El dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Inocencio García, consideró positivo el memorándum enviado por el presidente, Luis Abinader al director de Migración, Venancio Alcántara, disponiendo el impedimento de entrada al país a 39 líderes haitianos a los que se les considera vinculados a las bandas armadas en ese país.
No obstante, el secretario de asuntos haitianos en la FP consideró que el Gobierno debe ser coherente porque a la vez que sanciona a gran parte de los políticos y empresarios haitianos que castigó Estados Unidos y Canadá, deja fuera a Gilbert Bigio y mantiene como asesor financiero de la Presidencia a Pablo Portes, empleado del magnate haitiano.
“La República Dominicana tiene una nación dentro de otra como resultado de que la población haitiana está en todo el territorio nacional, con ello debe haber una coherencia. Ya que es voz populi señalando que el asesor financiero del Poder Ejecutivo, Pablo Portes, es empleado del señor Gilbert Bigio, quien ha sido sancionado precisamente por Estados Unidos y por Canadá, que es el propietario de la Chevron Texaco en la República Dominicana.
Agregó que Portes “es empleado de dicho empresario (Bigio) y como tal se debe tener coherencia porque no es correcto que un individuo que esté relacionado con un empresario haitiano que haya sido sancionado por los Estados Unidos, que está en una lista no solamente por Estados Unidos sino por Canadá, sea asesor financiero del Gobierno dominicano”.
Entrevistado en el programa televisivo “Propuesta de la noche”, por RNN Canal 27, el dirigente de la FP dijo que Haití no puede sancionar a esos individuos porque en conjunto e inclusive individualmente, ellos son más fuertes que lo que pueda quedar del Estado en Haití.
“Estados Unidos y Canadá tienen toda la fuerza material para sancionar de manera ejemplar a todos esos individuos, solo los Estados Unidos y Canadá los dos grandes poderes de la región pero particularmente Estados Unidos que puede contribuir poniendo la mayor cuota para que una situación que afecta y desestabiliza a la República Dominicana en sus instituciones, su capacidad económica y en su seguridad interior”, afirmó García.
Destacó que desde el año pasado han visitado el país de manera recurrente, cinco funcionarias del Departamento de Estado de Estados Unidos que han despachado con el presidente, Luis Abinader.
Consideró que esos visitantes no tienen la categoría para estar tratando asuntos con el jefe del Estado, “eso debería estar tratándolo el canciller de la República porque estas subsecretarias, vicecancilleres, no tienen la categoría para ser recibidas por jefe del Estado, sino que deben ser atendidas por el canciller de la República que es a quien le corresponde recibir las informaciones”, puntualizó.
Apoya sanciones dispuso Abinader
“La República Dominicana tiene, como Estado que es el más afectado de esa situación de extrema ingobernabilidad, de desaparición del Estado en Haití, ya no hay instituciones que puedan controlar ni esa población ni controlan el territorio porque ya lo que se conoce es la actuación de más de doscientas pandillas fuertemente armadas”, apuntó García.
El secretario de asuntos dominico-haitianos de la FP dijo que el Estado dominicano y el Gobierno deben estar alerta permanentemente en materia de la seguridad nacional del país.
Agregó que “el hecho de que Canadá y luego Estados Unidos hayan sancionado a varios de los personajes que están incluidos en una orden a la Dirección General de Migración hecha por el jefe del Estado y entre estos hay personalidades que fueron primeros ministros, empresarios y legisladores miembros de dichas pandillas que están fuertemente armadas, por esto esta disposición es positiva”.
García advirtió que la colocación de impedimento de entrada a esas personas por sí sola no significa que eso ya tenga la efectividad requerida, porque a su juicio “para ello se requiere que haya un verdadero monitoreo y seguimiento para que estos individuos, donde ya hay una disposición constitucional de que no entren a la República Dominicana, que pueda efectivamente eso cumplirse por parte de los organismos de seguridad del Estado”.
Apoyó los pronunciamientos que hace el Gobierno en torno a la crisis porque el país “sufre de manera directa las consecuencias del desfondamiento del Estado haitiano”.
“Con esto debe haber una coherencia en las política exterior dominicana respecto a ese dosier que no es el que se tenía hace 20 años atrás sino que se está ante la presencia ya de un deterioro total de ese Estado, la desaparición del mismo”, señaló García.
Manifestó que si el Gobierno “está haciendo el llamado para que la comunidad internacional de manera correcta asuma su responsabilidad en lo que tiene que ver con una situación de un miembro de dicha comunidad pero que forma parte de nuestra región y que afecta a la principal potencia que son los Estados Unidos y también afecta a Canadá que es miembro de las Américas, se debe tener una política coherente”.
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