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Aplazan otra vez inicio juicio Arsenio Quevedo y Ericsson de los Santos Solís




El cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó este miércoles nuevamente para el 19 de septiembre el inicio del juicio contra Arsenio Quevedo y Ericsson de los Santos Solís acusado de sicariato contra varios choferes en el 2014.

El aplazamiento por segunda ocasión se produjo luego que la defensa de los imputados recusara a los jueces del citado tribunal.

Manuel Soto Lara, abogado de las familias de choferes asesinados explicó que los abogados de los encartados Arsenio Quevedo, presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin) y exdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) y Ericsson de los Santos Solis, ex regidor del municipio de Pedro Brand por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), recusaron al pleno del citado tribunal.

El letrado expuso que existe una tendencia de los abogados de los imputados de presentar incidentes, lo que les ha costado a las familias de las víctimas desde el año 2014, estar “pasillando” por los tribunales de la República demandando del Estado que les sacie la sed de justicia, cosa que aún no se ha logrado.

Soto Lara espera que en una próxima audiencia se pueda conocer el proceso contra “los actores intelectuales y financiero de los crímenes”.

No obstante, recordó que el caso se instruyó en el Segundo Tribunal Colegiado, “pero los jefes del sicariato, patrocinadores y los beneficiarios del crimen fueron descargados por dicho tribunal, mientras solo condenaron a los que se ensuciaron las manos. A los obreros del sicariato contra los choferes”.

Explicó que la Corte anuló la sentencia y ha ordenado un nuevo juicio, el cual está apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado.

Expresó que espera que esta sala de justicia les haga justicia a las víctimas: “No solamente condenando a los pobres que cobran por matar, sino a los ricos que pagan para que maten”.

Ministerio Público

El Ministerio Público acusó a los imputados de violación a las disposiciones a los artículos 265. 266, 296, 297, 298, 302 del Código Penal Dominicano, y 3 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico, en perjuicio de los señores Santa De Jesús Rosario (madre de quien en vida respondía al nombre de Mateo Nieves De Jesús), Ovemys Guerrero. Adolfina Javier (madre de quien en vida respondía al nombre de Ángel Javier), así como de Ramón Antonio Peña Beltré, Manuel Emilio Romero Figuereo y Eddy Francisco Sánchez.



El tribunal acogió la solicitud de asunto complejo, promovida por el Ministerio Público, con relación al proceso seguido contra Cristino Batista Roa, Esteban Marte Romero y Willian Ortega Ortega, imputados de violación a los artículos 265, 266. 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, y la Ley No. 36, sobre Comercio Porte y Tenencia de Armas.

Se recuerda que, en el pasado juicio, el Ministerio Público había pedido que Quevedo fuera condenado a 20 años, mientras que contra Ericsson de los Santos Solis, Cristino Batista, Danilo Octavio Reynoso y Amauris Cabrera solicitaron 30 años.

El proceso judicial comenzó a finales del año 2015 con el arresto de los imputados a quienes se les atribuyó haber participado o haber actuado en complicidad en el asesinato de Overnys Guerrero, Ángel Javier y Mateo Nieves de Jesús.

Fenatrano reclama justicia

Víctor Mejía, de la dirección de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción (Fenatrano), expresó que exigen justicia por la muerte de cinco miembros de la esa organización, por orden de la supuesta banda sicarios que alegadamente dirigían los encartados Arsenio Quevedo y Ercsson de los Santos Solis.

Explicó que llevan más de cinco años demandando y exigiendo justicia en contra de los responsables del hecho.

“Tenemos más de cinco años demandando y exigiendo justicia, castigo ejemplar para los asesinos de esa banda sicarial”, sostuvo Mejía.

Agregó que la barra de abogados de los familiares de las víctimas y de Fenatrano apelaron la decisión y aperturaron de nuevo el juicio.

Puntualizó que los miembros de Fenatrano y los familiares de los fallecidos esperan que los jueces que se encargan del caso apliquen una medida de sanción de 30 años o más si es posible.
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