El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, anunció este lunes que aplicarán “sanciones drásticas” a los propietarios de negocios que se compruebe estén vendiendo bebidas alcohólicas adulteradas y dijo que esa institución está trabajando de manera activa y firme para identificar esos establecimientos que incurren en esta práctica ilícita y criminal.
Explicó que desde la semana pasada vienen realizando amplios operativos en el Gran Santo Domingo y pueblos del interior del país, en los que han sido inspeccionados de oficio 219 negocios en busca de bebidas alcohólicas adulteradas y productos no aptos para el consumo humano.
Manifestó que como resultado de estas inspecciones fueron cerrados tres establecimientos por encontrarse en los mismos presencia de plagas, entre otras no conformidades en violación a la ley de protección al consumidor.
Alcántara, quien habló durante una conferencia de prensa junto a la subdirectora Administrativa de Pro Consumidor, María Teresa Paulino, y la subdirectora Técnica, Raquel Hoepelman, dijo que una vez tengan los resultados de esas pruebas “y si se comprueba que algunas de esas bebidas son falsificadas, vamos a ser drásticos con los dueños de estos establecimientos, comenzando con el cierre del negocio y el sometimiento a la justicia de estas personas”.
Resaltó en ese sentido, que se está realizando un trabajo coordinado con el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones que tienen que ver con el tema de las bebidas adulteradas, que en los últimos días han causado la muerte a decenas de personas.
“Se ha acordado que una vez Pro Consumidor haga los levantamientos mediante las referidas inspecciones, que mantendremos permanentemente en todo el territorio nacional, podemos tener los resultados de laboratorios con la celeridad que permita el procedimiento, para así actuar de forma inmediata en contra de los violadores de las normativas”, apuntó el funcionario.
Insistió que aplicarán las sanciones más drásticas que permite la Ley 358-05 sobre Protección de los Derechos al Consumidor o Usuario y su reglamento a los dueños de negocios “donde encontremos bebidas alteradas”.
Dijo que entre esas sanciones está el cierre del establecimiento y la tramitación a la justicia penal del dueño o los dueños del comercio.
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