En el informe anual 2020-2021, Amnistía Internacional informó que durante las detenciones que se produjeron por incumplimiento del toque de queda en el país, las autoridades no respondieron a las solicitudes de información sobre las condiciones de reclusión, por ejemplo, -si se guardaba la distancia física bajo custodia o si se podía acceder a asistencia letrada y otras garantías procesales.
También presenta el análisis, que las grabaciones de vídeo verificadas indicaban que la policía había utilizado la detención como primera opción —y no como último recurso— para hacer cumplir el confinamiento y había detenido de manera habitual a grupos de personas en la parte trasera de los furgones policiales sin tomar ninguna medida preventiva contra la COVID-19 como el distanciamiento físico o el uso de mascarillas.
Los vídeos también mostraban a las autoridades dando el alto o deteniendo a personas que se dirigían a conseguir alimentos u otros productos básicos pese a la evidencia obtenida en previas emergencias de Salud Pública de que la aplicación coercitiva de la ley, incluida la criminalización, podía ser contraproducente y afectar de forma desproporcionada a los grupos marginados, indica el informe.
Las autoridades utilizaron con frecuencia tácticas concebidas para humillar a las personas por presunto incumplimiento del toque de queda (como obligarlas a hacer ejercicio en grupo) e hicieron uso innecesario de la fuerza durante las detenciones, una tendencia documentada en años anteriores en informes sobre la detención arbitraria de trabajadoras sexuales y de jóvenes, sostuvo.
En marzo, las autoridades declararon el estado de emergencia e impusieron un toque de queda para tratar de contener la propagación de la COVID-19. Según los datos publicados a diario en Twitter por la Policía Nacional, las fuerzas del orden habían practicado unas 85.000 detenciones entre el 20 de marzo y el 30 de junio por presunto incumplimiento del toque de queda nocturno.
No hay comentarios
Publicar un comentario