El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, mostró este martes su preocupación por que la institución que dirige no ha sido considerada en el presupuesto complementario solicitado ante el Congreso Nacional, y destacó que esta situación afecta la ejecución de proyectos y aumentaría el subregistro de nacimiento en el país.
Aclaró que la JCE no solo son elecciones y que este constreñimiento a la institución pone en riesgo el desenvolvimiento del proyecto ETLA, el proceso de reestructuración de Juntas Electorales y que debe preocupar al país.
El Pleno de la JCE ha establecido que el año 2021 debe ser considerado presupuestariamente un año preelectoral y que hay una lista de prácticamente 30 proyectos que no se van a ejecutar.
Aseguró que esto afectaría la ampliación de los servicios que se ofrecen en la diáspora dominicana.
Jáquez explicó que en el año 2020 ese organismo solicitó unos RD$7,400,000,000.00 millones de pesos dominicanos para gastos ordinarios del año 2021, de los cuales fueron aprobados unos RD$3,200,000,000.00 aproximadamente, equivalentes al 44% y con un déficit de un 56% del presupuesto solicitado.
Precisó que la JCE ha llevado a cabo los proyectos en el presente año con un déficit de 120 millones mensuales, lo que significa que “hemos solicitado para este complementario unos 720 millones de pesos, para simplemente compensar los gastos operacionales ordinarios, más unos mil 300 millones para cubrir proyectos como el de la Eliminación del Trámite de Legalización de Actas del Estado Civil (ETLA)”, el cual incorporó hoy 10 oficialías y suma 37 a nivel nacional que emiten el acta validada.
Dijo que la meta es incorporar al ETLA el 100% de las oficialías que son 165, en todo el territorio nacional.
“Nos preocupa porque esto va a aumentar el subregistro de nacimiento. Nosotros teníamos planificado para este año habilitar las 62 delegaciones que funcionan en los hospitales, porque apenas están operando solo el 45%, y la meta de desarrollo hacia el 2030 es que no exista un subregistro”, dijo Jáquez.
“Esto va a aumentar desde luego el subregistro porque no tenemos mecanismo de cómo seguir subsanando esto, a menos de que sean con operativos especiales como se ha estado haciendo”, precisó.
Reiteró también que otro de los proyectos afectados sería la certificación ISO Electoral, de conformidad con un acuerdo suscrito con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Nosotros tenemos un acuerdo con la OEA para poder estar certificados en ciberseguridad y en seguridad de la información para finales del 2022 o principios del año 2023, lo que evitaría cualquier tipo de hackeo a procesos tecnológicos de transmisión de datos o lo que decida la JCE, en mancomunidad con los partidos políticos”.
Jáquez precisó que, si lo anterior se retrasa este semestre, ese organismo no estaría en condiciones de auditar con certificación ISO los procesos electorales.
Finalmente, explicó que la única partida asignada ha sido la de los partidos políticos con unos 630 millones 200 mil pesos dominicanos, equivalentes al segundo semestre de este año, como parte de la contribución que hace el Estado dominicano a los mismos.
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