La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, se reservó para este martes su fallo en relación a la solicitud de medida de coerción contra el general Julio Camilo De los Santos Viola (FARD), implicado en el caso Coral 5G.
Romero convocó a las partes en el proceso para las 2:00 de la tarde. Durante la audiencia de este lunes, el Ministerio Público pidió 18 meses de prisión preventiva para el militar y que el caso sea declarado complejo.
El conocimiento de la medida de coerción a De los Santos Viola se desarrolla separado a los coimputados en este caso que desde la semana pasada cumplen una medida coercitiva. Esto porque ha realizado dos hábeas corpus y tres recusaciones.
Para el procurador adjunto Wilson Camacho todos los recursos que ha incoado la defensa de De los Santos Viola obedece a que éste no quiere que se le conozca medida cautelar.
“En el día de hoy se presentó la tercera recusación, fueron al Tribunal Constitucional, pusieron una querella en contra de una jueza y desplegaron una campaña difamatoria en contra de jueces, fiscales y la Cámara de Cuentas”, expresó.
Camacho señaló, además, que ese comportamiento deja muy claro el interés del imputado en evitar que se conozca su proceso: “A esto se suma la gravedad de los hechos que se le imputan, como desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos, que junto al daño que debe ser resarcido y las pruebas que presentó el Ministerio Público en este proceso, en derecho, lo que procede es que se imponga como medida de coerción la que hemos solicitado, que es prisión preventiva”, refirió.
Recordó que el proceso tiene más de 15,000 pruebas en sentido general y destacó que este lunes se presentaron las pruebas que correspondían exclusivamente al imputado De los Santos Viola, que dijo son más que suficientes para que el tribunal imponga la medida de coerción que han solicitado.
“Presentamos pruebas de los bienes que tiene este imputado, bienes que no puede justificar con el salario que ha devengado en el tiempo que ha estado en los cuerpos castrenses; presentamos bienes, por ejemplo, de un inmueble, que incluso, es un bien incautado que este ha usufructuado como propio y que ha pretendido apropiarse de otras pruebas que hemos presentado en su contra”, agregó.
La pasada semana la jueza Romero impuso medidas de coerción a 12 vinculados en la supuesta red de corrupción administrativa Coral 5G, incluyendo a los también generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y Juan Carlos Torres Robiou (FARD), así como a otros altos oficiales del cuerpo del orden.
Los oficiales cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
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