El Ministerio Público continuó este jueves con la presentación de las pruebas documentales contra los procesados por los sobornos por US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
El juicio se ventila en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycorp.
La fiscal Isis de la Cruz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que en la jornada de hoy le correspondió el turno de presentar la cooperación jurídica tanto de Brasil, Estados Unidos como Panamá.
“Esta cooperación vincula a cada uno de los imputados con los hechos punibles”, dijo la representante del Ministerio Público a periodistas de la fuente judicial que la abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Explicó que en la próxima audiencia que se realizará en marzo el tribunal decidirá cuál es la suerte de esas pruebas, que dijo esperar que sean admitidas por cumplir con todos los principios establecidos por la norma.
Junto a De la Cruz, el Ministerio Público también estuvo representado por los fiscales José Miguel Marmolejos, María Melenciano, Rosa Alba García y Ernis Mella.
Luego de agotada la agenda del día, las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, aplazaron la audiencia para el próximo 3 de marzo, a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
El proceso inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo.
Por este caso de corrupción administrativa la empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.
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