La Fiscalía de Perú ha citado a declarar el próximo 13 de junio al presidente del país, Pedro Castillo, en el marco de una investigación en su contra por corrupción, tráfico de influencias, entre otros delitos.
El Ministerio Público del país ha solicitado además la presencia del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva dado que los fiscales lo consideran uno de los principales miembros de lo que han denominado como una «mafia» dentro del sector.
Asimismo, la que fuera viceministra de Transportes Fabiola Caballero y el exasesor Alex Starost también han sido citados por la Fiscalía a raíz del caso ‘Puente Tarata III’, un concurso que se habría asignado irregularmente y que habría servido para favorecer a terceros.
El pasado 29 de mayo, el fiscal general, Pablo Sánchez, dispuso abrir una investigación preliminar contra el jefe de Estado. Así, Castillo ha sido incluido en la pesquisa, que también investiga la actuación de otros seis congresistas de Acción Popular.
GARANTIZAN GOZARÁ DEL «PLENO EJERCICIO DE SU DERECHO A DEFENSA»
Los fiscales han garantizado que el presidente gozará del «pleno ejercicio de su derecho a defensa de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución» peruana, según informaciones del diario ‘El Comercio’.
No obstante, su abogado, Benji Espinoza, ha presentado una petición para que se anule y se ponga fin a dicha investigación. «Acabamos de presentar la nulidad absoluta y vamos a darle un plazo razonable a la Fiscalía para que se pronuncie. Si desestimara nuestro pedido, nos abre paso a la tutela de derechos», ha declarado el letrado.
El propio Silva ha rechazado acudir a declarar y ha argumentado que «no ha recibido ninguna notificación». Alfredo Yalán, su abogado, ha señalado que no se presentará a la convocatoria de la Fiscalía y ha denunciado que se trata de un «imposible jurídico».
«No hemos recibido ninguna notificación legal respecto a una diligencia que aparentemente ha convocado la Fiscalía para el día de mañana. Es más, de acuerdo al ordenamiento jurídico que tenemos, el artículo 147 del Código Procesal Civil que se aplica en forma supletoria establece que, entre la citación para la diligencia y la realización de esta, deben transcurrir, por lo menos, tres días hábiles», ha aseverado.
En este sentido, ha matizado en declaraciones a la emisora RPP que «no se ha dado la primera condición que nos han notificado y mucho menos la segunda en el plazo establecido por ley». «El día de mañana va a ser un imposible, jurídicamente hablando, poder asistir porque no sabemos de qué se trata legalmente hablando», ha añadido.
La Justicia peruana dictó el fin de semana medidas cautelares contra Silva y otros dos diputados de Acción Popular, por lo que tienen prohibido abandonar el país de momento tras ser acusados de cometer delitos como colusión u organización criminal.
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