Dice que respecto a la adquisición de alimentos para los privados de libertad del Sistema Penitenciario, se conformaron grupos que tenían las indicaciones de establecer quienes no podían ganar licitaciones.
Santo Domigo (D.N.), República Dominicana.- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, Pepca, mediante el acta de allanamiento de la Operacion Medusa, reveló el manejo irregular de las licitaciones que se hacían dentro del Departamento de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República.
Los investigados Rafael Stefano Canó Sacco y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, en sus condiciones de director de Gabinete y director General Administrativo de la Procuraduría, tenían incidencia directa respecto al manejo irregular para la escogencia de las empresas que ganaban licitaciones, según la Pepca.
El acta resalta que lo mismo pasó en el proceso del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, en el cual las empresas fueron escogidas de manera directa, “existiendo una repartición en cuanto a los beneficios por las entidades comerciales escogidas”.
La Pepca plantea que los imputados “Alfredo Alexander Solano junto a Johannatan Loanders Mediana Reyes, ambos encargados de la División de Compras sacó partido de las compras referentes a los pozos sépticos de ese proyecto; a Amelia Escaño, encargada del Departamento de compras y Contrataciones, se benefició los beneficios del equipamiento médico; Jenny Marte Peña, encargada de Proyectos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, obtuvo beneficios por la parte de construcción”.
Asimismo, “Rafael Stefano Canó al igual que Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Antonio Mercede Marte, sacaron provecho económico a través de la compra de uniformes que eran parte del Plan; como también lo hizo Alfredo Alexander Solano Augusto, con la instalación de las camas”.
Dice que respecto a la adquisición de alimentos para los privados de libertad del Sistema Penitenciario, se conformaron grupos que tenían las indicaciones de establecer quienes no podían ganar licitaciones.
«Ese grupo estaba conformado por Rainiery Elizabeth Medina Sánchez, quien era encargada de almacén de la Procuraduría y Mercedes Camelia Salcedo, coordinadora y administrativa del Modelo Penitenciario. Juntas realizaban las visitas para verificar que las entidades participantes no cumplían con los requisitos que se les instruía que la desaprobaran», detalla.
El documento menciona a Francis Ramírez Moreno, técnico de Compras, quien supuestamente tenía manejo sobre los procesos irregulares con del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario entre otros en los que hubo manejo fraudulento.
Todavía la Pepca no ha detallado los montos con los que los imputados fueron beneficiados.
Hasta el moento Jean Alain Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jenny Marte Peña se encuentran apresados y en espera del conocimiento de las medidas de coerción.
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