El experto en Derecho Constitucional y Administrativo, doctor Manuel Fermín Cabral, advirtió que la mayoría aplastante que tiene el oficialismo en el Congreso Nacional pondría en entredicho cualquier intento de consenso que sea real y efectivamente legítimo para una reforma constitucional.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, resaltó que el presidente no necesita de la oposición para realizar la reforma constitucional o cualquier otra que entienda.
Fermín Cabral afirmó que con una reforma a la Carta Magna vuelve el fantasma de la duración del mandato presidencial, de la posibilidad de la reelección, porque “siempre el temor ha sido el tercer mandato consecutivo”, dijo.
Recordó que una discusión sobre el particular se produjo en Colombia, a propósito de los debates que se dieron cuando el presidente Álvaro Uribe terminaba su segundo mandato, en que la Corte Constitucional emitió una decisión histórica estableciendo como antidemocrático el tercer período consecutivo del mandatario.
“La oposición tendrá que hacer su papel, ser una especie de muro de contención en la opinión pública, tratar de movilizar a la sociedad civil porque la verdad es que intentar frenar el Congreso, la Asamblea, resulta imposible”, recalcó.
Fermín Cabral plantea que la idea de participar o no en diálogos donde se discutan las propuestas de cambios debe ser analizada porque se ha visto que en muchos casos no han servido sino para legitimar modificaciones con base a una super mayoría.
“Particularmente entiendo que no es innecesario someter al país a un estrés institucional, como conlleva hablar de una reforma constitucional y, sobre todo, hablar del tema de la duración del mandato del presidente, porque eso, insisto, es someter a la sociedad dominicana a un estrés total y absolutamente innecesario”, argumentó.
Considera que una vez reunida, luego de aprobada la convocatoria a través de la ley de necesidad de reforma de la Carta Magna, la Asamblea Nacional Revisora, pudiera desbordar el ámbito de la reforma y meterse en otros aspectos que no sean los que en principio estén debatidos.
El destacado jurista dijo que la participación de la oposición en el diálogo no es mala, pero las posiciones deben ser expresadas de forma clara, contundente y categórica, donde se establezcan los temas.
El experto sostiene que cuando no hay ningún espíritu de consenso lo que queda es que la oposición se levante de los diálogos y ejerza su papel.
“El oficialismo tendrá que explicar el porqué de esta reforma a la sociedad, sin que vea, insisto, que se somete a la población a un estrés que luego se verifique que era innecesario hablar de esa reforma constitucional”, significó.
Comentó que en ninguna encuesta se refleja que la población demande una reforma constitucional.
“Es una pena que otra vez el fantasma de la reelección aparezca aún sea discutiendo una reforma constitucional, la verdad que uno no entiende porque, si hemos adoptado el modelo norteamericano y ese es que, incluso, el mismo presidente de la República ha defendido”.
Voto obligatorio
El experto en Derecho Constitucional y Administrativo, doctor Manuel Fermín Cabral, afirmó que la sociedad dominicana debe abocarse a una discusión seria para establecer legalmente el voto obligatorio.
Sostiene que la iniciativa de un voto obligatorio es plausible y viable, desde el punto de vista constitucional, pero se precisa de un abordaje legal para establecer sanciones e incentivar para que las personas ejerzan ese derecho.
“La sociedad dominicana debe abocarse a una discusión seria, primero técnica, desde el punto de vista constitucional y legal, y segundo, su viabilidad social y política”, subrayó.
Entiende que, desde el punto de vista constitucional, votar es un derecho como se establece, pero también a la vez es un deber.
“Entonces, hay deberes en la Constitución que están ahí, por ejemplo, como es el sostenimiento de las cargas públicas, nosotros los ciudadanos, como contribuyente al fin, tenemos ese deber de cumplir, de honrar nuestras obligaciones tributarias y hay una serie de consecuencias jurídicas para eso”, significó.
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