La jueza del tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra el general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán, y otros implicados en el entramado de corrupción denominado “Operación Coral”.
Los acusados deberán cumplir la medida en Najayo Hombre y Najayo Mujeres, en San Cristóbal respectivamente.
Sobre el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, fue enviado a prisión domiciliaria con información confidencial del lugar, bajo responsabilidad de la Procuraduría General de la República.
La jueza entiende pertinente la solicitud del Ministerio Público y aprobó la confidencialidad de su prisión domiciliaria, de modo que cualquier notificación o convocatoria.
La jueza valoró que existe pluralidad de personas identificadas y de conductas con tipos penales para declarar el caso complejo, como lo había pedido el Ministerio Público.
La revisión obligatoria de la medida de coerción será el próximo martes 10 de agosto.
El pasado 24 de abril se dio a conocer la “Operación Coral” que implicó 27 allanamientos en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná contra supuestos actos de corrupción administrativa que implica dos instituciones militares, el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El Ministerio Pública informó la incautación de bienes muebles e inmuebles millonarios, documentaciones y armas de fuego en las viviendas de los imputados, que más tarde sirvieron como prueba ante los tribunales para inculparlos en el caso.
Los imputados en la Operación Coral, hasta el momento son Adán Cáceres Silvestre, exjefe de la seguridad del expresidente de la República Danilo Medina; la pastora, Rossy Guzmán Sánchez; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; el cabo de la Policía e hijo de la pastora Tanner Antonio Flete Guzmán; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez y el sargento Alejandro José Montero Cruz.
El grupo fue acusado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
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