El secretario de asuntos económicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Guarocuya Félix, aseguró que las sociedades offshore y los paraísos fiscales utilizados por los políticos pueden prestarse para ocultar los actos de corrupción, evasión de impuestos, narcotráfico y lavado de activos.
“Han sido aprovechados por grupos terroristas o del crimen organizado para actividades también ilícitas que no pueden trasparentar en territorios que tienen una fiscalidad que pide más información”, explicó.
Sin embargo, aclaró que el hecho de tener una empresa constituida bajo el régimen de una sociedad offshore, definida como una ubicación fuera de los límites nacionales, no es ilegal, ya que está permitido por la legislación internacional.
“Esto no se utiliza necesariamente porque las empresas estén evadiendo o eludiendo el pago de la tributación, sino porque muchas veces se les facilita determinado tipo de actividad económica, manteniendo este tipo de empresas de carpeta en operaciones de comercio internacional”, dijo en una entrevista para el programa radial «Revista Dominical Dejando Huellas», transmitido por CDNRadio.
En cuanto a los políticos, explicó que existe un tema moral y ético en la utilización de las sociedades offshore y los paraísos fiscales a la vez que se es el regulador fiscal de un territorio.
“Es el caso de los presidentes, porque hay un conflicto de intereses en la medida de que te impide tener una autoridad frente a tus conciudadanos para pedir un determinado sacrificio, como los impuestos. No tienes la autoridad debido a que no aportas tú mismo en la medida de tus riquezas”, señaló a Onorio Montás, productor del programa.
En este sentido, el también exdirector general de Impuestos Internos, recordó a los políticos que la utilización de este esquema no impide el poder tributar en la jurisdicción en la que residan o, en su defecto, donde la empresa que posean realice su actividad económica.
Por este motivo, el PLD solicitó que el presidente de la República, Luis Abinader, aclare su vinculación con dos compañías offshore en la que presuntamente habría incluido la mayor parte de su patrimonio, que no se encuentran en su declaración jurada de bienes.
En un comunicado publicado por la Presidencia, se especificó que, si bien el mandatario y su familia hicieron uso de estas empresas, también señaló que se han mantenido cumpliendo con sus obligaciones tributarias en el país.
“El presidente Abinader y su familia utilizaron compañías offshore para manejar inversiones y activos locales que cumple sus obligaciones tributarias en el país. Los diarios internacionales que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas reconocen la transparencia del presidente Abinader, porque al juramentarse en el cargo incluyó en el patrimonio declarado a las dos compañías señaladas en los documentos publicados. En las compañías panameñas citadas -Padreso S.A. y Litlecot Inc.- Abinader comparte la propiedad con sus hermanos”, reza el comunicado.
El economista destacó que no se puede criminalizar esta actividad, porque los actos delictivos antes mencionados pueden realizarse de la misma manera en una economía donde no se tenga el mismo tratamiento fiscal.
Tras la crisis económica ocurrida entre los años 2007 y 2008, los diversos países comenzaron a intentar desmontar la fiscalidad favorable que tienen estos territorios al considerar que hacen una competencia desleal a los territorios y Estados que tienen una fiscalidad mucho más progresiva sobre el capital.
Por esta razón, el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria del que República Dominicana forma parte desde el 2014 y otras iniciativas relacionadas, se mantienen en una constante lucha para lograr que estos territorios tengan una fiscalidad menos favorable y eliminar definitivamente este tipo de competencia.
“Venimos con una serie de iniciativas tomadas tras la crisis de 2007 y 2008 que intentan cerrar la brecha entre territorios y la fiscalidad tradicional ordinaria donde se graba el capital”, aseguró Félix.
Entre las medidas tomadas destaca el mantener un control sobre el flujo de capital en materia de titularidad, es decir, saber quien está detrás del patrimonio insertado en estos lugares con motivo de mantener la seguridad a nivel internacional.
“Si el administrador de impuestos de Estados Unidos solicita información sobre un determinado ciudadano porque tiene algún tipo de investigación, la puede solicitar a nuestra jurisdicción y estamos en la obligación de entregar toda la información y cooperación por el acuerdo bilateral y viceversa”, detalló.
El economista opinó que, para evitar la evasión de impuestos, deben tomarse diversas medidas con respecto al uso de este sistema, a fin de reducir la cantidad de empresas que lo utilizan para violar la ley.
En primer lugar, consideró que se debe trabajar para delimitar la fuente de origen del dinero insertado en estos lugares y hacer que las empresas tributen la proporción correspondiente a sus fuentes de ingresos.
Además, dijo que se debe propiciar una disminución de este tipo de jurisdicciones por parte de las empresas.
“No podemos satanizar actividades que son totalmente lícitas y legales por el funcionamiento de la economía local y global”, concluyó.
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