PUERTO PRINCIPE, Haití.-A cinco años del comienzo del ciclo de masivas manifestaciones callejeras que siguieron a la muy discutida elección de Jovenel Moïse como presidente –primero en 2015, luego en 2016, tras una repetición tan escandalosa como la votación original–, una nueva ola de protestas sacude a Haití.
Lo que cambió es el protagonista. Tras reprimir –a veces brutalmente– muchas de las marchas opositoras de los últimos años, una parte de la Policía cambió de bando y desde hace varios meses reclama en la calle contra el gobierno. Por momentos, apelando a métodos más propios de una banda criminal que de una fuerza del orden.
Realizar disparos intimidatorios al aire e incendiar autos son algunos ejemplos. El malestar de base son los bajos salarios. Es lo que impulsó las primeras movilizaciones antes de que se desatara la pandemia de COVID-19.
Los policías pedían también reconocimiento sindical para negociar con el gobierno, que terminó accediendo. Pero no fue suficiente para destrabar un conflicto que se agravó en las últimas semanas, tras el arresto de cinco agentes que se ausentaron de la custodia que tenían asignada al presidente del Colegio de Abogados, que terminó siendo asesinado.
“La policía protesta porque cinco oficiales fueron arrestados por abandonar su puesto en el lugar del asesinato del destacado abogado Monferrier Dorval. Según algunos reportes, algunos agentes intercambiaron disparos con militares. Además, han incendiado autos y edificios. Pero no es la primera vez que esto ocurre”, dijo a Infobae Kevin Walby, profesor del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Winnipeg y estudioso de la realidad sociopolítica haitiana.
Lo que comenzó como un reclamo por los sueldos de miseria, una problemática común a gran parte de América Latina, se transformó en una revuelta que pone en jaque al muy endeble orden institucional hatiano. El sector más radicalizado de los uniformados, que se hace llamar “Fantom 509”, prometió este miércoles prender fuego el país si no liberaban a sus colegas. La amenaza resulta cada vez más creíble.
“Las protestas son ciertamente preocupantes. Son un síntoma de la ruptura del orden democrático. El Gobierno no puede financiar adecuadamente la fuerza porque ha robado cientos de millones de dólares para solventar su maquinaria clientelar. Ha marginado o politizado sistemáticamente los mecanismos de rendición de cuentas, incluidos los tribunales, el Parlamento, que está fuera de funcionamiento desde enero, el Consejo Electoral y los organismos independientes de lucha contra la corrupción.
Las autoridades alientan e incluso sobornan a agentes para que ataquen a los manifestantes e incluso realicen masacres en barrios opositores.
En este contexto, la Policía considera que tiene pocas alternativas a estas protestas disruptivas si quiere que su voz sea oída”, sostuvo Brian Concannon Jr., miembro del directorio del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH), consultado por Infobae.
(FUENTE: INFOBAE)
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