El Sector Social acreditado en lo que fueran las discusiones para la elaboración y firma del Pacto Eléctrico, llevó su reclamo de ilegalidad e ilegitimidad, ante el Tribunal Constitucional Dominicano (TC), en el entendido, de que Consejo Económico y Social (CES), gestó el referido pacto al margen de la sociedad civil y lo peor aún sin respetar las leyes e institucionalidad.
Asimismo, recordaron que recientemente el Tribunal Superior Administrativo, dejo en un limbo jurídico y sin decisión, el amparo que habían radicado, obligando a la sociedad civil a acudir por ante el TC, con un recurso de revisión, con el objetivo de lograr que se restaure la institucionalidad violada, toda vez que en modo alguno se han llenaron los procedimientos del CES, desconociendo así la metodología para la conclusión del pacto, en franca violación al debido proceso administrativo, a la buena administración y a las leyes Nos. 107-13, 1-12, 142-15, respectivamente sobre los derechos y deberes de la administración frente a los administrados, la estrategia nacional de desarrollo y la que instituye el Consejo Económico y Social y su normativa interna, así como a la constitución de la república.
Los reclamantes, integrados por la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, (CNLCC), Asociación de Economistas Dominicanos (ANED), Foro Ciudadano, Ciudad Alternativa, Federación Dominicana de Cooperativas Eléctricas, (FEDOCOOPE), Asociación Dominicana para la Educación y Protección de los Consumidores y Usuarios (ADEPROCO), Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, (IDEAC),Federación de Comerciantes Unión Económica, Fundación Grupo Guayacán de Energía y Medio Ambiente-(GEMA) Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (CONDETRE), Movimiento de Campesinos Trabajadores las Comunidades Unidas (MCCU), Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, Articulación Nacional Campesina, (ANC), Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, (COPADEBA), Hermandad de pensionados/jubilados de la C.D.E.E.E, (HEPEJCODEEE), Red Urbano Popular, (RUP), y la Fundación por los Derechos del Consumidor, (FUNDECOM), lamentaron la terquedad del gobierno y sector empresarial, al insistir en dar por terminado un pacto ilegítimo y anti democrático.
Finalmente, el sector social anunció que llevará su reclamo hasta las últimas consecuencias, denunciando la violación de derechos, si fuere necesario ante instancias internacionales, al tiempo de reiterarles, al presidente Abinader, a los empresarios y al CES, que salven el pacto, sometiéndolo a la legalidad, restableciendo su esencia, que lo es el consenso, la participación y la concertación en un plano de igualdad de todos los sectores que convergen en la voluntad colectiva de una mejor gobernanza democrática.
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