La Arquidiócesis de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, anunció que la policía le notificó que «por razones de seguridad pública no serán permitidas las procesiones en las festividades» de San Miguel Arcángel y de San Jerónimo, que se celebran en Masaya, 30 kikómetros al sureste de la capital.
La festividad de San Miguel Arcángel se realiza el 29 de septiembre y la de San Jerónimo, patrono de la ciudad, el 30 del mismo mes y su celebración se extiende hasta noviembre, siendo una de las más largas en el país.
Ante la medida policial, la Arquidiócesis (que comprende la capital y ciudades vecinas de Masaya y Carazo) invitó a los devotos y promesantes de los santos patronos a rendirles homenaje con la fe y devoción en sus corazones y con «la fuerza de la herencia ancestral en sus comunidades».
SEGUNDA VEZ
Es la segunda vez que la policía prohíbe a la Iglesia católica realizar una procesión. Antes lo hizo en ocasión del cierre del congreso mariano y el fin de la peregrinación de la imagen de la Virgen de Fátima, el pasado 13 de agosto, ambos en la capital.
La Iglesia católica había reanudado este año la realización de procesiones, después de dos años que las interrumpió por medidas de seguridad a causa de la pandemia del covid-19.
En 2018, Masaya, fue considerada una ciudad rebelde, por su rechazo a las medidas de fuerza contra manifestantes que protestaban contra una reforma a la seguridad social y que derivó en un reclamo de renuncia al presidente Daniel Ortega, en el poder desde el 2007.
OTRAS ACCIONES
La prohibición de realizar actos religiosos en la vía pública se inscribe en las acciones emprendidas por el Gobierno contra la Iglesia católica que arreciaron en agosto con el arresto domiciliar del obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
Las relaciones entre el clero y el Gobierno son tensas desde 2018, cuando los curas abrieron los templos para atender heridos en las protestas en contra del Gobierno, que dejaron 355 muertos y cientos de heridos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega, un exguerrillero de 76 años, acusa a los religiosos de haberse coludido con sus opositores en un fallido golpe de Estado para derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos.
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