La pastora Rossy Guzmán, acusada por la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de estar implicada en la denominada Operación Coral, había sido cancelada el pasado mes de febrero, junto a otros asimilados, luego de un proceso rutinario de auditoría realizado por la Dirección de Recursos Humanos de esa institución.
Guzmán es acusada de ocultar, disimular y encubrir el origen ilícito de fondos distraídos a través de una asociación de malhechores que supuestamente encabezaba el mayor general Adán Cáceres Silvestre.
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Al conocerse el caso a través de los medios de comunicación, circuló la información de que la pastora Guzmán es asimilada de la Policía, sin embargo, una fuente indicó que la misma ya no pertenece a la institución.
El Ministerio Público acusa al mayor general Cáceres Silvestre, al coronel Núñez de Aza, la pastora Rosa Guzmán Sánchez, el mayor Girón Jiménez, al cabo Tenner Flete Guzmán (hijo de la pastora Guzmán Sánchez) y al sargento Alejandro José Montero Cruz de ser los cabezas de la estructura mafiosa que distraía dinero del CUSEP y el CESTUR.
Los fondos ilícitos captados por el grupo eran lavados a través de empresas e instituciones religiosas evangélicas.
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