, además de participar en el Festival del Distrito de Mejora Comercial (BID).
Durante las diferentes actividades, el Hospital ofreció a los asistentes exámenes de salud gratuitos y distribuyó información vital sobre salud.
Asimismo, organizó una asamblea comunitaria, donde pacientes y personal tuvieron la oportunidad de conversar con la dirección del centro hospitalario, y la directora Contreras proporcionó actualizaciones importantes.
Cientos de residentes del condado estuvieron presentes para explorar nuevas oportunidades de empleo y acceder a recursos que les permitan desarrollar sus carreras profesionales.
Además, el hospital celebró y honró el arduo trabajo y la dedicación de los trabajadores, con una barbacoa de reconocimiento.
Residentes en múltiples vecindarios en El Bronx estiman de muy aceptable, incluyente y favorable para los pacientes, la labor que viene desarrollando Contreras como directora ejecutiva del centro hospitalario.
NUEVA YORK.- Familiares y amigos de la destacada activista comunitaria dominicana en esta ciudad, Dinorah Cordero, fallecida el pasado 27 junio, honrarán su vida y legado en un acto a realizarse este práximo 2 de Agosto, a las 6:30 p.m., en el local Cultura Dominicana, ubicado en el 2406 de la avenida Amsterdam con la calle calle 180, en el Alto Manhattan.
Ademas de los activistas comunitarios y políticos, al evento se espera la presencia de sus hijos, de Alfredo y Margarita Cordero sus hermanos quienes vendrán de República Dominicana.
Poetas, escritores, feministas, activistas comunitarios, políticos y familiares brindarán testimonios de su relacion con quien pasó a ser una de la más destacada defensora de la comunidad migrante dominicana en NYC en los últimos 50 años.
Ademas, se escucharán testimonios de Manny Félix, embajador alterno en la UNESCO, Yaniris Urbéez, Roberto Castillo, Magaly Díaz, Radhamés Pérez, Tomas Rivera y Silverio Mella.
En la parte artistica participarán las cantantes Argentina Lara y Arelis Figueroa; los poetas y declamadores Dagoberto Lépez y Lucila Rutinel, además, el destacado pintor de la diáspora Reynaldo García Pantaleón.
La fallecidea fue una firme defensora de la libertad y democracia para su Patria, aspiración por la cual se destacó desde la militancia partidaria en dificiles momentos históricos en el país caribeño.
En NYC fue hasta el momento de fallecer una voz comprometida con los inmigrantes, las mujeres, envejecientes y los sectores sometidos a la opresión por parte de un sistema que catalogaba de injusto.
Fue promotora permanente de la participación de los domincianos en el activismo político de Estados Unidos y en la busqueda de representación para nuestra comunidad.
POR RAMON MERCEDES
NUEVA YORK.- Alexander Rodríguez (El Hijo del Pueblo), alcalde del distrito municipal de La Otra Banda, provincia de Higüey, afirmó en esta ciudad que al llegar al Ayuntamiento encontró múltiples problemas que afectaban la comarca, pero ya se han erradicado la mayoría.
El ejecutivo municipal precisó que desde que asumió la sindicatura ya ha erradicado la recogida de los desechos sólidos. «No contábamos con maquinarias para manejar dichos residuos sólidos; adquirimos camiones, compramos muchos recipientes que instalamos».
«En el tema de la transparencia, nuestro cabildo no contaba con el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), cuyo objetivo es medir la eficiencia, eficacia y calidad de las instituciones en el cumplimiento de marcos normativos y procedimientos».
«Asimismo, el portal de compra y contrataciones para exhibir lo que estamos haciendo, para que la población sepa cómo se manejan los fondos y eso ha ayudado a tener el mejor manejo a nivel de transparencia históricamente en La Otra Banda».
También aperturamos la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) para que las personas puedan exigir cualquier documento y sepan cómo se están administrando los fondos, que al final son del pueblo”, indicó Rodríguez.
El alcalde admitió que el tema del tránsito es un caos en el distrito municipal, «pero hemos tomado varias medidas para que fluya; también ya se está agilizando la circunvalación de parte del Gobierno Central, eso nos va a ayudar mucho en cuanto a la circulación».
Expresó, que el distrito municipal, con 31.858 habitantes, necesita un hospital. «Es una área con bastante crecimiento gracias a la zona turística, hay mucha migración y mucho desarrollo, pero necesitamos el centro hospitalario, el acueducto, obras a nivel deportivo, entre otras infraestructuras».
«No todo se lo dejamos al Gobierno Central. En nuestra gestión vamos a dejar lista la estación del cuerpo de bomberos», señala el alcalde.
Exhorta a la juventud que se empodere, que crean que pueden lograr las cosas, porque la juventud somos los responsables de marcar los nuevos cambios que debemos lograr. Recordó que teniendo 26 años se convirtió en el regidor más joven de la RD.
El alcalde ofreció sus declaraciones mientras era reconococido por su liderazgo en la XXlV Cumbre Latinoamérica de Marketing Político y Gobernanza realizada en el Hotel Millennium Hilton NY One UN Plaza, en Down Town Manhattan.
POR RAMON MERCEDES
El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, arremetió este miércoles contra el sector empresarial al asegurar que “los ricos son los que más gritan cuando se les pide soltar un chele”, en referencia a la resistencia del empresariado ante reformas como el nuevo Código Laboral y otras iniciativas legislativas.
“Si tú le das un pellizquito al empresario gritan”, aseguró el legislador durante su participación en el programa Matutino Su Mundo.
Declaró que cada vez que los empresarios ven amenazados sus intereses económicos, arman un escándalo, asegurando que cuando no pueden el Congreso van al del palacio. “A que Luis nos dé una pela a nosotros, gritan más que los mismos pobres”, recalcó.
Sánchez subrayó que el nuevo Código Laboral representa avances importantes para los trabajadores, pero que “los ricos no quieren ceder”. Afirmó que este tipo de proyectos siempre genera conflictos porque “cuando no codazo al sector obrero, se lo das al empresarial”. No obstante, indicó que el PLD introducirá el proyecto tras el 16 de agosto.
Proyecto de Residuos Sólidos
Respecto al proyecto de ley de residuos sólidos, denunció que los empresarios lograron reducir una tasa de 10 millones de pesos anuales a apenas 675 mil, lo que evidencia según él la fuerte influencia que ejercen.
“Quieren rellenos sanitarios, pero no en sus patios. No quieren vertederos, pero tampoco soluciones”, criticó.
Asimismo, destacó que los vertederos a cielo abierto en la entrada de la ciudad, evidentemente, no es lo que nadie quiere. “Pero entonces, ¿Dónde se construyen los rellenos sanitarios? ¿Cómo se financian? Ese es el verdadero dilema”, cuestionó el legislador.
Manifestó que cuando se plantean soluciones, surgen gritos y oposición. Sí, gritan, claro que sí. Pero también hay que recordar que expresarse es un derecho constitucional. Lo importante es asumir con responsabilidad la gestión de los residuos y buscar soluciones sostenibles.
Sobre el Código Penal
Sánchez también abordó el proceso legislativo del Código Penal, resaltando el esfuerzo de los diputados por lograr consensos antes del 5 de agosto, fecha límite de la legislatura extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo. Indicó que se conformaron comisiones especiales para analizar el articulado y corregir errores, especialmente en temas sensibles como las penas por violencia de género.
“La sociedad quiere que dejemos de ‘chililin’ con el Código”, expresó, asegurando que las observaciones del presidente serán evaluadas con seriedad.
Afirmó que el Congreso tiene la potestad de aceptar o rechazar dichas observaciones, y que cualquier disposición inconstitucional podrá ser modificada posteriormente.
El legislador también adelantó que, pese a la convocatoria del Congreso para leer el informe final del Código Penal, no espera que haya votación este mismo día debido a la alta cantidad de diputados interesados en hablar.
“Hoy no vamos a votar, pero sí se escucharán todas las voces”, concluyó el legislador, subrayando la importancia del proceso democrático en la construcción de leyes fundamentales para el país.
Participación de la Procuradora Yeni Berenice
Sobre el controversial proyecto de reforma del Código Penal, Sánchez defendió el proceso de consultas con diversos sectores, incluyendo la Procuraduría General de la República.
“El Ministerio Público llegó a comportarse como un comando de campaña del gobierno aunque reconoció que la procuradora se ha “ubicado” en su nuevo rol”, afirmó.
Reconoció diferencias personales con la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, pero valoró que su participación fue respetuosa y sus observaciones, en su mayoría, pertinentes.
“Ella ya no es subalterna; ahora es la voz oficial del Ministerio Público. Y con ese rol cambian las cosas”, manifestó. Dijo que, aunque mantuvo su distancia personal, reconoció la necesidad de escuchar sus planteamientos institucionales.
Aclaró que algunas de sus propuestas fueron acogidas y otras rechazadas, recordando que la labor legislativa es competencia exclusiva del Congreso.
Detalló que uno de los temas más debatidos fue la grabación de arrestos, ante lo cual Sánchez defendió que no se puede permitir que los detenidos obstaculicen las investigaciones convirtiéndose en “influencer de su arresto”.
Finalmente, sostuvo que el nuevo Código Penal no es perfecto ni inmodificable, pero que lo importante es avanzar y no seguir postergando su aprobación.
“Somos 190 diputados. Si al menos 100 piden hablar, nos tomará todo el día”, dijo.
El Ministerio Público incorporó más 1700 pruebas documentales, 98 pruebas testimoniales y 84 pruebas materiales en el proceso por corrupción administrativa contra Juan Alexis Medina y compartes y estableció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que el imputado encabezó el entramado de corrupción administrativa que distrajo del erario más de 5,000 millones de pesos.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, definió el proceso seguido contra Medina Sánchez y compartes “como un caso sobreprobado por el Ministerio Público, cuya fortaleza descansa en la contundencia de las evidencias presentadas”.
Ortiz recordó que durante el juicio el Ministerio Público incorporó pruebas con las que quedó más que demostrado ante el tribunal el esquema de corrupción que operó bajo las directrices de Medina Sánchez.
En cuanto a la declaración ofrecida por el acusado, el Ministerio Público puntualizó que quedaron fuera de su discurso aspectos esenciales del caso, como el pago de sobornos, evidenciado en cheques emitidos por sus empresas a funcionarios públicos bajo el concepto de “gratificación”, las sesiones de crédito falsificadas, sustentadas en experticias caligráficas y testimonios; así como las reuniones en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), en donde el procesado ejercía tráfico de influencias.
“De este proceso, sin duda vendrá una sentencia condenatoria. Ahora corresponde al sistema de justicia dar la respuesta que esta sociedad espera”, concluyó Ortiz.
En la audiencia de este miércoles, el tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado por las juezas Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, escuchó además las réplicas y contrarréplicas de las partes, cerró los debates y fijó para el miércoles 13 de agosto, a las 11:00 de la mañana, la lectura de la decisión.
El pasado abril el Ministerio Público solicitó al tribunal que imponga una condena de 20 años de prisión contra Medina Sánchez, así como el pago de 400 salarios mínimos.
También, solicitó que se le impongan 15 años de prisión a José Dolores Santana Carmona y a Wacal Vernabel Méndez Pineda, así como el pago de 200 salarios mínimos.
Igualmente, pidió 10 años de prisión para el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa, y para la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez. Esta misma pena fue solicitada contra Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas.
De igual forma, el Ministerio Público solicitó 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos para: Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez.
En cuanto a Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, y Rafael Antonio Germosén Andújar, solicitaron cinco años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.
El Ministerio Público, además, requirió una condena de tres años contra Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, fiscalizador de la Oisoe.
El órgano del sistema de justicia solicitó que todos los acusados sean condenados a la inhabilitación para contratar con el Estado y para ocupar cargos públicos por 10 años, al decomiso de todos los bienes incautados producto de las actividades ilícitas, y a la degradación cívica consistente en la pérdida de los derechos civiles, políticos y de ciudadanía reconocidos por la Constitución.
También, solicitó que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, según corresponda.
En relación con Víctor Matías Encarnación Montero, quien llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, solicitó una pena de cinco años de prisión suspendida y una multa de 500 salarios mínimos, bajo las condiciones de residir en un domicilio fijo, abstenerse de desempeñar cargos, prestar servicios o ser contratado por entidades de intermediación financiera, mercado de valores o entidades públicas, y presentarse periódicamente ante el juez de la Ejecución de la Peña del Distrito Nacional.
Asimismo, se solicitó el decomiso de valores (dinero) entregado voluntariamente por el acusado, o de bienes equivalentes, conforme a la Ley de Lavado de Activos, ascendentes a 15 millones de pesos.
El órgano acusador solicitó también el decomiso de los bienes obtenidos con fondos que fueron drenados del erario, mediante las contrataciones irregulares, probadas durante más de un año en que han cursado las audiencias del presente juicio.
Cargos que enfrentan los procesados
A Juan Alexis Medina Sánchez se le acusa de crear un entramado societario que sirvió como medio para obtener ventajas económicas en contrataciones con el Estado, en coalición con funcionarios, mediante tráfico de influencias, uso de documentos falsos y maniobras fraudulentas, entre ellas la simulación de contratos y el uso de prestanombres. Se le imputa incurrir en lavado de activos, desfalco, enriquecimiento no justificado y financiamiento ilícito de campañas políticas.
José Dolores Santana Carmona está acusado de ser parte de esta red como prestanombre y representante de varias empresas del entramado liderado por Medina Sánchez, facilitando la circulación de fondos ilícitos y sirviendo como intermediario para la adquisición de bienes que luego eran colocados a nombre de terceros.
Wacal Vernabel Méndez Pineda también figura como prestanombre y representante legal de empresas controladas por Medina Sánchez, participando activamente en maniobras de lavado de activos, simulación de contratos y adquisición de bienes producto de las actividades ilícitas del entramado.
Fernando Aquilino Rosa Rosa, en su calidad de director del Fonper, permitió la adjudicación de contratos y pagos irregulares a favor de empresas vinculadas al acusado principal, facilitando el envío de recursos públicos en beneficio del grupo criminal.
Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y también funcionaria del Fonper, está acusada de coalición de funcionarios, complicidad en el desfalco y otras maniobras para beneficiario al entramado encabezado por su hermano, incluyendo la aprobación de pagos irregulares desde esa entidad.
Mientras que Carlos José Alarcón se desempeñaba como contador y facilitador de las operaciones contables que permitieron encubrir las actividades ilícitas del grupo. Está acusado de lavado de activos, complicidad y falsedad documental para maquillar el origen de los fondos obtenidos ilícitamente.
Ramón Brea Morel (a) Jhonny Brea fungía como representante de una de las empresas utilizadas por Alexis Medina para contratar con instituciones del Estado, participando en simulaciones de operaciones comerciales y ayudando a canalizar fondos del erario a través del esquema corrupto.
Lina Ercilia de la Cruz Vargas está acusada de complicidad en la red, al figurar como titular de cuentas y propiedades adquiridas con fondos ilícitos. Según el Ministerio Público, sirvió como testaferro en parte de las operaciones de ocultamiento de bienes.
Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (Ángelo) están acusados de lavado de activos y testaferrato.
José Idelfonso Correa Martínez está acusado de lavado de activos y porte ilegal de armas.
Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco está acusado de corrupción administrativa, asociación de malhechores, soborno, falsedad, desfalco y lavado de activos.
Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez está acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.
Rafael Antonio Germosén Andújar es acusado de corrupción, asociación de malhechores y lavado de activos.
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