El procurador adjunto Wilson Camacho lamentó la noche de este lunes la decisión tomada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al variar la medida de coerción de prisión preventiva a varios acusados por corrupción administrativa del Caso Anti Pulpo.
“La decisión tomada por el tribunal sobre el cese de la medida de coerción contiene un mensaje lamentable de que no se entiende el nivel de complejidad de estos procesos”, afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Pareciera que se está asumiendo la lógica de que cualquier proceso que haya sido declarado complejo, es igual, y eso no es así”, dijo Camacho al responder preguntas de los periodistas de la fuente judicial que lo entrevistaron a la salida del tribunal luego de las decisiones tomadas por el juez Deiby Timoteo Peguero.
El titular de la Pepca recordó que, en las últimas revisiones que conoció el tribunal, procedió a mantener las medidas de coerción, tal y como habían sido impuestas en este caso, acogiendo la solicitud planteada por el Ministerio Público.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, varió la prisión preventiva por prisión domiciliaria a los acusados Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana Carmona y a Wacal Bernabé Méndez Pineda.
Además, Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado del caso, deberá presentar una garantía económica de RD$60 millones de pesos y Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de RD$30 millones.
En tanto que a José Dolores Santana y a Wacal Bernabé Méndez Pineda les fue impuesta una garantía de 20 millones de pesos a cada uno.
La garantía económica deberá ser presentada a través de una empresa aseguradora.
El tribunal también ordenó la colocación de grilletes electrónicos y le impuso impedimento de salida del país y presentación periódica.
A Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper, le ratificó la prisión domiciliaria, el uso de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.
Mientras que a Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), igualmente, le fue ratificado el arresto domiciliario y el impedimento de salida del país.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de dirigir un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas.
También, el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oisoe.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
El pasado 1 de agosto, por su vinculación al caso, el juez Peguero impuso medidas de coerción a Carlos Montes de Oca, quien recibió prisión preventiva por tres meses para cumplirla como los demás acusados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, y Paola Mercedes Suazo, a quien le impuso garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.
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