El supuesto entramado religioso-militar destapado con la Operación Coral podría tener por encima de Adán Cáceres una cabeza política responsable de colocarles en los puestos de poder desde los que habrían malversado más de 3,000 millones de pesos.
Así lo reveló la fiscal Mirna Ortiz quien dijo que esta idea no se descarta y por ello se investiga más arriba de Adán Cáceres, hasta ahora señalado como la cabeza de la red que tenía, supuestamente, como cerebro financiero al mayor Rafael Núñez de Aza.
“Nadie descarta hablar incluso de una estructura política porque todo esto guarda en cierta medida una vinculación”, dijo Ortiz en la entrevista central de El Despertador del Grupo SIN.
La magistrada dijo que actualmente investigan“quién los pone en esos puestos y para qué son puestos en estos lugares es lo que estamos investigando hacia arriba, hasta donde llegaba esta estructura”.
Ortiz se refirió al tema tras la revelación de que empleados del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) son investigados por un supuesto mal manejo de fondos mientras Núñez de Aza fungió como encargado financiero de la institución.
Dijo que la llegada del militar a Conani se debería a que “este entramado militar controlaba no solamente áreas militares sino también de la administración publica en la que se ven involucrados civiles”.
Hasta el momento, citó, se sabe que la red operaba en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y Conani.
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