La jueza de Atención Permanente de San Cristóbal, Katherine Rubio, continuará mañana jueves con el conocimiento de las medidas de coerción contra los acusados de pertenecer a una red de lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Larva.
La magistrada se reservó el fallo de recurso de inadmisibilidad presentado por la defensa de los imputados.
La barra de la defensa, asegura que al momento de depositar la solicitud de medida de coerción, se hizo sin las pruebas que sustentan el expediente.
Durante toda la audiencia de ayer martes se presentaron varios incidentes, siendo el primero: que el expediente fuera trasladado a la jurisdicción del Distrito Nacional alegando que todos los imputados viven en Santo Domingo, por lo que la magistrada Rubio se declaró competente para conocer el caso en la jurisdicción de San Cristóbal.
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