El movimiento cívico, Participación Ciudadana, consideró crucial para la vida democrática del país continuar y concluir definitivamente el proceso de reforma policial que se inició en el año 2012 y que avanzó hasta la elaboración de la Ley Orgánica de la Policía Nacional en el 2016, de la cual están pendientes 19 de 20 reglamentos.
El organismo considera que los recientes acontecimientos ocurridos en el país, especialmente el acribillamiento de una pareja de esposos en Villa Altagracia, golpizas a ciudadanos y, los abusos al amparo del estado de emergencia, han indignado a la ciudadanía, “que ve con profunda decepción y pesar, que la presente gestión del cuerpo policial se acoge a los viejos métodos que tantas vidas y sufrimientos han costado”.
A través de un documento de prensa, el Consejo Nacional de Participación Ciudadana señala que aspectos tan relevantes de la Ley de la Policía, como la reducción del número de oficiales generales y superiores; la descentralización de las unidades y el fortalecimiento de las unidades investigativas, “ni siquiera son citadas entre las preocupaciones del Ministerio de Interior y Policía, ni de la propia Policía Nacional”.
La organización de la sociedad civil asegura que “lo único visible de ese proceso de reforma es el cambio de tratamiento de jefe a director de la Policía, pero que ha prevalecido una política criminal que se estableció desde el año 1998, fecha a partir de la cual cada jefe o director de la uniformada establece su propio récord de muertes en intercambios de disparos o cualquiera otra situación violenta en perjuicio de la ciudadanía”.
“Volver a hablar de reforma o de un plan de seguridad, cuando ninguna de las reformas anteriores de la Policía ha sido evaluada para saber qué ha pasado con esos procesos, es embarcarse en otra crónica de una muerte anunciada”, expresa la organización en un documento público.
El movimiento cívico entiende que después de seis períodos presidenciales; tres presidentes de la República; dos planes de seguridad ciudadana y un gasto de miles de millones de pesos, “la única política real de continuidad del Estado ha sido la violencia policial con un costo de más de tres mil vidas, por lo que ha llegado el momento de cero tolerancias contra los excesos policiales. Las consecuencias no deben detenerse en los que aprietan el gatillo, sino también alcanzar a quienes imparten instrucciones”.
Sobre Comisión para Reforma Policial
Respecto a la designación de una nueva comisión para la reforma policial, Participación Ciudadana consideró que lo mandatorio es cumplir la ley.
“Urge a los actores políticos clave a cumplir con el imperio de la ley y que el Consejo Superior Policial se aboque a diseñar una política preventiva e investigativa acorde con el siglo XXI. No obstante, deseamos éxitos a los trabajos de esa comisión, a cuyas acciones les estaremos dando seguimiento”, resalta el comunicado.
El Consejo Nacional destacó, además, que la entidad cívica ha desarrollado varios programas de manera conjunta con la Policía Nacional, en interés de aportar a la institucionalidad, la cual considera necesaria para garantizar la seguridad ciudadana.
“En el Proyecto de Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia se han generado reflexiones en torno a las condiciones de trabajo de la Policía Nacional y actuaciones irregulares en el ejercicio de sus funciones”, sostiene.
Participación Ciudadana solicita al presidente Luis Abinader, como Mando Supremo de la Policía Nacional, hacer que se cumpla la ley que ampara esa institución, a fin de que el uniforme policial sea parte de la solución y no del problema en la agenda de seguridad ciudadana.
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