La OEA impuso sanciones diplomáticas y económicas contra República Dominicana por la virtual participación del dictador Rafael L. Trujillo en el atentado contra el presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, ocurrido el 24 de junio de 1960.
La decisión fue adoptada a unanimidad en la VI Conferencia de Cancilleres, celebrada en San José, Costa Rica, con la participación de todos los países miembros del organismo regional.
La reunión fue convocada de urgencia por Venezuela, cuyas autoridades exigieron la ruptura de las relaciones diplomáticas y económicas de los países de América con el gobierno de Trujillo.
Venezuela demandó de la OEA una profunda investigación del caso y se designó una comisión integrada por Estados Unidos, Panamá, Uruguay y Argentina, que encontraron pruebas fehacientes que comprometían a República Dominicana a y a su gobierno.
Cuando aprobaron las sanciones ocupaba la presidencia de la República Héctor B. Trujillo Molina, quien fue designado “de oficio” dentro de una escaramuza del régimen de Trujillo dirigido a desvirtuar su responsabilidad en el intento de magnicidio contra Betancourt.
Era vicepresidente el doctor Joaquín Balaguer, quien asumió el poder semanas después, con la renuncia de Negro Trujillo.
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