Será a las dos de la tarde de este miércoles que las juezas de la Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional darán a conocer su fallo sobre el recurso que interpusieron el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de esa institución, en procura de la variación de la medida de coerción de 18 meses de prisión por la orden de libertad.
Así lo decidieron las magistradas Dorys Pujols, Carmen Mancebo y Deisy Montás pasada la medianoche de este martes luego de una audiencia que se extendió desde las nueve de la mañana hasta que decidieron deliberar sobre el caso después de las 9:30 de la noche.
Ante la petición de libertad pura como lo solicitan Rodríguez y Forteza Ibarra, el Ministerio Público, representado por la directora de Persecución y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, pidió mantener la prisión preventiva contra estos acusados en el expediente Medusa por alegadamente existir peligro de fuga y de eliminación de pruebas.
Reynoso acusó al exjefe del Ministerio Público en el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina de supuestamente desnaturalizar la verdad, “pero las evidencias están ahí”, en referencia a las pruebas presentadas ante los tribunales por la Procuraduría General contra los imputados de cometer actos de corrupción y otros delitos.
El grupo es acusado por el Ministerio Público conformar una supuesta red criminal para cometer corrupción desde la Procuraduría General de la República, hechos que habrían cometido por un monto superior a los 6 mil millones de pesos.Además de Jean Alain Rodríguez y Forteza Ibarra, en el expediente Medusa están acusados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Alfredo Alexander Solano, Rafael Estefano Canó Sacco, Jonathan Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Durante la audiencia, el exprocurador general de la República se declaró una víctima en este proceso, “siendo privado de libertad de tránsito, como si viviéramos en una dictadura, fue impedido de abordar un avión para un viaje de cuatro días con mi familia. Un acto arbitrario, ilegal y hasta un delito, el cual fue condenado por su superior, la magistrada Miriam Germán Brito”.
Apeló a las Magistradas, para que en el desempeño de sus funciones, aplicación de la ley y ejercicio del derecho, consideraran en detalle la medida impuesta. “Nuestro ordenamiento jurídico establece la forma de corregir esos errores y esta corte tiene las facultades para anular la citada sentencia tan solo por una de las tantas arbitrariedades que la hacen inconstitucional, inconsistente y contraria a la ley”.
“Ustedes magistradas tienen la oportunidad de corregir, de normalizar, de ser objetivas y justas. Ustedes magistradas tienen la oportunidad de hacer justicia, de que en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho impere el derecho” finalizó.
El Consejo de Defensa, presentó un recurso de apelación pidiendo nulidad total de la sentencia emitida en la audiencia de medida de coerción, debido a la violación de los derechos fundamentales de Rodríguez, impidiéndole ejercer su derecho a declarar.
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