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Listín Diario denuncia ha sido víctima de una grave violación Constitucional a sus derechos por parte de Digessett


 El periódico Listín Diario, decano de la prensa nacional, denunció ante el país y la Sociedad Interamericana de Prensa que ha sido víctima de una grave violación constitucional a sus derechos, tras el atropello contra dos de sus reporteros y el Defensor del Pueblo en las instalaciones del centro de retención de vehículos el pasado lunes.

El rotativo que dirge el veterano periodista Miguel Franjul explica en su nota editorial que el despojo y eliminación de la memoria de los equipos electrónicos usados por uno de nuestros periodistas, cometido por parte de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre (Digesett) constituye un acto gravísimo contra la libertad de prensa, por varias razones.

Agrega que el teléfono de la flota de este diario, ilegalmente incautado por los agentes del atropello, fue vaciado de toda su data –y no sabemos si copiada– antes de ser devuelto al LISTÍN ayer, lo que constituye una flagrante censura indirecta y una violación al derecho a la privacidad y al secreto de las fuentes.

Sostiene que la manipulación del equipo implica también una gravísima intromisión en la vida de un periodista, cuyo derecho al secreto profesional está reconocido en el artículo 49 de la Constitución. Ese secreto profesional puede estar eventualmente en riesgo si la Digesett copió la data antes de eliminarla.

Lamenta que no ha mediado ninguna orden de autoridad judicial competente para la revisión de los textos digitales, fotos y vídeos de la memoria de dicho equipo, justamente los que ponen en evidencia los actos de violencia perpetrados contra esos periodistas y el Defensor del Pueblo, impidiéndoles recoger noticias en el centro de retención.

Explica que si eventualmente la data fue robada, tal acción se tipificaría también como un acto delictivo al violar las normativas de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

«El LISTÍN DIARIO condena estas prácticas represivas porque afectan derechos ciudadanos y garantías fundamentales ya que, al quedar impunes o toleradas por las máximas autoridades, pueden abrir los cauces al irrespeto y descalabro de las libertades públicas, esenciales para sostener la democracia», concluye el editorial periódico ícono de la prensa de República Dominicana.

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